Nada tiene de raro que la derecha movilice a sus más esclarecidos cerebros para oponer una muralla infranqueable a las reformas que en el terreno de la educación –en todos sus niveles- se propone iniciar el gobierno de la Nueva Mayoría desde el 11 de marzo. Desde la bizantina distinción entre “lo público” y “lo privado”, hasta la defensa de instituciones de vieja raigambre que nadie ha cuestionado, se ha llegado hasta la casi surrealista exhibición de “ricos” que no aceptan ser tratados sino… como ricos.
En una increíble desfachatez y abandono de todo pudor lógico y semántico, no vacilan los defensores de un subsistema que se nutre de dineros fiscales en alinear bajo el rubro “público” prácticamente a todo cuanto funcione o se exhiba… públicamente, trátese de un recinto hospitalario, un liceo o universidad, carrito de maní confitado o la fuente de soda de su esquina que permanece por horas con sus cortinas abiertas, o cualquiera otra actividad que se desarrolle con ventanas y puertas al aire.
Lo que se busca esconder al escrutinio público es nada menos que un saqueo desvergonzado al erario nacional, bajo las formas más dispares.
La educación chilena, así lo decimos, es un campo minado. Sus trampas mortales las han venido instalando desde la dictadura militar-empresarial los que entraron a saco en el patrimonio nacional y no han dejado espacio lucrativo sin someterlo a su voluntad depredadora, en nombre del sacrosanto principio de la “subsidiaridad”, que deja en manos de escasos agentes privados todo aquello que pueda constituir un terreno propicio tanto a la iniciativa privada no monopolista –véase el caso farmacias- como a la justa presencia de la sociedad representada por el Estado como agente creador y defensor de un mercado interno protegido de la transnacionalización extrema a que se ha sometido a la economía chilena.
Estudios y denuncias recientes nos hablan de miles de millones de pesos transferidos sin razón alguna desde el Fisco chileno a instituciones “educacionales” que ni siquiera disimulan sus nexos de dependencia con poderosos consorcios internacionales. Así, desde el campo minado de la educación superior, se evaden cuantiosas sumas de dinero que se extraen tanto al Estado chileno como, en particular, a los miles de familias a quienes se ha ilusionado con el espejismo de un rápido ascenso social que la dura realidad no tarda en desmentir al peso de la ruina y la desmoralización de decenas o centenas de miles de jóvenes.
La lógica que allí impera no es otra que el desembozado culto al provecho a toda costa y sin escrúpulo alguno.
Se preguntan los chilenos: si tanto es el ánimo de “servicio público” y en nada interviene la búsqueda de la ganancia especulativa y el saqueo de dineros fiscales, ¿por qué tanta compra y venta de universidades, que se transan en el mercado como en los viejos tiempos con “almas” –los estudiantes- incluidos?
¿Y por qué tanta “oferta” desinteresada que cubre paneles del transporte público y otros espacios antes reservados a bebidas de fantasía, cigarrillos de marca o alguna película de estreno inminente?
Un ejercicio casi primario debería hacer cada ciudadano chileno, y es preguntar en las calles por el “sí” o el “no” de una reforma a fondo del sistema educacional. Así se sabría quiénes están por la educación como mercancía o como derecho a reconocer y cautelar por el Estado.
La disputa continuará, en la estricta medida de los intereses involucrados en ella. La pregunta es si terminarán pesando más esos intereses que rozan lo delictual, o las justas razones que han movilizado a centenares de jóvenes, educadores y chilenos en general, al reclamo urgente de una educación garantizada por el Estado, protegida de todo afán de lucro a costa de la sociedad y activa en la defensa de los derechos y aspiraciones de la mayoría nacional.
Fuente: Editorial semanario El Siglo, edición N° 1702
