El parlamento acordó que los jubilados cuyas rentas fueron depositadas en compañías de seguros bajo el convenio de Rentas Vitalicias pueden acceder al 10% de retiro, igual que las AFP.
Esto desató las iras y amenazas de dichas compañías, que se preparan a demandar al Estado Chileno por pretender “expropiarles” esos recursos que, señalan, son de su propiedad y no de quien las aportó.
Inmediatamente iniciaron una campaña por la prensa, por cierto en El Mercurio, EM, a partir del martes 20 de abril.
Un grupo lo encabezan las norteamericanas Metlife (dueña de Provida), Ohio y Principal quienes, según EM del sábado 24, “afinan estrategia legal por eventual vulneración al TLC firmado con EE.UU”.
Ya ficharon a abogados y también a Teodoro Ribera ex ministro de Justicia y ex Canciller del gobierno de Piñera. Ellos preparan la ofensiva de dichas compañías ante el Tribunal Constitucional (TC) y ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones).
Y no sólo las de EEUU, también se plegó Carlos Molina, Presidente de Matfre trasnacional española de seguros al denunciar que: “estamos poniendo en riesgo la certeza jurídica de Chile” (EM del lunes 26), quién agregó con desparpajo que “el mercado asegurador que es 90% de inversión extranjera va a demandar al Estado chileno en las cortes locales o internacionales y tendrán que pagar”.
Los tratados de libre comercio que se han firmado durante los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría, en el espíritu de ampliar nuestro comercio exterior, contienen artículos que remiten las discrepancias entre el Estado y las compañías extrajeras a tribunales internacionales, específicamente al CIADI y no a tribunales chilenos.
Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía en el 2001, señalaba sobre las discrepancias jurídicas en los tratados y en el TPP:
“El país puede ser demandado, dado que los inversores foráneos podrán iniciar disputas bajo arbitrajes donde las corporaciones tienen acceso privilegiado, en un contexto en el que ni las ONG ni nadie puede hacerse parte abogando por el medio ambiente o acusando abusos. Sólo las corporaciones -señala- tendrán un trato preferencial bajo este acuerdo”.
“En las disputas -agrega- el tratado establece que ellas deberán ser juzgadas por tribunales de arbitraje, no por los tribunales nacionales de algún país.
Stiglitz agrega que en esos tribunales, “cuando hay del otro lado un gobierno como el de EEUU, éste siempre gana. Pero cuando es un gobierno pequeño como el de Chile. siempre pierde”.
Un trabajo de ICAL del año 2015 (Apuntes de Trabajo No 6), señaló sobre el TPP, que en
esa época incluía EE.UU:
“El mecanismo de solución de controversias Inversionista-Estado formulado por el TPP (lo mismo que hoy en el TPP11) constituye un grave peligro para la soberanía –entendida en un sentido amplio–, la democracia misma, y los derechos sociales, económicos y culturales, ya muy debilitados en el ordenamiento jurídico chileno”.
“Y -agrega ICAL- si bien sería precipitado plantear una dicotomía Nueva Constitución/TPP, en un momento político complejo como el chileno -con proyecciones de reformas importantes y compromisos electorales fundamentados en el Programa de la Nueva Mayoría-, no podemos obviar el hecho de que el TPP tiene
potencialmente un efecto de hipoteca sobre las reformas comprometidas, pero principalmente, sobre el incipiente proceso constituyente”.
No se trata de rechazar los tratados y acuerdos internacionales de por sí; por el contrario, vivimos en la época de la globalización. Sin embargo, los actuales convenios y tratados se realizaron de acuerdo a los intereses del neoliberalismo que comandan los países capitalistas desarrollados. De allí que prime la necesidad de rediscutirlos rechazando, además, el TPP11 que profundiza la desigualdad jurídica y soberana entre las trasnacionales y los países como el nuestro.
Por otra parte se requieren tratados y acuerdos entre países de nuestro continente latinoamericano no sólo para comerciar sino orientados a un desarrollo integrado que nos libere de ser solamente exportadores primarios a los países industrializados.
De la misma manera la unidad de objetivos e intereses nos permitirá concretar tratados comerciales o de otro tipo actuando de conjunto.
La insolencia amenazante de las compañías de seguro que se han apropiado de los ahorros totales de jubilados para lucrar con ellos a cambio de una pensión “vitalicia” muestra claramente lo que significan los amarres en tratados auspiciados por el neoliberalismo.
