Como una Carretera Eléctrica 2.0 calificó la directora del programa Chile Sustentable Sara Larraín el proyecto de Ley de Transmisión que el ministro de Energía Máximo Pacheco impulsa en el Congreso.
Así lo develó durante la audiencia pública sostenida el miércoles 16 de marzo por la Comisión de Minería y Energía del Senado, donde se tramita actualmente dicho cuerpo legal luego que en el mes de enero fuera aprobado por la Cámara de Diputados.
En su exposición destacó que los “polos de desarrollo”, las franjas de interés publico y los subsidios a las empresas eléctricas con cargo a los consumidores, son los principales temas comunes entre los proyectos de transmisión del gobierno de Sebastián Piñera y de Michelle Bachelet.
Posteriormente, en una carta dirigida al presidente de dicha instancia, Alejandro García-Huidobro, Larraín reiteró que la figura de “polos de desarrollo”, que se constituyen en el núcleo de la iniciativa, ya estaba considerada en el proyecto de ley de Carretera Eléctrica que intentó infructuosamente aprobar la administración de Sebastián Piñera entre 2012 y 2013, con el fin de viabilizar las represas en la Patagonia.
Por ello, dicha propuesta fue conocida como Ley HidroAysén. Este instrumento permitiría que el Estado realice todo el trabajo previo para las nuevas líneas de transmisión: estudios y definición de franjas, luego de lo cual estas se licitarían a las empresas eléctricas para que realicen sus inversiones ahorrándose todo el costo preliminar.
De esta forma la dirigenta desmintió las afirmaciones del consultor de Valgesta, Ramón Galaz, quien afirmó que los “polos de desarrollo” (territorios que el Estado definiría como de un alto potencial en energías renovables) no estaban considerados en la iniciativa del gobierno anterior. Para ello, la dirigenta hizo llegar a la comisión la presentación de la Ley de Carretera Eléctrica original del gobierno Piñera, que abordaba este concepto bajo la figura de “polos de generación” y “polos de desarrollo”.
Ausencia de voces ciudadanas
El miércoles 2 de marzo comenzaron las audiencias ante la comisión con la presentación de Máximo Pacheco, continuando el lunes 7 con el director ejecutivo de ACERA Carlos Finat, el gerente del Consejo Minero Carlos Urenda, y el académico de la UC Hugh Rudnick.
Para el lunes 16 de marzo, en tanto, se había convocado a 13 expositores, dando solo 10 minutos a cada uno, en su gran mayoría representantes del sector eléctrico y con una clara ausencia de voces ciudadanas. Solo Chile Sustentable y un dirigente de Aysén figuraban como convocados en representación de los territorios que serían impactados por esta iniciativa. Ese día, solo pudieron exponer seis participantes.
La paradoja es que ha sido precisamente por la movilización ciudadana, y por no el interés del sector privado, que el Estado se ha visto obligado a reconfigurar el sistema eléctrico nacional. Más aún, gran parte de los expositores invitados a exponer en el Senado provienen de la Región Metropolitana y prácticamente ninguno de las regiones donde el actual gobierno proyecta definir sus “polos de desarrollo”.
Desde la sociedad civil se han criticado estos como instrumentos de ordenamiento territorial vinculante que benefician al inversionista eléctrico por sobre las prioridades del desarrollo regional, imponiéndose desde el ministerio de Energía en Santiago y sin consulta a las regiones y municipios afectados, lo cual a fin de cuentas legalizaría el establecimiento de zonas de sacrificio con fines eléctricos.
