Este jueves iniciará el trámite legislativo de la Reforma Constitucional que crea un impuesto del 2,5% para los más ricos del país, medida que permitiría recaudar unos 6.500 millones de dólares para atender necesidades sociales durante la pandemia.
A través de una citación oficial por parte la Comisión de Constitución de la Cámara -presidida por el diputado Matías Walker- se informó que este jueves 23 de julio se iniciará oficialmente el trámite del proyecto de Reforma Constitucional que crea un tributo de emergencia para enfrentar los efectos del COVID 19.
La jefa de la bancada comunista, diputada Camila Vallejo, valoró la decisión de poner en tabla el proyecto, pues se trata de una medida urgente y necesaria para enfrentar la difícil situación económica que atraviesan millones de familias en todo Chile:
“Este jueves comenzará discusión de Impuesto a los Súper Ricos. El gobierno y los que decien defender la progresividad tributaria ¿seguirán oponiéndose a cobrar un impuesto patrimonial a los súper multimillonarios de Chile para ir en ayuda de nuestro pueblo?”. .
Por su parte, la diputada Karol Cariola, explicó:
“La modificación que se hace a la Constitución es un artículo transitorio, y por ende, una vez aplicado este impuesto deja de tener efectos. Es una medida concreta de coyuntura para poder ayudar a financiar las necesidades de las personas que no le han llegado los beneficios del gobierno”.
El diputado Daniel Núñez, presidente de la Comisión de Hacienda, agregó:
“La aplicación de este nuevo impuesto, como es obvio debe ser realizado por el SII y para ello recurrir a las facultades que la Ley Tributaria le entrega a dicho servicio, en particular las normas que contempla la cláusula anti-alusión”.
La moción parlamentaria -presentada por la bancada comunista en conjunto a representantes de las bancadas de oposición- establece un impuesto transitorio, equivalente al 2,5% del patrimonio de las personas más ricas del país, que detenten un patrimonio igual o superior a US$ 22 millones, alrededor de 1.900, con el objeto de allegar mayores recursos para enfrentar la crisis económica y social que se vive con ocasión de la pandemia.
El pago permitiría recaudar entre 6.000 y 6.500 millones de dólares para financiar una renta familiar de emergencia, y significaría en concreto un beneficio de 369 mil pesos para familias de tres personas, llegando al 80% de los hogares más vulnerables por tres meses.
La iniciativa se impulsa mediante un cambio a la Constitución porque las modificaciones tributarias son una atribución exclusiva del Presidente de la República de acuerdo a la ley.
Esta discusión es la misma que genera el proyecto de retiro del 10 por ciento de ahorro de las AFP, y sus críticos la consideran «un resquicio».
El diputado Raúl Soto (PPD), manifestó:
«Se trataría de un avance en justicia tributaria y en impuestos progresivos, de manera que los más ricos del país contribuyan proporcionalmente más al desarrollo de nuestra nación, y permitan que con esos recursos también el Fisco recaude más para redistribuirlos a través de políticas sociales».
El ministro de Economía, Lucas Palacios, dijo que el gobierno está abierto a discutir la medida, pero inmediatamente retrocedió a las consabidas gansadas neoliberales:
«Alternativas como esta deben estar bien diseñadas, ya que subir impuestos daña la inversión y la consiguiente creación de plazas laborales.Los temas de impuestos son complejos porque afectan a veces la inversión, la creación de empleo, la creación de riquezas, que es algo que necesitamos en nuestro país, así que hay que estar abierto a esas discusiones, pero estudiar muy a fondo cuál es el impacto que tiene».
Agregó:
«No nos cerramos a ninguna alternativa, pero sí nos interesa que sean bien estudiadas, que sean bien profundas y no generen impactos negativos en ese objetivo».
