Dirigentes mapuche del Lof Rankilko se dirigieron hasta la Corte de Apelaciones de Temuco con el fin de interponer un recurso de amparo a su favor, luego de dos grandes allanamientos ocurridos el pasado viernes 27 de julio y el 3 de agosto en su comunidad.
Hasta el lugar llegaron Rodrigo Curipan, werken de Rankilko y Federico Aguirre director del Instituto de Derechos Humanos de la región, quien señala que los efectivos policiales faltaron a sus propios protocolos en el procedimiento, y que existe hostigamiento a la comunidad.
Escuche a Federico Aguirre
El operativo fue llevado a cabo por la unidad especial de carabineros denominada como Comando Jungla.
Fuerza desmedida y vulneración de sus derechos acusan desde el Lof, ya que el despliegue policial irrumpió hogares donde se encontraban en su mayoría mujeres con menores a su cuidado y adultes mayores, centrando principalmente la preocupación en el daño a la infancia de quienes son más pequeñxs.
El werken acusa amedrentamiento y hostigamiento hacia Rankilko debido a los procesos de recuperación territorial que han llevado a cabo.
Al mismo tiempo, expresa su desacuerdo con la decisión de la Coordinadora Arauco-Malleco, de dialogar con el Gobierno.
Escuche a Rodrigo Curipán:
Fuente: Mapuexpress
Ahora por condenados en crimen de los Luchsinger: La sala penal de la Suprema, otra vez en la mira
por Leslie Ayala C.
Un nuevo episodio volverá a centrar la atención en la Sala Penal de la Corte Suprema, la cual por estos días -y luego de la salida del juez Milton Juica- ha sido objeto de debate político y jurídico por haber permitido la libertad condicional a 7 reos que estaban presos en Punta Peuco por crímenes de lesa humanidad.
Ahora, será la suerte de los hermanos José y Luis Tralcal, condenados a presidio perpetuo por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay.
Ayer, el máximo tribunal declaró admisible los recursos de nulidad presentados por las defensas de los Tralcal, y determinó que serán ellos y no la Corte de Apelaciones de Temuco quienes revisarán eventuales infracciones a los derechos fundamentales de ambos condenados, además de José Peralino Huinca -condenado a 5 años- y cuya confesión sirvió para determinar un veredicto condenatorio.
Cabe recordar que en un primer juicio oral todos los acusados fueron absueltos y fue el tribunal de alzada de Temuco el que anuló dicho juicio y ordenó un segundo proceso en el que se absolvió a la machi Francisca Linconao y otros cuatro acusados, siendo sólo condenados quienes hoy piden al máximo tribunal anular su sentencia por tener vicios legales.
El abogado Sebastián Saavedra, defensor de los Tralcal, dijo que están esperanzados con lo que resuelva el máximo tribunal del país, aunque confiesa que “nos habría gustado que los recursos se hubieran revisado mientras presidía la sala penal el ex ministro Milton Juica, por su experiencia y el respeto a las garantías e los ciudadanos que él resguardaba en este tipo de casos”.
El defensor Saavedra asegura que será muy importante lo que determine la Corte Suprema en este caso, pues en el fallo condenatorio toda la carga de la prueba en contra de los Tralcal, se basa principalmente sólo en el testimonio de Peralino, quien tiene calidad de co-imputado, y, advierte, en reiteradas oportunidades ha sostenido que dicha versión la dio presionado por personal de la Policía de Investigaciones (PDI).
“Aquí se está aplicando la mayor pena del ordenamiento jurídico, mediante una ley de hierro como lo es la Ley Antiterrorista sin que haya una correlación entre la calidad de pruebas y la alta condena de nuestros representados. La Reforma Procesal Penal tenía justamente como objetivo no hacer depender toda la condena en la confesión de un co-imputado y sin embargo se da la paradoja que este es el único caso en el mundo en que tenemos un ‘arrepentido’ como es José Peralino quien no se hace cargo de su ‘arrepentimiento’ pues él mismo ha sostenido que sus dichos son falsos y que fue presionado por la policía”, sostuvo Saavedra.
El examen que ahora deberá sortear la sala penal de la Corte Suprema es respecto a si la Fiscalía y la policía actuó con infracción a los derechos del imputado Peralino y fijar, además, un estándar sobre si es posible aplicar la Ley Antiterrorista en este caso como lo hizo el Tribunal oral de Temuco.
De hecho, Celestino Córdova principal inculpado en el caso, quien fue condenado hace algunos años por este crimen, cumple una pena de 18 años por incendio con resultado de muerte, sin el cargo de la Ley Antiterrorista, pues en esa oportunidad la justicia señaló que los hechos no se enmarcaban en esta legislación, sino en delitos ordinarios del Código Penal.
Fuente: La Tercera
