Dos tribunales de la República tramitan dos aspectos separados de una misma acción dolosa, que de ser demostrada, implicaría uno de los fraudes de mayor cuantía en la historia del país; lo cual, con todo lo que significa, ni siquiera constituye el núcleo central del problema.
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En efecto, el billonario y desconocido tráfico de licencias de pesca denunciado en ambas querellas, abarca miles de millones de dólares en el tiempo, pero de modo simultáneo, explica el colapso de las principales pesquerías en Chile en los últimos veinte años, en fechas exactamente coincidentes con la perpetración de los ilícitos.
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En esencia, en ambas querellas, el particular Ricardo Alberto Díaz Arellano denuncia que con participación dolosa de altos funcionarios de la Subsecretaría de Pesca durante el Gobierno de Piñera, se concedieron 76 permisos de pesca ideológicamente falsos a la flota pesquera industrial de las mismas siete familias beneficiadas por la Ley de Pesca, y que con las cuotas de captura así amplificadas por estos permisos falsos, depredaron las diez principales pesquerías del mar chileno, con un beneficio económico de unos dos mil quinientos millones de dólares por año, durante unos veinte años.
En consecuencia, ese es el núcleo del problema: la conjura entre potestades públicas e intereses privados que lo permitió, y que en este caso consumió hasta agotarlos, recursos que pertenecen a todos los chilenos; los que hasta no hace mucho tiempo, eran administrados con prácticas sustentables por los pescadores artesanales de Chile.
En esa perspectiva, no es casual ni sorprendente que los querellados sean los mismos imputados de tráfico de influencias, negociación incompatible y cohecho, en el caso Corpesca, en el cual está demostrado más allá de la duda razonable, la confabulación entre el gobierno de Piñera, el poderoso sector de la pesca industrial, y un sector permeado por las coimas en el Congreso, para instalar la Ley de Pesca.
Remontando la flecha por el lado de la pluma, son también los mismos beneficiados por la Ley Corta de Pesca del gobierno de Ricardo Lagos, parte integrante de la denominada agenda pro-crecimiento; un conjunto de lesgislación pública pro empresarial, obtenida por el entonces Presidente de la UDI, senador Pablo Longueira, como moneda de cambio del fin del asedio político y mediático a ese gobierno, acorralado y sofocado por las denuncias de corrupción, en el bieno 2002-2003.
En tal sentido, la Ley de Pesca, acertadamente conocida como Ley Longueira, legitima desde el punto de vista jurídico y legal, una práctica que viene ejerciendo el sector de la pesca industrial desde el decreto 430 de 1991, que refunde, coordina y sistematiza las modificaciones a la Ley 18.892, de 1989, conocida como Ley General de Pesca y Acuicultura, una de las legislaciones de cuño neoliberal legadas por la dictadura, como precisamente tienden a demostrar las querellas en comento.
Todos los hilos pasan por Longueira
En esta óptica, el papel desempeñado por Pablo Longueira en los tres actos de esta trama es decisivo, y por demás ilustrativo del maridaje público-privado que administra la economía chilena. .
Por de pronto, aparece como gestor clave de la agenda pro-crecimiento, en el gobierno de Lagos. En la derecha extrema, todavía hay sicofantes que le reprochan haber salvado al gobierno «comunista» de Lagos. Sin embargo, como político experimentado, Longueira entendía que ese gobierno, como todos, es transitorio, y que lo esencial consiste, siempre, en avanzar en la agenda del neoliberalismo estratégico, orientada a disciplinar al Estado en función de la acumulación del sector del Gran Empresariado.
Lo logrado en esa pasada no es menor: Ley Firma Electrónica; Ley Chile Plataforma para Inversión Extranjera en Terceros Países; Ley Corta de Pesca; Norma reducción de tiempo en Tablas de Depreciación; Ley Empresa Individual; Protocolo Tributario Chile-Argentina; Factura Electrónica, Sistema de Compras y Contrataciones Públicas; Tribunales de Defensa de la Libre Competencia; Ley Corta Eléctrica; Tribunales Tributarios; Ley de Quiebras, Eliminación de Exención Aduanera e IVA a importaciones Defensa Nacional; primer proyecto de Ley Larga de Pesca y Ley de Empresas de Trabajo Transitorio.
Luego, como ministro de Economía de Piñera, gestionó personalmente la nueva Ley de Pesca, justificadamente identificada con su apellido, que instaló los intereses del sector de la pesca industrial en la arquitectura legal de la República, con una legitimidad de la que carecía la Ley 18.892, y con un desarrollo legislativo superior al de la Ley Corta de Lagos, que incluyó trabajo de lobby con ciertas organizaciones de pescadores artesanales, como la CONAPACh, las que de manera insólita, aparecen avalando la entrega de las ricas pesquerías chilenas, a perpetuidad, al grupo de las siete familias que controlan la pesca industrial.
En las querellas que motivan este reporte, Longueira aparece señalado como autor de los delitos de prevaricación administrativa, e infracción a la obligación de denunciar, a que estaba sujeto como ministro de Estado, al permitir los delitos de falsificación de instrumento público, uso malicioso de instrumento público y evasión tributaria, en que incurría la empresa Orizon, continuadora legal de Pesquera Iquique y Guanaye, el mascarón de proa del grupo Angelini en el sector de la pesca industrial, con la utilización de licencias de pesca ideológicamente falsas.
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La punta de la madeja
El origen de esta historia, como suele suceder con frecuencia, es azaroso, contingente y casual.
El 3 de agosto de 1999 la sociedad Pesquera Iquique-Guanaye S.A., vendió a Ernesto Segundo Araya Molina la nave pesquera de nombre “Zuiderster 4”, inscrita con el N° 2215 en el Registro de Naves Mayores de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, por un precio de tres millones de pesos.
El 18 de junio del año 2004, los miembros de la sucesión por causa de muerte de Ernesto Segundo Araya Molina, vendieron a Ricardo Alberto Díaz Arellano, la embarcación “Zuiderster 4”, matrícula N° 2215, por un precio de $1.500.000.
En rigor, más que la nave misma, lo que Diáz Arellano estaba interesado en comprar era el permiso de pesca asociado a ella.
En efecto, la Ley 18.892 de Pesca y Acuicultura, establecía que las personas naturales o jurídicas interesadas en desarrollar la pesca industrial, debían solicitar, para cada nave, una autorización de pesca a la Subsecretaría, primer antecedente de las actuales Licencias Transables de Pesca establecidas por la Ley Longueira, distribuidas a perpetuidad a las siete familias de la pesca industrial.
La autorización de pesca de la Ley 18.892 habilitaba a la nave para realizar actividades pesqueras extractivas, sobre las especies y áreas que en ella se indiquen, por tiempo indefinido. El texto legal señalaba explícitamente que la «autorización de pesca no podrá enajenarse, arrendarse ni constituir a su respecto otros derechos en beneficio de terceros a ningún título»; establecía que el solicitante debía acreditar documentalmente su «dominio vigente sobre la nave para la cual solicita autorización de pesca»; identificar las especies hidrobiológicas que se desea explotar y el área de pesca en la cual se pretende desarrollar las actividades pesqueras extractivas; identificar las características de la nave que se utilizará, y especificar el arte, sistema o aparejo de pesca por utilizar.
De la sorpresa a la denuncia
Sin embargo, cuando Ricardo Díaz inició la tramitación de su permiso de pesca, no sólo comenzaron las sorpresas, sino también su calvario, que se prolonga hasta hoy.
Primero, se encontró con la resolución N°448 del 25 de junio de 1993,de la Subsecretaria de Pesca que autorizó a pesquera Iquique- Guanaye S.A,para sustituir las naves Zuiderster 4 y Zuiderster 8 por la nave Malleco; sustitución ilegal por no cumplir con los requisitos señalados por la ley.
Luego, dio con las resoluciones 1161 y 1162 de la Subsecretaría de Pesca, del 12 de agosto de 1998, que concedían permisos de pesca a las naves Colomba III y Colomba IV, que presuntamente estaban en construcción, o al menos así lo declaró Pesquera Iquique Guanaye. Ambas resoluciones establecían de manera inequívoca:
«La solicitante deberá empezar a operar la nave en construcción dentro del plazo señalado en el numeral r de la Resolución N° 1763.de 1997 de esta Subsecretaría, es decir antes del 04 de Diciembre de 1998. Si no diere cumplimiento a esta obligación, quedará sin efecto la autorización otorgada».
Prosiguiendo su investigación, descubrió no sólo que las naves Colomba III y Colomba IV nunca se construyeron, sino que sus autorizaciones de pesca fueron trasferidas a la nave Malleco, la misma que había recibido las licencias las naves Zuiderster 4 y Zuiderster 8.
En efecto, el 13 de septiembre de 2013, recibió la siguiente respuesta del capitán de Navío Gonzalo Codina, Subdirector de la Dirección General del Territoria Marítimo y de Marina Mercante de la Armada:
«En relación a su solicitud de otorgar certificados de dominio vigente, respecto de las naves «Colomba III» y «Colomba IV», informo a Ud., que no es posible acceder a lo requerido, por cuanto no existen en este registro, embarcaciones con esa denominación».
La consecuencia de esto aparece descrita en la querella de Ricardo Díaz contra Longueira:
«Asi se evidencia que la empresa Orizon S.A, está utilizando estos permisos de pesca ideológicamente falsos y de derecho público nulos, y además de paso, reconoció y acreditó en autos civiles que comete a lo menos los delitos de Falsificación y Uso Malicioso de Instrumento Público, articulo 193 número 4 del Código Penal, y delitos de evasión tributaria articulo 97 número 4 del Código Tributario, toda vez, que, de estos documentos no objetados y reconocidos por la empresa Orizon S.A, se colige que la empresa Orizon S.A, está trabajando con dos permisos de pesca en la nave PAM MALLECO, de su propiedad, correspondientes a naves Inexistentes, que nunca existieron, y que no figuran con inscripción de dominio ni matriculas en la Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante, y que dicha empresa, al momento de concedérsele los permisos de pesca correspondientes a tales naves se obligó a construirlas antes del 4 de diciembre de 1998, disponiendo las mismas resoluciones N.° 1161, y N.° 1162, emitidas por Ministerio de Economía, Subsecretaria de Pesca, en sus respectivos números 6, según se expuso».
Y agrega:
«Esta parte acreditará en autos, que las naves Colomba III y Colomba IV, no solo no se construyeron sino que nunca estuvieron en construcción, por lo tanto las sustituciones efectuadas en el PAM Malleco son todas ilegales y frutos de hechos delictivos, siendo el PAM Malleco 5 veces más grande que la nave PAM Zuiderster 4, en consecuencia no se cumplen los requisitos para la sustitución del permiso de pesca asociado a la nave Zuiderster 4, y por medio de todas las resoluciones relativas a la naves MM Malleco, los querellados cometen los delitos que motivan la presente querella».
Posteriormente, con fecha 12 de mayo de 2016, Díaz amplió la querella RIT 2956-2016, en virtud de otros diez permisos de pesca concedidos por Felipe Palacios Rives, funcionario del Ministerio de Economía en beneficio de la empresa Orizon. asociados a las naves «1.0650.01-a», «2.0650.01-a»,»2188.03-a», «2875.02-a», «BEC131811», «BEC202206», «BEC229211″,»BEC265311», «BEC300903» y «BEC301003, respecto de las cuales la Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante también informó que no existen en sus registros naves con tales denominaciones.
El 19 de julio de 2016, amplió la querella al subsecretario de Pesca del gobierno de Piñera, Pablo Galilea Carrillo, por la resolución exenta 3484, del 21 de diciembrte de 2012, que concede 63 permisos de pesca a embarcaciones inexistentes de las empresas Alimentos Marinos S.A., Berta Elena Ltda.; Sociedad Pesquera 810-810; Blumar S.A., Camanchaca Pesca Sur S.A.; Centro Sur S.A.; Pesquera Food Corp. S.A.; Inversiones Pesqueras S.A.; Landes S.A.; y Sociedad Lota S.A.; lo cual también acreditó por el oficio ordinario 1280517, del 20 de abril de 2016, de la Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante.
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En otras palabras, Ricardo Díaz descubrió que todas las empresas del sector de la pesca industrial utilizaron el mismo procedimiento, lo cual plasmó así en la querella:
«Debo agregar, que no solo la empresa Orizon S.A, goza de permisos de pesca de origen delictual, y que no han sido caducados por el Ministerio de Economía, a pesar de haber hecho esta parte presente esta situación por correo electrónico a dicho ministerio durante el pasado año 2015, sino que todas las empresas del sector pesquero industrial extractivo, entre ellas Corpresca y Orizon, S.A, usufructúan de en total otros 76 permisos de pesca asociados a naves inexistentes, creados bajo la figura de naves en construcción, que nunca se construyeron, permitiendo a las empresas armadoras ahorrarse 15 millones de dólares en promedio por cada nave no construida, y aumentar de manera artificial, delictual y nula de derecho público la capacidad de captura de sus naves reales, en desmedro de las cuotas de captura de los armadores artesanales, de los pescadores artesanales, y además rompiendo el equilibrio de regeneración de la biomasa marina ocasionando la extinción de al menos 10 unidades de pesquería desde el litoral chileno, rentando un promedio de 43 millones de dólares diarios a todo el sector pesquero extractivo industrial gracias al conjunto de los permisos de pesca hoy licencias de pesca transables, que benefician a las empresas pesqueras extractivas, realizando un saqueo de proporciones bíblicas a los recursos marinos de la nación hace ya casi 20 años, lo cual se aprecia al ver las fechas de los primeros permisos de pesca concedidos en favor de las empresas referidas como es el caso de la empresa Orizon, antes lquique Guanaye, a quien ya en 1992 se le concedió un permiso de pesca asociado a la nave Colomba III, hoy acreditada como inexistente por la armada de Chile, y aun mas impresentable, no dejada sin efecto por el Ministerio de Economía. Esta parte, junto a los perjudicados y al Consejo de Defensa del Estado hará todo lo posible para que las empresas beneficiadas con permisos de origen delictual reembolsen al Estado de Chile todas las utilidades percibidas de manera ilegal y delictual».
Al día de hoy, en dos tribunales chilenos radica la responsabilidad de investigar, acreditar y si procede, impedir, este saqueo del patrimonio pesquero nacional, efectuado durante veinte años continuados por las mismas empresa pesqueras hoy beneficiadas por las Licencias Transables de Pesca creadas por la Ley Longueira, aspecto que la querella de Díaz aborda como sigue:
«El estado y las empresas pesqueras son solidariamente responsables y tendrán que pagar millonarias indemnizaciones a los miles de trabajadores embarcados que por una ley traidora y corrupta fueron perjudicados. La gran mayoría de los trabajadores embarcados desplazados del sector pesquero y ciudadanos conscientes de la tremenda aberración efectuada han solicitado la nulidad de la ley de pesca pero el Congreso se ha negado debido a que tendrían que indemnizar a los empresarios pesqueros por sus derechos adquiridos en forma ilegal y corrupta. Pero con esta nueva arista, la Presidenta con sus facultades que la Constitución Política de la República le confiere, podría con un solo decreto ley declarar la nulidad total de la ley de pesca y hacer pagar millonarias indemnizaciones tanto para el Estado de Chile y para los trabajadores desplazados del sector pesquero e incluso llegar a la confiscación de todos los bienes de las empresas involucradas en dichos actos delictivos que atentan contra el patrimonio nacional. Hago presente finalmente, que los permisos de pesca actuales originalmente se asignaron por 20 años renovables por 20 años más, en total por 40 años, y no es concebible que a solo un par de años de la última licitación, curiosamente, luego de denunciar el suscrito ante la EXCMA Corte Suprema el saqueo a los mares chilenos por parte del holding Copec en causa rol Corte Suprema 7547-2016, y luego de iniciarse la querella RIT 2956-2016 ante Juzgado de Garantía de Valparaíso, ahora, hace solo días, el Ministerio de Economía anuncia una nueva y espontánea licitación del 100% de las cuotas de captura».
Los tribunales en cuestión son el Juzgado de Garantía de Valparaíso, que tramita la causa 2956-2016, por la querella presentada por Ricardo Díaz contra los funcionarios del Ministerio de Economía Pablo Galilea Carrillo, Felipe Palacios Rives, Maximiliano Alarma Carrasco y Angélica Barbieri Bellollio por los delitos de prevaricación administrativa e infracción a la obligación de denunciar los delitos de que tomen conocimiento; y el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que tramita la causa 10.870-2016, originada en la querella presentada por Ricardo Díaz contra Pablo Longueira Montes y Felipe Palacios Rives, por los mismos delitos, al permitir sin denunciar los delitos de falsificación de instrumento público, uso malicioso de instrumento público y evasión tributaria, perpetrados por la empresa Orizon, del grupo Angelini.
Para probar la inexistencia de las naves de la flota pesquera industrial a las cuales el Ministerio de Economía les asignó permisos de pesca, bastaría que, accediendo a la solicitud de la parte querellante, oficien al Director general de la Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante de la Armada de Chile, para que informe el número de matrícula y certificado de dominio vigente, o en su defecto, la inexistencia en sus registros, de las naves denominadas COLOMBA III y COLOMBA IV, y respecto de las naves identificadas con las claves alfanuméricas «1.0650.01-a», «2.0650.01-a», «2188.03-a», «2875.02-a», «13EC131811», «BEC202206», «BEC229211», BEC26531 I «, «BEC300903» y «BEC301003».
La segunda diligencia solicitada en la querella contra Longueira consiste en oficiar a los ocho astilleros existentes en el país, para que informen si figuran en sus registros como naves en construcción o construidas, la misma nómina de embarcaciones citada precedentemente.
Si se acredita la inexistencia de dichas naves, se tendría que durante veinte años la flota pesquera industrial depredó hasta el borde de la existinción recursos marinos propiedad de todos los chilenos, sobre la base de estos permisos ideológicamente falsos, emitidos por la autoridad competente, lo que configuraría no sólo el mayor fraude sino también el ecocidio más grave en la historia del país, con complicidad de funcionarios del Estado.
Los beneficiados de esos permisos no sólo no han sido castigados, sino que fueron premiados con las mismas licencias, pero ahora a perpetuidad en virtud de la ley tramitada personalmente por Pablo Longueira Montes.
Modus operandi
Para mayor comprensión de este increíble caso, conversamos con el abogado Manuel Rojas Lagos, quién relata:
«Mi cliente, Ricardo Díaz Arellano, compra un pesquero de alta mar el año 1998 y adquiere, de acuerdo a la Ley 18.892, de Pesca y Acuicultura, el permiso de pesca asociado a esa nave. La ley establece que el permiso de pesca y nave son indivisibles, y no se puede transferir el uno sin el otro. Entonces, compra el pesquero de alta mar Zuiderster, que alguna vez perteneció a la pesquera Iquique Guanaye, hoy Orizon S.A. del grupo Copec.
La empresa, con el consentimiento del ministerio de Economía, que además nunca liberó el permiso para mi cliente, sustituye este permiso por el de la nave Malleco, cinco veces las dimensiones de la de mi cliente. De acuerdo al derecho público, cuando un acto no cumple las formalidades y requisitos que establece la ley, es nulo y produce que el estado de cosas vuelva a la situación anterior a la celebración del acto o contrato; es decir, el permiso volvió, o debió volver, a mi cliente, lo cual hasta el día de hoy no se produce.
En el transcurso de la investigación descubrimos que hay muchos otros permisos de este origen, ideológicamente falsos; con irregularidades, primero en cuanto a su origen, y segundo en cuanto a su sustitución.
Descubrimos estas naves fantasmas producto de que don Ricardo investigó a la nave Malleco, que actualmente está usando su permiso de pesca, y descubrió que en realidad usa dos permisos de pesca que no corresponden a ninguna nave que exista, o que en algún minuto hayan tenido existencia real, lo cual es constitutivo de delito. O sea, se otorgó permisos a naves que nunca se construyeron.
– El funcionario que otorgó estos permisos ¿estaba consciente de que cometía delitos?
«Habría que conceder el beneficio de la duda, pero donde se produce inequívocamente el delito es cuando al año de entregados estos permisos, no se dejan sin efecto, pues la ley establece que si dentro del plazo de un año la embarcación no está operativa, el permiso queda sin efecto. La Ley General de Pesca y Acuicultura establece que el armador que obtiene este permiso provisorio debe remitir los planos y la bitácora de la embarcación a la Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante».
– Si entiendo bien, la empresa Orizon pedía permisos provisorios sobre la base de naves aún no construidas…
«Ellos aducían permisos para naves en proceso de construcción, no terminadas. En virtud de eso, ellos pedían el permiso provisorio; permisos que hasta el día de hoy no son dejados sin efecto. O sea, no sólo no son dejados sin efecto, sino que se han transado como licencias transables. Cabe hacer notar de que estos permisos tiene un valor aproximado de 4,5 millones de dólares cada uno».
Incalculables beneficios
– ¿Y de cuántos permisos estamos hablando?
«Nosotros hemos descubierto 76. Si multiplicamos por 4,5, estamos hablando de un valor de alrededor de 342 millones de dólares a la paridad de hoy, sólo en esta clase de licencias ideológicamente falsas. Agréguele a esto que cada licencia deja una rentabilidad promedio de veinte mil millones de pesos por año, es decir, unos 30 millones de dólares. Y si multiplicamos por 76, tenemos un negocio ilegal de unos 2 mil 250 millones de dólares por año. Nosotros hemos descubierto 76 permisos ideológicamente falsos, pero bien pueden ser más».
– En su opinión ¿el perjuicio más serio es económico o ecológico, considerando la biomasa pesquera que se puede capturar con esos 76 permisos?.
“Evidentemente, el daño ecológico es enorme. Comentan los dirigentes sindicales que en los últimos veinte años se ha agotado alrededor del 92% de los recursos pesqueros».
– Esta depredación ¿sería ocasionada por estos permisos ideológicamente falsos?
«Eso no lo puedo decir con exactitud, pero al menos coinciden las fechas. Cuando empiezan a otorgarse estos permisos ideológicamente falsos es cuando comienza la depredación de los recursos pesqueros en el litoral chileno».
– Sin embargo, más allá de estas licencias fantasmas, la pesca la están haciendo naves reales, imagino…
«Claro, lo que ocurre es que estas licencias ideológicamente falsas se han sustituido y sumado a naves que tienen una existencia real, de suerte que cada una de esas naves dispone de varios permisos».
– ¿Y eso es posible, desde el punto de vista legal?
«Es posible, la ley lo permite, en la medida en que se cumplan los requisitos, lo que no es el caso. Dado el origen ideológicamente falso, esos permisos son nulos».
– ¿Han logrado determinar qué empresas recurren a este subterfugio?
«Nuestras querellas apuntan directamente contra Orizon. De acuerdo a nuestra investigación, Orizon tiene al menos doce permisos de origen ideológicamente falsos. Pero la información y la documentación que hemos encontrado muestran que todas las grandes empresas pesqueras utilizan y transan estos permisos ideológicamente falsos. Están denominados como BEC, buques o barcos en construcción.
– Por tanto, bien pueden ser más de 76 permisos…
«Hemos descubierto 76 permisos de naves que nunca se construyeron, 14 de naves que se hundieron y que aparecen reflotadas administrativamente, y un número parecido de permisos asociados a naves que en algún momento fueron desguazadas por voluntad de su armador, lo cual es causal de caducidad del permiso, y que sin embargo se siguen utilizando».
– ¿Son las mismas empresas de las denominadas siete familias que se han apoderado de los recursos del mar chileno en virtud de la Ley de Pesca del Gobierno de Piñera?
«Los actores son los mismos. De hecho, la querella de Santiago está interpuesta contra el señor Pablo Longueira. Cuando era ministro de Economía, mediante una resolución amplió la cuota de captura de una especie de jurel a varias empresas, entre las cuales estaba Orizon».
– La querella de Valparaíso está dirigida contra cuatro personas, entre ellas el entonces subsecretario de Economía, Pablo Galilea. ¿Qué delitos les imputan?
«Prevaricación administrativa e infracción a la obligación de denunciar. Estas patentes quedaron sin efecto hace muchos años, y siguen dictándose resoluciones que las validan, hasta el día de hoy».
– ¿Quién dicta esas resoluciones?, ¿un funcionario del ministerio de Economía?
«Sí, funcionarios del ministerio de Economía. Y de todos los colores políticos».
– ¿A qué lo atribuye usted?
«La única explicación que puedo ver es el desconocimiento de la legislación marítima y pesquera. Y si es así, es hora de ponerle un límite, toda vez que el ministerio ya está al tanto. Lo digo con conocimiento, puesto que una de las notificaciones de la querella de Valparaíso la recibe Raúl Súnico, y la devuelve al Juzgado de Garantía. Es decir, el actual subsecretario ya está al tanto de que al menos las los permisos de pesca de las naves Colomba III, Colomba IV y otras diez de Orizon, tienen un origen delictual».
– ¿Y no ha hecho nada?
«Hasta donde sé, no».
– Entiendo que dos solicitudes a la Corte Suprema, para que actuara de oficio, fueron declaradas no ha lugar.
«La primera resolución de la Corte Suprema se limita a decir no ha lugar a la solicitud de denuncia contra estas personas, funcionarios o ex funcionarios del ministerio de Economía y de la Fiscalía de Valparaíso, donde se debiera haber investigado esta denuncia, sin perjuicio de las medidas que esta Corte puede adoptar. La segunda vez dice simplemente no ha lugar».
– ¿Por qué piensa que pueden tener distinto destino las querellas en Santiago y Valparaíso?
«La querella de Valparaíso apunta directamente al origen de los permisos ideológicamente falsos, y la querella de Santiago apunta a una resolución que amplía la cuota de captura de una especie de jurel, sobre la base de permisos ideológicamente falsos; es decir, el objeto de la investigación criminal en la comuna de Santiago, es una resolución específica, sin perjuicio de que durante la investigación se acrediten otros delitos. En Valparaíso, la investigación se remitió a la Brigada de Delitos Económicos, BRIDEC, de la PDI, y está pendiente el informe al Ministerio Público. En Santiago, la investigación va bastante más adelantada, toda vez que está en la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad, y se están cursando las diligencias».
– Volvamos sobre el origen del problema ¿Cómo es que los permisos de una nave se transfieren a otra?
«El que una nave no exista aparentemente es inofensivo. Lo que pasa es que la legislación permite la figura de nave en construcción, y entrega un permiso de pesca a esa nave que va a existir dentro de un año. Esto se traduce en que los empresarios pueden tener un tonelaje de determinadas especies, que la ley denomina unidades de pesquerías, para capturas año a año. Ese permiso provisorio, que no fue revocado, se traduce en dinero. Cada permiso renta, más menos, veinte mil millones de pesos al año. En los casos de Colomba III y Colomba IV, esto se ha repetido por 19 años. Es más, según la investigación que hemos realizado, aparecen tres fechas distintas de construcción de Colomba III y Colomba IV: 1992, 1995 y 1998».
– ¿Y en realidad no existen esos barcos?
«La Armada ha informado a través de oficio al 17° Juzgado Civil de Santiago, que estas naves no existen. Nunca se construyeron. Para simplificar lo que está pasando con la pesca en Chile, es que todas esas naves que se prometieron construir dentro del plazo de un año, hasta la fecha de hoy no han sido construidas, y el ministerio de Economía ha omitido dejar sin efecto los permisos provisorios concedidos a esas naves, bajo la figura de barcos en construcción. Si el ministerio dejara sin efecto estos permisos, la pesca industrial se paraliza. Sin embargo, el ministerio no quiere ver que estos permisos caducaron hace 19, 18, 15 o 12 años».
– ¿Se pueden derogar esos permisos?
«Para anular estos permisos bastaría que en un proceso penal se acredite la inexistencia de estas naves, ya sea a través de la declaración del director de la Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante, que es equivalente al registro de vehículos motorizados del Registro Civil, o de la declaración de los ocho astilleros que existen en el país, que estas naves nunca se construyeron».
– ¿Qué artículos de la Ley de Pesca estarían siendo vulnerados?
«El artículo 23 de la Ley 19.892 sobre Pesca y Acuicultura, que dice que nave y permiso de pesca son indivisibles. Cuando la empresa COPEC se deshace de la Zuiderster IV, se deshace también del permiso de pesca, y eso es lo que mi cliente está reclamando».
– ¿Él se querella con el fin de reestablecer el derecho público, o por su interés particular vulnerado?
En realidad ambas cosas. Parte con un interés individual, pero sobre la marcha de la investigación aparece también un interés público comprometido. Cuando don Ricardo, por ahí por el año 1998, empieza a reclamar al ministerio de Economía que le permita utilizar el permiso de pesca del Zuiderster IV, la Armada de Chile, de manera ilegal, desguaza esa nave, lo que será motivo de otra querella en la comuna de Talcahuano».
– ¿La Armada obró así en complicidad con Orizon?
«No me atrevo a emitir un juicio así, en este momento. Pero sí puedo dar fe de que no hubo un procedimiento de rigor, el cual termina en una resolución del director de la Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante, lo cual nunca se hizo. La destrucción y desguace del Zuiderster IV fue de origen ilegal».
– ¿Y por qué la Armada incauta y destruye ese barco?
«Eso lo desconozco. Pero don Ricardo afirma que fue destruido precisamente para evitar de que tuviera legitimidad activa para demandar a la empresa Orizon.
Descargue la querella contra Pablo Longueira
Información complementaria
Pesca industrial está en manos de cuatro empresas tras seguidilla de fusiones
Desde 2010 grandes compañías se unieron para afrontar el escenario económico. Así, el 80 por ciento del jurel se encuentra en manos de solo siete familias.
Durante los últimos dos años, a partir de 2010, las grandes compañías del sector pesquero iniciaron una seguidilla de fusiones, dejando la pesca industrial en solo cuatro empresas.
Así, estas cuatro compañías tienen más del 80 por ciento de las cuotas industriales de jurel y representan a las siete familias más poderosas en el rubro pesquero: Angelini, Sarquis, Lecaros, Izquierdo, Fernández-Cifuentes, Stengel y el grupo Yaconi Santa Cruz.
Los mayores movimientos se iniciaron en julio de 2010, cuando el grupo Angelini y la familia Lecaros Menéndez anunciaron que fusionarían parte de sus negocios para hacer frente al “complejo escenario” tras el terremoto.
El acuerdo definió que Pesquera Coloso -de los Lecaros Menéndez- y Pesquera Iquique Guanaye -de Angelini- unirían sus filiales Pesquera San José y South Pacific Korp (SPK). Orizon, la nueva sociedad que se selló en noviembre de 2010 y cuyo 60 por ciento quedó en manos de Angelini, pasó a ser el actor más fuerte de la industria en términos de capturas, con más del 50 por ciento del total y más de 20 por ciento de la cuota del jurel, según informa La Segunda.
Otras fusiones
A principios de enero de 2011 hicieron lo propio Camanchaca -controlada por Jorge Fernández y Francisco Cifuentes- y Pesquera Bío Bío -ligada a la familia Stengel-. En diciembre pasado nació oficialmente Camanchaca Pesca Sur, una sociedad que tiene cerca del 18 por ciento de la cuota anual de jurel y en la que los Stengel se quedaron con el 30 por ciento de las acciones.
A fines de enero de 2011 y luego de que el gobierno redujera en más de 70 por ciento la cuota de extracción de jurel para ese año, las pesqueras Itata y El Golfo -controladas por la familia Sarquis y el grupo Yaconi-Santa Cruz, respectivamente- optaron por unirse y formar Blumar.
Blumar se transformó en otro de los fuertes de la industria gracias a la experiencia de las fusionadas y la suma de las cuotas que en ese minuto llegaban al 23,9 por ciento de la industria del jurel y al 25 por ciento en la sardina.
La última asociación de la industria pesquera llegó de la mano de Alimar, la empresa que lidera el empresario Roberto Izquierdo, y la noruega FoodCorp a principios de este año.
Eso sí, en esta ocasión no se trató de una fusión sino que de una “operación conjunta” que trabaja bajo el nombre de Marfood y que tiene un 20 por ciento de la cuota anual de jurel.
Publicado el julio 17, 2012 por Pecesgratisno
Gobierno fijó recursos de captura: Cinco empresas concentran casi el 100% de las cuotas de jurel 2016
Las compañías del grupo Angelini y Lecaros Menéndez, Corpesca y Orizon, además de Blumar de los Sarquis y Yaconi-Santa Cruz, Alimar de los Izquierdo Menéndez y la noruega Foodcorp, Camanchaca de Jorge Fernández, Francisco Cifuentes y los Stengel, y Landes de los Fosk y Bohorodzaner, se quedaron con cerca del 94% de la explotación de la especie.
El Gobierno dio a conocer las cuotas de las distintas especies pesqueras para el próximo año. Una de las más importantes para el sector por su valor es la de jurel, la cual se mantuvo en 310.000 toneladas para el 2016, decisión basada en criterios científicos, de acuerdo a la autoridad. Todo esto, en el marco de la crisis que atraviesa desde hace algún tiempo este mercado y de los cambios de la cuestionada “Ley Longueira”, tras saberse del eventual cohecho en su tramitación.
De ese total, 28.132 correspondieron a la fracción para el mundo pesquero artesanal, mientras que 275.995 tienen que ver con los industriales que operan en el país. Asimismo, nada más que 200 toneladas de esta cuota de jurel se destinarán para las tareas de investigación, 3.100 toneladas para imprevistos y 2.573 toneladas para consumo humano directo.
En esa línea, considerando al sector industrial, solamente cinco empresas concentrarán cerca del 100% de las cuotas de jurel para 2016, lo que se haría extensivo para el resto de las especies. Las firmas que más porción suman son las relacionadas a los grupos Angelini y Lecaros Menéndez, esto es Corpesca y Orizon, que contarán con 89.000 toneladas para capturar en el período.
Le sigue de lejos Blumar de las familias Sarquis y Yaconi- Santa Cruz, que se quedó con 56.000 toneladas de jurel como cuota de captura para el próximo año. Luego está Alimar del holding de los Izquierdo Menéndez y que tiene hace un tiempo un joint venture con la noruega Foodcorp, conteniendo 52.000 toneladas.
En tanto, con 51.000 toneladas de cuota de jurel para 2016 está Camanchaca, que en su propiedad tiene a los empresarios Jorge Fernández y Francisco Cifuentes y a la familia Stengel. Mucho más atrás se encuentra la pesquera Landes, con poco más de 10.000 toneladas, firma que está ligada a los Fosk y a los Bohorodzaner.
Entre estas cinco compañías de la industria, suman más de 258.000 toneladas de la cuota de jurel para el próximo año, siendo que la porción para las grandes empresas está en torno a las 276.000 toneladas para el 2016, concentrando así aproximadamente el 94% de la torta existente.
Igualmente, apuntó que para determinar las toneladas que cada titular de licencias transables de pesca Clase A pueda capturar en el año 2016, se multiplicó el coeficiente de participación relativo por la fracción industrial de cada cuota de la respectiva unidad de pesquería.
El Gobierno asimismo dio a conocer, en el marco de la repartición de cuotas por actor, que las Licencias Transables de Pesca Clase A se encuentran inscritas en el Registro Público que lleva la autoridad en soporte electrónico y disponible en su sitio de dominio electrónico.
En esta información se pueden conocer los titulares de estas cuotas de pesca, los arrendatarios y los meros tenedores de estas capturas. El decreto fue ordenado por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, y firmado por el ministro de Economía Luis Felipe Céspedes y el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Raúl Súnico.
Publicado el 31 de diciembre de 2015 por Pecesgratisno
