En lugar de la reclusión de Natalia Compagnon, el foco del sistema mediático, así como las explicaciones y la defensa corporativa de la UDI, estuvieron centradas una vez más en el hoy retirado Pablo Longueira, ex senador, ex Presidente de la UDI y ex ministro de Economía del gobierno de Sebastián Piñera, a propósito de la revelación de una serie de cuatro correos intercambiados con el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, cuando se estudiaba un proyecto de royaly minero durante el Gobierno de Piñera, mientras Longueira era senador.
La revelación de la revista Que Pasa constituye una prueba más de las densas redes de poder y tráfico de influencias que se han tejido entre los poderes fácticos y la clase política surgida al alero del sistema binominal, factor que explica la resiliencia de lo grueso de la institucionalidad política de democracia de baja intensidad y del modelo económico neoliberal, instalados por la dictadura.
Las Huellas de Contesse
David Muñoz
Los primeros días de agosto de 2010, el gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera tomó una decisión: ante el fracaso de su idea de recurrir a un impuesto específico a la gran minería para financiar su Plan de Reconstrucción, con el que se buscaba enfrentar los efectos del terremoto del 27 de febrero de ese año, lo que fue rechazado por el Congreso, enviaría un nuevo proyecto de ley de royalty minero.
El ministro de Minería de la época, Laurence Golborne, inició de inmediato las conversaciones con los técnicos de su cartera, representantes del sector y parlamentarios, para concretar una fórmula que concitara el mayor respaldo posible del Parlamento, pues los recursos se necesitaban con urgencia. El intercambio de documentos, reuniones, encuentros y consultas estaban a la orden del día.
Hubo entonces varias comunicaciones secretas, que hoy están en poder del Ministerio Público, y que arrojan luces sobre otro tema: el nivel de influencia y alcance de los tentáculos de Soquimich (SQM).
Se trata de cuatro correos electrónicos que se habían mantenido guardados bajo estricto secreto en la carpeta investigativa del caso. Las comunicaciones entre el en ese tiempo senador UDI Pablo Longueira —que después se convertiría en ministro de Economía y luego en el abanderado presidencial de la coalición gobernante— y el ex gerente general de la minera no metálica durante más de 25 años, Patricio Contesse.
El primer e-mail registrado entre los antecedentes de la Fiscalía data del 10 de agosto de 2010, justo en los días en que el gobierno y la oposición intercambiaban propuestas para dar forma al nuevo proyecto de impuesto específico a la minería que ingresaría, según se estimaba en ese momento, los primeros días de septiembre.
A las 19.31 horas de ese día, bajo el asunto “royalty”, Longueira le reenvía a Contesse un documento escrito por el senador Ricardo Lagos Weber, donde este le expresaba a Longueira su opinión sobre la materia.
“Pablo, para tu consideración. salu2s, lakes”.
El senador PPD había sido uno de los más duros detractores del proyecto original y ahora le planteaba en privado a su par UDI algunas ideas que, a su juicio, cimentarían un acuerdo con el bloque opositor. El correo llevaba un archivo adjunto bajo el nombre: Minuta RLW Royalty2.
“Pato, en la reserva de nuestras conversaciones te envío el texto privado que me mandó Ricardo. Él está pensando en esto. Llámame después de leerlo, para comentarlo. Un abrazo. Pablo”.
Poco más de una hora después, el ex senador UDI recibió una detallada respuesta de su interlocutor, enviada desde su iPad.
“Pablo lo más complicado es que se busque un royalty a futuro en función de las ventas y no de las utilidades pues eso podría implicar que mineras podrían tener que cerrar si sus márgenes son malos, o podría en tiempos de precios malos hacer cerrar a operaciones en virtud de un impuesto, que al estar relacionado a las ventas y no las utilidades, colocaran a esas empresas en pérdidas. Si fuese por los márgenes a lo mejor podrían haber continuado operando y una medida totalmente artificial las colocaría fuera de las operaciones. La calidad de los yacimientos, por una serie de factores, leyes, dimensión, infraestructura, logística, etc., tendrá por esta naturaleza resultados muy diferentes, no hay forma lógica que se homologue un impuesto común sobre los ingresos, lo que por márgenes tan diversos es imposible de homologar. Existe un sinnúmero más de situaciones inconsistentes que acarrearía un royalty o impuesto como quiera llamársele, que se relacione a las ventas y no a los márgenes. Atentamente. Patricio Contesse”.
El intercambio continuó y los antecedentes de la Fiscalía registran otros dos correos electrónicos, fechados el 1 de septiembre, el mismo día que el nuevo proyecto del gobierno ingresó a la Cámara de Diputados. A las 16.04, Pablo Longueira le escribe a Contesse desde su cuenta de Hotmail.
“Estimado Patricio. Te envío texto que ingresó al Congreso. Espero tus comentarios. Un abrazo. Pablo”.
17 minutos después, el ex gerente general de SQM acusa recibo del mensaje.
“Pablo en la ley quedó la redacción del asunto de la minería chilena. Atentamente. Patricio Contesse”.
EL ROYALTY VERDADERO
La Concertación era oposición por primera vez después de 20 años de estar en el poder, pero tenían a su favor que contaban con mayoría en el Senado. Desde dicha tribuna, y dando muestras de carácter político, el bloque opositor forzó el rechazo del primer proyecto de royalty minero enviado por Piñera al Congreso, asociado al Plan de Reconstrucción tras el terremoto del 27/F.
El gesto sirvió para que el gobierno se allanara a buscar un acuerdo sobre una segunda iniciativa, para financiar en parte los US$ 700 millones que se requerían. De hecho, el segundo y definitivo intento de La Moneda aseguraba una recaudación cercana a los US$ 1.000 millones.
Lo que querían los parlamentarios, en ese tiempo opositores, era un “royalty verdadero”, pues consideraban insuficiente la propuesta como para abrir un debate que modificara el régimen tributario de la gran minería, incluso beneficiando al sector con un aumento del plazo de invariabilidad tributaria.
La discusión, al menos en el bloque concertacionista se daba, precisamente, respecto de la diferencia entre aplicar un régimen tributario sobre las ventas, obteniendo una mayor recaudación, o sobre los márgenes operacionales.
De hecho, aunque nunca fue una propuesta formal, los partidos más a la izquierda de la Concertación promovían la idea de homologar el aporte de Codelco a las arcas fiscales vía Ley Reservada del Cobre, que es el 10% de sus ventas (hoy destinado exclusivamente a las Fuerzas Armadas); es decir, un royalty que se acerque al 10%, pero aplicado sobre las ventas y no sobre las utilidades.
La senadora PS por Atacama, Isabel Allende, conocedora de la realidad de la minería, lo planteaba así antes de que se asomara el segundo proyecto del gobierno: “Tenemos la convicción de que ha llegado la hora que en este país se discuta sobre un verdadero royalty, algo muy distinto a un impuesto específico: es el derecho que cobra un país al ser propietario de todos los recursos que no son renovables. Esto es regla en la mayor parte de los países del mundo. Es así como planteamos que el royalty debiera ser el 10% de acuerdo a las ventas, tal como hoy día se le exige a Codelco”.
Lo cierto es que finalmente esta fórmula nunca se acercó siquiera a ser considerada en realidad en las discusiones previas al envío del nuevo proyecto al Congreso.
Según informes de la oposición de la época, Codelco aporta veinte veces más de lo que terminaría aportando la minería privada con el impuesto específico propuesto entonces, pese a lo cual fueron pocos los que insistieron en la idea de aplicar un tributo sobre las ventas.
De hecho, los presidentes de partido de la Concertación y sus equipos técnicos trabajaron en el diseño de una propuesta común del bloque cuya fórmula terminó siendo más bien cercana a la que proponía el gobierno: una escala impositiva del 5% al 18%, pero aplicada sobre los márgenes operacionales mineros. El peso de la propuesta concertacionista estaba puesto en el fin de la invariabilidad tributaria y la derogación del estatuto de inversión extranjera, que otorgaba garantías tributarias a capitales foráneos.
Pese a la resistencia de los sectores más a la izquierda del conglomerado, los senadores opositores sellaron un acuerdo con el gobierno de Piñera que determinó el aumento de una tasa de 4% o 5% a una de 4% a 9% entre 2010 y 2012, un regreso a la tasa original entre 2013 y 2018, y a partir de este último año una elevación progresiva entre 5% y 14% según los márgenes operacionales de la compañía, sumándole el incentivo de una invariabilidad tributaria extendida hasta el año 2023.
La idea de aplicar una carga tributaria sobre las ventas de la compañía fue más bien el reclamo aislado de un par de parlamentarios de la Concertación.
“Debemos bregar por un royalty verdadero, que se aplique sobre las ventas y no sobre las utilidades, y que, por lo menos, debe fijarse por sobre el 10% de las ventas para el cobre refinado y 15% para el cobre concentrado”, dijo el presidente del PC, Guillermo Teillier en la Cámara, descolgándose del acuerdo de la Concertación.
En el Senado también hubo voces disonantes, pero no alcanzaron para hacer caer el acuerdo.
“Nosotros no vamos a tener una tributación que vaya del 5% al 14% por ciento. El 14% va a ser excepcionalísimo, casi no se aplicará, porque para llegar a ese porcentaje se necesita un margen operacional de 85%, nivel que no se ha dado. De hecho, el promedio de Escondida, que es la empresa del rubro con mayores utilidades, ha sido de entre 60% y 65%. Estamos hablando de una tributación que fluctuará entre 6% y 10%. Eso es lo real con el precio del cobre actual (…) podríamos habernos esforzado por conseguir una carga tributaria mayor”, dijo durante la tramitación el senador PPD Guido Girardi, uno de los que se abstuvieron junto a sus compañeros de bancada Jaime Quintana y Eugenio Tuma.
Finalmente, el proyecto salió del Congreso gracias al voto favorable de 26 senadores, tres abstenciones y el voto en contra del ex senador DC Mariano Ruiz-Esquide.
El nuevo régimen establecido fijó finalmente una tasa variable entre el 4% y el 14% cuyo monto estará determinado por el margen operacional de las compañías. Una fórmula que, inevitablemente, estaba más cercana a la opinión expresada por Contesse en sus comunicaciones con el ex senador Longueira.
En la mira de la fiscalía
A fines de noviembre pasado, a pocos días de dejar el Ministerio Público, el ex fiscal nacional Sabas Chahuán decretó una diligencia que no sorprendió al mundo político pues parecía inevitable: a propósito de innumerables antecedentes que lo vinculan a boletas presuntamente falsas de terceros emitidas a SQM, Chahuán citó a declarar en calidad de imputado al ex ministro Pablo Longueira.
Y es que poco a poco las carpetas que apuntan a sus vínculos con SQM comenzaron a crecer, lo que se suma a los antecedentes que lo allegan al financiamiento irregular que ya se conoce recibió del grupo Penta para su campaña presidencial de 2013: pocos olvidan que Hugo Bravo, ex ejecutivo del holding, dijo en fiscalía haberle hecho llegar $100 millones en efectivo.
El ex senador UDI concurrió a la Fiscalía en compañía de su abogado Alejandro Espinoza, pero decidió guardar silencio cuando fue consultado precisamente por ambos casos.
A esto hay que agregar otro antecedente: según reveló La Tercera hace unas semanas, el 15 de diciembre la firma de abogados estadounidenses Shearman & Sterling entregó a SQM un voluminoso informe sobre los pagos de la firma de la minera no metálica ligados a 159 personas políticamente expuestas.
El documento de 81 páginas detalla una lista de 20 proveedores top de facturas y boletas rectificadas por la empresa, ligadas a diferentes personalidades, entre ellas a Pablo Longueira. De hecho, los abogados norteamericanos vinculan al ex senador con más de 20 supuestos proveedores que recibieron más de $730 millones entre septiembre de 2009 y marzo de 2015, convirtiéndose en el monto más alto de todo el estudio.
Según la misma fuente, el 96,8% del total de los pagos rectificados por la compañía fueron aprobados por Contesse, quien se negó a colaborar con la indagatoria interna. La firma norteamericana concluye que las relaciones con políticos estaban bajo su exclusivo cargo.
El estudio sitúa a Contesse como el principal nexo con las figuras políticas, calificando de “frecuentes” las reuniones del ex gerente general de SQM con políticos. De hecho, el informe recoge un hecho anecdótico: en mayo de 2014 el ejecutivo tenía programadas siete reuniones con figuras y dirigentes políticos. El lunes 19 de mayo recibía a las 9 de la mañana al ex senador Jovino Novoa, mientras que durante la tarde (16 horas) tenía una cita con los diputados Ernesto Silva y Javier Macaya, recién estrenados en la directiva de la UDI. Contesse recibía más tarde a Pablo Zalaquett (18:45 horas) y a las 21 horas cenaba con Carlos Ominami, mientras que a primera hora del día siguiente (9:15 horas) recibía en su oficina a los UDI Pablo Longueira y Cristián Leay.
De momento Contesse, quien ya se encuentra formalizado por delitos tributarios debido a los aportes a la empresa de Giorgio Martelli, Asesorías y Negocios, entre otros, debe enfrentar una nueva imputación por delitos tributarios el próximo 9 de marzo, día en que deberá sentarse en tribunales junto al ex senador PS Carlos Ominami, quien debe enfrentar cargos similares tras recibir financiamiento para su campaña senatorial en 2009.
Longueira también enfrenta una situación compleja: si bien declaró como imputado —aunque guardó silencio—, aún el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, quien tomó la posta de Chahuán en SQM, debe tomar decisiones respecto de su caso.
El nombre de Longueira aparece vinculado, según antecedentes del propio Servicio de Impuestos Internos (SII), con una gran cantidad de personas que boleteaban a SQM, siendo las más importantes: su hijo José Tomás Longueira Brinkmann, Carmen Luz Valdivieso, una de sus asesoras más cercanas, e incluso la fundación Chile Justo, que Longueira utilizó como plataforma presidencial en 2013.
El tema es que, en su caso, como en el de varios en la mira de la Fiscalía, aún no existe querella del SII en su contra, lo que es un paso clave para el futuro del influyente ex senador UDI.
Su destino estará, al igual que el de Jovino Novoa, vinculado al de su partido, pues de enfrentar un proceso penal sería la segunda figura de relevancia en la colectividad que cae en desgracia. Un nuevo golpe al llamado grupo de los “coroneles” que gobernaron al partido durante las últimas dos décadas.
Todo dependerá de los movimientos del fiscal Gómez, quien tiene no pocas decisiones que tomar respecto de otros políticos como el senador PS Fulvio Rossi, o el ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo, y el ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, entre otros.
Con todo, los correos revelados por Qué Pasa aportan un elemento adicional y le permitirán al Ministerio Público reconstruir los estrechos lazos y las conversaciones y las consecuencias que hay detrás de los millonarios y anómalos aportes de la minera no metálica hacia la actividad política en nuestro país.
Lo que está por verse ahora es hasta dónde estará dispuesto a avanzar el Ministerio Público.
Fuente: Qué Pasa
La defensa corporativa de la UDI
La UDI, el partido insignia del actual modelo económico, político e institucional, desempolva singulares tesis cuando sus representantes son sorprendidos con las manos en la masa y los dedos en el cajón.
Las responsabilidades son siempre individuales, lo que no impide la invariable defensa corporativa. Cuando las responsabilidades recaen sobre sus rivales, son por definición corporativas, e incluso hereditarias.
Cuando las actuaciones judiciales afectan a sus adversarios, son siempre ajustadas a derecho. Cuando afectan sus propios, son siempre fallos políticos.
Cuando ellos acusan, lo hacen para defender el Estado de Derecho. Cuando los acusan a ellos, es por empate político.
Pues bien, la UDI no se ahorró ninguna de estas tesis en la defensa corporativa de Longueira.
El secretario general de la UDI, Guillermo Ramírez, manifestó su total confianza en el ex candidato presidencial del partido, Pablo Longueira, luego de la revelación de un intercambio de correos electrónicos con el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, en el marco de la discusión del royalty minero, y no olvidó de acusar filtraciones intencionadas políticamente:
A su turno, uno de los vicepresidentes del partido, diputado Javier Macaya, señaló que el tono de los correos entre Longueira y Contesse responde a algo normal para la época, es decir, antes de la entrada en vigencia de la ley del lobby:
«Basta que cualquier chileno prenda el canal de la Cámara de Diputados o del Senado y que se dé cuenta que llegan los gerentes de las empresas de gas a propósito de la legislación de gas; llegan los gerentes de las empresas eléctricas a propósito de la regulación eléctrica. Sin perjuicio de eso, las comunicaciones, que quizá en ese momento no lo estaban, están absolutamente reguladas por la ley de lobby».
El diputado Felipe Ward se sumó a la tesis del empate:
«Llama la atención que se revelara una serie de correos electrónicos «reservados» entre Pablo Longueira y el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, justo cuando las miradas estaban puestas en las formalizaciones del caso Caval. Me llama la atención. No creo que aquí haya una confabulación para afectar a ninguna persona en particular, pero es una información que sirve para empatar, para empatar a cero».
