Por Pablo Canelo (*)
La reciente movilización del Hospital del Salvador vuelve a poner en la mesa de discusión las posibilidades y limitantes de incidencia de los actores sociales en las políticas públicas, o más específicamente, en las decisiones políticas de interés público. Más aun cuando dentro de las promesas gubernamentales está la de incorporar activamente a la ciudadanía en el diseño y elaboración de la política pública. El conflicto del Hospital del Salvador devela, por lo tanto, las tensiones propias de una democracia construida para un determinado orden social y económico, neoliberal, que no logra dar cauce a las crecientes demandas sociales.
Evidencia el enorme gasto de energías y recursos tanto por parte del gobierno como por parte de los sostenedores de la movilización, y en este caso impactando a los denominados “usuarios” de la salud. Demuestra que es una democracia que no resuelve los principales problemas y necesidades de la mayoría de la población al no estar en el centro de su quehacer el problema de la redistribución de bienes públicos.
La movilización, como todas aquellas que se han dado en la lucha por la Salud Pública como un derecho, fue sostenida por los trabajadores del sector. De este modo, la exigencia de la revocación de la concesión para la construcción del Hospital o secciones de él, se amplía también hacia la defensa de los derechos de los trabajadores al impedir la precarización y flexibilización laboral que lleva consigo las políticas de concesiones de los servicios públicos al mercado. Y en esa demanda, se logra instalar nuevamente en la discusión pública el modelo de salud que queremos.
En ese sentido, la lucha contra las concesiones en la Salud Pública demuestra lo que hemos planteado también para el movimiento social por la educación: el potencial democratizador de la lucha social, en el sentido del impacto que provoca en las estructuras gubernamentales y decisorias de la política. Instalando, por ejemplo, la necesidad de transparencia y control públicos para los mecanismos de asignación de bienes y servicios públicos. Así es como el conflicto ha obligado al gobierno a reconocer que los hospitales concesionados son más caros, y a levantar una mesa técnico-jurídica destinada a revisar todos los aspectos de la situación actual de la concesión del Hospital Salvador Geriátrico.
El conflicto incidió también en la gobernabilidad, al plantearle a la Presidenta Michelle Bachelet que cumpla la promesa de no concesionar más hospitales públicos, dándose una situación que para algunos sectores de gobierno pareciera ser contradictoria: la de una movilización que busca hacer cumplir el programa de gobierno. En este punto insistimos: el gobierno puede encontrar un buen aliado en los actores sociales si es que de verdad busca construir un Estado social de derechos, uno de cuyos pilares fundamentales es la Salud.
En definitiva, la suma de todos estos factores de lucha tienen un punto central: la conquista y ampliación de derechos sociales. Y como telón de fondo, la disputa por el significado de la democracia y la participación ciudadana. Por eso mismo es necesario que a partir de estas experiencias de lucha se piense en la generación de espacios departicipación que desborden lo actualmente existente. Elemento casi ausente en las principales movilizaciones sociales de los últimos años. Si se quiere aumentar la incidencia de los sectores tradicionalmente excluidos, es necesario pensar y llevar a la práctica dinámicas continuas de democratización, poniendo en tensión así a la democracia del neoliberalismo. Y en la Salud hay algunas experiencias desde lo institucional en ese sentido.
Si miramos más allá, las luchas por la Salud Pública y su impacto en los diseños institucionales de participación no se agota en el nivel central. El rol de la comunidad atendida por los Centros de Salud es relevante no solo para mejorar la gestión hospitalaria, sino para hacer efectiva la exigencia y conquista de más derechos en materias de Salud Pública, uno de los cuales tiene que ver con el goce del grado máximo de salud y, por lo tanto, con el mejoramiento de la Salud Pública que atiende al 70% de la población chilena.
El rol de los Consejos de Desarrollo Local (CDL) puede ser clave en este proceso. Se levantó como un mecanismo de participación efectiva de la comunidad en la atención de la Salud Primaria y luego de una década desde su implementación ha permitido articular, en varios casos, a organizaciones comunitarias en la defensa de la Salud Pública. En este marco es necesario fomentar esos espacios de participación comunitaria, como espacio de asociación entre usuarios de la Salud. Además de reinstalar los presupuestos participativos en este sector a nivel local, para fortalecer la incidencia de los actores locales en la Salud. Estos espacios tienen la potencialidad de incidir en la distribución de recursos públicos y, por lo tanto, dotar de nuevas prácticas y significados a la democracia.
Finalmente, cabe decir que la movilización del Hospital del Salvador vuelve a poner en el debate público la necesidad de defender y fortalecer la Salud Pública en Chile. Si se lograra conformar un movimiento social por la Salud que aglutinara todo lo integral sobre esta temática (no sólo reducida al ámbito médico), se estaría en mejores condiciones para terminar con aquella Salud Pública que no promueve la participación en todos sus niveles, desde el comunitario al central.
Y también en mejores condiciones para pensar un nuevo modelo de Salud Pública, que claramente debe contemplar la participación de todos los actores sociales en el diseño y ejecución de las políticas. Un nuevo diseño que atienda a las demandas sociales y fomente la exigencia de derechos por parte de la ciudadanía, para alcanzar niveles de vida más dignos que los que el actual modelo de salud pública entrega a la mayoría de nuestro país.
(*) Encargado Área de Desarrollo Social de ICAL.
