por Oscar Azócar (*).
A partir del 18 de octubre de 2019, la lucha del pueblo por democracia y justicia social dio un gigantesco salto de calidad al convertirse en movilizaciones y protestas nacionales de millones de chilenos.
En todas las regiones, ciudades y pueblos del país, sin excepción, incluyendo el “barrio alto” de Santiago, miles en las calles han expresado su rabia y malestar contra el modelo neoliberal, reclamando demandas sociales y políticas sin solución durante décadas.
El estallido social de octubre
El detonante de la explosión fue el alza del metro, respondida con la “evasión” de los jóvenes secundarios, que se extendió y escaló rápidamente. Pero también eran las alzas de la electricidad, el gas y otros servicios, y más globalmente, el cierre de empresas, los despidos, los bajos salarios, la precariedad del empleo, la corrupción y los abusos, es decir, las promesas de tiempos mejores incumplidas por Piñera, que sintetizan el rotundo fracaso de su gobierno.
Pero en rigor hay que agregar los incumplimientos de los gobiernos de la Concertación, de cambios democratizadores y reformas económicas y sociales que nunca se llevaron a cabo, gobernando en vez de ello con los herederos de la dictadura y con el propio dictador.
La alegría no llegó, tampoco los tiempos mejores. La esperanza se convirtió en descontento y malestar, en alejamiento y desconfianza de la “clase política”, en descrédito del andamiaje institucional fundado en la Constitución pinochetista, en disminución de la participación social y política ciudadana.
El inédito y multifacético levantamiento popular, entre cuyos símbolos se encuentran la bandera mapuche, las canciones de Víctor Jara y Los Prisioneros, la consigna “Lucha como Gladys”, se ha expresado en caceroleos, concentraciones, marchas, paros nacionales, cicletadas, fogatas y barricadas que cortan el tránsito y las carreteras, actividades artísticas y culturales, velatones y miles de cabildos y asambleas, plebiscitos, instalación de campamentos en lugares céntricos, entre otras manifestaciones.
Su dimensión es solo comparable a las protestas nacionales contra la dictadura, o las multitudinarias concentraciones en ocasión del plebiscito del 88. Explosión popular plena de energía y dinamismo, ya dura 64 días.
Si en momentos parece que su expresión callejera disminuye, no significa que esté agotada ni que el deseo de movilizarse desaparezca. Seguirá latente, y volverá a explotar mientras no haya respuesta real a sus demandas.
La encuesta Cadem de la semana del 9 diciembre indicó que un 59% de los chilenos sigue apoyando la continuidad de las movilizaciones, y que al 68% de los encuestados le preocupa que decaiga la movilización y nada cambie.
Si bien la obcecación del gobierno y el salvataje del sector de “centroizquierda” del partido del orden no han permitido hasta ahora triunfos concretos, se puede apreciar logros en la subjetividad y capacidad del movimiento social y político en lucha, tales como el mayor fortalecimiento y politización del movimiento social, una mayor convicción acerca de sus demandas y decisión de luchar hasta conseguir solución, mayor solidaridad y conciencia colectivas, una nueva rebeldía antineoliberal, una mayor deslegitimación de los partidos sostenedores del régimen y del sistema –aunque queda pendiente como desafío de la izquierda y del sector opositor consecuente una labor pedagógica para distinguirse de la “clase política”-, nuevas formas de organización y de lucha vinculadas a la desobediencia civil y a la autodefensa frente a la represión, un proceso de rearticulación del sector opositor más consecuente.
Naturalmente, los sostenedores del sistema intentan desconocer y neutralizar estos logros. No quieren ver la concatenación y significado de las demandas ciudadanas, tratan de despojar la protesta de su contenido contrario al régimen neoliberal.
El Instituto de Estudios de la Sociedad ha publicado un libro titulado “Primera persona singular. Reflexiones en torno al individualismo”, que entrega una explicación de la crisis social y el malestar ciudadanos vinculada al predominio del individualismo, afirmando que en la marcha nacional de millones del 25 de octubre “cada quien clavó sus propias banderas, sin importar como podrían articularse entre sí las distintas demandas”.
También se repite mucho que en las protestas el pueblo habría dejado atrás la dicotomía política de izquierda y de derecha, y confirmado el fin de las ideologías.
Acervo de luchas y de independencia política
Aunque no se previó la dimensión de las movilizaciones, sí existía conciencia de que la conducta antipopular del gobierno de Piñera podía conducir a una explosión social, y en más de una oportunidad así se planteó públicamente, como se puede ver en las publicaciones del Grupo de Análisis de Coyuntura y Tendencias.
Es importante aclarar que las protestas no nacieron espontáneamente. En su origen existe un acervo acumulado de luchas, un esfuerzo persistente de las fuerzas de izquierda y progresistas, y de las organizaciones sociales de clase, para impulsar la lucha social y política y la oposición consecuente al gobierno de Piñera, hoy, y antes, a los gobiernos de la Concertación.
La consigna “Lucha como Gladys” refleja la valoración popular de la política independiente del PCCh desde los inicios de la salida de la dictadura. Las demandas que hoy reclaman millones de chilenos se instalaron como resultado de las luchas populares en la época de la dictadura y durante los gobiernos de la Concertación, por pensiones justas y No+Afp´s, empleos y salarios dignos, plenos derechos sindicales a los trabajadores, acceso a la educación, salud, vivienda, Nueva Constitución, Verdad y Justicia, entre otras.
La Revolución Pingüina del 2006, y las luchas transversales del 2011 por el derecho a la educación gratuita y de calidad, lograron convocar a millones, e igualmente años después se sucedieron las marchas por el fin de las AFP’s, las movilizaciones de las mujeres en 2018 y 2019, y los paros y protestas nacionales de la CUT y la Mesa de Unidad Social, todas ellas con carácter masivo.
Habida cuenta de las insuficiencias y errores, el esfuerzo del gobierno de Piñera por eliminar los importantes avances en beneficio del pueblo obtenidos por el gobierno de la Nueva Mayoría, inciden también en el descontento y la rabia que dieron paso a esta crisis social y política. Hay que considerar además el quehacer político unitario, que dio origen, primero a la Nueva Mayoría, y luego, cuando se excluyó a los comunistas, al pacto Unidad para los Cambios, que levanta un planteamiento de cambios antineoliberales y por la construcción de la unidad antineoliberal más amplia, sin exclusiones, y que ha entregado total respaldo a las movilizaciones actuales, cuya dinámica está produciendo cambios y reconfiguraciones de las alianzas políticas y sociales, tanto en los partidos y sectores del Frente Amplio como en los de la ex Nueva Mayoría.
La huelga general del 12 de noviembre
Un hito determinante del actual estallido social de millones de chilenos han sido los Paros Nacionales exitosos del 12 y 26 de noviembre, ambos respondiendo a la convocatoria de la Mesa de Unidad Social, en particular de la CUT y las organizaciones de los trabajadores.
El 12 de noviembre se logró paralizar casi totalmente las actividades productivas y de servicios del país, teniendo como base la plataforma del Bloque Sindical de la Unidad Social, que contiene las exigencias de salario mínimo de $500.000 líquido para trabajadores públicos y privados, plenos derechos sindicales y fin de la subcontratación, pensión mínima equivalente al salario mínimo, canasta de servicios básicos protegidos (agua, luz, gas, teléfono, cable, internet), tarifa social de transporte y gratuidad en el pasaje adulto mayor y pasaje estudiantil, eliminación de los TAG, reducción de la Jornada de Trabajo a 40 horas, acceso a la salud, educación y vivienda como derechos sociales, investigación, juicio y castigo de las violaciones de los derechos humanos, nueva Constitución Política vía Asamblea Constituyente.
Esa jornada contribuyó a superar la espontaneidad del movimiento, y a revitalizarlo. En varios lugares, cuando se pensaba que disminuían las movilizaciones, creció la masividad y se incorporaron nuevos sectores, de manera organizada y disciplinada. Paralizaron a lo largo del país el gran comercio; el transporte público urbano, interregional y nacional; la casi totalidad de los puertos; el sistema financiero, los bancos, las AFP´s; Enap, Asmar, sindicatos salmoneros, pescadores artesanales, trabajadores de la construcción; los establecimientos educacionales, profesores, estudiantes, asistentes educacionales; el sector público: la Anef, los gremios de la salud, la Fenpruss, Fenats, Confusam; las ferias libres y persas; los trabajadores municipales y muchos Municipios; los terminales pesqueros; los camioneros de Coca Cola y otros. Se realizaron cortes de calles y de rutas que ayudaron a la paralización, y marchas multitudinarias y concentraciones en todo el país, en la mañana y en la tarde. El paro del 26 de noviembre tuvo un balance parecido.
Crisis social y política con rasgos de situación revolucionaria
La explosión social generó una profunda crisis social y política, con rasgos de una situación revolucionaria. En tiempos turbulentos como éste, “los de abajo” no están dispuestos a seguir siendo gobernados como antes, “los de arriba” no pueden gobernar como antes, y las masas populares se ven compelidas, por los efectos de la crisis y por la ingobernabilidad de las “alturas”, a intensificar su lucha.
Esto último tenderá a agudizarse pues estamos entrando a un periodo de agravamiento de la crisis económica estructural del modelo, con sus secuelas de empeoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares, como lo muestra el Imacec de octubre de -3,4%.
Conviene precisar sin embargo que esta tendencia ya venía cursando antes del estallido social, y por cierto ahora se agrava.
Al inicio del estallido, Piñera declaró la guerra contra el pueblo, sacando los militares a la calle y decretando Estado de Emergencia y toque de queda, reeditando así las violaciones masivas a los derechos humanos practicadas por la dictadura.
La información del Instituto Nacional de Derechos Humanos del 18 de noviembre, dejó un fatídico saldo de 23 muertos, miles de detenidos, 2.391 personas heridas en hospitales, 6 querellas por homicidio contra agentes del Estado, 7 querellas por homicidio frustrado, 66 por violencia sexual, 273 por torturas.
De las 2.391 personas heridas, 1.482 lo fueron por armas de fuego, 1.021 sufrieron heridas por golpes y gases, 222 sufrieron heridas oculares, con pérdida de visión total y parcial, que después se elevaron a 350. Confirman este balance los informes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que señala que hay razones fundadas para establecer que hubo un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos.
El gobierno además, en más de una oportunidad, dio señales de respaldo a la represión contra el pueblo, con sus declaraciones agresivas y las de los mandos policiales, en las que se ratifica que la represión no tendrá cortapisas ni restricciones.
El resultado ha sido el aumento exponencial de detenidos, heridos por balines de carabineros, particularmente con resultado de traumas oculares, tratos abusivos, seguimiento y amedrentamiento a manifestantes.
Con todo, venciendo la represión y el miedo, el pueblo siguió movilizándose, obligando a terminar con el estado de emergencia y el toque de queda.
Para contener la protesta, paralelamente el gobierno cambió ministros, impuso un diálogo ficticio con un sector de la oposición que se presta para respaldar medidas de parche, ha intentado apropiarse de los cabildos en marcha, inaugurando diálogos ciudadanos controlados por los alcaldes y autoridades regionales afines al gobierno.
La jornada del 12 de noviembre hizo muy patente la crisis social y política del modelo y del régimen, tanto es así que desde el gobierno y sectores de la oposición se gestó una gigantesca operación de cooptación y de neutralización de la movilización.
Ya las declaraciones de Piñera de estar “dispuesto a conversarlo todo, incluyendo una reforma a la Constitución”, indicaba la extrema debilidad del gobierno. Así se llegó al Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución del 15 de noviembre.
De otra parte, diversos análisis y declaraciones de personeros políticos evidencian el debilitamiento del gobierno de Piñera, en los que está presente, implícita o explícitamente, el escenario del fin anticipado del periodo presidencial.
El libro del analista de derecha, Hugo Herrera, “Octubre en Chile”, enfatiza el desajuste profundo entre el pueblo y las instituciones, discursos y elites políticas, y señala que a la crisis social y política, “una crisis profunda que no se va a acabar ni en meses ni en años”, se suma una crisis de la figura presidencial.
El 8 de diciembre, Juan Manuel Ossandon advierte que Piñera “todavía no entiende la gravedad del problema”, y que el país “no acepta más parches” como soluciones, refiriéndose a las medidas de la “agenda social” del gobierno.
Ricardo Lagos por su parte, manifestando su preocupación por la situación, dijo que no se trataba de una crisis del gobierno de Piñera, sino una crisis del Estado chileno. El Estado neoliberal, puntualizamos.
Extremando la defensa de Piñera declaró:
“Hay un déficit de sectores de la izquierda … (léase comunistas y otros parecidos) … que no han sido claros con el respeto a la democracia y los derechos humanos (…) de declararse en contra de la violencia”, y al mismo tiempo, contradiciendo todos los informes de distintos organismos, le puso total fianza al gobierno diciendo que no hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
En respuesta al reclamo de Orlando Saenz y otros políticos de derecha de que “alguien ponga orden”, Luis Eduardo Escobar (El Mostrador, 7 de diciembre) plantea que la solución es el dialogo con quienes se movilizan y la solución de sus demandas.
Escobar agrega que “desde tiempos inmemoriales, en ninguna parte del mundo se ha podido mantener un gobierno en pie indefinidamente en contra de la opinión mayoritaria de los gobernados, tarde o temprano, por las buenas o por las malas, esos gobernantes y sus gobiernos caen”. “En esa situación, agrega, pensadores como Platón y Santo Tomás de Aquino han justificado la rebelión legítima”.
Ahora bien, siguiendo con la definición de situación revolucionaria, para que se produzcan cambios de fondo se requiere que existan condiciones subjetivas además de las objetivas, es decir, mayor capacidad y decisión de lucha de los sectores populares, lo cual en todo caso ha existido en abundancia, y también se precisa de partidos políticos decididos a conducir de manera consecuente la lucha del pueblo tras la solución de sus demandas, y eso sí falta rearticular, además del sector opositor que sigue colaborando con el gobierno.
El peso del apoliticismo en el movimiento también se transforma en un gran instrumento de la derecha y de los sectores opositores gatopardistas para neutralizar la lucha. Ayudan a ello ciertas expresiones inorgánicas de violencia y vandalismo en el movimiento, en que participan grupos marginados por el modelo.
Hay pruebas de que muchos saqueos e incendios fueron provocados o estimulados, por acción u omisión de las fuerzas policiales y militares, primero para crear el clima que permitiera decretar el Estado de Emergencia y el toque de queda, y después para justificar la mantención de la represión y desvirtuar y dividir el movimiento exacerbando la condena a los actos de violencia.
Ha sido público que el concejal Chahuán de Renovación Nacional de La Calera era organizador de saqueos, por lo cual fue detenido.
Influencias recíprocas en América Latina
La explosión social en Chile es parte de una oleada de luchas contra el modelo neoliberal a nivel mundial, y de un nuevo flujo progresista del combate de los pueblos latinoamericanos, que hoy propinan derrotas a los gobiernos de derecha del continente y al intervencionismo del gobierno de Estados Unidos.
La agresiva injerencia del gobierno estadounidense la ilustra el Secretario de Estado Mike Pompeo, quien declaró que su gobierno ayudará a los gobiernos latinoamericanos enfrentados a protestas sociales, para que éstas no sean secuestradas por Cuba y Venezuela y se conviertan en revueltas populares. Piñera tomó debida nota y en una entrevista en el diario español El País señaló que ha recibido mucha información, alguna de origen externo, que afirma que hubo intervención de gobiernos extranjeros en la revuelta social en Chile.
En el combate de los pueblos latinoamericanos se manifiestan influencias mutuas y recíprocas. Las luchas en los demás países influyen en Chile, y a su vez, las movilizaciones en nuestro país han ejercido y ejercen influencia en otros países.
En Ecuador se produjo un levantamiento popular, entre cuyas consignas se coreaba “El pueblo unido jamás será vencido”, y después de más de una semana de protestas contra el paquetazo económico impuesto por el FMI y aplicado por el gobierno de Lenin Moreno, que incluyó término de subsidio a combustible y alza de precios, reforma laboral, retiro de 1 día de salario y 15 días de vacaciones, la lucha del pueblo consiguió finalmente derrotar el paquetazo.
En México se produjo la asunción de AMLO a la presidencia de México, lo cual ha significado un giro de la política nacional e internacional de ese país.
En Argentina, las elecciones ratificaron la elección en primera vuelta de la dupla Fernandez-Fernandez, y se ha producido el cambio de gobierno. En Brasil se conquistó la libertad para Lula. En las últimas elecciones en Colombia se produjo un avance del progresismo y un retroceso del uribismo, y recientemente se ha llevado a cabo un Paro Nacional y protestas populares que se prolongan hasta hoy.
Como no hay movimiento rectilíneo, también se produjo un golpe de estado que derrocó al gobierno de Evo Morales en Bolivia, después que había sido reelegido en primera vuelta, y en Uruguay fue derrotado el Frente Amplio, aunque por un muy estrecho margen.
Un movimiento en disputa
Las fuerzas progresistas y de izquierda y la Mesa de Unidad Social han respaldado la movilización y la protesta pacíficas, llamando a integrarse y fortalecer las organizaciones sociales que -según las encuestas- concitan un importante nivel de confianza en medio del descrédito generalizado de las instituciones.
Han convocado también a realizar cabildos populares que abran paso a una Asamblea Constituyente para una Nueva Constitución, a luchar por el fin de las violaciones a los derechos humanos, a combatir la desinformación y las noticias falsas y rumores propalados por derecha a través de las redes sociales.
La derecha alega que en las protestas no hay presencia de partidos políticos ni de ideologías, sin embargo se han negado sistemáticamente a escuchar a las organizaciones sociales, buena parte de las cuales están agrupadas en la Mesa de Unidad Social, instancia de coordinación de la CUT y otras organizaciones sindicales y sociales.
Recién el 28 de noviembre, dos días después del segundo Paro Nacional, el Ministro del Interior se reunió con la Mesa de Unidad Social, y allí las organizaciones de trabajadores reiteraron sus demandas y propuestas, exigiendo respuestas y soluciones que hasta hoy no se entregan.
En medio de la lucha, los cabildos, asambleas y conversatorios entre los manifestantes ayudan a recuperar las identidades colectivas y a formar conciencia de la necesidad de la unidad del movimiento social con los partidos políticos de izquierda y progresistas, pues solo así se podrá cambiar las actuales relaciones de poder, y avanzar en la derrota del apoliticismo y el anticomunismo que la derecha y la socialdemocracia, con la ayuda de sectores “ultristas”, se esfuerzan en mantener como instrumento de hegemonía.
Es sabido que un grupo de diputados derechistas intentó recurrir al Tribunal Constitucional para que cesen en sus cargos parlamentarios del PC y del FA, por “incitar a la alteración del orden público”.
En la crónica del diario El Mercurio del 1º de diciembre, titulada “En la antesala del XXVI Congreso del conglomerado: lo que busca el Partido Comunista tras el estallido social”, se critica, citando la discusión del Comité Central del Partido del 13 de octubre, el respaldo a las movilizaciones, la petición de renuncia de Piñera, el apoyo a la Mesa de Unidad Social, la actitud de “estar con un pie en la calle y otro en la institucionalidad”, y el rechazo al Acuerdo por la Paz Social y una Nueva Constitución.
Aunque todo ello en esencia es cierto, la conclusión que se quiere instalar es que los comunistas respaldan la violencia y están contra el diálogo y los acuerdos.
La salida a la crisis exige del gobierno poner fin a la represión y a las violaciones a los derechos humanos. Ese es el marco que legitima el deber político y ético de la oposición, de acusar constitucionalmente al el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, y a Piñera.
El Presidente de la República es el responsable político de sobrepasar las atribuciones que le concede la Constitución al decretar estado de emergencia y toque de queda, desencadenando hasta hoy la brutal violación de los derechos humanos. Al mismo tiempo, la acusación interpreta la exigencia mayoritaria de renuncia de Piñera que comparten los millones de chilenos que protestan.
Para una información más detallada de la argumentación jurídica y política presente en el documento acusatorio léase la intervención del diputado comunista Boris Barrera en el Congreso.
La aprobación de la acusación a Chadwick en la Cámara de Diputados, se transformó en una victoria del movimiento. A juicio de algunos, fue una “ofrenda” del “partido del orden” entregar a uno de los propios para proteger un bien mayor, en este caso a Piñera.
La acusación constitucional contra Piñera fue rechazada, aunque por estrecho margen: 79 a 73 votos, resultando decisivos los 8 votos de diputados de oposición que rechazaron la acusación: Manuel Matta, Matías Walker, Miguel Angel Calisto, Jorge Sabag, de la DC, Fernando Meza y Carlos Jarpa del PR, y los independientes Pepe Auth y René Alinco.
El llamado “partido del orden” -cofradía transversal de la elite de derecha y “centroizquierda”- se jugó entero para rechazar la acusación, advirtiendo que en caso de ser aprobada había un riesgo para la estabilidad del Estado de derecho, y un eventual quiebre democrático.
José Miguel Insulza señaló que “una salida prematura del presidente de la República (…) significaría una situación muy grave (…) que podría desencadenar situaciones mucho más complejas”.
Parecidos fueron los argumentos de José Antonio Viera-Gallo, Jorge Burgos, Gutenberg Martinez, Eugenio Tironi y otros.
Estos dichos insinuaron nuevamente que podría desencadenarse un golpe de estado, tal como se planteó en vísperas del Acuerdo de Paz Social y Nueva Constitución; pero al mismo tiempo las especulaciones anticomunistas de la derecha y del propio Piñera, de Lagos y otros próceres del partido del orden, de que la acusación era obra del PC -lo cual enaltece al PC pues se trató de 73 votos contra 79-, evidencian una vez más, como a mediados de los 80, el temor visceral a una salida real a la crisis, con participación del pueblo.
Como parte de las movilizaciones y protestas, y a propuesta de un grupo de alcaldes y concejales progresistas, la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) resolvió realizar el 15 de diciembre una consulta nacional acerca de las demandas sociales y el proceso constituyente, con el respaldo de la Mesa Nacional de Unidad Social.
La consulta será una oportunidad para movilizarse y pronunciarse por las demandas sociales, incluyendo Nueva Constitución y Asamblea Constituyente. De unas 200 comunas participantes en la consulta, más de 30 incorporan la pregunta sobre Asamblea Constituyente, así es que allí se verá el peso que tiene la demanda de Nueva Constitución vía Asamblea Constituyente.
Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución
Al ganar Piñera las elecciones, el sector derechista de la ex Nueva Mayoría se ha esforzado en colaborar con el gobierno y en aislar al PCCh.
De un día para otro, el PS, PPD y PR, excluyeron a los comunistas de la coordinación para rearticular la oposición, lo cual fue una de las razones de la constitución del pacto político-electoral Unidad para los Cambios, de conjunto con el PRO y la Federación Regionalista Verde Social.
Se constituyó también en agosto de este año la Mesa de Unidad Social, con la participación de la CUT, la Coordinadora No + AFP´s, el Colegio de Profesores, la Confusam, y un centenar de otras organizaciones sindicales y sociales, en torno a la lucha por sentidas demandas sociales, convocando a la jornada de movilización del 5 de septiembre.
Cuando se inició el estallido social se acrecentó la tendencia de algunos partidos de la ex Concertación, a dialogar con Piñera y validarlo. Fueron a La Moneda cuando Piñera los invitó, pero la justa actitud de los comunistas de rechazar el apoyo al gobierno, incidió para que se sumaran otros sectores a esta posición.
El éxito del Paro del 12 de noviembre agudizó el aislamiento y la debilidad del gobierno, y confirmó la fuerza de las demandas populares, incluyendo Nueva Constitución y Asamblea Constituyente. Aceleró al mismo tiempo los intentos del gobierno y la derecha para llegar a un acuerdo con la oposición, sin tomar en cuenta la opinión del movimiento social ni del PCCh.
A esas alturas, todos los partidos opositores habían rechazado públicamente la idea de Piñera de Congreso Constituyente, y se habían pronunciado por plebiscito, Nueva Constitución y Asamblea Constituyente.
Pero los días 13 y 14, se fraguó un acuerdo entre cuatro paredes, que excluyó explícitamente a los comunistas, y tampoco consideró ni pidió la opinión de la Mesa de Unidad Social.
Paralelamente, la derecha enfatizó mediáticamente la “condena a la violencia”, chantajeó públicamente con reponer el Estado de Emergencia y la vuelta de los militares a las calles, con un telón de fondo de declaraciones de Piñera en La Moneda después de reuniones previas con el Ministro de Defensa.
Algunas figuras políticas avalaron públicamente las amenazas. Tanto es así que en una declaración del PCCh se exigió aclarar “si la premura y la restricción de participación social y política con la que llegaron a acuerdo, estuvo mediatizada o no, por una supuesta amenaza militar.
En otras palabras, si la disyuntiva a la Paz era una intervención militar o un nuevo estado de excepción establecido por el gobierno, incluyendo el Estado de Sitio. De ser así, se trataría de una grave coacción al derecho a opinión, a la participación y una afrenta a la democracia”.
En la madrugada del 15 se dio a conocer el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, gestado literalmente entre gallos y medianoche, y que firmaron Renovación Nacional, la UDI, Partido Liberal, Evopoli, PDC, PR, PS, PPD, RD, Comunes y Gabriel Boric. En este último caso, la firma fue a título personal, en medio de agudas tensiones que culminaron después de la firma del acuerdo en la renuncia de decenas de dirigentes de Convergencia Social.
No firmaron el acuerdo el PCCh, PH, FRVS, Pro, Convergencia Social.
El documento declaró el compromiso de restablecer la paz y el orden público, y el total respeto de los derechos humanos, pero no señaló ninguna medida concreta para poner fin a las violaciones a los derechos humanos. Plantea la realización de un plebiscito en abril del año próximo, lo cual revela la intención de que pase un tiempo para dejar atrás la movilización.
El plebiscito de entrada, que no sería con voto obligatorio, preguntaría si se está de acuerdo o no con una nueva Constitución, y si ésta debe ser redactada por una Convención Constitucional, concepto que reemplaza el de Asamblea Constituyente, o una Convención Mixta Constitucional, con parlamentarios y delegados elegidos.
Nada se dice de la participación del mundo social, cuya movilización dio origen a este eventual avance, ni de elegir sus representantes, ni de privilegiar la participación de los pueblos originarios o las mujeres.
Solo se elegirían delegados de partidos políticos, de acuerdo al mismo sistema de elección de diputados. Una Comisión Técnica, paritaria entre gobierno y oposición y designada por los partidos que suscriben el acuerdo, determinaría los aspectos relativos a la materialización de lo antes señalado. El o los proyectos de reforma constitucional y o legal serán sometidos a la aprobación del Congreso Nacional como un todo.
Y lo más grave de todo es que los acuerdos sobre los contenidos de la nueva Constitución se deberán tomar por una mayoría de 2/3, lo que impone nuevamente el añejo y conocido veto antidemocrático de la derecha, la cual a pesar de haber firmado este acuerdo para una nueva Constitución, ya anunció a través de la presidenta de la UDI y de José Antonio Kast, que hará campaña por el NO a una nueva Constitución, planteamiento que se ha repetido posteriormente.
La opinión de Felipe Portales
Para Felipe Portales (columna “La profunda derechización de la Concertación”, El Mostrador, 8 de diciembre de 2019), la aceptación del veto de la derecha por parte de la Concertación a través del quórum de los 2/3 para aprobar una nueva Constitución es continuidad del profundo proceso de derechización experimentado por la dirección de ese conglomerado desde fines de los 80. Como lo reconoció Edgardo Boeninger en 1997 (“Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad”. Edit. Andrés Bello, Santiago), la dirección concertacionista experimentó a fines de los 80 una convergencia con el pensamiento económico de la derecha, “convergencia que políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer” (ídem).
Ello explica lo insólito de querer tener minoría parlamentaria en vez de mayoría.
Portales cita diversas declaraciones de dirigentes de la Concertación y de la derecha para refrendar sus palabras. Eugenio Tironi escribió en 1999 que “la sociedad de individuos, donde las personas entienden que el interés colectivo no es más que la resultante de la maximización de los intereses individuales, ya ha tomado cuerpo en las conductas cotidianas de los chilenos de todas las clases sociales y de todas las ideologías. Nada de esto lo va a revertir en el corto plazo ningún gobierno, líder o partido (…) las transformaciones que han tenido lugar en la sociedad chilena de los 90 no podrían explicarse sin las reformas de corte liberalizador de los años 70 y 80 (…) Chile aprendió hace pocas décadas que no podía seguir intentando remedar un modelo económico que lo dejaba al margen de las tendencias mundiales. El cambio fue doloroso, pero era inevitable. Quienes lo diseñaron y emprendieron mostraron visión y liderazgo” (La irrupción de las masas y el malestar de las élites. Chile en el cambio de Siglo; Edit. Grijalbo, Santiago, 1999; pp. 36, 62 y 162).
Por su parte, Alejandro Foxley expresó en una entrevista en 2000 que “Pinochet realizó una transformación, sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo. Tuvo el mérito de anticiparse al proceso de globalización que ocurrió una década después, al cual están tratando de encaramarse todos los países del mundo. Hay que reconocer su capacidad visionaria y la del equipo de economistas que entró en ese gobierno el año 73, con Sergio de Castro a la cabeza, en forma modesta y en cargos secundarios, pero que fueron capaces de persuadir a un gobierno militar (…) de que había que abrir la economía al mundo, descentralizar, desregular, etc. Esa es una contribución histórica que va perdurar por muchas décadas en Chile (…) que ha terminado siendo aceptada prácticamente por todos los sectores. Además, ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos, para bien, no para mal. Eso es lo que yo creo y eso sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar. Su drama personal es que, por las crueldades que se cometieron en materia de derechos humanos en ese período, esa contribución a la historia ha estado permanentemente ensombrecida” (Cosas; 5-5-2000).
Al mismo tiempo, los personeros de la derecha no pueden ocultar su regocijo con estos reconocimientos. El entonces presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Hernán Somerville, señaló a fines de 2005 que a Ricardo Lagos “mis empresarios todos lo aman, tanto en APEC (Foro de Cooperación de Asia Pacífico) como acá (en Chile), porque realmente le tienen una tremenda admiración por su nivel intelectual superior y porque, además, se ve ampliamente favorecido por un país al que todo el mundo percibe como modelo” (La Segunda; 14-10-2005).
A su vez, el destacado empresario y economista, César Barros, sostuvo el día final del gobierno de Lagos que “Un grupo de amigos empresarios que denominaban a Don Ricardo «El Príncipe» -tanto por aquello de Maquiavelo como por ser el primer ciudadano de la República- han optado en llamarlo, de ahora en adelante «el Zar de todos los Chiles’ (…) Antes de este gobierno, los empresarios repetían el padrenuestro del rol subsidiario del Estado. Y por lo tanto, un príncipe socialista solo podría hacernos daño. Pero el hombre, trabajando con cuidado y con inteligencia, los convenció de que estaba siendo el mejor Presidente de derecha de todos los tiempos y el temor y la desconfianza se transformaron en respeto y admiración” (La Tercera; 11-3-2006).
Pero el reconocimiento más relevante y universal fue el que le hizo el número 2 -luego de Milton Friedman- de la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago, Arnold Harberger, quien en 2007 señaló “estuve en Colombia el verano pasado participando en una conferencia y quien habló inmediatamente antes de mí fue el ex presidente, Ricardo Lagos. Su discurso podría haber sido presentado por un profesor de economía del gran período de la Universidad de Chicago. El es economista y explicó las cosas con nuestras mismas palabras. El hecho de que partidos políticos de izquierda hayan abrazado las lecciones de la buena ciencia económica, es una bendición para el mundo” (El País, España; 14-3-2007).
Portales asume en su columna que si la aceptación del veto de la derecha para impedir una Constitución que refleje la opinión mayoritaria de los chilenos en orden a sustituir el modelo de sociedad legado por la dictadura, va unida a una total carencia de autocrítica por haber consolidado dicho modelo, no podemos más que concluir que la profunda derechización del liderazgo de la ex Concertación continúa plenamente vigente y que puede perfectamente continuar, con la política de los “consensos” que le permitieron consolidar el “modelo chileno”.
Y con la misma lógica con que le regaló a la derecha, en 1989, la mayoría parlamentaria, hoy, en 2019, se apresta a regalarle el poder de veto en la elaboración de una ¿nueva? Constitución.
¿Hacia donde van las cosas?
En el contexto del estallido social han aparecido diversos análisis acerca de la coyuntura, algunos de los cuales ya han sido citados. También se encuentra el de Orlando Saenz, presidente de la Sofofa entre 1971 y 1974, protagonista de la conspiración golpista contra el gobierno de la Unidad Popular desde su cercanía con Patria y Libertad (en su libro “Testigo privilegiado”, 2016, relata su participación en la conspiración golpista), asesor económico de Pinochet hasta 1974, adherente del NO en 1988, después candidato a senador independiente dentro de la Concertación.
Saenz considera (columna “Hacia la dictadura”, El Libero, 8 de noviembre) que el gobierno de Piñera hoy sobrevive debilitado, con escaso apoyo político, y “casi carente de un liderazgo enérgico”, resistiendo y ganando tiempo para recuperarse. Para ello debe corregir las causas de la crisis y “desmantelar los grupos organizados que la detonaron”, pero si se ignoran las aspiraciones populares y “se deja incólumes a los grupos organizados que la utilizaron para sus propios fines”, la crisis reaparecerá.
La forma que adopte la movilización de la “mayoría silenciosa” y la articulación de un polo democrático que supere el actual ordenamiento izquierda–derecha u oficialismo–oposición, serán determinantes en el desenlace de la asonada, el peligro será la imposibilidad para cumplir con las demandas.
Su pronóstico de largo plazo es el avance hacia una dictadura, pero “eliminado el factor militar como solución, no existe una institución que sea capaz hoy día de mostrar una capacidad de crear un gobierno autoritario mínimamente estable (…) probablemente eso emerja después de un gran conflicto social, de un gran quiebre social, de algo muy parecido a una guerra civil”.
Tal escenario parece ajustarse a la conducta actual del gobierno, incluyendo la tesis de la asonada de Pompeo, adoptada por Piñera. De acuerdo a ello, no hay condiciones ahora para un régimen autoritario, pero se puede trabajar en crear las condiciones.
Vinculado con ello, mientras cursa la operación de salvataje del gobierno por parte de sectores opositores gatopardistas, las movilizaciones prosiguen, con un respaldo mayoritario según las encuestas, y seguramente continuarán, quizá con periodos de pausa y latencia, mientras Piñera se empeñe en no dar solución real a las demandas.
En ese sentido, los partidos PC, FRVS, PRO, Igualdad y PH, presentaron el “Acuerdo Soberano: Chile decide”, una propuesta de 7 puntos que tiene como base la plataforma del Bloque Sindical de la MUS, que contempla entre otras medidas el fin a las violaciones a los derechos humanos, un salario mínimo de $510.000, pensión mínima equivalente y fin de las AFP´s, eliminación de los créditos CAE, una ley de rentas regionales y Nueva Constitución.
Igualmente, la Mesa de Unidad Social ha propuesto una ruta para la Nueva Constitución vía Asamblea Constituyente y con plebiscito para disensos, una Asamblea con 244 constituyentes, la inclusión de listas de independientes, voto obligatorio desde los 14 años, paridad de género y un 15% de escaños reservados para pueblos originarios o afrodescendenientes.
Después del Paro Nacional del 26 de noviembre, cuyo balance fue parecido al del 12 de noviembre, una vez más los sectores concertacionistas acudieron al salvataje del gobierno. En sendas declaraciones llamando a la paz social y a terminar con la violencia, un grupo de dirigentes del PS y un grupo de ex ministros del PDC se colocaron del lado del gobierno, sin decir una palabra acerca de las demandas de los millones de chilenos movilizados.
Estos planteamientos hacen recordar, incluso hasta por la presencia de varios de los participantes, las maniobras de distinto tipo que entre 1998 y 2000 realizó el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y varios de los ya mencionados miembros del “partido del orden”, para salvar de la detención y juicio en Europa al dictador Pinochet.
El acuerdo del 15 de noviembre tiende a desmoronarse. A la funa a Beatriz Sanchez en la Plaza Italia, se suma la realizada a José Miguel Insulza en Arica, en este último caso con la participación de sectores del Partido Socialista.
Crecen las renuncias de militantes y dirigentes de Convergencia Socialista; se retiró del Frente Amplio el Partido Ecologista, y lo ha seguido el Partido Humanista después de un plebiscito en que la mayoría respaldó el retiro del Frente Amplio, mientras Comunes discute si se queda o se retira.
En los partidos de la ex Concertación también se mueven las cosas, como lo muestra la carta abierta a sus correligionarios de José Antonio Gomez, ex presidente del Partido Radical, rechazando la conducta de apoyo de ese partido al gobierno de Piñera.
Las declaraciones de Allamand señalando que si no se aprueba por 2/3 el texto de nueva Constitución en el Congreso, la Convención fracasa y sigue vigente la actual Constitución, no ha hecho más que agudizar los conflictos entre los partidarios del acuerdo.
Se agrega la declaración de José Antonio Kast manifestando que el acuerdo por la paz social y nueva constitución tiene “una base ilegítima” porque partió “de la violencia extrema”, y que van a disputar voto a voto la posición de rechazo.
¿Cuales son los desafíos del momento?
1.- Si algún avance democrático se ha obtenido, es gracias a la movilización de millones de chilenos. Por ende, el primero y principal desafío es ser capaces de nuevas ofensivas de movilización popular, que sean el marco de fondo de la etapa nueva que se inicia, buscando al mismo tiempo delinear los objetivos y la perspectiva estratégica de las movilizaciones.
2.- Es imprescindible instalar con fuerza la plataforma de demandas sociales del movimiento, y exigir su solución, contrarrestando la campaña mediática dirigida a instalar la idea que no es mucho lo que se podrá resolver dada la difícil situación económica.
3.- Es imperativo elevar la lucha por poner fin de la represión, y en ese sentido, después del rechazo a la acusación constitucional contra Piñera, corresponde apoyar las querellas criminales contra Piñera, primer responsable de la represión contra el pueblo.
4.- Participar del plebiscito de abril y ganarlo. La realización de cabildos, asambleas y otras instancias de conversación y reflexión, sin cejar en la movilización, deben ayudar a elevar la conciencia de clase y política de los chilenos, para recuperar identidades colectivas, y desarrollar la unidad del movimiento social con los partidos políticos de izquierda y progresistas dispuestos a luchar por la salida avanzada a la crisis.
5.- Desarrollar una gran ofensiva de masas, pedagógica y mediática, en las redes sociales y en todos los ámbitos, luchando por la participación del movimiento social, por cambiar el quórum de 2/3, y levantando los contenidos principales que debe tener la Nueva Constitución.
Hay que tener presente que, aunque la lucha del movimiento social ha obtenido algunos avances, el acuerdo derecha-Concertación-y otros, encierra la lucha del movimiento social dentro de la actual institucionalidad, y solo habrá avances democráticos y de justicia social y dignidad a través de la movilización que logre romper esos cerrojos. En ese esfuerzo iremos construyendo la unidad opositora consecuente, social y política, indispensable para conducir la próxima etapa.
El acuerdo del 15 de noviembre busca un cambio controlado y acotado de la constitución, fijando un itinerario y reglas para que los poderes «constituidos» de la Constitución Pinochet-Lagos sean árbitros en última instancia del poder constituyente.
La Consulta Municipal estaba más o menos alineada con la estructura del acuerdo. En algunas comunas de derecha, la consulta se quedó detrás del acuerdo, mientras que en otras, como Recoleta, fue más allá, incorporando explícitamente la opción de Asamblea Constituyente Soberana.
La táctica -aunque esté concepto no esté de moda ante el culto romántico al espontaneísmo y a la inspiración instintiva de las masas- sugiere partir de la constatación del siguiente nudo: si en el plebiscito de abril gana la opción «No», perdemos, mientras que si gana la opción «Sí» no necesariamente ganamos. Todo dependerá de que la lucha de masas sea capaz de ir MAS ALLÁ del acuerdo e imponga en los hechos una Asamblea Soberana por alguna de dos vías:
a) en un escenario de correlación de fuerzas empatadas en la Convención -o sea que la derecha tenga su tercio para imponer quórum de 2/3- la movilización callejera debe presionar para obligarla a limitar el uso de ese veto.
Incluso, en la eventualidad de que la «nueva» constitución sea más bien una reencarnación de la antigua y deba rechazarse, la movilización debe pasar por encima del reglamento de la comisión técnica y evitar que continúe la constitución de 1980, poniendo por delante el mandato popular de generar una nueva constitución.
b) hay que buscar como objetivo político que i) la derecha no alcance un tercio de los constituyentes y ii) que una lista mixta izquierda/dirigentes populares independientes logre sobre un tercio de los constituyentes, buscando incluso la mayoría.
Esto dependerá de que la lucha de masas previa, desde hoy hasta octubre, logre aislar a los partidos neoliberales y pueda expresarse en una coalición político-social nueva
(*) Sociólogo; integrante del Grupo de Análisis de Coyuntura y Tendencias.
