Cuarenta años después de que la dictadura de Augusto Pinochet promulgara la llamada Ley Reservada del Cobre, que otorga a las Fuerzas Armadas de Chile el 10 por ciento de los ingresos de Codelco, llegó el momento de derogar la controvertida norma, antes de que se muera la gallina de los huevos de oro.
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Este mecanismo con el que se financian las Fuerzas Armadas, y que actualmente está en entredicho a raíz de un millonario desfalco, nació en 1958, cuando la minería del cobre era privada.
Pero fue la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) la que en 1976 profundizó en su alcance, al vetar su acceso público, elevar el recorte a las Fuerzas Armadas al 10% de las ventas, y fijar un piso mínimo anual de 90 millones de dólares.
En 2003 el Gobierno de Ricardo Lagos modificó el sistema de recaudación, al establecer que los ministerios de Hacienda y de Defensa controlaran esos fondos.
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Desde entonces, las Fuerzas Armadas reciben un monto específico para proyectos previamente autorizados por el Gobierno, y los excedentes se acumulan en un fondo destinado a usos civiles, como la reconstrucción de ciudades dañadas por catástrofes naturales.
Desde 1995 hasta los primeros seis meses de 2015 el monto entregado a las instituciones castrenses alcanza a 17.127 millones de dólares.
En la primera mitad de este año, el 93% de la aportación de Codelco al fisco, equivalente a 529 millones de dólares, se ha destinado a las Fuerzas Armadas.
El huevo o la gallina…
La compañía estatal afronta actualmente la necesidad de invertir 12.000 millones de dólares en proyectos estructurales para modernizar la explotación de los yacimientos a fin de aumentar sus niveles de producción, que alcanzan 1,7 millones de toneladas anuales.
Codelco, cuyas ventas sumaron 13.827 millones de dólares en 2014, ha ajustado su plan de inversiones para dar prioridad a los proyectos más avanzados.
Además de las necesidades de inversión de la minera, la Ley Reservada del Cobre se encuentra en entredicho a raíz de varias operaciones de desfalco con ese fondo valoradas en más de 5 millones de dólares cometidas por oficiales y miembros del Ejército durante el Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014).
Las propuestas del Gobierno
El Ejecutivo de Michelle Bachelet se ha comprometido a modificar la ley y establecer un presupuesto plurianual para dotar de recursos a las Fuerzas Armadas, pero el asunto avanza lentamente.
En diciembre de 2015, el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, anunció que el Gobierno estaba trabajando en la elaboración de un nuevo mecanismo que aseguraría la financiación para la defensa de Chile y dotaría a las Fuerzas Armadas de un presupuesto garantizado hasta 2026.
Pero en julio de este año, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, declaró ante una comisión parlamentaria que investiga la apropiación indebida de fondos procedentes de la Ley Reservada del Cobre que su modificación «no es una prioridad de corto plazo», porque el Ejecutivo en este momento está «centrado en otras cosas».
El jefe de las finanzas públicas también arrojó un balde de agua fría sobre la propuesta del presidente del Consejo de Administración de Codelco, Óscar Landerretche, de reinvertir en la minera los recursos que actualmente son destinados a las Fuerzas Armadas.
Y aunque su colega de Defensa sigue pensando que la Ley Reservada del Cobre debe ser «modificada o derogada», ahora admite que la financiación de las Fuerzas Armadas «no puede discutirse a la ligera» y sin establecer primero cuál debe ser el nivel de los gastos militares.
Algo bastante complicado considerando que se trata de un asunto especialmente controvertido tanto para los parlamentarios oficialistas y opositores como para el propio Gobierno, y que además los planes de defensa suelen superar los cuatro años del mandato presidencial.
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Los cuidados del general
Como es apenas natural, en el estamento militar han surgido voces que advierten sobre las consecuencias de una eventual derogación la Ley Reservada del Cobre.
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El comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, considera que «hay que ser muy cuidadosos en el mantenimiento de la capacidad militar», porque «los ciclos de sistemas de armas implican recursos que tienen que estar ajenos a la discusión del trámite de presupuesto anual».
Cualquiera que sea el sistema de financiación, «no puede poner en peligro la capacidad militar para la defensa del país», porque «es peligroso» necesitar el equipamiento militar y no disponer de él, advierte el jefe castrense.
Bajo esa misma lógica, cabe preguntarle al general Oviedo:
¿La institución a su mando ha sido cuidadosa en el uso de esos recursos que se sustraen a otros fines prioritarios para el desarrollo del país?
