Los Primeros 50 Años del Proyecto Nacional de Desarrollo

1. Marco conceptual

Acaso uno de los aspectos en que la conspiración contra el Gobierno de Salvador Allende logró uno de los éxitos de mayor perspectiva estratégica y perduración en el tiempo ha sido la inversión de la realidad, o más bien, la caricatura que logró imprimir en la memoria colectiva.

Así, mientras que el proyecto histórico de reformas profundas, de justicia social, independencia nacional y democratización más notable que haya conocido la sociedad chilena, ha sido estigmatizado y reducido a categorías como caos, anarquía, inseguridad y desgobierno;  el régimen socioeconómico que lo sucedió, caracterizado por la abdicación de la soberanía económica, la concentración de la riqueza y la propiedad de los medios de producción, la regresión en la redistribución del ingreso y el despojo y desprotección de los sectores desposeídos, es percibido, no sólo como exitoso, moderno y ejemplo para el mundo, sino como el desiderátum del desarrollo  y el único modelo económico posible.

En procura del necesario restablecimiento de la verdad histórica, es preciso consignar, en primer término, que el programa de gobierno de la Unidad Popular no fue un proyecto abstracto, surgido al amparo de la coyuntura electoral de 1970, sino uno de carácter estratégico, forjado a lo largo de más de cincuenta años de lucha del movimiento popular chileno, que se propuso un horizonte de cambios estructurales, tampoco concebidos de la nada, que buscaba resolver  profundas desigualdades e iniquidades en el seno de la sociedad chilena, remover antiguos lastres que obturaban las políticas de desarrollo, y satisfacer demandas y necesidades muy concretas y sentidas por los sectores populares.

En rigor, encarnó la representación de un genuino Proyecto Nacional de Desarrollo, no sólo por su explícito contenido antiimperialista y de soberanía política y económica, sino por su vocación de inclusión e integración de todos los sectores y clases sociales en un proyecto colectivo de país.

Fue un Proyecto Modernizador, porque legó transformaciones estructurales que superaron nudos de estancamiento crónico de nuestra economía, como la nacionalización de la gran minería del cobre y la reforma agraria.

Fue, además, un Proyecto Revolucionario y Popular porque asumió sin dobleces la perspectiva socialista de transferir a la clase trabajadora crecientes grados de participación en las decisiones que le conciernen.

Más allá de los interesados alegatos de los autores de la conspiración, fue, incuestionablemente, un Proyecto Democrático, tanto por haber sido legitimado por el voto popular, como por su propuesta de conquista del poder dentro de los cauces institucionales, sin recurrir al arbitrio, la represión, la legislación espuria o los estados de excepción, como fue la norma de la dictadura que lo sucedió.

Cualquier análisis que pretenda un mínimo de seriedad debe partir del hecho que se trató de un proyecto inconcluso, interrumpido por un sangriento golpe militar, anticipado por una confabulación interna y externa, entre cuyos objetivos figuraba, en lugar preponderante, el desquiciamiento de la estructura productiva.

En rigor, en el campo económico se reprodujo la dialéctica de la derrota común a todo el proceso; a saber, haber planteado un desafío de naturaleza estructural sin la necesaria fuerza política, social e incluso militar para sustentarlo, y sin el debido cálculo de la capacidad de reacción de los poderosos intereses interpelados.

Sin embargo, independiente de la magnitud que se le asigne a esos vacíos de diagnóstico y conducción, un juicio ecuánime e imparcial es inseparable de los objetivos democratizadores y de justicia social en el amplio sentido de la palabra, contenidos en el proyecto popular, lo que obviamente no se puede decir del devastador modelo de acumulación desigual que se le impuso a los chilenos una vez conseguida su derrota.

2.- Programa y contexto

Es imposible comprender la racionalidad del programa económica del programa de la Unidad Popular sin considerar las condiciones en que asumió el gobierno.

Se trataba de un modelo de capitalismo dependiente en fase de estancamiento, con un crecimiento promedio del Producto Interno Bruto de 2,9% en el cuadrienio 1967-70, mientras que el crecimiento del producto per cápita sólo alcanzó el 0,5% en el mismo período.

En 1970 la desocupación se empinaba sobre el 8% de la fuerza de trabajo, en circunstancias de que había una subutilización de la capacidad instalada en el sector industrial que llegaba en promedio. a cerca del 60%.

La concentración de la propiedad de los medios de producción, otra característica tipificante de todo modelo de acumulación capitalista, se expresaba en el hecho de que 284 empresas controlaban todos los sectores de la actividad económica, mientras que el 17% de las sociedades anónimas concentraba el 78% de los activos; de las 161 mayores sociedades anónimas del país, los 10 principales accionistas controlaban el 90% del capital accionario; la producción industrial era controlada por 144 empresas; en el sector bancario, los tres mayores bancos privados concentraban el 44,5% de los depósitos, el 55,1% de las utilidades y el 44,3% de las colocaciones; en la distribución, nueve empresas controlaban el 30% de las ventas.

En términos de dependencia, la salida de divisas por rentas de capital aumentó de US$58 millones en 1950 a US$201 millones en 1967, mientras que la deuda externa comprometió pagos por US$1.400 millones  entre 1971 y 1976, con vencimientos de US$566 millones, en el bienio 1971-72.

En 1968, el capital extranjero controlaba la sexta parte del sector industrial; de las cien mayores empresas del país, 40 eran controladas por capital extranjero.

Con una inversión inicial de sólo US$30 millones, los consorcios norteamericanos propietarios de los grandes yacimientos de cobre retiraron utilidades por más de US$4.000  millones de dólares, es decir, una sobreutilidad  de 130 veces lo que habían invertido.

Sólo en el quinquenio 1965-70, ya en el esquema de chilenización introducido por el gobierno de Frei Montalva, dichas compañías remesaron utilidades por US$552 millones.

Esta estructura económica de tipo monopólico y dependiente se traducía en una enorme desigualdad en la distribución del ingreso.

Hacia fines de la década de los 60, el 2% de la población más rica concentraba el 45 % del ingreso nacional, mientras que el 28% de los hogares más pobres participaba sólo del 4,8% del ingreso, lo que se expresaba en un ingreso por persona de los sectores más ricos 69 veces mayor que el ingreso del 10% más pobre; 19% de las familias de  mayores ingresos participaba en el 50% del consumo, mientras que el 31% de las familias más pobres estaba virtualmente excluida del mercado; el 30% de las familias recibía menos de un sueldo vital  y el 60% no alcanzaba a dos vitales.

La necesidad histórica de un nuevo modelo de desarrollo se expresó en la coincidencia en muchos aspectos básicos de los programas de Salvador Allende y Radomiro Tomic, cuyas candidaturas sumaron más del 64% de los votos en la elección presidencial de 1970.

Como señala Gonzalo Martner, Ministro Director de Odeplan durante el gobierno de Allende y uno de los autores del programa de la Unidad Popular, el proyecto nacional de transformaciones partía del diagnóstico de que “las clases dominantes habían sido incapaces de crear un desarrollo nacional aceptable con relación a la potencialidad de los recursos nacionales cuyos ingresos se remitían al extranjero, ni habían permitido una más justa repartición del magro progreso alcanzado“,  mientras que su objetivo estratégico apuntaba a “realizar tareas revolucionarias destinadas a establecer el régimen más democrático de la historia del país, mediante el traspaso del poder de los antiguos grupos dominantes a los trabajadores, el campesinado y sectores progresistas de las capas medias de la ciudad y el campo”. (1)

A despecho de la campaña de desestabilización iniciada aún antes de asumir, el Gobierno popular se propuso realizar estas transformaciones dentro del marco legal y democrático:

«El Gobierno popular garantizará el ejercicio de los derechos democráticos y respetará las garantías individuales y sociales de todo el pueblo. La libertad de conciencias, de palabra, de prensa y de reunión, la inviolabilidad del domicilio y los derechos de sindicalización y de organización regirán efectivamente sin las cortapisas con que los limitan actualmente las clases dominantes». (2)

Ese compromiso democrático fue escrupulosamente respetado, sin que los sectores que participaron en la conspiración criminal hayan presentado una sola prueba en contrario, más allá de las interesadas vociferaciones y dislates, propios de la campaña.

En términos sucintos, el programa económico del gobierno popular se asentaba en seis transformaciones de naturaleza estructural:

• La nacionalización de las riquezas básicas, incluidos el cobre, el hierro y el salitre;
• La Reforma Agraria;
• La supresión de los monopolios en los sectores industrial, comercial y financiero;
• La redistribución del ingreso;
• La reactivación de la economía y
• El reemplazo de la hegemonía norteamericana por una inserción internacional independiente y no alineada.

El programa planteaba construir desde la base una nueva estructura de poder, a través de un proceso de democratización y movilización organizada de las mayorías en todos los niveles.

Al respecto, proyectaba una nueva Constitución Política, donde el órgano superior del poder sería la Asamblea del Pueblo, cámara legislativa única que expresaría nacionalmente la soberanía popular, donde se expresarían las diversas corrientes de opinión. El programa agregaba:

«Normas específicas determinarán y coordinarán las atribuciones y responsabilidades del Presidente de la República, ministros, Asamblea del Pueblo, organismos regionales y locales de poder y partidos políticos con el fin de asegurar la operatividad legislativa, la eficiencia del gobierno y, sobre todo, el respeto a la voluntad mayoritaria». 

La generación de todo organismo de representación popular debía realizarse por sufragio universal, secreto y directo, de los hombres y mujeres mayores de 18 años, civiles y militares, alfabetos y analfabetos.

De manera inédita en Chile, introducía la revocación del mandato:

«Los integrantes de la Asamblea del Pueblo y de todo organismo de representación popular estarán sujetos al control de los electores mediante mecanismos de consulta que podrán revocar sus mandatos».

Este nuevo Estado sería, en esencia, planificador:

«Los instrumentos de la política económica y social del Estado constituirán un sistema nacional de planificación, tendrán carácter ejecutivo y su misión será coordinar y racionalizar la acción del Estado. Los planes con que opera deberán ser aprobados por la Asamblea del Pueblo. Los organismos de los trabajadores tendrán una intervención fundamental en el sistema de planificación».

El Programa consagraba, en paralelo, el principio de la participación popular:

«Desde el día mismo que asuma el mando, el Gobierno Popular abrirá canales a fin de que se exprese la influencia de los trabajadores y del pueblo, por intermedio de las organizaciones sociales, en la adopción de decisiones y en la fiscalización del funcionamiento de la administración estatal». 

En lo económico, el Programa planteaba, sin dobleces ni equívocos, el tránsito de una economía capitalista dependiente a un Proyecto Nacional de Desarrollo con perspectiva socialista.

La piedra angular de ese empeño era el establecimiento de tres áreas en el sistema económico: propiedad social, propiedad privada y propiedad mixta.

El área de propiedad social, que idealmente alcanzaría una participación del 10% del PIB hacia 1976, estaría formada por las empresas que entonces poseía el Estado, más las empresas que se expropiarían y/o nacionalizarían, sea que pertenecieran a los sectores estratégicos de la economía, o estuviesen en poder de monopolios nacionales o extranjeros.

De esa guisa, el área de propiedad social, que sería el motor de la economía, estaría integrada por empresas de la gran minería del cobre, salitre, hierro y carbón; del sector financiero, en especial la banca privada y compañías de seguros; del comercio exterior; de los monopolios de la distribución; de los monopolios industriales estratégicos, y en general de todas aquellas actividades que condicionaran el  desarrollo del país, tales como la energía eléctrica, el transporte aéreo, ferroviario y marítimo, las comunicaciones; el petróleo y los combustibles; la siderurgia, el cemento, la celulosa y el papel.

De las 150 empresas monopólicas que a 1967 concentraban todos los mercados y absorbían los subsidios del Estado y el crédito bancario, el Programa se proponía incorporar 90 al área de propiedad pública, sea por la vía de la expropiación o la nacionalización.

El área de propiedad privada sería cuantitativamente la más numerosa, y estaría apoyada por el Estado:   

«Las empresas que integran este sector serán beneficiadas con la planificación general de la economía nacional. El Estado procurará las asistencias financieras y técnicas necesarias a las empresas de esta área, para que puedan cumplir con la importante función que desempeñan en el economía nacional, atendiendo el número de las personas que trabajan en ellas, como el volumen de la producción que generan». 

Sobre las empresas del área mixta, el Programa señaló:

«Este sector será mixto porque se compondrá de empresas que combinen los capitales del Estado a los particulares. Los préstamos concedidos por los organismos de fomento a las empresas de esta área podrán serlo en calidad de aportes para que el Estado sea socio y no acreedor. Lo mismo será válido para los casos en que dichas empresas obtengan créditos con el aval o garantía del Estado o de sus instituciones». 

La política económica del Estado, orientada por el sistema nacional de planificación apuntaba a los siguientes objetivos:

«1. Resolver los problemas inmediatos de las grandes mayorías. Para esto se volcará la capacidad productiva del país de los artículos superfluos y caros destinados a satisfacer a los sectores de altos ingresos hacia la producción de artículos de consumo popular, baratos y de buena calidad. 

2. Garantizar ocupación a todos los chilenos en edad de trabajar con un nivel de remuneraciones adecuado. Esto significara diseñar una política que genere un gran empleo proponiéndose el uso adecuado de los recursos del país y la adaptación de la tecnología a las exigencias del desarrollo nacional. 

3. Liberar a Chile de la subordinación al capital extranjero. Esto lleva a expropiar el capital imperialista, a realizar una política de un creciente autofinanciamiento de nuestras actividades, a fijar las condiciones en que opera el capital extranjero que no sea expropiado, a lograr una mayor independencia en la tecnología, el transporte externo, etc. 

4. Asegurar un crecimiento económico rápido y descentralizado que tienda a desarrollar al máximo las fuerzas productivas, procurando el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, naturales, financieros y técnicos disponibles a fin de incrementar la productividad del trabajo y de satisfacer tanto a las exigencias del desarrollo independiente de la economía, como a las necesidades y aspiraciones de la población trabajadora, compatibles con una vida digna y humana. 

5. Ejecutar una política de comercio exterior tendiente a desarrollar y diversificar nuestras exportaciones, abrir nuevos mercados, lograr una creciente independencia tecnológica y financiera y evitar las escandalosas devaluaciones de nuestra moneda. 

6. Tomar todas las medidas conducentes a la estabilidad monetaria. La lucha contra la inflación se decide esencialmente con los cambios estructurales enunciados. Debe, además, incluir medidas que adecúen el flujo de circulante a las reales necesidades del mercado, controle y distribuya el crédito y evite la usura en el comercio del dinero. Racionalice la distribución y el comercio. Estabilice los precios. Impida que la estructura de la demanda proveniente de las altas rentas incentive el alza de los precios.La garantía del cumplimiento de estos objetivos reside en el control por el pueblo organizado del poder político y económico, expresado en el área estatal de la economía y en la planificación general de esta. Es este poder popular el que asegurara el cumplimiento de las tareas señaladas». 

3.- Programa de corto plazo 

La ejecución del programa económico del Gobierno de la Unidad Popular, tuvo un inicio arrollador. Conviene detener el análisis en el Programa de Corto Plazo, para los meses que van desde noviembre de 1970 a diciembre de 1971, bajo la conducción del Ministro de Economía, Pedro Vuskovic, porque fue el único espacio de tiempo en que tuvo oportunidad de desplegarse en función de sus definiciones, libre de las trabas, acechanzas, contrariedades y resistencias, ocasionadas por la agudización del conflicto de clase y el proceso de politización de la economía. 

Durante los primeros dieciocho meses de gobierno, mientras la Unidad Popular mantuvo la iniciativa política, se lograron importantes avances en el programa, con fuertes efectos redistributivos para los sectores de menores ingresos.

Por la unanimidad del Congreso, se aprobó la Reforma Constitucional que nacionalizó la gran minería del cobre, el hierro y el salitre. Se dio un decisivo impulso a la reforma agraria. Hacia marzo de 1972, el Estado controlaba el 100% de la banca privada de tamaño mediano y casi el 50% del Banco de Chile, el mayor del país, a través de la compra de paquetes accionarios, en un proceso transparente, estrictamente atenido a la ley.

La conjugación de la ocupación plena de la capacidad instalada de la industria, el aumento del empleo y las políticas de reajustes salariales mejoró la redistribución del ingreso, en términos tales que del 50% de la participación de las remuneraciones en el ingreso nacional en el trienio 1968-70, se subió al 62% en el trienio 1971-73,  mientras que la participación de las ganancias del capital bajó del 50% al 37,2% en el mismo período, distribución funcional del ingreso que no se ha vuelto a registrar, a pesar de que entre los países de la OCDE, con los cuales  gusta compararse la opinología neoliberal, es aproximadamente la norma.

La tasa de desempleo de 3% para el período es la más baja que registra la historia del país, y de hecho el “exitoso” modelo de reemplazo, ni aún en sus ciclos de mayor actividad, siquiera se ha acercado a aquella cifra.

En dicha fase, se actuó con energía sobre cuatro pilares esenciales del programa:

1. a) el rápido incremento de los niveles de actividad de la economía;
2. b) una acelerada redistribución del ingreso;
3. c) una importante absorción de la desocupación, y
4. d) una eficaz contención de las expectativas y presiones inflacionarias.

El primer objetivo se logró sobre la base de la inmediata puesta en práctica de un conjunto de «programas movilizadores»: programas básicos de vivienda y obras públicas, ampliación de inversiones en empresas públicas, y diversos programas de estímulo a la demanda industrial.

Para el segundo objetivo, se consideró un reajuste de sueldos y salarios que igualaba la inflación, y la superaba en el caso de los sueldos más bajos; la mayor ocupación resultante de la reactivación de la economía, y otras formas de ingreso no monetario, tales como salud, educación y distribución gratuita de bienes y servicios, como el medio litro de leche, o desayunos y almuerzos en colegios de alumnos de bajos recursos.

El tercer objetivo, la reducción de la desocupación, obedeció a los programas movilizadores citados, a la ampliación de la oferta de trabajo del sector industrial y en el campo, por la reforma agraria, y a la implementación de programas específicos, tales como la reforestación de 75 mil hectáreas, la creación del Ministerio del Mar y la Operación Invierno.

La contención de las expectativas y presiones inflacionarias pudo alcanzarse en virtud de la combinación de una política de control de precios; una política cambiaria que apuntaba a neutralizar los impactos desestimulantes del tipo de cambio fijo sobre empresas exportadoras y sustitutivas de importaciones, y políticas de estímulo, de orden tributario y crediticio, orientadas al incremento de la producción y la productividad de la capacidad industrial instalada.

Digan lo que digan los neoliberales, las cifras de 1971 no resisten parangón con ningún otro sistema o modelo ensayado en este lejano país esquina. Ese año, el PIB creció en 8,96%; la desocupación bajó al 3,6%, guarismo nunca vuelto a alcanzar; la participación del trabajo en la distribución funcional del ingreso llegó a casi el 65% y la inflación no superó el 20%; en un cuadro de inusual caída en el precio del cobre, una sostenida alza en el precio de los alimentos importados y una súbita interrupción del crédito externo. (3)

El punto de inflexión del programa económico de la Unidad Popular, en rigor, del Gobierno en su conjunto, y aún, del modelo de sustitución de importaciones y el mismo sistema democrático, fue el paro de octubre de 1972, iniciado el 9 de ese mes, a pretexto de la creación de una empresa estatal de trasporte en la provincia de Aysén, y que en verdad fue el inicio de un enérgico contraataque de la oposición, con generoso financiamiento y asesoría norteamericana, que se fue radicalizando en métodos y objetivos, hasta concluir, once meses después, en el golpe militar que implantaría, al corto andar, el modelo neoliberal, en su fase de laboratorio, previa a su expansión global.

No es fácil determinar con exactitud hasta qué punto la crisis económica del Gobierno de la Unidad Popular obedeció a la conspiración pautada desde Estados Unidos; en qué medida respondió a la confrontación política, y cuánto puede ser explicada por efectos radicados en la esfera de la economía, porque se trató de fenómenos estrechamente relacionados, que se realimentaban en espiral descendente.

Es cierto que una parte del desabastecimiento se debía al acaparamiento deliberado en la esfera de la distribución, por el sector de los conjurados. Pero también al control de precios, que estimulaba la generación de circuitos informales; a la merma en la producción agropecuaria, debida a la reforma agraria, y al alza en el precio internacional de los alimentos, en un contexto de extraordinaria estrechez de divisas, resultante de la estrategia del Gobierno de Nixon, que declaradamente apuntaba a hacer aullar la economía, .

La inflación obedecía a una política monetaria expansiva, para cubrir un progresivo déficit fiscal y financiar reajustes salariales por sobre la productividad media de la economía y del trabajo, pero las presiones inflacionarias también eran deliberadamente alimentadas desde la oposición, mediante la aprobación de leyes presupuestarias desfinanciadas y la exigencia de reajustes salariales desmedidos de gremios y sindicatos que controlaban; sin perjuicio de que en nada ayudaba a la contención de dichas presiones, la demanda de recursos de un sector estatal hipertrofiado por la presión y movilización de las bases, que lo ampliaron más allá de los límites concebidos en el programa de la Unidad Popular.

4.- Detrás de la propaganda neoliberal

Independiente de la discusión sobre las responsabilidades, la aguda crisis económica de mediados de 1972 a septiembre de 1973 se circunscribió a las esferas de la circulación del dinero y la distribución, y no en la estructura productiva.

Aún con todos los problemas, la industria manufacturera creció un 14,6% en 1971 y un 2,8% en 1972, y disminuyó en 4,5% 1973, lo cual significa que a ese último año, la producción manufacturera era un 13% mayor que al momento de asumir el Gobierno, en noviembre de 1970. (4)

A pesar del abrupto cambio en la propiedad, la reducción en el precio durante el trienio, y el boicot de Estados Unidos, la producción de la Gran Minería del cobre saltó de 540 mil toneladas métricas en 1969, bajo administración norteamericana, a 615 mil toneladas métricas en 1973, bajo la administración de Codelco.

Aunque la agricultura representaba el 9% del PIB y ofrecía el 23% de la ocupación en el país, su importancia era estratégica para el abastecimiento, en el ya citado contexto de restricción de divisas para la importación de alimentos.

En medio de una profunda e irreversible reforma agraria, el sector creció un 5,1% en 1971, y cayó en -1% en 1972 y -14% en 1973. Una caída más que moderada, si se mide con experiencias de otros procesos de reforma agraria, en otros países, donde además del costo económico, hay que imputar la pérdida de miles de vidas, como consecuencia de la violencia política asociada.

A modo de comparación, mayor fue la caída del 21% de la producción agrícola en 1966, en el Gobierno de Frei Montalva, a consecuencia de la sequía. De otra parte, la reforma agraria creó las condiciones para la actividad exportadora, que maduró una década más tarde.

En el sector pecuario, la masa bovina aumentó de 2.919.000 de cabezas en 1970, a 3.165.000 en 1973, mientras que se mantuvieron estables las cifras de otro tipo de ganado, como ovejas cerdos y pollos. Las inversiones del Gobierno, y las políticas de reforestación y subsidios a la reforestación, en la práctica incorporaron la actividad silvícola al sector agropecuario.

El sector energético, que incluye petróleo, carbón y electricidad, se movió en una dirección simétrica a la producción industrial. Chile no es un país productor de petróleo. Pero la refinación subió de 6, 3 millones de toneladas a principios de 1970, a 7,3 millones en 1973. La producción de electricidad creció en 16% en 1971, 10% en 1972, y la incorporación de la central El Toro, a ese momento la mayor del país, financiada y construida por ENDESA, incrementó la oferta de electricidad en un 30%, en 1973.

El siguiente cuadro, extraído de una publicación que nadie en sus cabales podría atribuir simpatías al Gobierno del Presidente Allende, ahorra mayores comentarios.

Una proactiva política de inversiones, enclavada en la planificación económica, sentó las bases de actividades que después alcanzaron notable desarrollo, y que tramposamente, no sólo se apropió en especie, sino que desconoció en origen, el modelo neoliberal.

Los casos de la nacionalización del cobre y la reforma agraria son los más emblemáticos, pero no los únicos.

El programa nacional de riegos incorporó 65 mil hectáreas a la producción agropecuaria. Los programas de reforestación alcanzaron a las 75 mil hectáreas.

La inversión en la estatal Compañía de Aceros del Pacífico, CAP; aumentó la producción de acero bruto y en lingotes, de 600 mil a un millón de toneladas anuales, mientras que la planta IANSA de Curicó incorporó una capacidad de procesamiento de 60 mil toneladas de remolacha al año, y la planta de celulosa CELCO, de 175 mil toneladas anuales de fibra larga.

La inversión en el sector eléctrico aumentó en 30% con la producción de la central Rapel, inició la construcción de la central Colbún-Machicura, terminó la central El Toro, y mejoró consistentemente la red de distribución, a nivel nacional.

En segundo lugar, aún con la complejidad de los problemas que debió enfrentar, el Gobierno del Presidente Allende se mantuvo fiel al compromiso programático de orientar todo su quehacer en función de aumentar el bienestar y la calidad de vida de los sectores más modestos y postergados, tanto a través de la redistribución del ingreso en los términos descritos, como a través de un sostenido incremento del gasto social en educación, salud, vivienda y previsión social, de una manera exactamente opuesta a la del régimen que lo sucedió.

En suma, estas cifras, y muchas otras que no costaría citar, desmienten en términos absolutos la propaganda de los cómplices de la conspiración, de que el Gobierno de la Unidad Popular representó ante todo chapucería, y que en su empeño de instalar una dictadura totalitaria, condujo a la bancarrota del sistema productivo de Chile.

El desquiciamiento del aparato productivo sobrevendría unos meses después, pero no para corregir eventuales distorsiones operadas durante el Gobierno de la Unidad Popular, sino para cambiar las bases del modelo de acumulación y el paradigma de desarrollo, desde el desarrollismo o modelo de sustitución de importaciones, al modelo neoliberal, que debutó con una caída del producto de -14%, en 1975.

Uno de los rasgos peculiares de la aplicación chilena del modelo neoliberal, es que esta evidente relación causa-efecto no logra generar la sinapsis en el imaginario colectivo, de forma tal que en el análisis de la extraordinaria experiencia histórica del Gobierno de la Unidad Popular, todavía prevalece la imagen pre-constituida de que cualquier empeño que se proponga retomar el programa de cambios, reasumir la tarea de reemplazar al sistema capitalista en cualquiera de sus variantes y desafiar al actual estatus-quo, está irremediablemente condenado al fracaso.

En realidad es esa imagen la que está condenada a tener, en la escala histórica, una existencia  tan efímera como una pompa de jabón. De hecho, poco más de cuarenta años después, vuelve a escucharse el redoble de los tambores de la imperiosidad del cambio; mientras que a cincuenta años del fin de su primer intento, el Proyecto Nacional de Desarrollo sigue inspirando las luchas, y mantiene su vigencia a través de los programas de numerosos gobiernos, coaliciones, movimientos y partidos que persiguen transformaciones de cuño socialista, impulsadas y respaldadas por procesos democráticos de mayorías, .

Además, si el proyecto nacional de transformación establecido en el Programa de Gobierno de la Unidad Popular se fundó en la comprobación de que las clases dominantes fueron incapaces de crear un desarrollo nacional aceptable, hoy, después de más de cuarenta años de aplicación incontestada del modelo neoliberal, ese diagnóstico cobra más vigencia que nunca.

Hoy, cuando el modelo da evidentes señales de agotamiento, se pone a la orden del día no un eventual remozamiento para hacerlo más humano, sino derechamente su reemplazo.

Y si el proyecto de la Unidad Popular convocaba una amplia alianza de fuerzas políticas y sociales, el nuevo proyecto debe integrar otras corrientes y expresiones que dan cuenta de una vasta gama de problemas generados por la expansión global del capitalismo, tales como las temáticas ambiental, de la paz, de  género, de minorías étnicas, sexuales, culturales y religiosas, y del pluralismo, que a su vez debe ser la piedra angular de un proyecto donde no sobra nadie, salvo, las elites insaciables, arrogantes y despectivas.

5.- Logros sociales redistributivos

Durante el Gobierno de la Unidad Popular se le concedió personería jurídica a la Central Unica de Trabajadores y se autorizó la creación del Sindicato Unico de los Trabajadores de la Educación.

El número de sindicatos industriales creció de 1940 a 1974, el de sindicatos profesionales de 2.569 a 4.106 y el de sindicatos campesinos de 510 a 882.

Hacia 1973, el 30% de la población laboral estaba sindicalizada, cifra que no ha vuelto a alcanzarse desde entonces. (4)

La Central Unica de Trabajadores puso en práctica por primera vez la elección de su directiva por votación directa de las bases y con la concurrencia de todas sus corrientes ideológicas. (5)

La opción del Gobierno de la Unidad Popular por los sectores desposeídos, se manifestó en todas las esferas de acción propias del Estado.

En salud, se estableció el servicio odontológico gratuito en las escuelas, sin que posteriormente se haya restablecido, y se generalizó la entrega de leche a las madres de las familias de menores ingresos.

Se amplió la atención médica a las zonas campesinas, mediante la construcción de postas de urgencia y de servicios móviles, entre los cuales cabe recordar el popular «tren de la salud», y se estableció la gratuidad de la atención en los policlínicos y servicios de urgencia.

Las Juntas de Vecinos y los Centros de Madres tuvieron acceso a participar en la dirección de los servicios públicos de salud para hacer presente sus prioridades. Muchos consultorios ampliaron su atención diaria hasta las 21 horas.

Hubo campañas masivas de prevención gratuita, como el tratamiento precoz de enfermedades respiratorias, diarreas de verano, o la vacunación contra la poliomielitis que tuvo notable éxito.

Para hacer posible los avances en salud, la asignación presupuestaria aumentó significativamente, tanto en volumen como en relación con el PGB. En dramático contraste este gasto social se redujo brutalmente durante la dictadura. Aún a fines de la década del noventa no se superaban los índices logrados durante la UP. (3)

En educación, se dictó la ley 17.301 que creó la primera red pública y gratuita de Jardines Infantiles y Salas Cunas. A fines del 73, más de 80 mil menores en edad preescolar asistían a ellas, cifras que cayeron drásticamente en los dos decenios posteriores.

Se realizó una campaña masiva de alfabetización.

En la educación básica aumentó fuertemente la matrícula.

En las escuelas públicas se repartieron gratuitamente millones de textos de estudio y se reforzaron los programas de desayuno y almuerzo escolares.

Se estableció por primera vez un seguro escolar contra accidentes.

Incrementos no menores de asistencia se registraron también en la enseñanza media y todavía más significativos en la educación técnico-profesional y la nocturna.

La matrícula en la educación superior experimentó un aumento espectacular de más de un 80%.

Se estableció un novedoso programa, el convenio CUT-UTE para el ingreso de trabajadores a la universidad que contemplaba becas, cursos de nivelación y docencia en los sitios de trabajo.

Durante la Unidad Popular se consolidó la reforma universitaria mediante la cual los rectores y demás autoridades eran elegidas, con participación de académicos, estudiantes y funcionarios, mientras el gobierno garantizaba su autonomía administrativa y financiera.

Se dio impulso a la formación y a la investigación científica y se realizó el Primer Congreso Nacional de Científicos.

A la vez se inició un plan masivo de becas de post grado para estudios en el exterior.

En cambio, el Proyecto de Escuela Nacional Unificada, ENU,  uno de los más emblemáticos del gobierno popular, generó una gran polarización, con movilizaciones de protesta de diversas organizaciones, como los estudiantiles agrupados en la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago, FESES, la Iglesia Católica, que poseía importantes intereses  en la educación y permanecía empavorecida por la reforma universitaria, y naturalmente, la alianza política ​entre la derecha, la democracia cristiana y un sector del partido Radical, denominada Confederación Democrática (CODE), que la obstruyó sistemáticamente en el parlamento, en virtud de la sobre-ideologizada retórica, repetida una y otra por los medios, que demonizó la reforma como un «lavado de cerebro», a través del adoctrinamiento del comunismo y la lucha de clases, la proletarización de las clases medias, y un ataque a la libertad en general  y a la libertad religiosa.

Básicamente, la ENU planteaba la integración de un único tipo de establecimiento (Unidades Escolares o Complejos Educacionales), de la educación parvularia, básica y media tipificada respectivamente como Educación Parvularia, Educación General y Politécnica. Esta última modalidad tendría importantes rasgos de diferenciación en sus cuatro años, orientados por el criterio de las necesidades del Plan Nacional de Desarrollo.

La administración estaría a cargo de consejos integrados por la dirección del establecimiento, profesores, personal auxiliar o paradocente y apoderados.

Sin embargo la cerril oposición de esos y otros grupos de presión logró que el proyecto fuera desestimado por el Gobierno, que en su lugar convocó a un Debate Nacional de Educación, patrocinado y orientado por la Superintendencia de Educación Pública  durante 1973, con el fin de elaborar una reforma consensuada, certamen democrático como tantos otros, clausurado de facto el 11 de septiembre de 1973, «¡hasta nueva orden!».

En cultura, la editorial Quimantú colocó el libro al acceso de los sectores populares con colecciones económicas que superaban fácil, el  millón de ejemplares.

Los libros de Quimantú se vendían a muy bajo precio en librerías y quioscos de periódicos. Su colección abarcaba obras clásicas y contemporáneas de literatura e historia, información general e investigaciones. También editó semanarios y mensuarios, entre ellos, Cabrochico, dirigida al público infantil; Onda, dirigida a los jóvenes; Barrabases, una popular revista de historieta deportiva; Paloma, para mujeres; Ahora, sobre actualidad; Mayoría, sobre política y La Quinta Rueda, sobre cultura.

Chile Films creó un centro de producción y distribución dirigido a sindicatos y organizaciones sociales, y produjo más de 20 largometrajes.

En alimentación, un estudio de los doctores Francisco Mardones y Jorge Rosselot, demostró que la disponibilidad de calorías diarias por habitante subió de 2.401 en 1965 a 2.765 en 1973, para caer a 2.379 en 1986.

Lo mismo ocurrió con el consumo diario de proteínas, que de 67 gramos en 1965, aumentó a 72,9 en 1972, para caer a 61,8 gramos en 1983.  (8)

En vivienda, durante el Gobierno del Presidente Allende se iniciaron 156.394 viviendas, contra 108.910 en el trienio anterior y 72.417 en el trienio posterior.

La amplitud de éste y otros programas de construcción copó la capacidad de producción de cemento, maderas y otros materiales de construcción.

Se levantó la primera planta de paneles para viviendas.

La Unidad Popular limitó a un máximo de 20% de las remuneraciones el pago de dividendos de la deuda hipotecaria.

Se inició la construcción de balnearios y viviendas vacacionales de bajo costo.

La asignación de nuevas viviendas se efectuaba con participación de los comités sin casa.

El Gobierno del Presidente Allende promovió la primera ley que hizo justicia al pueblo mapuche. El proyecto original fue consultado con las organizaciones indígenas, pero, en definitiva la ley 17.717 salió desvirtuada por la mayoría opositora en el Congreso. El gobierno popular entregó 70.000 hectáreas a las comunidades indígenas, en contraste con solo 1.400 hectáreas de los gobiernos anteriores.

El Gasto Social, comprendidos los sectores educación, salud y vivienda, sumó US$921 millones en el trienio 1971-73, contraUS$ 597 millones en el trienio 1968-70 y US$64 millones en el trienio 1974-76.

A pesar de estos indicadores, la versión de los conspiradores logró oscurecer en la memoria histórica las realizaciones del gobierno popular, en virtud de dos problemas de la economía, que paradójicamente tuvieron origen en las políticas reactivadoras y de redistribución, como lo fueron el proceso inflacionario desatado con fuerza a partir de 1972, y el desabastecimiento de productos de primera necesidad, en importante medida, inducido por el sector patronal, desde el control en los ámbitos de la distribución y el comercio, mediante acciones que iban desde el acaparamiento hasta la desviación de la producción hacia el mercado negro, estimulado éste por las políticas de fijación de precios.

En la práctica, y como consignó el diario El Mercurio, todos los productos que escaseaban aparecieron en los escaparates del comercio el mismo 12 de septiembre de 1973.

Exponentes típicas de la álgida confrontación política y social de la época, fueron las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios, JAP.

Su organización data de 1971 y tuvo un crecimiento exponencial a partir del paro de octubre de 1972; su relación con la estrategia institucional de transición al socialismo, sustentada principalmente por el Partido Comunista y el sector legalista del PS, fue muy estrecha.

Su actividad en el ámbito económico se expresó en la distribución de productos básicos a bajo precio a consumidores finales agobiados por el desabastecimiento, mientras que en la esfera política, en el apoyo al gobierno y en la dimensión social, en las prácticas de abastecimiento directo, germen de poder popular liquidado en su primera infancia. (6)

6.- La reforma agraria 

Con abstracción de la reforma de macetero, una parodia ensayada durante la administración de Jorge Alessandri, la Reforma Agraria se inició formalmente con la promulgación de la ley N° 16.640 de 1969, en el gobierno de Frei Montalva, proceso indisolublemente asociado a la ley N° 16.625, de Sindicalización Campesina, del mismo año.

Básicamente, la ley estableció la expropiación de todos aquellos predios que excedieran las 80 hectáreas de riego básico y su propósito apuntaba a terminar con el latifundio, una rémora de naturaleza casi feudal y un obstáculo contra el que se estrellaban invariablemente los intentos de modernización de la economía nacional, sin perjuicio del atraso a que condenaba al sector campesino, y de la creciente magnitud de la lucha social con que éste respondía. 

El sector agrario era asumido como fundamental para el nuevo sistema económico. Sería reconfigurado por una profunda reforma agraria, sobre la base de los siguientes principios y directivas:

«1. Aceleración del proceso de Reforma Agraria expropiando los predios que excedan a la cabida máxima establecida, según las condiciones de las distintas zonas, incluso frutales, vitivinícolas y forestales; 

2. Incorporación inmediata al cultivo agrícola de las tierras abandonadas y mal explotadas de propiedad estatal; 

3. Las tierras expropiadas se organizarán preferentemente en formas de cooperativas de propiedad; 

4. En casos calificados se asignarán tierras a los pequeños agricultores, arrendatarios, medieros y empleados agrícolas capacitados para el trabajo agropecuario; 

5. Reorganización de la propiedad minifundiaria a través de formas progresivamente cooperativas de trabajo agrícola; 

6. Incorporación de los pequeños y medianos campesinos a las ventajas y servicios de las cooperativas que operen en su área geográfica; 

7. Defensa de la integridad y ampliación y asegurar la dirección democrática de las comunidades indígenas, amenazadas por la usurpación, y que el pueblo mapuche y demás indígenas se les aseguren tierras suficientes y asistencia técnica y crediticias apropiada».

Consciente de la necesidad histórica de la redistribución de la tierra, y de la integración al sistema económico de vastas mayorías postergadas, el Gobierno de la Unidad Popular expropió 4.409 predios que totalizaron seis millones 409 mil hectáreas de riego básico, lo que representó el 76% del área expropiada durante el proceso, y el 64% del área cultivada.

Lo hizo con procedimientos ajustados a la legalidad vigente y con la debida indemnización a los terratenientes expropiados.

Contra lo que sostienen los tergiversadores de la historia, el número de tomas de fundo al margen de la ley ascendió a 1.278, un porcentaje irrelevante respecto al numero total de propiedades agrícolas en el país.

A despecho de la agudización de la confrontación social y la violencia política  inherente a este tipo de reformas de índole estructural, las que necesariamente lesionan intereses, un informe del Banco Mundial destacó:

“Aún en sus momentos más turbulentos, la reforma fue realizada con admirable poca violencia y destrucción de la propiedad”. (7)

Desgraciadamente, la contrarrevolución militar despojó al campesinado de los beneficios de la reforma agraria, en virtud del doble expediente de restituir un importante porcentaje del área expropiada a sus antiguos propietarios y de privar al resto del sector reformado de apoyo técnico y crediticio, condición indispensable para el éxito del proceso.

Con todo, la liquidación del latifundio fue una de las grandes realizaciones del Gobierno de la Unidad Popular, proceso que paradójicamente sentó las bases de la modernización capitalista en la agricultura chilena, fundamento del actual modelo agroexportador, antecedente que, desde luego, los falsificadores de la historia silencian pudorosamente.

El Sueldo Traicionado   

El mayor crimen contra el interés nacional cometido en nombre del dogma neoliberal ha sido, sin lugar a dudas, la desnacionalización encubierta de la gran minería del cobre, aquella que Salvador Allende denominó el sueldo de Chile y que concebía como una viga maestra para el desarrollo del país.

El 11 de julio de 1971, día de la segunda independencia nacional, la unanimidad del Congreso Pleno promulgó la Reforma Constitucional que nacionalizó la gran minería del cobre y consagró la soberanía chilena sobre sus principales recursos naturales, entre ellos el hierro y el salitre.

Desde entonces, hasta diciembre de 2021, Codelco ha aportado beneficios netos por US$ 122 mil millones para el Estado, por lejos, el mejor negocio de Chile. (9)

A contramano, el efecto combinado del menor precio del cobre, en parte por la sobreproducción impulsada desde Chile con la indiscriminada entrega de grandes yacimientos al capital privado, principalmente transnacional; la evasión tributaria y otras formas de encubrir utilidades y eludir el pago de la renta que practican estas compañías, y el tipo de producción que se les permite, mayoritariamente concentrados de cobre sin la menor elaboración y adición de valor, ha generado menores ingresos, o derechamente pérdidas para el país, calculadas conservadoramente en US$20  mil millones de dólares en la década 1990-2000.

El saqueo continúa impertérrito. Para el decenio 2010-2020, la recaudación fiscal de minería del cobre en Chile alcanzó a US$108,7 mil millones. (10)

Con dos tercios de la producción, las diez empresas privadas, GMP-10, tributaron US$46 mil millones, equivalentes al 42% de la renta del cobre en el decenio, mientras que Codelco, con un tercio, entregó excedentes por US$ 62,7 mil millones; esto es, el 58% de la recaudación; sin perjuicio de que los costos de Codelco crecieron un 268% en el período, contra 199% de las GMP10, lo cual se explica por los menores costos de la exportación de concentrados,  que a su vez son refinados en el extranjero, por empresas relacionadas, que se embolsan lo que renuncia Chile.

Es tan absurda la política del Estado de Chile con su principal recurso, que en 2022, la tributación de la minería privada del litio, con US$ 5.000 millones, un negocio global cien veces menor que el del cobre, superó la de la GMP-10, con US$4.545 millones, y la de Codelco, con US$3.321 millones. Obsérvese, de paso,  la preocupante disminuación estructural de los aportes de Codelco.

Esto se debió en parte a los actuales altos precios, pero fundamentalmente, a las negociaciones  que en las postrimerías del gobierno Bachelet II, sostuvo el vicepresidente de Corfo, Eduardo Bitrán, con las dos empresas privadas que explotan litio en Chile, SQM y Albemarle, a pesar de que, constitucionalmente, se trata de un recurso no concesible.

La gestión de Bitrán, alborozadamente celebrada por la barra neoliberal, incrementó la tasa contributiva del lito por tres vías: los contratos de Corfo por arrendamiento de las pertenencias, el impuesto a la renta y el impuesto específico a la minería, de forma que, consideradas en conjunto, determinan una carga impositiva del orden del 40%.

Es cierto que incrementó la participación nacional en la renta del litio, pero en la coyuntura de 2016, con demandas contra SQM y Albemarle por grave y reiterado incumplimiento de contratos, con el telón de fondo del escándalo de las platas políticas y la inminente renegociación de los contratos, Bitrán optó por mantener el ambiguo resquicio de los Contratos Especiales de Operación, CEOLS, que en la práctica encubren la privatización del litio.

Por cierto, el negocio es tan bueno,  que en lugar de irse, como invariablemente predice el lobby privatizador, aprovecharon lo reservado de las negociaciones para firmar los contratos con discreta satisfacción.

El otro camino era cumplir el mandato constitucional de la inconcesibilidad del litio, y por consiguiente, cancelar los contratos de SQM y Albemarle, y constituir, sin más, la Empresa Nacional del Litio.

El coro griego del lobby privatizador celebró el incremento del aporte de la minería privada del litio, lo cual, aleluya, es innegable; pero invariablemente olvida el anverso de la ecuación; es decir, la pérdida neta de riqueza ocasionada por la privatización del cobre y el litio, cuyos excedentes parten al exterior como utilidades e intereses, tanto más sensible, cuanto que se trata de recursos no renovables, por los cuales las GMP-10 no cancelan un solo dólar a cuenta de «externalidades negativas», que en sus países de origen pagan sin chistar.

Estas diferencias en favor del la Gran Minería Privada son inaceptables, desde la perspectiva en que cada dólar remesado al país de origen, en Chile deja de gastarse en apremiantes necesidades de desarrollo e impaciente demanda social del verdadero dueño del recurso; esto es, cada uno de nosotros.

En suma, Chile está tropezando por tercera vez con la misma piedra, como antes sucedió  con el cobre y el salitre.

Escribía Radomiro Tomic en su admirable, tenaz, solitaria e infructuosa cruzada contra la promulgación la Ley Minera de la dictadura, en 1982: 

“Dos equivocaciones de enorme magnitud fracturaron en el pasado el destino de Chile: la Patagonia fue la primera; el salitre la segunda.Perdimos la Patagonia porque quienes tenían en sus manos el destino del país, prefirieron creer que no valía nada, como había escrito Darwin cien años antes. Y el crimen de lesa patria 

cometido contra el salitre consistió, precisamente, en entregarlo a la explotación extranjera sin intervención ni control alguno de parte del Estado. Por tercera vez en los últimos cien años el país está a punto de malograr lastimosamente una oportunidad excepcional de superar el subdesarrollo y de incorporarse literalmente a un nuevo horizonte histórico. Esta vez es el cobre el punto de apoyo para el salto cualitativo de la industrialización económica y de la modernización social del país. Esta será la más costosa, dolorosa y humillante de las oportunidades perdidas por el país”. (11)

Lamentablemente, los peores temores de  Tomic se verían confirmados.

La arquitectura legal de la desnacionalización del Cobre la inició la dictadura, con la Ley 18.097 de 1982, redactada por José Piñera Echeñique, complementada por el nuevo Código de Minería, promulgado el 26 de septiembre de 1983.

Elaborada en secreto y aprobada por el singular parlamento de cuatro militares a los que eligió nadie, esta legislación abrió la explotación de los grandes minerales de cobre al capital foráneo, con la excepción de los yacimientos de reposición de Codelco.

Para reparar el «error» de la propia Constitución de 1980, que establecía el “dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible”  del Estado sobre los yacimientos mineros, Piñera introdujo las alambicadas categorías jurídicas de la “concesión plena” y la “indemnización completa”.

Por el mero pago de una patente, el capital transnacional obtiene una concesión sin plazo de término, irrevocable y exenta de todo control de parte del Estado. En caso de expropiación, la indemnización completa establece que el Estado deberá hacerse cargo de “la totalidad del daño patrimonial efectivamente causado, equivalente al valor presente de los futuros flujos de caja que ella pueda generar”, lo que en otras palabras significa que el Estado debe pagar anticipadamente el valor total del yacimiento hasta su completa extinción.

Esta legislación consagra privilegios tan exorbitantes, que a modo de ejemplo, Tomic calculó que bajo sus efectos, los US$700 millones de indemnización pagados a la Anaconda Copper y la Kennecott Copper por los yacimientos expropiados en 1971, habrían ascendido a unos US$50 mil millones.

Si alguien  pensó, como Tomic, que el primer gobierno democrático que sucediera a la dictadura revocaría ese crimen de lesa patria, se equivocó de plano.

Mediante las modificaciones al Decreto Ley 600 del  5 de septiembre 1993, y la Ley Nº 19.137, del 12 de mayo de 1992, la Concertación convalidó y aún perfeccionó las garantías para atraer capital transnacional a la gran minería del cobre.

El primero, denominado Estatuto de la Inversión Extranjera y promulgado originalmente por la dictadura en 1974, homologa el régimen tributario y la normativa legal de los inversionistas extranjeros con las que rigen para a los  nacionales y facilita la expatriación de capital, utilidades e intereses sin otra restricción que la retención por el plazo de un año.

La segunda facultó a Codelco para asociarse con terceros, lo que ya hizo en 1994 con la venta del 51% accionario del mineral de El Abra a la compañía Cyprus Amax, entonces perteneciente al Consorcio Phelps Dodge.

Probablemente la más efectiva pero menos conocida de esas legislaciones, para atraer capital transnacional, sea la Ley 18.985, de junio de 1990. Su objetivo alegado apuntaba a acrecer los ingresos fiscales mediante el aumento del IVA de 15 a 18%, presentado entonces como transitorio, y el incremento del impuesto de primera categoría a las empresas, de 10 a 15%, que se pagaría sobre la base de utilidades devengadas y no sólo por utilidades retiradas. Pero bajo cuerda, sin conocimiento de la ciudadanía, esta ley eximió del impuesto a la renta la venta de pertenencias mineras, creó el costo de pertenencia, que puede ser cargado como gasto y, cambió la tributación de la Gran Minería desde renta presunta a renta efectiva, que paga tributación sobre las utilidades, lo cual desencadenó, como era de suponer, el festival de elusión y evasión tributaria, del que se dará algún detalle más adelante.  .

La Ley 19.207, del 31 de marzo de 1993, modificó el DL 500 para bajar la tasa de invariabilidad tributaria de 49,5% a 42%.

La Ley 19.270, modificó el Nº 2 del art. 59 de la Ley de Rentas, y eximió de impuestos a bienes y servicios exportables, gastos de publicidad y promoción, análisis de mercado e investigación científica y tecnológica, lo cual creó una brecha tributaria frecuentemente utilizada por las GM-10, pues carece de lógica  que la exportación de concentrados de cobre requiera análisis de mercado, investigación científica o tecnológica, o campañas de publicidad y promoción.

Otra brecha «legal» importante permite la deducción de impuestos por pago de intereses, que reduce el monto de renta imponible, lo cual genera un incentivo para el endeudamiento en lugar de financiar inversiones con capital propio;  estimula una estructura de financiamiento orientada a préstamos provenientes de empresas filiales o relacionadas, y proporciona un nutrido arsenal de mecanismos para maquillar costos y ocultar utilidades, toda vez que a los costos directos e indirectos y la depreciación, se puede imputar el costo financiero, reduciendo en la misma medida la renta imponible.

El mecanismo más utilizado por las GM-10 para eludir impuestos, es el de los precios de transferencia; esto es, precios del comercio intra-firmas, que al no tener un valor de mercado, como el caso de los concentrados de cobre, permiten el desplazamiento de utilidades desde filiales instaladas en países de mayor regulación o carga tributaria, hacia aquellas situadas en paraísos financieros, con escasa o nula posibilidad de control.

También existen precios de transferencia cuando una empresa minera instalada en Chile compra equipamiento y bienes de capital a una empresa relacionada en el extranjero, a precios superiores al mercado, con lo que aumenta el volumen de sus gastos y traslada utilidades a empresas relacionadas, en el extranjero.

Estas leyes y decretos leyes llevan la firma de ilustres presidentes y ministros de Hacienda y Minería de tres gobiernos de la concertación, y fueron aprobadas por amplias mayorías del alineado y complaciente parlamento binominal.

La historia no debe olvidar sus nombres.

El empeño contumaz de retroceder el reloj de la historia y restituir el sueldo de Chile a la voracidad del capital transnacional todavía no ha sido capaz de desbancar el visionario legado del Presidente Salvador Allende, lo que naturalmente no significa que no seguirán intentándolo.

En esa empresa, la opinología neoliberal confunde deliberadamente el monto global de las exportaciones de cobre desde Chile, incluidas la minería estatal y la privada, con los reales ingresos para el país.

Al entregar cifras brutas y sin desagregar, omite consecuencias, distorsiones  y efectos lesivos para el interés del país, como los siguientes:

Mientras la exportación física de cobre chileno entre 1995 y 1999 creció de 2.4 a 4.2 millones deTM (+76%), el valor total de esas exportaciones se redujo de US$6.431 millones en 1995 a US$5.889 millones en 1999 (-8.5%)

En el mismo período Codelco aumentó su producción física desde 1,17 a 1,62 millones de TM (+38.6%), pero el valor de sus ventas bajó de US$3. 926 a US$2.886 millones (-26.5%), y sus aportes al fisco se redujeron de US$1.735 millones a US$269 millones (-84.5%), como consecuencia de la baja del precio del cobre, gatillada por la sobreproducción impulsada desde Chile, a medida que entraron en operación los grandes yacimientos privados.

Mientras en 1989 el Estado recuperaba US$ 65 centavos por cada libra exportada, en 1999 esa cifra se había reducido a sólo US$3 centavos (-95%).

El año 2001, con sólo el 35% de la producción, Codelco aportó US$370 millones (68,1%), en tanto que las GM-10 con el 65% de la producción, tributaron US$ 173 millones (31,8%).

El flujo neto, es decir la diferencia entre la inversión ingresada y las remesas enviadas al exterior por concepto de amortización, utilidades e intereses, fue de US$4.869 millones década 1990-2000. Sin embargo, a cambio de ese flujo neto de inversión extranjera, se presentó la paradoja de que Chile originó una sobreproducción y sobreoferta que desplomó el precio del cobre, lo que ocasionó una pérdida para el país de US$8.810 millones, en el mismo período.

En el bienio 2000-2001, por el hecho de que a la minería privada le conviene exportar concentrados de cobre en lugar de cobre refinado, el país perdió alrededor de US$1.500 millones.

La exportación de concentrados representó el 38% de las exportaciones mineras del año 2000, de las cuales el 84% correspondió a las cuatro mayores compañías privadas.

La propia Comisión Chilena del Cobre, en general exponente de una opinión proclive al capital extranjero, reconoció en el Oficio 332, de junio de 2001, que Chile perdía alrededor de US $1 millón diarios por no refinar en el país el concentrado de cobre.

Sin embargo, la tendencia a exportar concentrados ha seguido incrementándose a ritmo acelerado, pero no sólo las empresas GFM-10, sino también, inconcebiblemente, en Codelco.

En el año 2000, Chile era el país con mayor capacidad de fundición, con cerca de 1,59 millones de tons anuales, equivalente al 14,5% del total mundial, seguido por Japón y China con 1,55 (14,2%) y 1,07 (9,8%) millones de tons, respectivamente.

A 2020 la situación es radicalmente distinta. China aumentó su capacidad de fundición a un ritmo promedio de 10,2% anual, lo que al año 2020 le permitió alcanzar una capacidad de aproximadamente 7,56 millones de tons, equivalente al 37,4% del total global, mientras Chile aumentó su capacidad solo en 347 mil toneladas, en el mismo periodo reduciendo su participación a 9,6%.

Según del documento Exportación de concentrados de cobre: caracterización de condiciones comerciales; de abril de 2021, de Cochilco , de las ventas de productos de cobre en el año 2020, 55,1% correspondió a concentrados. No solo eso. Si en el año 2020 el 74,4% de la producción de cobre de Chile correspondió a concentrados, siendo exportados el 71,7% de ellos, a 2030 se estima que el 89,5% de la producción de cobre provendrá de concentrados, exportándose un 75,6% de dicho monto.

Según el  Anuario de Estadísticas del Cobre y otros Minerales 2002-2021, de Cochilco, el último disponible, los embarques de cobre fino de Codelco bajaron de 1.702.007 toneladas métricas en 2011, a 1.518,002 tm en 2020, es decir, una baja de -10,8%.

Conforme a la misma fuente, los tipos de producción de cobre de Codelco con algún grado de elaboración también bajaron entre 2010 y 2020. Así, el cobre refinado cayó de 1.475.009 tm a 1.021.009 tm, (-30,7%) y los cátodos, desde 1.399.008 tm a 1.021.009 tm, (-27%); mientras que el blister, el de menor incidencia, subió levemente de 78.002 tm a 105.008 tm (+25,7%).

En cambio, no es casual que subiera fuertemente la exportación de concentrados, de 148.007 tm a 390.005 tm, (+62%). (12)

En divisas, el valor de los embarques de cobre refinado ascendió a US$12.624,5 millones en 2010, para caer a US$6.117,9 en 2020, una merma del 51,5%, si bien esta variable está fuertemente influida por el precio.

En la gran minería privada del cobre, la refinación en Chile cayó de 13.294.008 tm en 2011, a 6.952.006 en 2020,(-47,7%), mientras que la exportación de concentrados creció de 12.763.006 tm a 15.470.005, (+17,5%).

La venta de la mina La Disputada de Las Condes, de Exxon Mobil Minerals a Anglo American, por un valor de US$1.300 millones, en circunstancias de que la compró en US$97 millones a Enami, en 1978, en junio de 2002, dejó públicamente al descubierto el saqueo de nuestras riquezas básicas, que hasta entonces se había logrado ocultar. (13)

Por de pronto confirmó que durante sus 24 años de ejercicio en Chile, Exxon no pagó un sólo dólar en impuestos, mediante el expediente de declarar pérdidas operacionales, para lo que se valió de los subterfugios mencionados precedentemente.

No se trataba de un procedimiento aislado, toda vez que, por entonces, de 47 grandes empresas mineras privadas solo dos pagaban impuestos..

Con el fin de evitar los tributos a la transacción, equivalentes a unos US$300 millones, pretendió hacerla en el paraíso financiero de las islas Caimán, en medio de un grran escándalo.

A través de intrincados mecanismos de evasión, tales como el endeudamiento con empresas relacionadas ubicadas en paraísos tributarios, generó un alto nivel de endeudamiento que le permitió presentar pérdidas tributarias tan altas que no sólo Disputada no tuvo que pagar impuestos, sino que se le devolvieron  US$7.500 millones de dólares de tributos pagados por Esso Chile entre 1995 y 1998.

Para dimensionar la transferencia de recursos hacia los paraísos financieros donde estas transnacionales tienes sus casas matrices, basta consignar que a fines de 2003, con una inversión deUS$18 mil millones, las GM-10 repatriaron utilidades por US$43 mil millones, vale decir dos veces y media el monto de su inversión.

Lo más notable del caso es que por esas fabulosos utilidades, hasta entonces no habían pagado un sólo dólar de impuesto, mientras las sucesivas autoridades económicas repetían como un mantra que no había recursos para invertir en gasto social.

En 2005, con el 32% de la producción Codelco pagó el 72% de la tributación minera, mientras las GM-10, con el 58%  de la producción, pagaron el 28% de la tributación.

Entre 2004 y 2008, las GM-10 repatriaron a sus casas matrices, sólo por utilidades e intereses, US$81.000 millones; es decir, 1,4 veces lo que Codelco había aportado al país en 37 años, y cinco veces el total de su inversión entre 1974 y 2008.

En otras palabras, en esos años, en el reglón cobre, se le sustrajo a la economía del país, o dejó ingresar, por diversos conceptos, una suma cercana al PIB de Chile.

Esta gigantesca expoliación de recursos pertenecientes a todos los chilenos, se realiza a vista y paciencia de autoridades que renunciaron a su obligación de fiscalización y control.

Semejante asalto en despoblado contra el interés nacional sólo puede explicarse por la combinación de factores, como lo siguientes:

-Aceptación tácita de la nueva división internacional del trabajo impuesta desde la metrópoli imperial, donde las economías subordinadas deben limitarse a la exportación de recursos naturales.

-Colonización ideológica de la clase dirigente por el dogma neoliberal del libre flujo de inversiones a escala global, considerado como algo deseable y positivo, mientras que deliberadamente se inhibe la inversión pública en la minería del cobre.

– Avidez de una manga de burócratas y tecnócratas que reciben suculentos honorarios por la elaboración de informes, asesorías y seminarios que buscan generalizar la noción de la conveniencia de la inversión extranjera en el sector minero.

-Cañonazos de millones de dólares a funcionarios públicos, parlamentarios y representantes de los poderes reales del país, distribuidos en sectores claves de la Gran Empresa, el aparato del Estado y los medios de comunicación.

De esta manera, el visionario legado del Presidente Allende, quien a través de una incansable lucha de casi 50 años concretó el sueño de convertir el cobre en el sueldo de Chile y una palanca para el desarrollo del país, ha sido en gran medida revertido y desnaturalizado, en nombre de la apertura de los mercados y de la libre circulación del capital.

La intervención ideológica del lobby privatizador ha avanzado tanto en la corteza cerebral de los chilenos, que la propia Convención Constitucional, con los votos de la derecha, la concertación, el denominado «socialismo democrático» y el Frente Amplio, rechazó la renacionalización del cobre y demás recursos naturales, y dejó el articulado exactamente en los mismos términos que la constitución de la dictadura.

Estos antecedentes demuestran de modo incontestable que la conmemoración del primer cincuentenario del Proyecto Nacional de Desarrollo, lejos de una nostálgica evocación del pasado, es una imperativa tarea de futuro, de palpitante actualidad.

En lo inmediato, en una fecha tan significativa, .el mayor compromiso de los chilenos que se sienten herederos del Presidente Allende debiera reivindicar  con fuerza la necesidad de un Plan Nacional de Desarrollo, donde volvamos a caber todos.

Los mismos antecedentes revelan el fracaso de la casta política, en lo atinente al resguardo del interés nacional en el cobre.  Nada hace pensar que eso vaya a cambiar.

Por consiguiente, solo queda la sociedad civil para sostener el deber de exigir la restitución del cobre y recursos naturales a su verdadero dueño, la soberanía nacional, para, con esos recursos, emprender una nueva fase de desarrollo, inspirada en  el legado entrañable e inmenso del compañero Presidente.

Ancud, Chiloé.

Marzo 2023.

Notas y referencias

(1) Gonzalo Martner G.; El Gobierno de Salvador Allende 1970-1973, Una Evaluación; Ediciones Lar.

(2) Programa de Gobierno de la Unidad Popular.

(3) Cifras y datos acerca del Programa de la Unidad Popular, de Gonzalo Martner G., op cit.; y de José Cademártori; El Gobierno de Allende, 30 años Después; Documento de Trabajo, Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz.

(4) Las cifras entre 1960 y 2001 fueron tomadas de Indicadores Económicos y Sociales de Chile 1960-2000, del Banco Central. Las cifras entre 1938 y 1969 fueron obtenidas de Economía Chilena 1810-1995, Estadísticas Históricas, de los autores Juan Braun, Matías Braun, Ignacio Briones, José Díaz, Rolf Lüders y Gert Wagner; Documento de Trabajo N° 187, Instituto de Economía de la Universidad Católica.

(5) Luis Corvalán, De lo Vivido y lo Peleado, MemoriasLOM Ediciones, 1997.

(6) “La lucha por “el pan” y la defensa del “gobierno popular”: las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios en la Vía chilena al socialismo, Boris Cofré Schmeisser; historiador, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Licenciado y Profesor de Historia, Universidad ARCIS.

(7) Martner; op cit.

(8) Doctores Francisco Mardones y Jorge Rosselot; Políticas de Alimentación y Nutrición; trabajo encargado por Naciones Unidas.

(9) Codelco «La empresa que más aporta al Estado de Chile»

(10) Los datos sobre el increíble despilfarro de la principal riqueza del país fueron tomados del libro El Cobre NO, es de Chile. El Cobre no es de Chile, del exsenador Jorge Lavandero; diversos trabajos de los economistas Orlando Caputo y Hugo Fazio; el documento Desnacionalización Inconstitucional de la Minería del Cobre y Cesión de la Soberanía Nacional: Implicancias en la Pérdida de Ingresos Fiscales, del Comando de Profesionales de Izquierda, diciembre de 1988; de la presentación Hacia una Política Nacional del Cobre, de la Escuela de Economía de la Universidad Arcis, CETES y CENDA, en el seminario organizado por la Federación de Sindicatos de Supervisores del Cobre, en Chuquicamata, junio de 2000 y los anuarios estadísticos de la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, hasta 2022, último publicado a hoy.

(11) Radomiro Tomic, Por Qué es Inaceptable la Nueva Ley Minera?; Testimonios, Editorial Emisión, 1982.

(12) Francisco Herreros; Cierre de Fundición Ventanas: un crimen de «lesa patria» bajo pretexto ambiental, artículo publicado originalmente en Red Digital, destruido por el ataque cibernético, del 31 de octubre de 2022.

(13) Disputa con Exxon Destapa Colosal Fraude al Estado; El Periodista Quincena; N° 19, 2 de septiembre de 2002.

(*) El contenido de este artículo proviene de los libros Del Gobierno del Pueblo a la Rebelión Popular, y 40 Años de Neoliberalismo en Chile: La Cueca Larga del Rey Desnudo, de próxima publicación en Red Digital