Desde esta mañana la Sala del Senado se aboca a discutir el proyecto, en segundo trámite constitucional, que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado. Durante la primera parte, el debate estuvo centrado en aspectos reglamentarios por diferencias surgidas para la consideración de normas como orgánicas constitucionales y aquellas que no, e hicieron uso de la palabra los senadores Andrés Allamand, Andrés Zaldívar, Alberto Espina, Hernán Larraín y la Ministra Ximena Rincón.
Tras reunión de Comités, se acordó por unanimidad que el proyecto se discutirá en general y se sancionará en una sola votación, respetando el quorum orgánico constitucional, es decir, 22 senadores.
En la sesión extraordinaria argumentaron su postura los senadores Fulvio Rossi, Ignacio Walker, Andrés Allamand, Ena Von Baer y Jaime Quintana.
En lo fundamental el proyecto de ley persigue, según se señala en sus fundamentos:
– Avanzar en terminar con las desigualdades estructurales del sistema educativo, a fin de que el Estado de Chile garantice a toda su población el derecho a una educación de calidad.
– Para ello la iniciativa se sustenta en tres ejes que consisten en el fin al lucro en establecimientos que reciben recursos públicos, el término de la selección escolar y la derogación del sistema de financiamiento compartido, aspectos que apuntan a dar un marco sustentable que permita avanzar en asegurar el derecho a una educación de calidad, reducir las desigualdades y garantizar, de manera efectiva, la libertad de los padres, madres y apoderados para elegir la educación de sus hijos e hijas, impidiendo la existencia de barreras económicas o de otro tipo para la educación de ellos.
– En definitiva, puntualiza el Mensaje, se busca avanzar hacia un cambio en el paradigma de la educación, a fin de reconocerla como un derecho social fundamental, poseedora de un valor público y republicano innegable, y que por tanto debe ser garantizada por el Estado asegurando su provisión gratuita en el contexto de un sistema mixto.
Debate
El senador Rossi en su calidad de presidente de la Comisión de Educación, realizó un detallado informe sobre la norma y destacó el número de audiencias de los diversos actores relacionados; en tanto, al argumentar su voto reforzó que es «imprescindible hacer esta reforma, porque tenemos un serio problema de calidad» y criticó que en el actual sistema el aprendizaje de un niño está determinado «por la herencia de cuna» y las escuelas son «tremendamente homogéneas». El legislador llamó a erradicar «la educación como un bien de consumo».
En la misma línea, el senador Ignacio Walker destacó las 56 personas e instituciones que aportaron al debate. «He confirmado que los objetivos, fundamentos y justificaciones de este proyecto han quedado acreditados, razón por la cual voy a votar a favor», sentenció; no obstante, adelantó que durante la discusión en particular «hay mucho paño por cortar y tenemos confianza en que las indicaciones que tiene que presentar el Ejecutivo recogerá muchas de las sugerencias que hemos hecho en la Cámara y en el Senado».
Posición contraria hizo presente el senado Allamand, quien criticó fuertemente algunas declaraciones realizadas por el Ministro de Educación y manifestó que varios expositores dejaron constancia que la norma obliga a optar entre la opinión de los padres y el interés general, es decir, «una completamente falsa disyuntiva y este proyecto trata de ir contra la voluntad de padres de clase media (…) este es el verdadero telón de fondo de una propuesta prisionera de la ideología y de la arrogancia (…) y afecta al corazón de la libertad de enseñanza».
Asimismo, la senadora Von Baer recalcó que «si no mejora la calidad, no se ocupa de la educación pública, entonces ¿cuál es la lógica de esta reforma? es de ideología de izquierda y busca que predomine el Estado en la educación, ahogando al sector particular subvencionado». Además, reprochó que el copago terminará en 2034, «por lo que la educación gratuita no va a ser realidad». La precisó, además, que la educación cuesta entre 150 mil y 200 mil pesos, y que el aporte llegaría solo a los 90 mil, «los expertos dicen que con esto no se logrará calidad».
Por su parte, el senador Quintana acentuó las más de 70 horas de discusión en general que hubo en la Comisión y aseguró que “los padres velan por el interés de sus hijos y el interés general es responsabilidad del legislador”. «El propio académico Fontaine insiste en que el lucro solo ha generado dificultades a la educación en Chile», señaló; en otro orden aportó que según datos del SII son unos 400 millones de dólares al año «las utilidades de uno de los grandes grupos económicos del país y cabe precisar que la subvención general no rinde cuenta, porque no es tributable»
