En la sociedad chilena los casos “Cascadas”, La Polar, la colusión de las farmacias y ahora las empresas de pollos revelan la existencia de malas prácticas empresariales donde se abusa de los consumidores, con las asimetrías de información, donde las empresas obtienen jugosas ganancias productos de abusos a las personas y no de la legítima y libre competencia en el mercado.
Estas malas prácticas empresariales son rechazadas por la mayoría de la sociedad y se exige mejores regulaciones y una nueva institucionalidad donde se respeten los derechos de los consumidores y donde haya efectiva competencia y mejores mercados donde las empresas efectivamente estén al servicio de la demanda.
En ese sentido es lamentable la oposición empresarial a nuevas regulaciones que fomenten mercados más competitivos y donde las personas tengan derechos.
Ahora es entendible la crítica empresarial, en especial de los bancos y del comercio, al proyecto de ley que pretende fortalecer las capacidades del SERNAC para convertirlo en «un león con dientes» y no como hoy donde esa institución pública carece de facultades sancionadoras contra las empresas abusivas.
El país necesita una legislación moderna donde los consumidores tengan derechos y no quedar a merced de los abusos de las empresas y el Gobierno debiera avanzar en este ámbito y no ceder a las presiones empresariales. Además, las diversas bancadas parlamentarias debieran apoyar este reforzamiento de facultades para el SERNAC.
Lo mismo debe hacerse en la legislación anti colusión. Los delincuentes de cuello y corbata deben ser sancionados drásticamente -como ocurre en EEUU- donde la colusión y éstas malas prácticas empresariales son severamente cuestionadas y sus ejecutivos no son premiados y aplaudidos como ocurre en los círculos empresariales del país. Lo ocurrido con los ejecutivos de las farmacias y las empresas de pollos debiera generar un consenso político acerca de elevar sustantivamente las penalidades a las malas prácticas empresariales que afectan la libre competencia.
Esta libre competencia requiere sanción a la colusión y al uso de la información privilegiada y eso está pendiente en la sociedad chilena.
Lamentablemente en el país tenemos una cultura empresarial que se favorece de «la información privilegiada», de la coordinación con la competencia para «distribuirse» el mercado, de las redes sociales construidas en una educación segregada socialmente y que carece de un real espíritu de competencia y de innovación.
Es un empresariado que cree poco en el mercado y en la competencia, desde ahí nace su baja legitimidad social en el país en que predomina la desconfianza al empresariado, y al parecer cree más en el lobby.
Por eso invierte en la política como lo está comprobando el denominado «caso Pentagate». Este episodio que revela el fuerte vínculo entre las empresas Penta y la UDI -partido político que recibe más aportes reservados para las campañas electorales- debiera permitir abrir la discusión sobre la relación entre el dinero de las empresas y las campañas políticas.
No es bueno para el país que sean las empresas las que financien la actividad política y en especial, las campañas electorales ya que por esta vía los poderes económicos pueden controlar al sistema político y así vulnerar la voluntad mayoritaria de la ciudadanía.
No parece razonable mantener los aportes reservados de empresas a las campañas electorales. Una sociedad transparente debe publicitar los aportes económicos a las campañas y además, prohibir en su legislación los aportes reservados de las empresas.
Fue la UDI la que impuso el aporte reservado a las campañas electorales y sigue siendo el partido político que se resiste a eliminarlo -producto que es el principal favorecido-; así como se resiste a modificar el binominal.
Hoy existe la oportunidad histórica de modificar el binominal y terminar con el aporte reservado a las campañas políticas y ese objetivo debiera liderarlo la Nueva Mayoría para efectivamente dar pasos sustantivos en mejorar la calidad de nuestra democracia.
El «Pentagate» de la UDI puede permitir avanzar en medidas democratizadoras inesperadas pero que siempre se abren cuando tenemos una institucionalidad que funciona y en este caso la investigación del Ministerio Público en el caso «fraude al FUT» está abriendo una importante oportunidad para mejorar nuestra democracia.
Fuente: Cambio 21
