viernes, junio 21, 2024
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La Escalada de Piñera Hacia el Estado de Seguridad Policial

Después de la línea que bajó Piñera en el programa Estado Nacional, en el sentido de enfrentar la protesta social sobre la exclusiva base de la represión policial, Fuerzas Especiales de Carabineros han desplegado nuevas tácticas para enfrentar a los manifestantes, consistentes en detenciones masivas de integrantes de la primera línea, tanto en Santiago como en regiones, y uso de tecnología´para imputarlos.

Así, del método del “copamiento” pasaron a las “encerronas”.

Esto consiste en atacar desde varios frentes a los manifestantes, de modo de envolverlos y hacerlos retroceder hacia calles y espacios aledaños, en una especie de operación rastrillo, donde los espera un ntrido contingente policial.

Eso fue lo que operó el martes, lo que según la versión de Carabineros y el gobierno, permitió la detención de unas 70 personas, de las cuales 44 fueron presentadas en tribunales como integrantes de la primera línea, sorprendidos en flagrancia en conductas tipificadas como delitos por la nueva ley anti saqueos y barricadas.

Por cierto, esto no descarta el método tradicional de “represión directa”; es decir lanzar de frente a un numeroso contingente de FFEE con bastones, gases, carros lanza agua, y disparos de bombas lacrimógenas, sin descartar golpes directos y golpizas grupales a civiles.

Tampoco, que Carabineros siga usando personal vestido de civil que se infiltra en las protestas o que circula por sectores adyacentes para identificar personas y después señalarlas para reprimirlas, golpearlas o apresarlas.

De acuerdo a versiones de integrantes de las brigadas de salud -que rescatan y atienden a heridos-, en las movilizaciones se está viendo personal del GOPE (Grupo de Operaciones Especiales) y de otros departamentos de Carabineros, muchos de ellos actuando de civil.

Precisamente, entre las nuevas “tácticas”, los uniformados están atacando, lanzado gases y agua, y arrestando a médicos, estudiantes de medicina, enfermeras y enfermeros, de las brigadas sanitarias que atienden a manifestantes con heridas oculares, golpes y asfixia, producto de los gases tóxicos.

Sin que se haya aclarado oficialmente, presentado información al Parlamento o transparentado información ante la opinión pública, de acuerdo a informes de prensa y declaraciones del propio Piñera, en Chile estarían operando oficiales y agentes de policías de España, Alemania, Israel, Reino Unido y Brasil, instruyendo en prácticas y tácticas represivas a Carabineros de Chile y guiando las formas de ataques a manifestantes.

La intervención policial extranjera incluye asesoría a alto mando de Carabineros, suministros represivos, entre ellos carros policiales y carros lanza agua, tecnologías de última generación, entrenamiento en uso de Inteligencia y tácticas para enfrentar movilizaciones.

En este contexto, hay imágenes de carabineros escoltando y protegiendo a grupos paramilitares de derecha que han marchado por las calles de Santiago y regiones, y en actitudes de confraternidad con manifestantes por el rechazo a una nueva constitución. .

En este caso, Carabineros hace caso omiso de los escudos, cascos, capuchas, palos y elementos punzantes, con los cuales agredieron a manifestantes por una nueva constitución, sin que los uniformados actuaran.

La súper encerrona del martes

Fuerzas Especiales de carabineros realizaron una «encerrona» en la intersección de las calles Carabineros de Chile con Ramón Corvalán el martes en la tarde.

De las 62 personas que fueron detenidas, 44 pasaron a control de detención y sólo una quedó en prisión preventiva.

Testigos que se encontraban en el lugar aseguran que la estrategia de la policía busca arrestar a la mayor cantidad de personas para luego identificarlas a través de fotografías y videos.

Carabineros se movilizó hacia la intersección de las calles Carabineros de Chile con Ramón Corvalán, epicentro de los enfrentamientos con la Primera Línea. Desde Vicuña Mackenna y la Alameda, avanzaron piquetes a toda velocidad y cerraron las salidas de los manifestantes.

Al respecto el general de Carabineros, Mauricio Rodríguez, señaló:

«Acá hay un trabajo que se ha hecho en el tiempo, análisis, información, donde los vecinos han sido extremadamente fundamentales en cooperar».

Testigos del nuevo modus operandi de Fuerzas Especiales aseguran que la técnica usada en el operativo del martes consistió en arrestos masivos y, una vez con las personas en custodia, Carabineros comenzó a revisar grabaciones para ver si podían identificar a alguien.

Bastián Urzúa fue parte del grupo arrestado por Fuerzas Especiale. El joven estudiante de 24 años, que estuvo en el centro de la “encerrona”, relató:

“Primero nos toman a todos, después van mirando las cámaras y van seleccionando. Nos sacaron fotos, al principio del torso para abajo para mostrar la ropa que llevas puesta y después de la cara”.

Agregó que las fotografías se realizaron en plena calle:

“A todos se les hizo lo mismo antes de subir al retén”.

El estudiante asegura que los funcionarios iban revisando videos y fotografías de las protestas en sus celulares y que la información se compartía a través de un grupo de WhatsApp.:

“Dentro del retén, yo estaba cerca de la ventana, así que podía verlos. Veían las cámaras y apuntaban a algunos. Parecían imágenes de cámaras de vigilancia de los edificios”. agrega.

Sebastián Araya, electricista de 27 años, también fue detenido por Carabineros en el operativo:

“Estaba en el retén cuando un carabinero se sentó al lado y otro se quedó parado al frente. Ahí pude ver sus celulares. Tienen un grupo donde se mandan todo, información, fotos, videos”

Afirmó que, una vez en la comisaría, habían “infiltrados” ayudando a identificar personas:

“Había muchos, unos veinte. Pasan piola”.

N.C.C., es uno de los 16 menores de edad que fue detenido en el operativo y que posteriormente fue dejado en libertad durante la tarde del miércoles. El joven confirmó haber visto a funcionarios revisando videos en el retén y asegura que fue obligado a ponerse una capucha para sacarle una fotografía:

“Yo no me resistí al arresto, me subí solo al retén. Ahí me obligaron a ponerme la capucha y me sacaron una foto”.

Parte de estas imágenes fueron filtradas a algunos canales de televisión que las exhibieron en sus noticieros centrales.

Al final de la audiencia todos los adultos quedaron en libertad y con la medida cautelar de firma cada dos meses. De todos los detenidos la noche del martes sólo un imputado quedó preso, siendo el único a quien el Ministerio Público pidió la prisión preventiva, debido a que tenía antecedentes penales previos.

Tanto Urzúa como Araya fueron puestos en libertad cerca de las 05.00 de la mañana, a ninguno le dieron explicaciones de por qué los liberaban.

“Yo supongo que a mí me soltaron porque no me vieron tirar piedras en los videos, porque cuando me soltaron solo me dijeron que me fuera, sin explicar nada”, aseguró el joven estudiante.

Estado de seguridad policial

Lo que se está presenciando es lo que adelantó Piñera en Estado Nacional:

«Más Carabineros, más vehículos, más tecnología, más cámaras y más drones».

Encima de esto, los efectivos policiales utilizan los nuevos espacios que les conceden las leyes represivas recién estrenadas, como ley antibarricadas y saqueos, gtentileza de la Concertación y de sectores del ex Frente Amplio.

De hecho, todos los que pasaron al juzgado, fueron imputados por esa ley.

El texto legal, aprobado recientemente, establece que «el que, sin estar autorizado, interrumpiere completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública, mediante violencia o intimidación en las personas o la instalación de obstáculos levantados en la misma con objetos diversos, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo».

Además de castigar con la «pena de presidio menor en su grado mínimo a medio el que lanzare a personas o vehículos que se encontraren en la vía pública instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes potencialmente aptos para causar la muerte o producir lesiones corporales, a menos que el hecho constituya un delito más grave».

El hecho de que el juez del séptimo juzgado de garantía dejara en libertad a 43 de los 44 detenidos acusados de pertenecer a la primera línea, enfureció al gobierno y a la opinología de derecha.

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, anunció que el gobierno apelará:

«El esfuerzo policial por detener a estos violentistas y proteger a los vecinos debe ir acompañado de sanciones rigurosas. Apelaremos esta decisión y seguiremos trabajando para recuperar el orden público.

El abogado penalista, Gabriel Zaliasnik, agregó de su cosecha:

«Me parece muy grave que Carabineros haga la pega que toda la ciudadanía demanda y a delincuentes de primera línea la indolencia o falta de celo en la persecución penal los devuelva a la primera línea».

El abogado y docente de la Universidad de Los Andes Gonzalo García, explic{o:

«Lo natural de este tipo de cosas es que no queden en prisión preventiva cuando los delitos imputados tienen una pena muy baja. Si nunca van a cumplir la pena privados de libertad, aún cuando sean finalmente condenados, eso significa que no puede dictarse una prisión preventiva. Si lo que se buscaba era mantenerlos privados de libertad, deberían haberle imputado un delito más grave, necesariamente».

Del conjunto de detenidos, estos son los datos que Carabineros filtró a medios de derecha:

«De acuerdo a información proporcionada por Carabineros de Chile, un 11% de los detenidos, es decir, un total de 5 personas, corresponden a extranjeros. Entre ellas se encuentran 3 colombianos, un ecuatoriano y un peruano. De estos, 3 presentaban visa de turista, 1 contaba con residencia definitiva y el de nacionalidad peruana se encontraba en situación irregular.

Un 25% de las personas detenidas pertenecen a algún club deportivo de fútbol o barras, destacando entre ellos Colo Colo y la Universidad de Chile. Serían 11 los detenidos en este segmento, de los cuales 8 dicen ser hinchas del equipo de Macul.

Los detenidos residen principalmente en las comunas de San Bernardo, Quinta Normal Renca, Santiago, La Reina, Las Condes, La Pintana, Nuñoa, San Ramón, Recoleta, Peñalolén, Padre Hurtado, Maipú, Lo Prado,Estación Central, El Bosque y Conchalí. Los detenidos con domicilio en regiones son de Valdivia, Castro y Viña del Mar.

El 30% de los formalizados ha sido detenido con anterioridad. De estas 13 personas, 3 registran una detención anterior y el resto (10) registran entre 2 y 21 detenciones anteriores.

Respecto a los detenidos con reiteraciones: 5 de ellos registran antecedentes por desórdenes públicos, 2 por oponerse a la autoridad y 2 por daños.

Del total de formalizados, 3 tenían condenas anteriores, de las cuales dos están prescritas».

En otras palabras, asistimos al despliegue de una escalada hacia una nueva fase de estado porlicial.

En esta pasada, no le resultó al gobierno, en virtud de la decisión del juzgado de garantías, pero nada indica que no pueda cambiar en una siguiente ocasión.

Pero aún cuando el gobierno sature de detenidos por los nuevos delitos anti-protesta, tipificados por la agenda de seguridad de Piñera, y aprobados por el centro político (concertación más sectores del ex frente amplio, como Boric y Jackson), la ya super hacinadas cárceles del país, no logrará controlar el orden público ni reprimir el descontento social, porque motivos no son precisamente los que faltan, a los que se suma la rabia e indignación que trae aparejadas el enfoque policial.

Así lo está mostrado el trepidante comienzo del temido mes de marzo, hoy con el turno de los estudiantes secuendarios, que ser movilizaron en Santiago y otras ciudades del país.

E pur si protesti

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