La conversación entre Hugo Bravo y Carlos Eugenió Lavín, grabada en secreto por el primero, pero admitida como prueba en un juicio, confirma en todas sus partes yo que ya había transcendido: los pagos de gruesas sumas en efectivo de empresas del Grupo Penta, a políticos de la UDI. La grabación saca del closet al Presidente de la UDI, diputado Ernesto Silva, y al hoy deprimido Pablo Longueira. Ratifica coimas a Jovino Novoa, Ena von Baer, Laurence Golborne e Iván Moreira. Dicha grabación ya fue admitida como prueba en un juicio laboral. Si genera jurisprudencia, y se admite en el caso FUT-Penta, esos políticos de la UDI estarán, literalmente, hasta las masas.
Penta: la grabación del ex gerente que validó el tribunal y que podría sumarse a la arista política
por Sebastián Labrín Gajardo.
El audio da cuenta de una conversación entre Hugo Bravo y el controlador del grupo, Carlos Lavín. Un juzgado decretó que registro no era ilegal. Ahí, se relata una lista de políticos que recibieron aportes para sus campañas.
Los nombres de siete políticos que habrían recibido aportes irregulares para sus campañas, quedaron registrados en un audio el 7 de septiembre pasado durante una reservada conversación entre el ex gerente de Penta, Hugo Bravo, y uno de los dueños del holding, Carlos Eugenio Lavín.
La grabación, a la que accedió La Tercera, fue captado dentro del departamento de Bravo -en la comuna de Las Condes- con un teléfono celular y forma parte de las pruebas que su defensa presentó en el juicio laboral contra sus ex empleadores, Carlos Lavín y Carlos Délano.
También, el audio está en la investigación de la Fiscalía Oriente iniciada tras una querella por supuesta grabación ilegal, la cual fue sobreseída por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.
Ahí se resolvió que el registro no vulneraba la ley, porque no se tocaron temas personales que afectaran a los intervinientes.
En la conversación, Hugo Bravo es directo. Dice sentirse solo y preocupado por su futuro procesal en la arista política del caso Penta que indaga el fiscal jefe de Alta Complejidad, Carlos Gajardo, por supuestos aportes irregulares a campañas electorales. Según el ingeniero, los investigadores “toman por delito un error”. Ir a prisión, dice Bravo, es su principal temor. “Me están amenazando con cárcel si no declaro, me van a procesar”, alega el ex gerente.
Carlos Lavín, por su parte, dice que tras enterarse de que es objeto de una investigación habría tomado resguardos: “Las instrucciones que me dieron son estas: haz cuenta que todos tus teléfonos están intervenidos. Habla lo indispensable, y si quieres mandar un recado positivo, mándalo. Pero no se te ocurra hablar algo que te vaya a comprometer. Entonces, todos están así”, dice el socio del holding.
La situación por la que atraviesan miembros del grupo Penta y los eventuales delitos que estaría investigando la fiscalía, son parte del diálogo que se prolonga por más de una hora.
Sin embargo, en medio de la conversación Bravo aporta eventuales antecedentes que obrarían en su poder. “Tengo atravesado a ‘Fello’”, dice Hugo Bravo, aludiendo al abogado del grupo, Alfredo Alcaíno. Agrega que “me dejó botado (…). Esa vez que me pidió saber en qué había gastado cada peso de los cheques que giré. Seguramente (Oscar) Buzeta (gerente de Administración y Finanzas) le dijo: ‘cobró $ 200 o 300 millones y repartió un bono de $ 60 (millones), le faltan $ 240 (millones), se quedó con ellos’. Mal pensado. Se le olvidó que le pagué $ 100 millones a Pablo Longueira, en efectivo. Otro tanto a (Laurence) Golborne y a un monton de (personas)”.
Ante esta situación, Carlos Lavín pregunta: “¿A Golborne contra qué se le pagó?”. Acto seguido, Bravo replica. “A Golborne, desgraciadamente, contra boletas”, detalla el ex gerente. El pago, según Bravo, se habría realizado a una “sociedad de él, (que está) afuera. Y se le pagó antes y después, como $ 400 millones”.
Luego de narrar esta situación, el otrora ejecutivo de Penta añade que a “Ena von Baer, se le pagó cuando era precandidata acá, cuando era candidata acá y después en el sur”. La procedencia de las boletas es un tema que preocupa a Carlos Lavín, quien consulta sobre su origen.
En respuesta, Bravo detalla la forma en que, según su testimonio, se giraba el dinero y sus supuestos destinatarios: “Esas fueron contra boletas de terceros. Y yo creo que tiene que haber alguna boleta de Jovino Novoa metida. En efectivo fue a Pablo Longueira, antes y después, deben haber sido $ 140 o $ 150 millones. Que los millones los cobraba en efectivo y los sacaba del Banco Penta. Ningún otro banco me entrega $ 50 millones (en billetes) sin preguntar”.
En la conversación también resalta el nombre del senador por la X Región, Iván Moreira. “(Giré) cheques míos a (Iván) Moreira. (…) Y Zalaquett, que nos pidió en efectivo, que nos pidió (Carmen) ‘Coca’ de Castro. No me acuerdo de los otros candidatos. Algo le pasó el ‘choclo’ (Délano) a Ernesto Silva, en efectivo”.
El ex ejecutivo asegura que hubo “$ 32 o $ 33 millones en donación directa al Registro Electoral, el máximo a la UDI y el máximo a la Evelyn (Matthei) en segunda vuelta”. Ante esta revelación, Carlos Lavín aclara que “eso es legítimo”.
Ante la consulta formulada por Bravo sobre una eventual negociación con el fiscal Carlos Gajardo, para acelerar el término del proceso, el empresario Carlos Lavín enfatiza que “desde que se inició (la investigación), pero igual sigue (investigando)”. Y agrega: “Esto es como la guerra: mientras están negociando te están bombardeando”.
Según Lavín, existirían cuatro escenarios posibles de afrontar. “La más benigna es que gires un cheque a Impuestos Internos y se acabó. La segunda es que se suspenda la causa, con lo cual igual giras el cheque y la causa queda suspendida como por tres años y dices que eres sospechoso (…) pero quedas sin pena. La tercera es una pena de menos de 541 días con sentencia remitida, o sea, sin cárcel. Y la cuarta es la peor de todas y te metan adentro (en la cárcel)”.
Tras breves silencios, la conversación termina. En ese momento Bravo se despide diciendo «chao, don Carlos, que esté bien. Traten de ayudarme, lo peor es estar solo».
Fuente: La Tercera
Investigación por el Caso Fraude al FUT entra en su recta final
Este martes se desarrolla la audiencia por el cierre de la investigación del denominado caso “Fraude al FUT” que posibilitó indagar por delitos tributarios a los controladores del grupo Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano. Si el octavo juzgado de Garantía de Santiago confirma el fin del proceso, el fiscal Carlos Gajardo tiene 10 días para presentar la acusación.
El caso comenzó en octubre del año pasado cuando el contador y empresario Sergio Díaz Córdova se auto-denunció y dio el nombre del fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos, Iván Álvarez Díaz, quien logró violar del sistema informático del organismo fiscal para aumentar devoluciones.
En su investigación el fiscal Carlos Gajardo determinó, hace un año, presentar cargos por delito informático, soborno, cohecho, lavado de activos y fraude tributario por mal uso del Fondo de Utilidades Tributables (FUT), lo que significó perdidas fiscales por 2.706 millones de pesos.
Junto al fiscal Pablo Norambuena, el persecutor formalizó por delitos tributarios a 122 contribuyentes que se beneficiaron de estas acciones ilícitas, entre ellos al entonces gerente general de Penta, Hugo Bravo López.
Este último fue quien vinculó al caso a sus ex empleadores, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, abriendo además una arista por el presunto financiamiento ilegal de campañas políticas.
Gajardo confirmó que en la audiencia respaldará el cierre del caso, pues la investigación ya se encuentra agotada. .
Además de Álvarez, está formalizada en el caso otra funcionaria de Impuestos Internos, Mitzi Cabrera, pareja de Sergio Díaz, y los contadores, Juan Carlos Prieto, Orlando Carvajal, Hernán Díaz, Francisco Sivit y Horacio Mayquel, quienes eran los encargados de reclutar clientes entre el 2007 y 2010.
El abogado de Díaz, el ex fiscal Vinko Fodic, quien pidió el cierre de la investigación, pronosticó que su cliente podría cumplir una eventual pena en libertad.
Gajardo mantendrá abierta la arista por la denuncia presentada en agosto por Impuestos Internos contra Délano y Lavín, la que se mantiene bajo reserva.
Ambos empresarios, el miércoles pasado, anunciaron que dejarán sus cargos en los directorios de cuatro empresas del grupo Penta para concentrarse en sus defensas ante una eventual formalización.
La fiscalía los investiga por “uso indebido de boletas de honorarios ideológicamente falsas” donde aparecen vinculas las cónyuges de los empresarios.
El Servicio de Impuestos Internos además los denunció por 258 facturas y boletas por servicios presuntamente no prestados por montos que superan los 2 mil millones de pesos entre el 2009 y 2010, sin embargo ambos depositaron el miércoles 1.191 millones de pesos en la Tesorería General.
La estrategia de los principales sospechosos del caso Fraude al FUT para evitar la cárcel
Los principales sospechosos del denominado Caso Fraude al FUT ya iniciaron acciones que les permitan evitar eventuales penas de cárcel en caso de ser hallados culpables por la justicia, en el marco del mediático proceso que develó un millonario fraude a las arcas fiscales por más de 2 mil millones de pesos.
Pese a que aún no han sido formalizados, los eventuales inculpados por el denominado Fraude al FUT ya evalúan ir a un juicio abreviado mientras continúan realizando acciones que puedan ser consideradas como atenuantes.
El primero en la lista de investigados es el ex gerente general de Penta, Hugo Bravo López, quien devolvió más de mil millones de pesos a la Tesorería General de la República. A él se suman los controladores del poderoso grupo Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, quienes depositaron el pasado miércoles la suma de 1.191 millones de pesos.
Recordemos que el Servicio de Impuestos Internos (SII) los denunció por un total de 258 facturas y boletas por servicios que no habrían sido prestados entre el 2009 y 2010, y cuyo monto supera los 2 mil millones de pesos.
En un eventual juicio, estas devoluciones podrían ser consideradas como una atenuante, que según la legislación actual, se configura al intentar “reparar con celo el mal causado”. Y de esta forma, evitarían cumplir alguna condena en la cárcel.
Así las cosas, el escenario que plantearía la defensa sería ir a un juicio abreviado, donde tras reconocer el delito, se puede optar a penas remitidas que no incluyen presidio, apelando a las atenuantes.
No obstante, esta posibilidad acarrearía que las cónyuges de Lavín y Délano también sean formalizadas por el uso indebido de boletas de honorarios ideológicamente falsas.
Pero además de los empresarios, en la investigación se suman ex funcionarios del Servicios de Impuestos Internos, quienes han prestado una decisiva colaboración al fiscal que lleva adelante el caso, Carlos Gajardo, lo que ha permitido ir sumando a otros investigados a la causa, además de ir develando la maraña que terminó con un fraude estimado en 2.706 millones de pesos.
Fuente: Radio Bío Bío
