El general Cristino Nicolaides asumió como miembro de la Junta Militar tras la derrota de Malvinas, luego de pasar por la Jefatura del fatídico Batallón 601 de Inteligencia y la comandancia del poderoso Tercer Cuerpo del Ejército, con sede en Córdoba, su provincia natal.
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Desde allí, en 1981, pronunció un célebre discurso que provocó un hazmerreir generalizado. El jefe militar dijo entonces:
“Debemos pensar que hay una acción marxista-comunista a nivel internacional que desde quinientos años antes de Cristo tiene vigencia en el mundo y que gravita sobre el mundo”.
No fue la primera vez ni la última que él mismo y otros jefes militares dijeron cosas parecidas. Un análisis a la distancia y desde una perspectiva histórico-política, la boutade de Nicolaides era y es todo un concepto.
Se trata del siglo de V, el de Pericles, de Ephialtes, de Aspacia; los años de oro de la democracia griega. Ese fantasma – poco importa el nombre – que cada tanto los alteraba y que había que aniquilar, fue central en la formación de los militares argentinos, aunque supieran también que debían, de tanto en tanto, decir que estaban para defender la Constitución y sus principios.
Todo esto fue intensamente discutido al final de la dictadura, cuando los militares debilitados por la derrota de Malvinas – pensada como una operación destinada a prolongar su reinado- se transformó en un desolador desembarco precipitado. De todas maneras, conservarían poder, prepotencia, recursos y el terror de una vuelta al pasado, para amenazar al Estado de Derecho.
Confiaban que un triunfo de Ítalo Lúder, en 1983, convalidaría la auto amnistía que habían decretado, y hasta pensaban que podían ser protagonistas de la vida política. Para ello, sobran los ejemplos.
El genocida Eduardo Massera había constituido un partido político, poseía medios de comunicación y mucho dinero. Luciano Benjamín Menéndez, terrorífico jefe del III Cuerpo, amo y señor de Córdoba, había fundado, ya en los comienzos de la dictadura, la “Peña el Ombú”, por la que desfilaban ilustres como Nicanor Costa Méndez, el radical Víctor Martínez (que más tarde serían vicepresidente de la Nación), el ex ministro peronista Ángel Robledo, Álvaro Alsogaray, el ex dictador Levingston y, con asistencia perfecta, en la lista figuraba el arzobispo Raúl Primatesta.
Menéndez terminó anunciando que se afiliaría al Partido Federal. El inventario de intentos parecidos, arreglos públicos o entre bambalinas, suma centenares.
Sin embargo, las cosas no salieron tal como pensaban. El triunfo de Raúl Alfonsín obligó a modificar el rumbo de varios proyectos cívico-militares. Pero abrió un período de una transición muy difícil y compleja. Además del histórico procesamiento, juicio y condena a los ex comandantes militares, el gobierno intentó diversas acciones para subordinar a las Fuerzas Armadas al poder civil y al Estado de Derecho, o sea, esmerilar en lo posible la absoluta autonomía de la que habían gozado.
A pocos días de asumir, un decreto de Alfonsín del mes de enero de 1984, quitó a las Fuerzas Armadas numerosas atribuciones referidas a su funcionamiento interno, que pasarían a ser competencia del Ministerio de Defensa. En los medios castrenses se prendió la luz roja y tanto los uniformados recientemente jubilados como en actividad salieron con amenazantes declaraciones.
La restauración
El pasado 31 de mayo se publicó en el Boletín Oficial un decreto firmado por el presidente Mauricio Macri que deroga la normativa de Alfonsín y restaura la potestad de los mandos militares para administrar sus asuntos.
Si bien deja en la competencia del poder político algunos de los atributos establecidos por el decreto de Alfonsín, se trata de un retroceso y el anticipo de nuevos y malos tiempos. Los radicales, aliados del gobierno, no han dicho una palabra, otro síntoma de que el partido centenario camina hacia la muerte.
En los debates de los años 1980, cuando Alain Rouquie analizó la ola de dictaduras en América Latina, señalaba que “todo lo que va contra la autonomización de las Fuerzas Armadas es bueno para la democracia”.
Eso expresaba, al menos simbólicamente, la determinación de 1984, en línea un poco más tarde con la nueva Ley de Defensa, que prohibió la intervención de las Fuerzas Armadas contra un “enemigo interno”.
Macri firmó el mencionado decreto al día siguiente del festejo del día del Ejército.
En la tradicional cena, en presencia de los jefes en actividad y de varios de los ex jefes del arma, entre ellos los tenientes generales Martín Balza, Roberto Bendini y César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani, éste último procesado por su participación como represor durante la dictadura y por enriquecimiento ilícito durante sus últimos años de servicio activo, Macri afirmó que “las Fuerzas Armadas vienen de años en los cuales el Estado las ignoró y las abandonó, y eso trajo problemas de presupuesto, problemas de equipamiento y de infraestructura”.
También instó a dejar atrás los enfrentamientos y divisiones y prometió un inmediato aumento de los sueldos”. La frutillita del postre fue otorgarles mayor autonomía con el decreto 721.
¿Viene un punto final en los juicios a los represores de la dictadura militar?
Macri aseguró que el Poder Ejecutivo no iba a interferir en los procesos judiciales. Es probable que sea así. Pero seguramente el decreto está anticipando que habrá cambios en el papel de las Fuerzas Armadas, en consonancia con un proceso que no se inicia con Macri, viene del gobierno de Cristina Kirchner, lo que hemos expuesto en SIN PERMISO en una nota anterior.
En los próximos pasos sobre la cuestión militar el gobierno va a mostrar su propio juego y tendremos respuesta a diversos interrogantes.
El gobierno de Cristina dotó a Inteligencia del Ejército de un presupuesto extraordinario, con el propósito de contrapesar o superar el papel de la ex SIDE, en el supuesto de que no bailaba al ritmo de sus propósitos.
Al ascender a Milani, un acusado y procesado como genocida, primero a la Inteligencia del Ejército, y luego a la jefatura del arma – pero siempre conservando el control directo de los espías – asignándole un presupuesto formidable, cometía varios pecados al mismo tiempo.
Con Milani, como jefe del Ejército y de un aparato de Inteligencia, retomaba la vieja tradición de los militares en la “cocina” de la política, que se había tratado de purgar en los años de democracia, hasta por Carlos Menem.
Empoderando a un acusado de genocidio, se ofrecía un extraordinario argumento a la defensa de colegas del propio Milani, procesados o condenados por hechos similares y en el mismo tiempo histórico.
Uno es jefe del Ejército y patrón de un aparato de espías, viviendo como un rico (porque siempre cuando no se puede justificar una fortuna se acude a la tía que deja una herencia o a un hermano generoso que regala casas y autos) y los otros presos.
Para coronar este retroceso institucional, Hebe de Bonafini sale en su defensa como una “soldado de la causa nacional y popular” y avala el proyecto de una grotesca Universidad de la Defensa, apadrinada por los pañuelos blancos, que fueron y son símbolos de valor inclaudicable, irreverencia y denuncia del terror genocida.
Durante todo este proceso, Milani multiplica por cuatro la cantidad de espías civiles (miles) que revistan en el nuevo aparato de inteligencia. ¿Con qué propósito?
Para hacer inteligencia interna, absolutamente ilegal según las normas vigentes. La aprobación de estos procedimientos por algunos “progresistas”, con la idea que estos aparatos pueden manejar al servicio de alguna causa, nacional y popular o cualquier otra, es absolutamente ingenua.
La historia demostró que todos estos personajes cambian las lealtades con mayor facilidad que un par de medias.
Ahora bien, ¿qué va hacer Macri con esos miles de “inteligentes”? ¿Profundizará la vía de autonomía de las Fuerzas Armadas? ¿Modificará la Ley de Defensa para, como adelanto, meter a los militares en la lucha contra los narcos, siguiendo el ejemplo mexicano?
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La cuestión militar regresa, pues, por la puerta grande o por la chimenea, pero regresa.
Se abre un nuevo período, donde las organizaciones sociales, la izquierda y centroizquierda, y especialmente los organismos de Derechos Humanos tienen mucho que decir.
No solamente la condena de los crímenes de lesa humanidad del pasado, la búsqueda hasta el último de los niños robados durante el cautiverio forzados de sus madres, sino sobre las violaciones de los derechos humanos en los últimos años, desapariciones forzadas – en primer lugar, la de Julio López – muertes por tortura y gatillo fácil, brutalidad del sistema carcelario (con resoluciones de la Suprema Corte de Justicia y de la CIDH que no se han acatado), entre otros temas.
En ese contexto luchar por derogar la ley antiterrorista, el Proyecto X, reafirmando la convicción de que las FFAA tienen prohibido intervenir en conflictos internos, al tiempo que se discute el papel de los llamados servicios de inteligencia, cepillando sus recursos.
Exigir el inmediato retiro de bases militares o puestos de observación extranjeros, ya sean de EE.UU. de China o de dónde vengas. Sostener que los posibles acuerdos o arreglos en materia de Defensa con terceros países o bloques sean competencia de competencia del Parlamento y bajo control del poder político.
Fuente: Sin Permiso
