Las familias Von Appen, Luksic, Matte y Angelini son las controladoras de los puertos que hoy protagonizan un nuevo conflicto con sus trabajadores. La movilización amenaza los intereses de los mayores grupos exportadores, entre los que se cuentan grandes empresas y quienes controlan el negocio de la fruta en Chile. (N de la r: aunque no es sorpresa, nunca termina de sorprender la casi absoluta carencia de información sobre esta huelga en el sistema mediático, a pesar de su importancia, o tal vez por lo mismo).
Desde inicios del 2013 que las movilizaciones en los puertos de Chile vienen al alza. En abril un extenso paro nacional relevó la demanda por lograr 30 minutos de colación que instaló el debate sobre las condiciones en las que operan los trabajadores portuarios. La protesta, además, empoderó a la Unión Portuaria de Chile, organización que el 2010 surgió en la región del Bío Bío, y rápidamente se propagó por el resto del país.
Ahora, los trabajadores nuevamente están movilizados y de no cambiar las condiciones avanzan hacia un paro nacional que podría generar millonarias pérdidas para el sector exportador. Los sindicatos apuntan a los grupos controladores de los puertos, a los que acusan de someterlos a precarias condiciones laborales. Las empresas que los administran no son tantas, y sus dueños poseen apellidos conocidos: Von Appen, Luksic, Matte y Angelini.
La nueva ola de movilizaciones se inició el pasado 23 de diciembre en el Puerto de Angamos, en Mejillones -al igual que el paro de abril-, aunque ahora se desarrolla en medio de un proceso de negociación colectiva, donde los movilizados exigen que se reconozca a los trabajadores eventuales como miembros del sindicato, para que así puedan participar de la negociación. Los trabajadores eventuales no tienen contrato, por lo que no gozan de los derechos a indemnización, cotización en salud, previsión ni vacaciones. Según cifras que maneja la Unión Portuaria, de los 21 mil trabajadores portuarios que hay en el país, el 80% son eventuales.
El paro en Mejillones, que se extiende ya por 16 días, ha estado acompañado de denuncias de persecución policial. La madrugada del 1 de enero el portuario Luis González Fuentes fue encontrado herido de gravedad a la orilla del camino que une Mejillones con el campamento donde se sostiene la huelga. Hasta hoy se mantiene en coma en el hospital de Antofagasta. A pesar que Carabineros señala que se trató de un accidente producto de que el trabajador conducía su moto bajo los efectos del alcohol, los portuarios denuncian que González fue agredido por manos desconocidas. Como prueba, argumentan que el vehículo en el que viajaba no tiene un solo rasguño.
“Tenemos un compañero caído y esa violencia no se dice, no se acusa, no se nombra”, cuenta Richard Orellana, dirigente de los trabajadores. Y suma datos, Néstor Francini, vocero de la Unión Portuaria, fue interceptado por Carabineros mientras viajaba a Mejillones el lunes por la tarde. Fue sometido a control de identidad y alcotest en la carretera y a plena luz del día. El trabajador asegura que el hostigamiento se ha vuelto habitual y que la policía sabe en qué vehículos se movilizan los dirigentes.
Otra negociación colectiva vino a sumar fuerzas a la movilización portuaria. El viernes 3 de enero los trabajadores de San Antonio iniciaron su proceso de huelga legal, en protesta -según indican- a la falta de voluntad política del Gobierno para reunirse con el sector para tratar la demanda de la media hora de colación. La falta de respuesta a estas dos situaciones es lo que hoy tiene a la Unión Portuaria del Norte -que agrupa a los puertos de Iquique, Tocopilla, Antofagasta, Chañaral y Huasco- completamente paralizada en apoyo a ambos puertos, mientras se espera que en las próximas horas se sumen el resto de los trabajadores del país.
Aunque los conflictos de Mejillones y San Antonio presentan particularidades distintas, los portuarios argumentan que están unidos, y que para ellos se trata de la misma lucha.
La empresa Ultraport, que controla el Puerto de Angamos en Mejillones, se ampara en que la Dirección del Trabajo de Antofagasta señaló que trabajadores contratados y eventuales no pueden pertenecer al mismo sindicato. “La empresa se ampara en la supuesta legalidad, que nosotros cuestionamos. A veces se les olvidan los tratados internacionales, la Inspección del Trabajo dice que no nos podemos sindicalizar, ni siquiera lo dice un juez porque antes de llegar a esa instancia nos quisieron quebrar”, señala Richard Orellana, presidente del sindicato de Mejillones.
“La huelga ya va en el día 16 y no nos han llevado ni siquiera a negociar, estamos en estado de alerta. Esta huelga no ha tenido ningún resultado a pesar de la presión de los trabajadores”, argumenta Nelson Francini, vocero de la Unión Portuaria.
Este es uno de los temas que se tocará este jueves, cuando en Santiago se reúnan todos los voceros de la organización con el Gobierno. Según cuentan los trabajadores, se harían presentes en la cita el subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla y el ministro del Trabajo Juan Carlos Jobet. “Independiente de la reunión con el gobierno el día jueves, los puertos de Chile hoy día se paralizan”, anunció a El Dínamo el vocero Joan Parra, refiriéndose a la nula respuesta que han tenido hasta ahora las situaciones en Mejillones y San Antonio por parte del gobierno y las empresas.
La reunión del jueves en Santiago no ha sido confirmada por el Gobierno.
Las redes de poder tras los puertos
Ultraport, empresa en conflicto en Mejillones, no solo tiene puertos en el norte del país. La empresa pertenece al holding Ultramar, que contiene también a las navieras Transmares y Ultragas y las portuarias Ultraterra, Depocargo y Sintrans. El consorcio es propiedad del polémico empresario de origen alemán, Sven von Appen.
Julio Von Appen fue un capitán de marina alemán cercano al régimen nazi que fue expulsado del país en 1945, acusado de actividades de sabotaje en medio de la Segunda Guerra Mundial. Sven y su hermano Wolf fueron los herederos del imperio que dejó su padre. El primero se ha hecho conocido por sus polémicas declaraciones. En mayo señaló que los chilenos se volvieron “hambrientos por los beneficios de la economía” y que “sería bueno que gane la izquierda comunista para que haya una crisis y el chileno llegue al nivel que le corresponde y no se vuele”. La familia además es financista de la Fundación Pinochet.
El holding Ultramar tiene presencia en 20 puertos del país, en lugares como Arica, Iquique, Tocopilla, Angamos, Antofagasta, San Antonio, Coronel y Talcahuano. “En Mejillones la bahía completa fue entregada a los Von Appen. Tenemos cinco terminales de las cuales cuatro las administran ellos. Es un monopolio completo. Un trabajador se va de la empresa y tiene que cambiarse de ciudad porque quedan marginados”, cuenta Richard Orellana.
Sin embargo, no son los únicos. Cerca del 90% de los puertos chilenos dependen de 5 grandes grupos económicos: Von Appen (Ultramar), Luksic (SAAM), Urienda (Empresas Navieras), Matte (Puerto Lirquén) y Angelini. Estos nombres se repiten en los puertos, navieras y agencias marítimas.
Por ejemplo, todos tienen presencia en la Región del Bío-Bío. Puerto Lirquén en Concepción, SAAM en San Vicente, Ultramar en Coronel, donde también está la Portuaria Cabro Froward, de Empresas Navieras.
Los últimos en entrar en escena fueron los Matte. En 2011, Puerto Lirquén -perteneciente en un 70% a los Matte y en un 24% a los Angelini- se adjudicó la licitación del Terminal Costanera Espigón de San Antonio. En la zona compite con uno de las terminales más grandes, STI (San Antonio Terminal Internacional), que es operado por SAAM, del grupo Luksic. Esta familia tiene 7 puertos en Chile y otros 4 repartidos entre Ecuador, Estados Unidos y México.
Incluso en 2005, la Asociación de Exportadores de Chile (Asoex) presentó una denuncia a la Fiscalía Nacional Económica en que acusaba a estos grupos de “concertación de precios, abuso de posición dominante, precios abusivos y discriminación arbitraria”. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia resolvió multar a Ultramar y SAAM, entre otros, pero la sentencia fue finalmente revocada por la Corte Suprema. Puedes revisar la sentencia del TDLC aquí.
“Cada puerto tiene características distintas, pero las demandas son las mismas, todos vivimos la misma precariedad. Estos grupos económicos tienen secuestrado el país, de ellos depende toda la economía”, señala Sergio Vargas, otro de los voceros de los trabajadores.
¿A quiénes afecta el paro?
Por lejos, las mineras y forestales son las que más utilizan los puertos para sacar del país sus materias primas. Según el ranking de América Economía 2012, Codelco lideraba las empresas exportadoras con US$16.213 millones en exportaciones, seguido de Minera Escondida, con US$ 6.198 millones. Más atrás aparecen Los Pelambres, Xstrata Cooper, Angloamerican Norte, COPEC y la Forestal Arauco. Recién en el puesto 26 aparece una empresa de rubro distinto, LAN, con US$394 millones.
A pesar del protagonismo indudable de los commodities, estas empresas no serían las más afectadas con el paro de los puertos. ”Si tu exportas fruta, te ves mucho más afectado que el sector minero, porque los mineros pueden postergar el despacho, aunque siempre existe la posibilidad de perder cartas de crédito, etc. Pero es peor si se te vence el documento y se te pudre la mercadería”, asegura Roberto Fantuzzi, presidente de la Asociación de Exportadores de Manufacturas, ASEXMA.
Lo anterior lo corrobora Ronald Bown, presidente de ASOEX -que agrupa a los exportadores hortofrutícolas-. “Estamos tratando con perecibles, y eso debiese ser considerado no solo por los que están en paro, sino por los que hoy legislan en nuestro país. Porque deben protegerse estos perecibles, con el objeto que no sean siempre pasto para que se presione para lograr algún tipo de avance de los trabajadores”.
Aunque todos reconocen que los pequeños productores de frutas y verduras se ven afectados por el paro, los que más sufren son los grandes exportadores, que según datos de la propia ASOEX, se concentran en diez empresas que el año pasado lideraron las ventas al exterior.
El primer puesto es ocupado por la transnacional norteamericana DOLE Fresh, que a través de su filial en Chile, tiene inversiones en Brasil, Argentina, Perú, Colombia y Venezuela. El 2012 exportó desde puertos chilenos 155,7 millones de kilos de frutas, principalmente kiwis, manzanas y uvas. Según datos de su página web, el 2010 tuvo ingresos globales por 6,9 billones de dólares y es el mayor productor y comerciante mundial de fruta. Tiene presencia en 90 países.
El segundo lugar de las empresas exportadoras de frutas es ocupado por otra transnacional, Unifrutti, de procedencia italiana. El 2012 exportó 129,9 millones de kilos desde Chile. Manzanas, uvas y peras son su especialidad. Ha realizado inversiones desde Copiapó hasta Los Ángeles, y posee cerca de 4.500 hectáreas de plantaciones. En el mundo está presente en 14 países.
Recién en el tercer puesto del ranking aparece una chilena, Frutícola David del Curto, que el 2012 exportó 108,5 millones de kilos de fruta. Propiedad de una de las controladoras de Falabella, Teresa Solari -a través del Grupo Corso-, exporta a más de 50 países. En Chile tiene instalaciones en Retiro, Paine, Requínoa, Curicó, San Felipe, Kalinka y Valparaíso.
Con 100,4 millones de kilos sacados del país durante el 2012, la chilena Frusan ocupa el cuarto puesto del ranking. Controlada por la familia Reginato -parientes de la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato-, cuenta con plantaciones en 3.000 hectáreas y envía frutas a todos los continentes. Su especialidad son las manzanas.
Por su parte, Copefrut se ubica en el quinto lugar, también con 100,4 millones de kilos exportados al igual que Frusan. Ligada a la familia Soler, es una sociedad anónima abierta y cuenta con plantas procesadoras en Buin, Teno, Curicó y Linares. Exporta a más de 50 países. El sexto puesto del ranking es ocupado por Río Blanco, con 84,5 millones de kilos. Controlada por el empresario Sergio Barros, posee más de siete mil hectáreas e inversiones en Perú y México.
En el séptimo lugar aparece la empresa Subsole, con 81,7 millones de kilos exportados. Su dueño es Miguel Allamand, hermano del senador RN electo por Santiago Poniente, Andrés. En la empresa participan también los hermanos Prohens y el grupo Ariztía, representado por Ricaro Ariztía. Miguel Allamand está involucrado en una querella presentada por un agricultor de Coquimbo, quien lo acusa de ocupar ilegalmente cerca de cuatro mil metros de su propiedad. El recurso aún es revisado por la Justicia.
El octavo lugar es ocupado por la estadounidense Del Monte Fresh, que el 2012 exportó 76,5 millones de kilos de frutas. Más atrás aparecen Agricom, de Rodrigo Barros Tocornal, y Propal, que resalta en la producción de paltas y pertenece a un grupo de productores del Valle del Aconcagua.
De responsabilidades
Según datos de la Confederación de la Producción y el Comercio, CPC, la pasada huelga portuaria dejó pérdidas de US$210 millones diarios, y Codelco acumuló 60.000 toneladas de cobre sin poder embarcar. El debate sobre las responsabilidades está desatado, y las mismas agrupaciones de exportadores reconocen que la culpa no es exclusiva de los trabajadores.
Roberto Fantuzzi acusa desorden institucional en este tema: “En nuestro país no existe una política exportadora, y en una política exportadora el manejo de los puertos es fundamental. Entonces, hay que re estudiar toda esta situación a futuro. Los grados de concentración de los puertos traen como consecuencia que una movilización se desencadena como una caída del dominó, donde empiezan a caer los puertos que dependen del mismo”.
El dirigente de ASEXMA agrega que se debe buscar una solución permanente al conflicto: “El problema es que cuando se para un puerto, significa que no entran ni salen cosas, eso es lamentable para un país que tiene vocación exportadora. Más del 60% de nuestras pymes están en el comercio exterior, por lo tanto una paralización de los puertos significa menos crecimiento, más cesantía. Podrán tener algo de razón los dirigentes sindicales, pero debiese buscarse un camino alternativo para resolver el problema”.
Ronald Bown, de ASOEX, comparte la necesidad de una política de largo plazo en este tema: “Respecto de la política exportadora, falta claridad en varios temas, como puede ser la política portuaria, en que se requiere una definición de largo plazo sobre la resolución de problemas, porque se necesita estabilidad”.
“Es injusto, lo podríamos haber superado una vez, pero ya son muchas las veces en que esto se produce, y lo que corresponde es, obviamente, que de una vez por todas se definan cuales son los problemas y se acuerde una política de mediano y largo plazo para que los puertos estén en una situación estable”, agrega Bown.
Desde la Fundación SOL, el investigador Marco Kremerman, apunta a las empresas controladoras de los puertos: “En la medida que un empresario como Von Appen decide tener condiciones básicas, y aunque tenga enormes utilidades en sus puertos y crecimiento permanente todos los años, no la comparte con sus trabajadores, se genera descontento. Y los portuarios lo que están diciendo es que ellos ya no están en condiciones de seguir dilatando o aguantando las condiciones que solo les puedan entregar de acuerdo a la voluntad de los empleadores”.
“Una paralización del sector portuario sin duda en el corto plazo genera bastante daño a la economía nacional, y en el mediano plazo un daño bastante importante. Por eso hay mucha responsabilidad por parte de los empresarios portuarios, que en el fondo someten y sancionan al país por no querer entregar ciertos derechos básicos a los trabajadores, como un salario digno, turnos de trabajo adecuados, condiciones para alimentarse, etc”, dice Kremerman, quien además plantea que lo que ocurre hoy en los puertos es un síntoma de la caducidad del actual Código Laboral.
El investigador asegura que los trabajadores leen como innecesarias las negociaciones a través del Estado, ya que por esa vía no obtendrían mejores en sus condiciones laborales: “El Código (del Trabajo) está siendo superado por los hechos al ser tan restrictivo, y que permite reservar casos en la huelga, que no permite la negociación colectiva por rama, y justamente lo que hace el sector portuario es dar una señal clara y una muestra de que la única posibilidad es unirse y generar estas movilizaciones solidarias, independiente que el afectado sea Mejillones o Bío Bío, hay un paro general a nivel país”.
Kremerman concluye que la situación de los portuarios no es exclusiva:
“Lo que pasa en el sector portuario no es ajeno a lo que está pasando en todos los sectores productivos, donde hay sectores que están generando muchas utilidades y mucho crecimiento, pero los trabajadores no se están beneficiando de ese crecimiento”.
Fuente: El Dínamo
