Si analizamos los problemas de seguridad solo desde la perspectiva teórica foránea, no tomando en cuenta la realidad nacional, regional y local, y creyendo que la eficiencia de la función policial resolverá los problemas de delincuencia, o los problemas derivados de esta, estamos lejos de entender que la delincuencia o los actos vandálicos son producto de problemática sociales más profundas, vinculadas a las expectativas de satisfacción de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.
Estas expectativas están unidas a la calidad de vida y a las oportunidades de desarrollo que el Estado no ha sabido proporcionar o fueron eliminadas de su léxico: educación gratuita y de calidad, trabajos decentes, sueldos dignos y pensiones dignas, ciudades, villas, poblaciones armónicas y de calidad, derechos sociales.
Un Estado preocupado debería resolver estos derechos, pero fueron eliminados, y en su reemplazo quedó un proceso de segregación intencionado para separar a los “rotos” y pobres de las clases más acomodadas, como castigo a la insolencia de haber pensado y trabajado por una sociedad mejor.
Sí. Y algunos que leerán dirán, pero qué tiene que ver con lo que pasó hace cuarenta años.
La respuesta es simple: La Moneda con sus vidrios y ventanas rotas, el fuego saliendo de ella, y todo el tiempo que La Moneda estuvo como pieza de escarnio; son la mejor demostración de lo que se venía por adelante. Se inicia así un proceso de ajuste brutal, y las tareas de seguridad no son la excepción.
Con el devenir de los años, los problemas de seguridad se tomaron la agenda pública, y se la seguirán tomando. ¿Cuál es la explicación a este fenómeno comunicacional, para algunos, y para otros -donde me incluyo- a esta problemática social?
En los primeros años de la transición, el problema estuvo en el combate a los resabios o remanentes de grupos que habían optado por la lucha frontal contra el modelo, de una incipiente insurgencia urbana que costó caro en preciosas vidas. En este contexto, desde el año 1984 se empieza a expandir, primero en la zona norte, y a comienzo de los noventa en todo el país, la nefasta pasta base.
Según datos de fuentes policiales y DD.HH, muchos de los “reconvertidos” traficantes habían trabajado o trabajaban para organismos de inteligencia. No está de más recordar que la DINA utilizó esta forma de financiamiento, generando zonas limpias para la instalación de laboratorios para la producción de cocaína. Ante este escenario, con una fuerza policial construida para la represión política, poco o nada se podía hacer para enfrentar de mejor manera la emergente criminalidad criolla.
En el presente, las políticas de seguridad deben dejar de ser reactivas y centrase en la elaboración de estrategias que apunten a las organizaciones criminales, su descabezamiento, así como la incautación de sus bienes. Hacer frente al tránsito de drogas por nuestro país y al desvió de precursores para su fabricación, a desbaratar a bandas criminales que hacen del tráfico su negocio y que contaminan a nuestros hijos, sobrinos, hermanos, madres y padres, que se toman nuestras poblaciones y expanden su maldita epidemia de violencia y destrucción.
¿En qué se parece La Moneda en llamas a nuestras poblaciones?
Usted juzgue
(*) Experto en temas de seguridad y prevención, Partido Comunista de Chile
