Introducción.
El 11 de septiembre de este año se cumplirán cincuenta años del golpe de estado que derrocó al gobierno constitucional de Salvador Allende. Personalidades y organizaciones políticas y sociales de Chile y de otros países, incluido el gobierno chileno, están llamando a realizar actividades conmemorativas durante todo el año.
El presidente de México, Manuel Lopez Obrador, anunció que visitará Chile en septiembre para participar en la conmemoración. Peter Kornbluh, Director de Chile del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington y autor del libro “Pinochet File”, dijo:
“El 50° aniversario del golpe es la oportunidad final para que salgan todos los secretos que quedan”. Otras voces piden que las actividades tengan un tono de moderación y reconciliación, recurso habitual de la derecha para ocultar las violaciones a los derechos humanos y para falsear las causas del golpe de estado.
Los convocantes chilenos anuncian actividades en liceos, sindicatos, organizaciones poblacionales, culturales, en todas las comunas y regiones del país, para mostrar la consecuencia y lealtad del gobierno de la Unidad Popular con el programa prometido al pueblo, la envergadura de las transformaciones en beneficio de los sectores populares y su impacto en el desarrollo nacional, la desestabilización impulsada por el gobierno de Estados Unidos y la derecha que condujo al golpe de estado, y el análisis crítico y autocrítico sobre las insuficiencias de la Unidad Popular en la defensa del proceso por el pueblo.
Este 50° aniversario cursa en el ciclo político generado por el estallido social del 18-O de 2019, luego del cual se inició un proceso constituyente y se conquistó un gobierno que despierta sueños y esperanzas de cambios, pero que trae al mismo tiempo problemas y desafíos, algunos similares a los del periodo de la UP.
Entre ellos la confrontación con la derecha y ultraderecha, la disputa con la ex Concertación -aquella que se incorporó al gobierno y la que navega en aguas opositoras-, y un primer año de gobierno con avances y también retrocesos debido a los amarres de la derecha, las propias insuficiencias e incapacidades, la crisis económica y los efectos de la pandemia y de las políticas antipopulares del gobierno de Piñera.
Durante del estallido, el gobierno de Piñera descargó la represión contra el pueblo, y se cometieron atroces violaciones a los derechos humanos: asesinatos, mutilaciones, encarcelamientos y torturas. Al asumir el gobierno de Gabriel Boric se indultaron 12 presos del estallido después de varios meses, pero continúan otros encarcelados y los responsables de estos crímenes no han recibido castigo, por el contrario, la derecha y sus medios ensalzan y elogian la represión.
La Corte Suprema ha debido admitir un recurso contra la Ministra del Interior y el general Director de Carabineros por no retirar los cuadros de los integrantes de la Junta Militar, evidenciando que la represión policial está enraizada en la dictadura.
El proceso constituyente vive una segunda etapa después del Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, que inauguró una correlación de fuerzas abusada por la derecha, a pesar que en ese 62% hubo importantes sectores que estaban y siguen estando por una nueva Constitución. Pero se impuso la manipulación de los medios, y el resultado obligó a conversar con todos los partidos y derivó en un acuerdo insatisfactorio para las fuerzas de izquierda y progresistas, pero que permitió seguir con el proceso constituyente.
¿Cómo avanzar en estas condiciones en el cumplimiento del programa de gobierno, en la realización de las reformas estructurales y en satisfacer las urgentes necesidades de los sectores populares? El alza del costo de la vida impacta fuertemente a los sectores populares. Subió un 9% la matrícula y la mensualidad en las salas cuna y jardines infantiles, aumentó en 27% el costo de la canasta básica de alimentos, casi 70% de los trabajadores no ha tenido reajuste de sus salarios, crece la ocupación informal.
Ramón Cavieres, Director de Activa Research, afirma que Chile es un país caro en alimentación, arriendos, valor de propiedad, en función de los ingresos promedios, y el 65% de los chilenos tienen dificultades para llegar a fin de mes en los gastos del hogar.
Otra interrogante política estratégica crucial, ¿cómo de aquí al nuevo plebiscito de salida en diciembre, el desempeño del gobierno en favor del pueblo ayuda a aprobar una nueva Constitución en el plebiscito de fin de año?
Cualquiera sea el desarrollo venidero de los acontecimientos, en la medida que avancen las reformas y cambios progresistas crecerá la oposición de los sostenedores del modelo, y la movilización popular será lo único que podrá inclinar la balanza en favor de los cambios.
¿Se repetirá el desenlace trágico del 73? Ello es absolutamente evitable si se asume que el éxito de las transformaciones pasa por avanzar desde la conquista del gobierno -que es sólo una parte del Estado- a una mayor incidencia en el conjunto de las instituciones de poder.
¿Fue demasiado radical la estrategia política de la UP con vistas a la revolución y al socialismo?, ¿es posible volver a impulsar un proceso de transformaciones con vistas al socialismo?, ¿cómo superar los obstáculos y derrotar a los enemigos y adversarios de las transformaciones?
Enunciamos algunas afirmaciones iniciales que argumentamos más adelante.
1.- El proyecto de la Unidad Popular era viable, su radicalidad tenía sintonía con su tiempo y con las necesidades del desarrollo nacional, y coincidía con las tendencias ideológicas y políticas predominantes en el mundo y con las peculiaridades históricas del movimiento popular.
2.- La izquierda llegó al gobierno en Chile a través de elecciones, con un programa que se proponía avanzar al socialismo por una vía institucional, con pluripartidismo, distintas áreas de propiedad, respeto a los derechos humanos y a la oposición política, poniendo en jaque el sistema de dominación mundial de Estados Unidos al constituirse en ejemplo para otros países, como Italia y Francia, en los que cursaban procesos políticos que tenían similitudes con Chile. Por eso el gobierno de Estados Unidos decidió acabar con el gobierno de Allende a través del golpe de estado.
3.- El gobierno de Estados Unidos y la derecha fueron los principales protagonistas del golpe de estado, pero éste no se hubiera desencadenado sin la participación democratacristiana. Tal como afirma Renán Fuentealba, el acuerdo de la Cámara de Diputados de agosto de 1973 que declaró la inconstitucionalidad del gobierno de Allende, significó dar “luz verde” al golpe.
4.- El golpe de estado pudo evitarse. A pesar que la Unidad Popular cometió errores, su accionar respetó la legalidad e institucionalidad existente, y se esforzó por realizar su programa en acuerdos y entendimientos con la Democracia Cristiana, alcanzando notables resultados cuando ese partido era encabezado por una directiva progresista.
5.- La vía institucional de la Unidad Popular no requería una alianza formal con la Democracia Cristiana, bastaba dar continuidad a los entendimientos UP-DC existentes. Pero esa posibilidad fue bloqueada por el sectarismo de un sector de la UP, por el rechazo del sector conservador de la DC y por la conspiración del gobierno de Estados Unidos.
6.- La Unidad Popular precisaba encontrar las formas de avanzar en la conquista de mayores posiciones de poder en el marco de la vía institucional, pero no se exploraron ni agotaron esas posibilidades. La historia de los últimos 50 años enseña que no basta ganar el gobierno para llevar adelante transformaciones revolucionarias, es imprescindible avanzar en la conquista del poder global del Estado.
7.- Después del fin de la dictadura en 1989, la conquista de una democracia real se frustró por décadas debido al diseño de la transición pactada con Pinochet bajo la presión del gobierno de Estados Unidos, que impuso como condiciones la mantención de la Constitución pinochetista, la exclusión del PCCh y la impunidad para Pinochet y sus secuaces, lo cual fue aceptado por democratacristianos y socialistas en las conversaciones iniciadas a partir de 1984 y 1985.
8.- El ascenso de la lucha popular y de la izquierda y de la unidad de los sectores democráticos y progresistas, el cuestionamiento de los pilares del modelo neoliberal, incluida la constitución pinochetista, y los avances del multipolarismo en el mundo, pueden contribuir a un desenlace positivo de este nuevo tiempo. La movilización popular es la clave para los avances progresistas. El fin de la exclusión del Parlamento de los comunistas el 2009 después de 36 años y el aumento de la convergencia opositora democrática que culminó en la victoria de la Nueva Mayoría en las elecciones presidenciales de 2013, la tuvo como factor determinante. Años más tarde, la rebelión popular de octubre de 2019 fue el telón de fondo del inicio de un proceso constituyente y de la victoria de Gabriel Boric en diciembre de 2021.
9.- Después de transcurridos 50 años del golpe, tiene más vigencia que nunca el proyecto de la Unidad Popular de transformaciones anticapitalistas con vistas al socialismo de la Unidad Popular.
La Unidad Popular, un proyecto en sintonía con su tiempo
El intelectual Tomás Moulian afirma que el proyecto de la Unidad Popular era inviable porque se propuso un programa demasiado avanzado, que necesitaba una alianza estratégica con la Democracia Cristiana para su realización, pero la radicalización política de la época conspiraba contra esa alianza.
A nuestro juicio, la Unidad Popular fue un proyecto en sintonía con su tiempo, con las necesidades de desarrollo del país, con las tendencias ideológicas y políticas predominantes en el mundo, y con las peculiaridades históricas del movimiento popular.
Fue resultado de una poderosa corriente anticapitalista que se propagó a vastos sectores y creó hegemonía en torno a sus concepciones. Irradió a sectores medios; a cristianos que compartían la aspiración a la justicia social; a integrantes de las Fuerzas Armadas que respetaron la institucionalidad vigente y reivindicaron la soberanía “geoeconómica” del país; al Partido Demócrata Cristiano, donde se expresó como socialismo comunitario o vía no capitalista de desarrollo, corriente predominante que instaló una directiva progresista, defenestrada después por el sector conservador dependiente de la Democracia Cristiana Internacional, que respondía a la estrategia del gobierno de Estados Unidos.
Creció en la lucha social de décadas, en las huelgas y paros nacionales, las tomas de terrenos de pobladores sin casa, las luchas campesinas, las movilizaciones juveniles y estudiantiles, y se potenció con el desencanto ante las promesas incumplidas de la “revolución en libertad” del gobierno democratacristiano de Eduardo Frei Montalva.
Una amplia mayoría ciudadana respaldaba las transformaciones, y ello se expresó en las elecciones presidenciales como suma del 36% de la votación alcanzada por Allende y el 28% de Tomic -abanderado de la “vía no capitalista de desarrollo”-, y poco después en el crecimiento electoral de la UP, desde el 36,5% obtenido el 4 de septiembre de 1970, a más del 50% en las elecciones municipales de abril de 1971, y después en el 48,6% en la elección complementaria de un diputado en Valparaíso en julio de 1971, finalmente en el 44% de las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, en plena escalada de desestabilización y conspiración golpista.
El aumento de votación de la Unidad Popular en medio de la desestabilización y la conspiración golpista, contrasta con la disminución de las votaciones de la DC, desde el éxito electoral de 1965 -43,6% de la votación y 55,8% de los escaños en el Parlamento- a un 29,8% en 1969, en un periodo durante el cual el gobierno de Frei Montalva tuvo el total respaldo político, económico y financiero de Estados Unidos y de importantes países europeos.
Pero además de una correlación de fuerzas electoral, se requería unidad y disposición a los acuerdos, fuerza organizativa y de movilización de los trabajadores y sectores populares, capacidad de convertir esa influencia en conciencia política y en la construcción de un poder popular que defendiera al gobierno. La Unidad Popular pudo desarrollar algunas de estas capacidades, y se quedó atrás en relación a otras.
El carácter avanzado de la Unidad Popular se explica también por las peculiaridades del movimiento popular chileno, con gran incidencia del movimiento obrero. Tanto el Partido Obrero Socialista como la FOCH, fundados por Luis Emilio Recabarren, tuvieron el socialismo como objetivo estratégico. La vocación de poder de la izquierda se expresó tempranamente en la institucionalidad estatal.
Tan solo 13 años después de la fundación del Partido Obrero Socialista, la Convención Nacional de Asalariados -“una especie de Frente Popular (…) precursor del Frente Popular y la Unidad Popular”-, obtuvo un 28,46% en las elecciones presidenciales. En los años 30 vinieron acontecimientos trascendentales para el movimiento popular.
En 1931 se produjo el derrocamiento de la dictadura de Ibañez y la sublevación de la marinería, en junio de 1932 se constituyó la República Socialista, y en 1933 se fundó el Partido Socialista de Chile, que se vino a sumar a las fuerzas que luchaban por el socialismo. En la misma década emergió el Frente Popular, que triunfó en las elecciones presidenciales de 1938 con Pedro Aguirre Cerda.
El derrocamiento de Ibañez fue resultado del impacto de la Gran Depresión de 1929, de la inestabilidad política y de las protestas populares de los estudiantes, médicos, profesores y otros gremios, que obligaron a Ibañez a dejar el poder en julio de 1931.
Entre el 31 de agosto y el 7 de septiembre del mismo año se sublevó la Escuadra Naval, en protesta por la disminución del 25% de los salarios de los suboficiales y de la marinería. Su petitorio incluía dividir las tierras productivas, suspender el pago de la deuda externa, redistribuir parte de los capitales de las Cajas de Crédito, las Agencias Fiscales, las Mutuales de la Armada y del Ejército, para invertirlos en industrias productivas y así dar trabajo a los desocupados, y manifestaban su deseo de que el movimiento adquiriera características de revolución social.
La Junta instalada por la República Socialista clausuró el Congreso Termal instalado por Ibañez, suspendió los lanzamientos de los deudores habitacionales, devolvió los dineros prestados por la Caja de Crédito Popular –la “Tía Rica”-, amnistió a los procesados y condenados por delitos políticos y sociales. Su manifiesto anunciaba que se proponían “organizar técnicamente la fuerza productora bajo el control del Estado, establecer ampliamente la justicia social y asegurar a todos los chilenos el derecho a la vida y al trabajo (…) iniciar la construcción de una sociedad mejor que la actual (…) para evitar la injusticia que significa la desigual repartición de la riqueza, se modificará el sistema tributario, gravando las grandes rentas”.
Jorge Arrate y Eduardo Rojas establecen que el Partido Socialista nació como alternativa popular al PCCh, en oposición a su “rigidez doctrinaria y estrategia internacionalista”, y al sectarismo de la política «de clase contra clase» orientada por la Internacional Comunista a los partidos comunistas en el mundo.
Confluyeron pequeñas organizaciones de inspiración socialista; algunos oficiales jóvenes del Ejército insatisfechos con la situación del país, cuya figura descollante era el coronel Marmaduke Grove, principal protagonista de la República Socialista en 1932; y segmentos de la masonería que comenzaban a identificarse con las ideas socialistas y seguían atentamente los acontecimientos derivados de la revolución rusa.
El hecho más significativo de este periodo histórico fue la fundación del Frente Popular el 26 de marzo de 1936, integrado por representantes de los Partidos Socialista, Comunista y Radical Socialista. Luego se incorporó el Partido Radical y la Confederación de Trabajadores de Chile, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, y el movimiento mapuche organizado en el Frente Único Araucano, sumando también a intelectuales, artistas y escritores como Gabriela Mistral y Pablo Neruda, entre otros.
En 1938 el Frente Popular eligió como presidente al radical Pedro Aguirre Cerda, con un programa de gobierno basado en el fomento estatal a la industrialización, la protección de los trabajadores y la extensión de la cobertura educacional bajo el lema «Gobernar es Educar».
El gobierno creó la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), que fomentó la producción industrial y la modernización del sector agrícola, la construcción de infraestructura y la instalación de industrias básicas como la generación de energía eléctrica, el refinado de combustibles derivados del petróleo y la producción de acero.
Asimismo, llevó a cabo un ambicioso programa educacional dirigido a construir más de 1.000 escuelas básicas y abrir 3.000 plazas para nuevos maestros. El gobierno del Frente Popular fue el intento más audaz de modernización económica y social que ningún gobierno burgués había llevado a cabo hasta ese momento, y que paradojalmente lo llevó a cabo una coalición que integró a la izquierda y a los comunistas, aunque éstos últimos no se incorporaron al gobierno.
En las décadas del 40 y 50 continuaron creciendo las fuerzas de izquierda, en un contradictorio proceso preñado de disputas entre comunistas y socialistas, pero siempre con avances unitarios. Aumentó la influencia electoral de la izquierda, en las elecciones parlamentarias de marzo de 1945 el PC obtuvo cinco senadores y quince diputados, y en las elecciones municipales de 1947, obtuvo un 17% de los votos.
Esta fue una de las razones de la proscripción de los comunistas luego que los expulsaran del gobierno de Gabriel Gonzalez Videla (1946-1952), proscripción que duró hasta 1958, cuando el Bloque de Saneamiento Democrático derogó la mal llamada “Ley de Defensa de la Democracia”.
Antes de las elecciones presidenciales de 1952, el Partido Socialista Popular -surgido de la división socialista generada por el apoyo de algunos dirigentes a la “Ley de Defensa de la Democracia” que proscribió al PCCh- acordó la candidatura presidencial de Ibañez, pero un sector del PSP, en el que estaban Salvador Allende y José Tohá, rechazó el acuerdo y renunció al partido, y tras depurar el Partido Socialista de Chile de los sectores anticomunistas, se alió con el PCCh y constituyó el Frente del Pueblo, cuyo candidato en las presidenciales de 1952 fue Salvador Allende.
Luego surgió el Frente de Acción Popular (FRAP), que en 1958 postuló por segunda vez a Allende ganando casi la presidencia.
La izquierda continuó fortaleciéndose y en 1969 dio vida a la Unidad Popular, que ganó las elecciones presidenciales de 1970.
Realizaciones del gobierno popular
El gobierno de la Unidad Popular fue el más realizador de la historia de Chile. Ejecutó las principales transformaciones de su programa, incorporando como valor político el cumplimiento de lo prometido a la ciudadanía, a diferencia de la habitual demagogia, engaño y posibilismo de políticos y gobiernos, entre ellos los gobiernos de la Concertación posteriores.
En medio de la desestabilización promovida por la reacción y el imperialismo, realizó transformaciones profundas para convertir a Chile en una nación soberana, superar el atraso y la injusticia social y avanzar en la perspectiva del socialismo, varias de las cuales contribuyeron decisivamente al desarrollo futuro del país y permanecen plenamente vigentes.
La nacionalización del cobre permitió controlar inmensos recursos financieros y destinarlos al desarrollo nacional, y desde ese momento todos los gobiernos dispusieron de esos recursos.
La “chilenización” del gobierno de Eduardo Frei M. había sido muy insuficiente, perjudicando el interés nacional en beneficio de las empresas norteamericanas. A la Anaconda se le pagó 175 millones de dólares por el 51% de las acciones, aunque el valor de toda la empresa era 181 millones de dólares. La administración continuó siendo de los norteamericanos a pesar del 51% del Estado chileno, y para aumentar su rentabilidad, las empresas explotaron irracionalmente los yacimientos, obteniendo entre 1965-1970 más utilidades que antes de la chilenización.
El 11 de julio de 1971, el Congreso Nacional aprobó la enmienda constitucional que hizo posible la nacionalización total del cobre, caratulada como Ley Nº 17.450. Ese día, en una multitudinaria concentración en Rancagua, el presidente Salvador Allende señaló: «Chile va nacionalizar el cobre en virtud de un acto soberano. Acto soberano que incluso está consagrado en las resoluciones de las Naciones Unidas, que establecen que los países tienen derecho a nacionalizar sus riquezas básicas».
El programa de la UP decía: “El proceso de transformación de nuestra economía se inicia con una política destinada a constituir un área estatal dominante, formada por las empresas que actualmente posee el Estado más las empresas que se expropien. Como primera medida se nacionalizarán aquellas riquezas básicas, como la gran minería del cobre, hierro, salitre y otras, que están en poder de capitales extranjeros y de los monopolios internos”.
La idea era nacionalizar la gran minería, recuperar para el Estado la propiedad de la riqueza minera que solo entregaría en concesión, y convertir el cobre en elemento articulador de la economía chilena y factor principal en la generación de divisas y en la construcción y funcionamiento de un gran polo de desarrollo que incluyera refinación, industrialización, utilización de subproductos, tecnología aplicada, investigación, e industrias asociadas (proveedores de insumos, construcción de maquinarias, etc.).
A pesar que la propiedad estatal de los yacimientos mineros se mantuvo en la actual Constitución (“El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable, e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en éstas, las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles…”); Pinochet entregó en “concesión plena” nuestras reservas al capital transnacional, convirtiéndolas en su virtual propiedad, que pueden comprar y vender, exigir al Estado el pago total del valor comercial de las reservas en caso de renacionalización, explotar sin límite y pagando casi nada en renta e impuestos, además del 10% de las ventas a favor de las FF.AA., que sólo grava a Codelco.
Usando estas normas inmodificadas por los gobiernos de la Concertación, las transnacionales se apoderaron de los nuevos yacimientos que debieron ser de reposición de Codelco, y pasaron a controlar 2/3 de la producción de cobre, exportando mineral concentrado. Durante años, la caída del precio del cobre tuvo origen en la sobreproducción mundial creada desde Chile por las transnacionales, a las que no afectaba el bajo precio pues forman parte de conglomerados internacionales que al mismo tiempo refinan e industrializan el cobre fuera de Chile, y además su tributación es casi nula y el pago por la concesión de la explotación prácticamente inexistente.
La profundización de la reforma agraria terminó con el latifundio, sentando las bases del desarrollo intensivo de la producción frutícola y vitivinícola.
Frei Montalva había expropiado 220.000 hectáreas, mientras que el gobierno de la UP -en menos tiempo- expropió 439.480 hectáreas. Se creó la Empresa Nacional de Semillas para la venta y distribución de semillas, y se establecieron poderes compradores del Estado para evitar estafas a los productores y asegurar precio justo, a través de la Empresa de Comercio Agrícola (ECA), CORFO y Sociedad Comercializadora del Agro (SOCOAGRO).
Pasaron al área social alrededor de 91 empresas monopólicas estratégicas; 16 de los 18 bancos privados existentes, con lo cual se democratizó el crédito y se llegó a controlar el 90% del comercio exterior y el 60% del comercio de importación, usando la legislación existente.
Por primera vez en la historia se redistribuyó radicalmente los ingresos, aumentando los sueldos, salarios y pensiones. Entre 1970 y 1973, más del 60% del ingreso nacional lo percibían los asalariados; en 1971 y 1972 los ingresos mínimos aumentaron 74,41% por encima del valor de la canasta básica, el diario El Mercurio reconoció que el salario mínimo real de 1973 “fue 3 veces superior al de 1988” , esta mayor capacidad adquisitiva del pueblo amplió el mercado interno haciendo crecer la industria nacional.
Se limitó a un máximo de 20% de las remuneraciones los pagos de dividendos de la deuda hipotecaria. En contraste, “para 2011 el 10,1% del ingreso total de Chile se lo estaba apropiando el 0,01% de la población -1.200 personas-, mientras el 0,1% y 1% de la población lo hacía, respectivamente, del 17,6% y del 30,5% del total del ingreso”.
Uno de cada tres consultorios de salud atendía día y noche, para lo cual se contrató a todos los médicos recién egresados y a los alumnos del último curso de las escuelas de medicina. La Escuela de Medicina de la Universidad de Chile abrió carreras vespertinas de médicos y enfermeras universitarias.
Un Tren de la Salud recorrió todo Chile dando atención médica y dental a campesinos, mapuches y pobladores de lugares apartados. La educación era gratuita en la enseñanza básica, media y superior.
Más de 2.500 trabajadores con enseñanza media se incorporaron a diversas carreras de la educación superior a través del convenio firmado entre la Universidad Técnica del Estado y la Central Unica de Trabajadores. Se otorgó la beca René Schneider a hijos de campesinos, obreros, mapuches, soldados.
El Gobierno Popular recogió las inquietudes y clamores del pueblo mapuche, aprobando una Ley indígena centrada en la defensa y recuperación de la tierra, y el desarrollo de la cultura y el gobierno de sus asuntos por los propios mapuches.
Varias de las 40 medidas del Gobierno Popular estuvieron dirigidas a mejorar las bajas pensiones y dar previsión a los que no la tenían, a proteger a la familia y al niño creando el Ministerio de la Familia, igualando las asignaciones familiares, desarrollando un programa de emergencia de vivienda, agua y luz eléctrica, otorgando matrícula, útiles escolares, desayunos y almuerzos gratuitos a los niños de la educación básica, atendiendo los problemas de seguridad en las poblaciones frente a la delincuencia y generando instancias que permitieran a los más pobres tener un mejor acceso a la justicia, elevando la probidad de las autoridades y la honestidad administrativa para hacer de la gestión pública un verdadero servicio a la comunidad.
Se suministró gratuitamente medicamentos y exámenes, se creó centros materno-infantiles en cada población. El gobierno de la Unidad Popular entregó medio litro de leche diario para cada niño, para lo cual se invirtió el 10% del presupuesto de salud y 1,6% del presupuesto nacional, completando 1.500 millones de litros de leche distribuidos en los 3 años de gobierno.
Hubo acceso masivo a diversas expresiones de la cultura, un ejemplo fueron las ediciones baratas de millones de libros de la Editorial Quimantú. Surgieron campamentos de verano y muchas otras iniciativas de descanso y recreación para los sectores populares.
La política exterior fue independiente y soberana y puso énfasis en la integración con América Latina y el Caribe. Se amplió como nunca la democracia y la participación del pueblo.
La sindicalización aumentó en 1971 a un millón de trabajadores, y éstos participaron en la dirección de las empresas estratégicas a través de los Consejos de Administración y los Comités de Vigilancia de la producción.
Se crearon los Consejos Campesinos para que participaran los trabajadores del campo en el proceso de Reforma Agraria, y las Juntas de Abastecimiento y Precios para combatir la especulación y el acaparamiento de los productos.
Se amplió la organización y participación de los pobladores a través de las Juntas de Vecinos, Centros de Madres y organismos culturales.
La juventud y otros sectores se integraron al Movimiento Nacional de Trabajos Voluntarios, participando en la batalla por la producción, en la alfabetización, en el Movimiento Nacional de los Innovadores.
La vía chilena al socialismo
Durante décadas la izquierda chilena siguió una vía político-institucional para ganar el gobierno, lo que respondía a la historia y características del movimiento popular chileno: un movimiento obrero clasista desde principios del siglo XX, alto nivel de unidad y conciencia política del pueblo, influyentes partidos marxistas, amplias libertades y derechos ciudadanos y gran participación popular.
Estos rasgos le permitieron a la izquierda tener representación en los Municipios, en el Parlamento y en algunos gobiernos. El sistema electoral era proporcional, y la legislación incorporaba avances significativos en los derechos de los trabajadores, de las mujeres, y del pueblo en general, el Estado tenía tuición sobre importantes empresas, hizo gratuitas la salud y la educación, avanzó en la previsión.
La Unidad Popular era una coalición plural, que al constituirse en 1969 integró al Partido Socialista, Partido Comunista, Movimiento de Acción Popular Unitario (Mapu), Partido Radical, Partido Socialdemócrata (encabezado por Esteban Leyton), Acción Popular Independiente (dirigido por Rafael Tarud). En 1971 se incorporaron la Izquierda Cristiana (IC) y el Partido de Izquierda Radical (PIR).
Desde su asunción, el gobierno de Salvador Allende buscó el entendimiento con la DC, la realización de su programa lo ameritaba. Que era posible, lo demostró la mayoría UP-DC que ratificó a Allende en el Congreso Nacional, el apoyo DC a la nacionalización del cobre, a la aceleración de la reforma agraria, al fin del monopolio telefónico de la ITT.
La DC aceptó la socialización de la banca, aunque en vez de la estatización proponía la cooperativización. Concordó en expandir los jardines infantiles, mejorar las pensiones, el salario mínimo y las asignaciones familiares. También en fortalecer la CUT y la organización sindical, las negociaciones colectivas tripartitas y la administración de las Cajas de Previsión por sus imponentes.
La mayoría de los militantes y simpatizantes democratacristianos habían salido a la calle a defender la victoria de Allende y respaldaban la posición de Radomiro Tomic, quien proclamaba que el capitalismo era incapaz de resolver los problemas del país y de los países latinoamericanos.
Antes del triunfo de 1970, varios sostuvieron, incluyendo la mayoría progresista de la DC, que era posible lograr una alianza formal UP-DC para asegurar la viabilidad del proyecto de transformaciones.
Con alguna similitud, también hoy surgieron propuestas para generar una sola coalición de gobierno con Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, luego que en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de diciembre de 2021 triunfó Apruebo Dignidad, y el presidente Boric y Apruebo Dignidad incorporaron al gobierno a integrantes de Socialismo Democrático que se comprometieron con el programa.
El senador socialista José Miguel Insulza propuso en el primer cónclave oficialista (25 de marzo de 2022) la idea de una sola coalición, y la propuesta se reiteró en una reunión del presidente con el PS realizada en julio según el senador del PS Gastón Saavedra, porque “existe la necesidad de tener una sola alianza (…) para que sostenga políticamente al gobierno”.
Hace poco, el ex senador socialista Ricardo Nuñez opinó que “el presidente tiene más claro que nunca que son las personas del Socialismo Democrático las que le permiten gobernar”.
Al respecto, importa reiterar que la incorporación de ese sector se realizó a partir de su compromiso con el programa de Apruebo Dignidad, y que la gobernabilidad y trascendencia estratégica de este gobierno se sostiene en la lealtad con su programa y con las demandas de las movilizaciones populares iniciadas el 18-O.
Lo que hoy corresponde es consolidar el entendimiento en base a la realización de la reforma tributaria y previsional, la constitución de la Empresa Nacional del Litio y demás medidas programáticas.
En la época de la UP se interponían obstáculos no menores para una alianza UP-DC. Al interior de la DC las definiciones anticomunistas venían desde temprano, y se hicieron más patentes a medida que la DC crecía, mezcladas con la tesis del camino propio.
En 1958, Patricio Aylwin había afirmado la “absoluta incompatibilidad y contradictoria relación de los fines de la DC con los de la derecha y el marxismo”. La “guerra fría” impuesta por el gobierno de Estados Unidos agudizó el anticomunismo durante la Alianza para el Progreso, estrategia yanqui en América Latina para contener el comunismo después de la Revolución Cubana.
El gobierno de Eduardo Frei Montalva, aunque realizó algunas medidas positivas para el desarrollo del movimiento popular, estuvo marcado por políticas procapitalistas, antipopulares y represivas. Durante la UP, la DC dejó de lado el camino propio y se alió con la derecha para derrocar al gobierno de Salvador Allende, y posteriormente, en la segunda mitad de los años 80, conformó la Concertación bajo el diseño de exclusión del PCCh.
La incidencia del anticomunismo en la política chilena está vinculada a la intervención del gobierno de Estados Unidos, agudizada a partir de los años 60.
A mediados de 1971 se produjo el asesinato de Edmundo Perez Zujovic, crimen parecido al de Aldo Moro, dirigente DC italiano partidario del “compromiso histórico” con los comunistas , respecto del cual “hoy sabemos (…) que detrás del asesinato de Aldo Moro en 1976 aparecen tentáculos que conducen hacia un compañero de partido –Giulio Andreotti-, contrario a un acuerdo con el PC de Italia” , tentáculos que también conducían a los servicios de inteligencia norteamericanos.
Durante las negociaciones UP-DC acerca de las áreas de propiedad de la economía, la Unidad Popular estuvo dispuesta a conceder prácticamente la totalidad de las exigencias de la DC, pero el acuerdo fracasó por el veto de Frei y los yanquis.
Joan Garcés, asesor del presidente Allende, es categórico en afirmar que “el problema es que en octubre de 1970 la dirección del Partido Demócrata Cristiano que firma un acuerdo con Allende, y le vota Presidente en el Congreso, es una Dirección Nacional que responde a los intereses nacionales, y tres años después la dirección DC está en manos de personas que responden a (…) intereses estratégicos ajenos a los chilenos (…) los intereses de un sector de la DC italiana integrado en el sistema de poder norteamericano en Europa, que era común al sistema de poder sobre América Latina. La decisión de acabar con el gobierno de Allende en 1973 es una decisión que afectaba sin duda a los chilenos, pero que buscaba hacer un escarmiento con efectos mucho más allá de Chile, para que fuera leído por aquellos que en Europa y América Latina pensaban entonces que tenían la libertad para elegir libremente su forma de gobierno”.
Un acuerdo en Chile hubiera tenido efectos en todo el mundo, en primer lugar en Francia e Italia. Francois Mitterand había estado en Chile en diciembre de 1971 para estudiar el proceso de la Unidad Popular, y el Partido Socialista que él fundó en Francia a comienzos de 1971 estaba en parte inspirado en la experiencia unitaria chilena.
Con todo, la DC siempre albergó sectores progresistas. En 1939 la Falange firmó “un apoyo parlamentario al programa de reconstrucción del Frente Popular después del terremoto de ese año y apoya al asediado gobierno de Pedro Aguirre Cerda, entrando a un pacto parlamentario con el Frente Popular el que no perduró”.
En 1946, su presidente, Pedro Rodríguez, ponía de ejemplos a Bélgica, Italia, Austria, y Alemania, donde “partidos católicos integran gobiernos con partidos comunistas, sin mengua de su doctrina”, y en 1948, se opuso a la proscripción del PC.
En los años sesenta cobró fuerza la “vía no capitalista de desarrollo”. La Junta Nacional del 2 de mayo de 1969 discutió que decisión adoptar en las elecciones presidenciales de 1970, ganando por estrecho margen la tesis del camino propio, después que el propio Frei se vio obligado a intervenir para derrotar la posición favorable a la alianza electoral con la izquierda, y “se impuso la tesis de pronunciarse por un candidato propio y un programa netamente democratacristiano para la elección presidencial de 1970.
En cambio, la posición de la mesa directiva que presidía Fuentealba, apoyada por rebeldes, terceristas y tomicistas, propiciaba la unidad con los partidos de izquierda, con un abanderado que no necesariamente tenía que pertenecer al partido.
Tomic no aceptó ser nominado de inmediato como candidato, pese al clamor de la asamblea, que se lo pedía. Indicó, apasionadamente, que si aceptaba en ese momento una candidatura, estaría ofendiendo a los partidos populares, ya que significaría imponerse como cabeza de una posible unidad popular”.
De otra parte, socialistas y comunistas pensaban distinto sobre los entendimientos con sectores de centro.
El PS en el Congreso de Chillán en 1967 ratificó su oposición a toda alianza “con sectores burgueses”, y durante el gobierno de la Unidad Popular mantuvo ese rechazo, bloqueando los acuerdos en más de una oportunidad.
Cuando Radomiro Tomic propuso el apoyo de la Unidad Popular a un candidato DC en una elección complementaria para dar “mayoría institucional” al gobierno, “no para transar el programa” de la UP, sino para “facilitar su cumplimiento en términos aceptables para ambos“ (UP y DC) , Allende estuvo de acuerdo, pero la Unidad Popular decidió levantar la candidatura del socialista Hernán del Canto, que fue derrotada por estrecho margen al enfrentar al centro y la derecha unidos.
En lo que sí concordaban Allende, el PS y el PC, era en prevenir el peligro reformista después de las malas experiencias históricas con el ibañismo y con Gonzalez Videla, y entonces, para garantizar dentro de la Unidad Popular la hegemonía de los partidarios de transformaciones revolucionarias, apostaron al éxito de la coalición tal como quedó conformada en 1969, y la victoria alcanzada en 1970 les dio la razón.
En concordancia con ello, cuando en 1969 se buscaba el candidato común de la Unidad Popular y se rumoreó que el candidato que los comunistas preferían era Radomiro Tomic. Luis Corvalán declaró públicamente: “Con Tomic ni a misa”, formulación que explicó de la siguiente manera:
“Lo cierto y lo concreto es que se habían ahondado las diferencias y desacuerdos con el gobierno de Frei Montalva y su Partido, se había radicalizado el pensamiento político del pueblo, la Unidad Popular había crecido y las condiciones le eran a ella de tal manera favorables que habría sido absurdo que levantara o apoyara un candidato que no fuera de sus filas”.
La conspiración golpista y sus protagonistas
Los golpistas alegan que salvaron a Chile del marxismo, del caos y de una dictadura, y que todos habríamos sido responsables del golpe. La verdad es que la Unidad Popular respetó la diversidad de ideas y creencias políticas y religiosas, tuvo una relación cordial con la Iglesia, y reconoció a la oposición política. Hubo oficiales de todas las ramas de las FF.AA. que participaron en las tareas de gobierno, incluso como ministros. Existió libertad de expresión, no hubo ningún detenido desaparecido, torturado, ejecutado. Funcionó libremente el Parlamento y el Poder Judicial, y las organizaciones sociales tuvieron plenos derechos.
El informe del Senado norteamericano prueba que el desabastecimiento, los atentados y sabotajes terroristas, la guerra psicológica y la violencia, fueron provocados por organizaciones de derecha financiadas por multinacionales norteamericanas, con el objetivo de crear caos interno, inestabilidad, desorden e impotencia del gobierno, de manera que se justificara el golpe. Uno de sus párrafos señala:
“El compromiso encubierto de los Estados Unidos en Chile, en la década entre 1963 y 1973, fue extenso y continuo. La Agencia Central de Inteligencia gastó tres millones de dólares para influenciar los resultados de las elecciones presidenciales de 1964. Ocho millones de dólares fueron gastados, encubiertamente, en los tres años entre 1970 y el golpe militar de septiembre de 1973”.
Los norteamericanos contaban con la influencia alcanzada en las FF.AA. chilenas mediante la existencia de un Pacto de Ayuda Militar, tenían una misión que funcionaba en el propio Ministerio de Defensa con acceso a todas las unidades militares, y la instrucción a la oficialidad estaba basada en la Doctrina de la Seguridad Nacional en escuelas en los EE.UU. y en el Canal de Panamá.
Bajo la dirección de la CIA se creó Patria y Libertad, organización terrorista de corte fascista fundada en septiembre de 1970 por el abogado Pablo Rodríguez, que participó en el asesinato del general Schneider; y los Comandos Rolando Matus, integrados por militantes de la juventud del Partido Nacional y que dirigía el presidente de esa organización, el abogado Juan Luis Ossa Bulnes.
Esos grupos paramilitares atentaron contra militantes y dirigentes de la UP, atacaron a la policía, sabotearon con bombas el tendido eléctrico, vías ferroviarias, oleoductos, etc. Su objetivo era crear una situación de ingobernabilidad. Patria y Libertad logro cierta influencia en oficiales medios del Ejército y de la Aviación, fueron los organizadores del alzamiento del Regimiento de Blindados en junio de 1973. La actividad de estos grupos aumentó luego de las elecciones de marzo de 1973, en agosto de ese año se realizaron en Santiago un promedio de 60 atentados diarios con bombas.
Hitos significativos de la desestabilización fueron:
a) El asesinato de Edmundo Pérez Zujovic. La CIA intrumentalizó a la VOP, un grupo de ultraizquierda sin influencia de masas ni significación política, que asaltaba supermercados y pequeños comercios. En septiembre de 1970, cuando se negociaba entre la UP y la DC la votación del Congreso Pleno, habían asaltado un banco dejando a un policía muerto y a un cliente herido. La VOP entró en contacto con un grupo de exiliados panameños opositores a Torrijos expulsados de su país que llegaron a Chile en 1969 reclutados por la CIA y encabezados por un médico de apellido Rola, que indujeron en junio de 1971 al jefe de la VOP, Ronald Rivera, a asesinar a Pérez Zujovic, ex Ministro del Interior de Frei. La derecha y la mayoría de la DC acusaron al gobierno del crimen, cayó la mesa de la Cámara de Diputados, compartida por la UP y la DC, y ésta inició el acercamiento a la derecha.
b) La marcha de las cacerolas en noviembre de 1971, organizada en el barrio alto de Santiago, fue la primera manifestación de masas de la gran burguesía y arrastró a algunos sectores medios. Se caracterizó por su violencia y agresividad, y por la actitud contemplativa del gobierno al permitirla e impedir a sus partidarios el boicot a su realización manifestándose en las calles.
c) Consolidación de la alianza de la DC y la derecha que les permite ganar dos elecciones complementarias en el verano de 1972.
d) Paro patronal de octubre de 1972. Con recursos económicos proporcionados por la CIA, se logró arrastrar al paro a la mayor parte de las organizaciones que agrupaban a las capas medias: camioneros, transporte urbano, pequeño y mediano comercio, colegios profesionales de médicos, ingenieros y abogados. Fracasaron en paralizar el país porque los trabajadores se hicieron cargo de las empresas, mantuvieron la producción, y resolvieron los problemas de abastecimiento. Se constituyó un gabinete ministerial que en la práctica implicaba una alianza entre el gobierno de la UP y las FF.AA. dirigidas por el general Prats, quién asumió como Ministro del Interior. El intento sedicioso de la reacción fue, en ese momento, derrotado.
e) El imperialismo y la reacción, derrotados en octubre, se orientaron a ganar los dos tercios del Parlamento en la elección de marzo de 1973 para destituir al Presidente Allende. La UP obtuvo el 44% de los sufragios y la maniobra fracaso. De ahí en adelante, coordinados por la CIA, se encaminaron a crear las condiciones que posibilitaran el golpe de estado.
El 29 de junio de 1973 se alzó el Regimiento Blindados N° 2. Luego, esposas de oficiales organizaran una manifestación contra el general Prats, obligándolo a renunciar el 23 de agosto. El 26 de julio un comando terrorista protegido por los servicios de inteligencia de la Armada asesinó al Edecán Naval, Comandante Araya, todos los participantes fueron identificados, y algunos que estaban detenidos antes del 11 de septiembre fueron liberados por la dictadura. En agosto se desencadenó un nuevo paro patronal financiado por la CIA.
Las violaciones a los derechos humanos fueron investigadas y reconocidas con múltiples antecedentes por la Comisión Rettig, integrada por personalidades que no eran de izquierda. Previamente, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Asamblea General de ese organismo, en todos sus periodos de sesiones durante la dictadura, habían constatado y condenado estos crímenes, entre ellos el del general Carlos Prats, ex Comandante en Jefe del Ejército, que fue mandado a asesinar en Buenos Aires. Recientemente, un grupo de expertos internacionales ha ratificado que el poeta y Premio Nobel Pablo Neruda fue asesinado por la dictadura de Pinochet.
El gobierno de Estados Unidos
Un actor político principal en Chile y en otros países, ha sido y es el gobierno de Estados Unidos, aunque su injerencia normalmente no es reconocida. Luis Corvalán Marquez consigna que la historiografía local le presta escasa atención a los documentos desclasificados que revelan esa intervención, sobre los cuales “ha caído un sospechoso silencio”.
La intervención norteamericana fue determinante en la fascistización de la derecha. La creación de Patria y Libertad y sus acciones, entre ellas el asesinato del Comandante en Jefe del Ejército, René Schneider, no hubieran sido posibles sin la dirección y apoyo operativo del gobierno norteamericano y sin el entramado de relaciones con las Fuerzas Armadas.
La derecha chilena se había alineado desde el comienzo de la guerra fría con Estados Unidos, y las FF.AA. asimilaron desde la década de 1940, y con renovado rigor tras la Revolución Cubana, la doctrina de seguridad nacional y de contrainsurgencia inculcada en el continente por el establishment militar estadounidense.
Al cumplirse 200 años de la formulación de la Doctrina Monroe por el gobierno de Estados Unidos, han sido incontables las anexiones, invasiones militares, golpes de estado, control sobre las FF.AA. de los países latinoamericanos, operaciones de intoxicación comunicacional y guerra psicológica, dictaduras terroristas, mecanismos represivos continentales como la Operación Cóndor, el Plan Colombia, etc. Hace poco John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de Trump y embajador de USA en la ONU con George W. Bush, confesó públicamente haber estado involucrado en los golpes de estado en varios países.
En varias ocasiones, la injerencia norteamericana se desplegó contra gobiernos y políticos que no eran de izquierda, como lo revelan el asesinato en 1948 del candidato liberal favorito a las elecciones presidenciales de Colombia, Jorge Eliecer Gaetán; el derrocamiento en 1954 del gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala; los golpes de estado contra Joao Goulart en Brasil en 1964 y contra el gobierno de Juan Bosch en República Dominicana en 1963, y la subsiguiente invasión militar norteamericana a ese país en 1965.
Una de los instrumentos injerencistas del gobierno estadounidense es la United States Agency International Development (USAID), creado en la época de la Alianza para el Progreso para subordinar a las fuerzas políticas y los gobiernos de los países del Tercer Mundo. En abril de 2012, este organismo financió una cumbre de la derecha internacional realizada en Argentina, y el año pasado se realizó otra del mismo carácter en México.
Entre marzo y mayo de 1947, Estados Unidos accionó para echar abajo los gobiernos de coalición nacional que se establecieron en Italia, Francia, Bélgica, expulsando de ellos a los comunistas, que habían sido una fuerza determinante en la resistencia al fascismo, así como reaccionaron violentamente contra los gobiernos de unidad nacional con presencia de comunistas en Grecia, Checoslovaquia y Chile.
Sobre la intervención norteamericana previa a los años 60: “En 1947 (Chile fue) (…) enrolado (…) en la Coalición contra la Unión Soviética (…) mediante el control de hecho sobre el jefe del Estado”. El presidente Juan Antonio Ríos se reunió con el presidente Truman en octubre de 1945, y “aceptó someter Chile a la estrategia político-militar de Washington en un tratado multilateral”, y además, mediante un tratado militar bilateral, se inició la penetración de las FF.AA. de EE.UU. dentro de las FF.AA. chilenas.
Las comunicaciones de la embajada norteamericana entregaban detallada información acerca de militantes comunistas. Estados Unidos actuaba así porque se sentía amenazado por el crecimiento electoral de los comunistas.
“En las elecciones de diputados de 1941 (…) obtuvo “el mayor crecimiento de votos en relación con los otros partidos, tanto en términos cuantitativos como porcentuales”, aumentó “en un 210% respecto a las parlamentarias anteriores”.
En las elecciones de diputados de 1945, la derecha recuperó el terreno perdido en 1941, sin embargo “el PCCh será uno de los menos afectados (…) al retener parte importante de su votación de 1941, incluso crecer más de los esperado en las áreas urbanas”. Luego, en “las elecciones municipales de 1947 (…) obtiene uno de los resultados más importantes de su trayectoria electoral, el 16,5% de los votos nacionales, y un incremento de sus fuerzas del 110% respecto de las municipales de 1944”.
La “traición” de Gabriel González Videla marcó fuertemente a la izquierda y al PCCh. Elegido presidente en 1946 gracias al aporte de los comunistas, a poco de asumir archivó el programa electoral y persiguió e ilegalizó a los comunistas. Para justificar la proscripción, González Videla pretextó en 1948 -igual que el Plan Zeta- que la URSS, Checoslovaquia y Yugoslavia fraguaban una revolución en Chile, rompiendo relaciones con esos países.
“De la campaña de intoxicación se responsabilizó, como en todas las operaciones contra la izquierda anteriores y posteriores, la empresa editora del diario El Mercurio”, que publicó un “Manifiesto” que “pedía que el PCCh fuera declarado fuera de la ley”.
En este esquema encajó bien la creación de “una organización secreta para combatir el comunismo en Chile (…) la llamada Acción Chilena Anticomunista, que usó la “desinformación” y “propaganda negra” propias de las “campañas de terror psicológico”, con ayuda estadounidense.
El embajador de Estados Unidos en Chile entre 1967 y 1971, Edward Korry, afirma en sus memorias que la Casa Blanca siguió el guion aplicado en Italia en las elecciones de 1948, cuando el Frente Democrático Popular, integrado por el PCI y el PSI, obtuvo un 31% de la votación y fue derrotado por el DC Alcide De Gasperi, que obtuvo un 48%.
Vinculado con ello, el dirigente socialista Ricardo Nuñez dice del pensamiento político de Eduardo Frei Montalva:
“La matriz identitaria de la Democracia Cristiana estaba en el legado de la Falange Nacional, es decir, de la lucha que esta desplegó en contra de las fuerzas conservadoras de la época y, además, del aporte de sus parientes extranjeros, especialmente de dos experiencias demócrata cristianas europeas que, a mi juicio, poco tenían que ver con Chile. Me refiero a la Democracia Cristiana alemana e italiana. Las democracias cristianas de esos países eran organizaciones que estaban en disputa abierta y declarada con la izquierda, comunista y no comunista. Esas experiencias, creo yo, influyeron demasiado en Frei”.
La Comisión Church reveló las reuniones después del 4 de septiembre de 1970 entre Nixon, Kissinger, la CIA, directivos de ITT y otras empresas, en que se planificó y decidió el golpe de estado, la asistencia financiera para medios de comunicación, partidos y dirigentes políticos, la organización de actividades terroristas, el respaldo al paro de transportistas, las represalias económicas, el bloqueo de créditos, etc.
En la reunión realizada el 14 de septiembre participó Agustín Edwards -propietario de la cadena El Mercurio y amigo personal de Donald Kendall, presidente de Pepsicola y financista de las campañas de Nixon- para reclamar el golpe.
En la Junta Nacional del PDC de mayo de 1969, Renán Fuentealba comentó que Edward Korry opinaba que el PDC debía ceder el paso en las elecciones de 1970 a la candidatura de Jorge Alessandri, quien gobernaría un corto periodo para que luego la DC retornara al gobierno. A fines de noviembre, Fuentealba denunciaba en el Senado que el gobierno norteamericano y la CIA preparaban un golpe de estado.
El juez Juan Guzmán, que investigó las violaciones a los derechos humanos de la dictadura y la conexión entre ésta y la Operación Cóndor, afirma:
“Los estadounidenses no solo prepararon todo -formaron, entrenaron y equiparon a nuestros militares- sino que, además, introdujeron en nuestros soldados el odio al socialismo. Un odio visceral que fue el origen de todas las crueldades. Estados Unidos introdujo en nuestras mentes una auténtica paranoia. Fíjese en cómo reaccionó la Junta Militar: con método y empeño. Como si hubiera que erradicar un mal. Como si hubieran eliminado una enfermedad, un peligro que amenazaba a nuestras familias. Nunca se dirá lo suficiente sobre la responsabilidad de Estados Unidos en aquella carnicería, en todos los niveles del golpe de estado y la represión posterior (…) De hecho, Kissinger está citado para declarar en varios de mis expedientes, sobre todo el relativo a la Operación Cóndor, pero Washington nos ha contestado que no vendrá”.
La derecha
En los años sesenta culminó un proceso de crisis y reformulación de la derecha. Después que sus partidos, Liberal y Conservador, disminuyeron su votación desde el 40% que tuvieron en 1941, al 12,9% obtenido en 1965, esta derecha oligárquica “parió” la nueva derecha política, emergiendo simultáneamente en 1966 el Partido Nacional y el Movimiento Gremial de la Universidad Católica.
“La derecha política que existió hasta 1965 … era la heredera de los partidos oligárquicos del siglo XIX, los cuales mantuvieron lo esencial de sus principios en el siglo XX. La inexistencia de un proyecto modernizador en ella, por ende, no era una carencia, sino un producto inevitable del tipo de derecha (…) La derecha de los sesenta (…) era una derecha moderna (…) que se nutría de varios proyectos alternativos a los existentes (…) ninguno de ellos logró para 1973 articular un proyecto global, compartido por todos los segmentos a los que miraba y esperaba representar, pero se lograron algunos consensos fundamentales”.
El Partido Nacional fusionó los dos antiguos partidos, sumando a grupos nacionalistas, y al mismo tiempo “representó un intento de renovación política e ideológica, tratando de dar respuesta a las inquietudes de los grupos sociales que pretendía representar, mediante una mixtura entre corporativismo y liberalismo”.
En 1967 levantó la idea de un “gobierno fuerte, impersonal y nacional”; en 1969 apoyó subrepticiamente el tacnazo; y en 1970 respaldó la candidatura presidencial de Jorge Alessandri, difundiendo durante la campaña su documento “La Nueva República”, que calificaba el orden institucional vigente como “peligrosamente inadecuado para la época actual” y hacía recaer en las FF.AA. la responsabilidad de salvar el Estado.
El Movimiento Gremial de la Universidad Católica nació en la Universidad Católica, con rasgos de catolicismo integrista y un acendrado anticomunismo y defendiendo ardorosamente la propiedad privada. Su líder, Jaime Guzmán, había sido miembro de Fiducia, movimiento católico-integrista y antimarxista nacido en 1963 y acérrimo enemigo de la Reforma Agraria. Gran admirador de Franco y del franquismo –“régimen nuevo y magnífico (…) he palpado que el Generalísimo es el salvador de España”-, participó activamente de la lucha contra la Unidad Popular, entre otras cosas escribiendo artículos que alimentaban la “campaña del terror”.
Movimiento contradictorio, pues a la par que esta anacrónica influencia, un sector de los gremialistas fue la base de los Chicago Boys al formarse en el neoliberalismo en la Universidad de Chicago mediante el intercambio, desde los años 50, entre esa universidad norteamericana y la Escuela de Economía de la Universidad Católica de Santiago.
A juicio de Verónica Valdivia, al Movimiento Gremial se le podría aplicar la categoría de “modernismo reaccionario” que en su momento fue creada para referirse al nazismo.
Cuando el movimiento popular se perfiló con posibilidades de ganar el gobierno, la derecha agudizó su anticomunismo y su fascistización, estimulados por la intervención de Estados Unidos entre 1962 y 1973.
Durante la dictadura, a mediados de los años setenta, los sectores neoliberales alcanzaron la hegemonía en el ámbito económico y las ideologías gremialista y neoliberal se fusionaron progresivamente. Luego, la reactivación de un poderoso movimiento de masas antidictatorial a partir de 1983, obligó a la derecha a reorganizarse, en 1979 se había formado el grupo “Nueva Democracia”, y el 25 de septiembre de 1983 se constituyó la UDI.
La UDI “nació bajo el alero del régimen militar encabezado por el general Augusto Pinochet, convirtiéndose en el heredero del proyecto de modernización puesto en vigencia bajo su égida”. Las limitaciones que imponía la dictadura al accionar político de los partidos de la izquierda entre las masas, fue convenientemente aprovechado por la UDI para irradiar y crecer en su influencia.
En noviembre de 1983 también nace el Movimiento de Unión Nacional (MUN), compuesto por ex militantes del Partido Nacional, algunos de cuyos dirigentes fueron Andrés Allamand, Juan Luis Ossa y Fernando Maturana. El crecimiento de la lucha antidictatorial entre 1983 y 1986 aceleró la salida pactada con la dictadura y también desató una crisis al interior de la derecha.
En febrero de 1987 el MUN llamó a la unificación de las organizaciones políticas de la derecha, y se constituyó el partido Renovación Nacional, con Ricardo Rivadeneira como presidente. El Partido Nacional liderado por Carmen Saenz desechó la propuesta cuestionando a la UDI como responsable de “los más graves errores cometidos por el gobierno militar”.
Al interior de RN se configuraron dos tendencias, la que sostenía una crítica a la dictadura y postulaba la independencia del partido respecto de ella, y la otra liderada por Jaime Guzmán, imbuida de fuerte autoritarismo y reivindicando el liderazgo de Pinochet. Rivadeneira era uno de los más críticos al régimen, se pronunciaba a favor de elecciones libres y de un plebiscito con candidato distinto a Pinochet.
Ocho meses después del nacimiento de RN, el 9 de diciembre de 1987, Rivadeneira renunció y se desató una crisis que culminó en el quiebre del partido en abril de 1988.
La Democracia Cristiana
El golpe de estado podía haberse evitado si la Democracia Cristiana no se hubiera sumado a la derecha en la escalada desestabilizadora y golpista.
Radomiro Tomic afirmó después del golpe que: “la DC no puede pedir para sí el papel de Poncio Pilatos en el desastre institucional. La gravitación de lo que se hace o deja de hacer cuando se controla el 40% del Congreso Nacional, el 30% del electorado nacional, el 32% de los trabajadores organizados en la CUT, el 40% del campesinado y las organizaciones juveniles chilenas, diarios, radios y TV, 5 de las 8 universidades del país, la gravitación –digo- de una fuerza de tal envergadura, tiene efectos positivos por sus acciones o por sus omisiones”.
La directiva y parte del Partido Demócrata Cristiano apoyaron el golpe de estado pensando que vendría una “restauración democrática cuasi inmediata” en la que retomarían el gobierno. Son coherentes con esta idea la declaración oficial de la directiva democratacristiana y la carta de Eduardo Frei Montalva a Mariano Rumor, presidente de la Democracia Cristiana Internacional, que avalan las fabulaciones de un supuesto “Plan Zeta”, un “ejército paralelo” y la preparación de una “dictadura comunista”.
Ambos documentos afirman que la Unidad Popular fue un gobierno minoritario y estuvo cerrado al diálogo, mientras que la DC estuvo siempre abierta a llegar a acuerdos.
Nada más lejos de la verdad. Allende buscó y logró el acuerdo de la DC, que era encabezada en ese entonces por una directiva progresista y cuyo candidato presidencial, Radomiro Tomic, coincidía con la izquierda en varias propuestas programáticas. Al sumar su 28% de los votos a la votación de la UP, era muy claro que en 1970 se había expresado una contundente mayoría electoral por los cambios.
El 5 y 6 de octubre de 1970 se realizó la Junta Nacional del PDC para decidir el voto DC en el Congreso Pleno, el resultado fue el respaldo a la propuesta de apoyo que presentó Benjamín Prado: 271 contra 191, y 91 abstenciones.
La UP y Allende buscaban resolver el conflicto político por la vía democrática, en ese marco se insertaba la idea del plebiscito que se iba a proponer el 11 de septiembre. Mientras la directiva progresista democratacristiana tuvo respaldo en su partido, se pudo conversar y llegar a acuerdos.
Bernardo Leighton recuerda la solución del conflicto del canal 9 de TV, el reintegro al trabajo de los empleados y obreros de El Teniente, el término del impasse entre la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y el Ministerio de Relaciones Exteriores acerca de las designaciones del personal en las representaciones en el extranjero; la resolución de las dificultades en la distribución de alimentos, adelantado por conversaciones entre el Ministro de Economía y dirigentes DC; las concordancias entre los diputados de la DC y de la UP para despachar los proyectos de ley sobre creación del Ministerio de la Familia y de reajuste de las rentas del profesorado. Leighton concluía:
“Todo podrá alegarse, en consecuencia, menos que el Presidente Allende permanecía cerrado al intento de procurar caminos pacíficos y parlamentarios para salvar la situación del país”.
Hubo grandes esfuerzos por llegar a un acuerdo en torno a que áreas de propiedad existirían y que empresas importantes deberían pasar a cada una.
De hecho, el Congreso sancionó una Reforma Constitucional que estableció que por ley se determinarán “las empresas de producción de bienes y servicios que integrarán las áreas social y mixta de la economía”, y “las empresas cuya administración corresponderá únicamente a los trabajadores que laboren en ellas en forma permanente, cualquiera que sea el área que integren dichas empresas”.
Finalmente, a mediados de 1972 se había llegado a un acuerdo sobre el Area de Propiedad Social, incluyendo el traspaso a ella o al área mixta de 80 empresas nacionales y extranjeras.
“Pero ese acuerdo entre el gobierno de Allende y la dirección del PDC, en el día que se reunía el Senado para ratificarlo, fue saboteado mediante una llamada telefónica que Eduardo Frei hizo desde Europa, donde se encontraba, ordenando a los senadores Rafael Moreno y Juan Hamilton romper la disciplina del PDC e impedir que hubiera quorum en el Senado para votar el acuerdo suscrito (…) Frei y la Internacional DC lo desahuciaron, y el PDC se negó a proseguir las conversaciones”.
El 8 de septiembre de 1970, cuando todavía era Presidente de la República, Frei convocó a los comandantes de las 3 ramas de las FF.AA., al Director General de Carabineros y al general Carlos Prats, para relatarles su encuentro con Allende y señalarles que se implantaría un régimen marxista en el país.
El general Prats en sus memorias consigna que Frei dibujó un cuadro de caos económico, indicando como síntomas que el día anterior se habían retirado de los bancos 200 millones de escudos y otros 500 millones de las sociedades de ahorro y préstamo, y la Bolsa de Santiago había caído un 60%. Expresó su temor a la congelación de las inversiones, la suspensión de la venta de bienes de consumo, la paralización de las siembras agrícolas y la caída de la producción industrial. El 23 de septiembre, su ministro de Hacienda, Andrés Zaldívar, repitió lo mismo en un discurso transmitido por cadena de radio y televisión.
Frei se reunió además en Viña del Mar con John Richardson, Secretario de Estado Adjunto para Educación y Cultura de EE.UU., y el Embajador Korry, y pidió transmitir a Nixon que “Las probabilidades son de cincuenta a uno de que la presidencia de Allende significará en Chile un gobierno como el que hay en Cuba”. Korry, que hacía de traductor y tomaba notas de la reunión, le preguntó si estaba solicitando que se hiciera “algún tipo de acción”. Frei se limitó a responder que tan sólo “propaganda”, pero Korry concluyó que quería que “hiciéramos el trabajo sucio”.
El general Prats cuenta que una semana después de las elecciones recibió insistentes presiones de militares en retiro para encabezar un golpe de estado, y el 25 de septiembre un destacado dirigente del PDC le planteó sin ambages que, ante la actitud legalista del general Schneider, el presidente Frei aceptaría que él encabezara un movimiento militar que derrocara y enviara al extranjero a Allende para impedir el acceso de “los comunistas” al poder político y, una vez “normalizada” la situación, volverían a convocarse elecciones.
En esa época, Bernardo Leighton le envió una carta a Frei en esa época en que le reprocha su intransigencia frente a la Unidad Popular señalando que a la DC no le correspondía ser una “alternativa al marxismo” sino una “alternativa al capitalismo”, palabras similares a las que pronunció más tarde Mariano Ruiz-Esquide: “la DC no es un partido de centro, ni fu ni fa, sino un partido de avanzada social, de centroizquierda, que quiere cambiar el sistema económico chileno a como dé lugar”.
Un mes después del golpe, Patricio Aylwin se reunió con la Junta Militar, transmitiéndole: “reconocimiento de la aptitud de la Junta; disposición de los demócratas cristianos a cooperar individualmente en la tarea de la Junta; interpretación del pronunciamiento militar del 11 de septiembre como de legítima defensa; interés en que la Junta de Gobierno tenga éxito”.
La DC actuaba de acuerdo al requerimiento que le había hecho el gobierno de Estados Unidos de apoyar a la dictadura y ayudar a limpiar su imagen en el exterior.
Así, asumieron cargos en la dictadura muchos de sus profesionales, entre ellos los juristas Alejandro Silva Bascuñán y Enrique Evans de la Cuadra, que participaron hasta 1977 de la Comisión Ortuzar que elaboró el anteproyecto de la Constitución del 80.
En octubre de 1973 varios dirigentes realizaron giras al exterior, que según Jack Kubich, miembro del Comité 40, fueron financiadas por la CIA. Esta colaboración continuó hasta fines de 1976, a pesar de la clausura de Radio Balmaceda –de propiedad del PDC-, de las detenciones y expulsiones posteriores del país de Claudio Huepe, Renán Fuentealba, Jaime Castillo, el intento de asesinato de Bernardo Leighton en Roma, la clausura de la revista teórica Política y Espíritu, el simulacro de atentado contra Frei.
El documento de los militantes democratacristianos Waldo Chacón y Juan Miguel Jara, afirma que después de la caída de la directiva progresista de la DC presidida por Renán Fuentealba, “el peso de la elaboración intelectual y programática demócrata cristiana recayó en los sectores más centristas o menos radicales (…) escuchamos con fuerza voces que sostenían las ventajas de un modelo económico “moderadamente” liberal, se oyeron tesis que respaldaban “en principio” las privatizaciones masivas de empresas públicas que implementó el Régimen Militar, y tantos otros argumentos que diferían solamente en grado de los planteados por los economistas y burócratas de la Dictadura (…) Las negociaciones para la Reforma a la Constitución en 1989 significaron una serie de concesiones mutuas entre el Régimen de Pinochet y sus opositores representados por la Concertación de Partidos por la Democracia (…) [La transición chilena] “se caracterizó por la opción consciente de desmovilizar a los grupos sociales organizados que desestabilizaron a la Dictadura (…) se adoptó, por parte del Gobierno del camarada Patricio Aylwin Azócar, una serie de acciones que se dieron en llamar ‘Política de los Acuerdos’ (…) se llamaba a no agudizar los conflictos con quienes respaldaron y sustentaron el Régimen Militar (el empresariado y las Fuerzas Armadas), y a no fomentar las demandas sociales”.
Aylwin en sus memorias calificó la declaración de 1973 de la directiva DC como “pecado de ingenuidad”. El 9 de septiembre de 2013, su hermano, Andrés Aylwin, dijo: “Patricio equivocadamente aceptó el golpe”. Andrés Zaldívar declaró que la declaración de los 13 tenía más sentido político que la oficial.
Renán Fuentealba señaló:
“Los militares no querían dar el golpe si la democracia cristiana no les daba luz verde y la luz verde fue el acuerdo de la Cámara de Diputados (…) [la sesión de agosto de 1973 que declaró la inconstitucionalidad del gobierno de Allende] (…) estaba la frase de Aylwin (Patricio) que dijo que hay que pasar de las palabras a los hechos y no hay que dejarles pasar ninguna más. Yo me pregunté esa vez, si nosotros habíamos hecho todo, que significa eso de pasar de las palabras a los hechos. Era bastante claro el asunto, había que pasar al golpe militar y al derrocamiento de Allende”.
Un sector de la DC propició una salida democrática a la crisis, contaba con el Cardenal Silva Henríquez, confiaba en los militares leales a la Constitución, y más tarde condenó públicamente el golpe. Pero, las diferencias políticas en la DC eran tan profundas que mientras unos dirigentes como Bernardo Leighton, Radomiro Tomic, Renán Fuentealba y otros se opusieron desde el primer día a la dictadura, y por eso fueron perseguidos; otros, en cambio, contribuyeron activamente a la conspiración como Juan de Dios Carmona, Luis Thayer Ojeda, Sergio Ossa Pretot, Jorge Cauas y Alvaro Bardon.
En la Junta Nacional de agosto de 2013 de la DC, la llamada “declaración de los 13” fue incluida en el voto político, e inspirada en ella apareció públicamente la declaración “Lecciones de la historia y desafíos para un tiempo fecundo. La Democracia Cristiana a 40 años del golpe de estado en Chile”.
Entre las ideas principales del documento se plantea la necesidad de una nueva Constitución que surja de una Asamblea Constituyente, “que es lo que la mayoría del país desea”; que se avance al reconocimiento pleno de los derechos ciudadanos y a una sociedad más justa e igualitaria priorizando la salud, la educación y la previsión social; que se redistribuya el ingreso mediante reformas tributarias progresivas, se restablezca la potestad de Chile sobre sus riquezas y recursos nacionales, se fortalezca la capacidad negociadora de los sindicatos y se impulse la participación ciudadana. Para llevar a cabo estos desafíos se releva el papel del próximo gobierno de Nueva Mayoría, “que debe trascender y prolongarse más allá del año 2020”, y se llama al debate de cara al Sexto Congreso de la Democracia Cristiana que se realizará el año 2014.
El golpe de estado podía evitarse
En ocasión de los 40 años del golpe de estado, cuando en el PDC hubo quienes pidieron que la “declaración de los 13” que condenó el golpe de estado, se adoptara como la posición oficial de la DC, los firmantes de la declaración lo rechazaron. Belisario Velasco dijo:
“Hubo un antes, un durante y un después. En el antes hubo una directiva que presidía Renán Fuentealba, el vicepresidente Bernardo Leighton y yo era secretario nacional. Esa directiva perdió la junta nacional y por ende la conducción del partido, en mayo de 1973, con un 45%. Entonces, éramos muchos más que los 13, representábamos a muchos (…) La historia no se puede reescribir: la posición mayoritaria de la DC fue la de apoyar el golpe. Ni con el acuerdo de las partes se puede cambiar la historia”.
Los golpistas aducen que la UP quebrantó la legalidad y violó los derechos humanos. Si bien hubo sectores que intentaron sobrepasar la via institucional, el accionar de la Unidad Popular y de las autoridades del gobierno se ciñó al programa y a la estrategia de la UP, y respetó la legalidad e institucionalidad existente, sin que hubiera violaciones a los derechos humanos.
La prensa tampoco tuvo limitaciones, por el contrario, la mayoría de los medios de comunicación, que eran de propiedad de los grandes monopolios, se comprometieron con la conspiración golpista y recibieron financiamiento para ello del gobierno de Estados Unidos y otras entidades, en primer lugar, el diario El Mercurio.
Por ello es que ha sido de toda justicia la resolución reciente del Tribunal de Etica y Disciplina del Colegio de Periodistas, de expulsar de la orden a Agustín Edwards Eastman.
Para Moulian, una de las causas del golpe de estado fue la “radicalización política” de los años 60, que impidió las alianzas y entendimientos con el centro. Del “reformismo antioligárquico global” de Frei se pasó al proyecto de “tránsito institucional al socialismo”.
Desaparecieron los partidos Liberal y Conservador y emergió una derecha agresiva y golpista con el Partido Nacional y el Movimiento Gremialista, que dió a luz a los “Chicago Boys”.
En la izquierda, el Partido Socialista había adoptado en 1957 su tesis del Frente de Trabajadores, y en los años 60 reivindicó la combinación de formas de lucha.
La Unidad Popular señalaba que se proponía iniciar el tránsito institucional al socialismo. Su conclusión es que en 1964 ya no había condiciones para la colaboración entre el centro y la izquierda: existía una izquierda maximalista, partidaria del socialismo o, por lo menos, del aceleramiento de la “revolución democrática”, y un centro antialiancista que se esforzaba por desplazar a la izquierda. En vez que se moderara el programa inicial de la izquierda; sucedió por el contrario que la UP aplicó una “estrategia de reformas no negociadas”, hubo un progresivo “vaciamiento” del centro, se fortaleció la línea del “polo revolucionario” dentro de la UP, y se produjo el triunfo electoral de la izquierda en marzo de 1973, todo lo cual favoreció la polarización.
Hasta aquí el análisis de Moulian.
No compartimos la connotación negativa que Moulián le otorga a la “radicalización” de los años 60. En Chile y en el mundo cursaba un intenso proceso de politización de las masas populares; crecían su organización, su unidad y sus luchas, y eso se reflejaba en altos niveles de participación ciudadana en los asuntos públicos.
La aspiración a desarrollar un proceso revolucionario antiimperialista y antioligárquico con vistas al socialismo se correspondía con el avance de la izquierda en Chile y de las fuerzas progresistas en el mundo. Gran parte de la humanidad simpatizaba con el socialismo, existía un bloque de países en torno a la URSS que contribuía a contener los afanes agresivos del imperialismo; en América Latina había triunfado la Revolución Cubana, se desarrollaba un movimiento internacional de solidaridad con el pueblo de Vietnam en su lucha contra la agresión norteamericana; en 1968 París era conmocionada por la revuelta estudiantil y obrera; Martín Luther King encabezaba grandes combates contra el racismo en Estados Unidos; procesos de liberación nacional desintegraban el colonialismo y entraba a incidir en los destinos del mundo el Movimiento de los Países No Alineados; la Iglesia Católica impulsaba procesos renovadores que habían sido resueltos por el histórico Concilio Vaticano II.
El Chile de los 60 era atravesado por grandes movilizaciones obreras, campesinas, de pobladores, estudiantes, académicos, intelectuales y trabajadores de la cultura, que habían alcanzado un alto grado de organización y unidad, y la bandera de cambios estructurales había irradiado a vastos sectores como resultado del accionar de las fuerzas de izquierda a lo largo de muchos años.
En mayo de 1972 Chile fue sede del primer congreso del Movimiento Latinoamericano Cristianos por el Socialismo, cuyas resoluciones perseguían “impactar la conciencia latinoamericana y mundial, contribuyendo a destruir la aparente legitimidad del capitalismo a que están acostumbrados la mayoría de los países del Tercer Mundo”.
Al mismo tiempo, la jerarquía de la Iglesia Católica y el cardenal Raúl Silva Henríquez mostraban una posición amistosa y de simpatía hacia el gobierno de Allende y sus transformaciones.
En los años previos a la conformación de la Unidad Popular, se habían fortalecido las posiciones de izquierda en el Partido Radical, partido que continuaba siendo influyente en los sectores medios, como lo probaban sus votaciones.
En 1961, el PR había elegido 39 diputados; en 1965 eligió 20; y en 1969, en pleno auge democratacristiano, eligió 24.
Dirigentes radicales como Alberto Baltra, Hugo Miranda, Anselmo Sule, Carlos Morales, Orlando Cantuarias y Aníbal Palma, se esforzaban para que su partido se integrara a la izquierda, y algunos, como su precandidato presidencial, Alberto Baltra, manifestaban sus simpatías por el socialismo.
En su libro “Tres países del mundo socialista”, Alberto Baltra afirmaba:
“El mundo marcha inevitablemente hacia el socialismo (…) es perfectamente concebible una alternativa viable lo suficientemente socializada como para permitir una planificación eficaz, preparar el cambio del sistema capitalista, extirpar los monopolios, debilitar la influencia imperialista y facilitar la acumulación y movilización de los cuantiosos recursos que se necesitan para acrecentar la capitalización nacional y, por ende, el ritmo de desarrollo en Chile”.
En los años previos, aunque las transformaciones estructurales no eran prioridad del gobierno de Frei, éste avanzó en la reforma agraria y la sindicalización campesina, chilenizó el cobre, impulsó la organización poblacional, creó el impuesto patrimonial a las grandes fortunas, condenó la intervención militar norteamericana en Santo Domingo.
La Juventud Demócrata Cristiana participó de conjunto con las de izquierda en la marcha en solidaridad con el pueblo de Vietnam, en la lucha por la reforma universitaria, y en otras iniciativas. Hubo una corriente democratacristiana que levantó la bandera de cambios estructurales denominado socialismo comunitario, el cual se expresó en 1970 en la candidatura presidencial de Radomiro Tomic.
Entonces, es más preciso decir que el clima político obligó a la DC y otros sectores a diferenciarse de los planteamientos conservadores, que afirmar que la izquierda estuvo obligada a diferenciarse del centro político.
En vez de una “estrategia de reformas no negociadas”, el gobierno de la Unidad Popular puso en práctica una estrategia permanente de entendimientos con la Democracia Cristiana, como lo prueban los acuerdos alcanzados.
Simultáneamente, para superar los obstáculos de la derecha al avance del programa, se recurrió también a algunas normas de la legislación chilena promulgadas en épocas históricas anteriores en materias como las intervenciones estatales de empresas, que también fueron parte de las conversaciones con la DC sobre la legislación respecto de las áreas de propiedad en la economía, llegándose a acuerdos que lamentablemente luego fueron abortados por el sector conservador de ese partido.
Si no se avanzó más en los entendimientos con la DC fue porque tal estrategia tuvo la férrea oposición de un sector del PS, del freísmo democratacristiano, la DC internacional y el gobierno de Estados Unidos.
La transición pactada
Estrechamente vinculada con los orígenes del golpe y el carácter de la salida a la dictadura se encuentra la transición pactada a la democracia. Políticos derechistas y concertacionistas alaban su índole “ejemplar”. Para Enrique Correa, ex ministro socialista del Presidente Patricio Aylwin, es “una de las transiciones más exitosas del mundo”, equiparándola con la de Sudáfrica. Mala comparación, ya que Sudáfrica, después de terminar con el régimen del apartheid, elaboró una nueva Constitución que fue aprobada por una Asamblea Constituyente el 11 de octubre de 1996, y en Chile aún estamos en el proceso.
Esta alabada “transición”, a partir de 1984 y 1985, fue negociada y pactada con Pinochet por los partidos de la Concertación y la derecha, con participación protagónica del gobierno de Estados Unidos. Coordinaron las reuniones bilaterales y colectivas que se realizaron delegados designados por el cardenal Francisco Fresno de la Iglesia Católica.
A Pinochet y a la derecha les hicieron todo tipo de concesiones, mientras que a los comunistas y a la izquierda se les continuó excluyendo por 20 años más, aunque fueron una fuerza decisiva para echar abajo la dictadura.
La transición frustró el advenimiento de la democracia al mantener los cimientos del régimen institucional diseñado por Jaime Guzmán, entre ellos la Constitución pinochetista, y el antidemocrático sistema electoral binominal, con el cual recién se terminó en 2015.
La Constitución de 1980, antidemocrática por su origen y por el contenido de sus disposiciones fundamentales, la elaboró un reducido grupo derechista designado por el dictador, a espaldas de la ciudadanía, y fue aprobada en una consulta fraudulenta, sin discusión ni libre participación.
Su sistema de quórum calificado constituye un derecho a veto de la derecha ante cualquier iniciativa de cambio. Concede amplia autonomía a las Fuerzas Armadas, al Banco Central y al Tribunal Constitucional. No garantiza el ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales fundamentales, entre ellos el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a pensiones justas y dignas, a un medio ambiente sano. Consagra un régimen laboral que anula, en la práctica, los derechos a huelga, a sindicalización, a negociación colectiva. No establece la soberanía, la propiedad, el usufructo, ni la administración común de los recursos naturales, al servicio del país.
La neutralidad e independencia de las FF.AA. del poder democrático es defendida a ultranza por la derecha, reacia a cualquier medida que la pueda poner en peligro, como lo demuestra la reacción a la iniciativa de la Subsecretaría de las FF.AA. del actual gobierno, de unificar criterios sobre la educación en los institutos armados, y mejorar los incentivos a la conscripción militar a través de un Foro Ciudadano.
Se debió avanzar en desmantelar la institucionalidad dictatorial con el empuje del movimiento de masas, pero en lugar de ello los gobiernos de la Concertación se ciñeron a los compromisos contraídos con la dictadura y los norteamericanos, blanqueando a la derecha y cogobernando con ella, lo que posibilitó a la larga que ésta reasumiera el gobierno en 2010.
El 5 de octubre de 2011 la Concertación reconoció parcialmente su responsabilidad política en la frustrada transición pactada a la democracia, al declarar que hay cambios pendientes tras 20 años de gobiernos de la Concertación, porque “nuestra acción política no se opuso con suficiente determinación al veto de los poderes fácticos y de una parte importante de la derecha”.
Al mismo tiempo se pronunció por un proyecto de futuro que debe contener “una nueva Constitución para Chile (…) un acuerdo social para terminar con las desigualdades y los abusos de la sociedad chilena”, y eso requiere “la conformación de una nueva mayoría social y política”, por lo que “los partidos de la Concertación declaramos nuestra voluntad de concurrir a la conformación de una nueva mayoría para cambiar Chile junto a otros actores sociales y políticos del centro y la izquierda con quiénes lleguemos a concordar un proyecto de país”.
El dirigente democratacristiano Edgardo Boeninger, uno de los “artífices” de la transición pactada, en una carta enviada a los dirigentes de su partido, señalaba que la transición a la democracia exigía la exclusión del PC, argumentando que los comunistas eran partidarios de la lucha armada, y añadía:
“Aunque renunciara explícita y formalmente a dichas posiciones al PC no se le puede dar cabida en los acuerdos políticos de sustentación democrática o de gobierno futuro ni en la mesa de negociaciones con las FF.AA. Su presencia es absolutamente inaceptable para éstas, lo que constituye un factor decisivo en la política chilena actual. La credibilidad de la alternativa democrática entre los sectores militares no continuistas y el grueso sector de orden y pasivo de la ciudadanía, está directamente vinculada a la nítida separación entre las fuerzas democráticas y el Partido Comunista”.
El inicio de las protestas nacionales en 1983 agudizó la preocupación de los norteamericanos, la cual comenzó a manifestarse desde los años 1984 y 1985 a través de variadas formas de presión y declaraciones públicas.
Carlos Portales , un estudioso de las relaciones de Estados Unidos y Chile, consigna que el 30 de octubre de 1984 el Departamento de Estado anunció que estaban revisando “como los acontecimientos recientes (en Chile) podrían afectar los intereses norteamericanos” después de las protestas de 1983.
Ya al día siguiente de la declaración de estado de sitio en Chile, el 7 de noviembre de 1984, el Departamento de Estado criticó “el creciente ciclo de violencia por parte de la extrema izquierda y las medidas represivas del gobierno” e instó “tanto al gobierno como a las fuerzas democráticas fuera del gobierno, a que superen sus diferencias y avancen hacia un consenso sobre la transición hacia la democracia”.
El 26 de noviembre, el vocero de la Casa Blanca Larry Speakes dijo que los Estados Unidos habían expresado al gobierno militar que “quisiéramos verlos moverse hacia un ordenado retorno a la democracia”. El 28 de noviembre, el vocero del Departamento de Estado John Hughes hizo un llamado a “las fuerzas que favorecen el retorno a la democracia a renovar esfuerzos para abrir discusiones sobre calendario y procedimientos para devolver la democracia a Chile”.
El 30 de noviembre visitó Chile el Secretario Asistente Alterno para Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado, James Michel, quien exploró las posibilidades de acuerdo entre gobierno y oposición, reuniéndose con el ministro Jarpa y con varios dirigentes de la oposición.
Luego viajó a Chile Langhorne Motley, Secretario de Estado Adjunto del gobierno de EE.UU., reuniéndose también con el cardenal Juan Francisco Fresno, y al salir de Santiago, declaró que “el destino de Chile está en manos de los chilenos, y está en buenas manos”.
Tanto Harry Barnes, nuevo embajador de Estados Unidos en Chile designado en octubre de 1985 , como Eliott Abrams, coincidían en apurar el diálogo entre las “fuerzas democráticas”, para evitar que “prospere la izquierda radical, no democrática”.
Según los recuerdos de Luis Corvalán L. , a mediados de 1985 se realizaron por iniciativa del cardenal Fresno varias reuniones con la presencia del Partido Demócrata Cristiano, Partido Socialista de Briones, Partido Radical, Partido Radical Social Demócrata, Unión Nacional (Andrés Allamand), Partido Liberal, Partido Republicano, Renovación Nacional de Carmen Saenz, para buscar una salida pactada a la dictadura, al término de las cuales suscribieron el “Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia”, cuyo texto fue enviado a Pinochet y publicado en La Segunda el 26 de agosto de 1985.
Diez años después, el vespertino La Segunda publicó una separata en la que José Zabala, uno de los tres coordinadores del acuerdo -los otros dos eran Sergio Molina y Fernando Leniz- describe en detalle como éste se fraguó.
El 19 de febrero de 1985, el cardenal Fresno, acompañado del obispo Valech y del vicario Precht, recibió en su casa a Langhorne Motley, junto a James Theberge, Embajador de EE.UU. en Chile, y el Encargado de la Oficina de Chile del Departamento de Estado.
Zabala cuenta que Motley le dijo a Fresno que “quizás la Constitución del 80 no sea perfecta, pero que no se podía iniciar el diálogo dudando de la legitimidad de la persona que estaba en La Moneda”, que “también era necesario que se fijara una clara línea frente al comunismo, lo cual no solo tranquilizaría a Pinochet, sino también a muchos otros en Chile, ya que se había comprobado que cuando se jugaba con fuego, al desaparecer la humareda, sólo quedaban dominando los comunistas”.
Posteriormente los tres asesores del Cardenal se reunieron, a partir del 15 de marzo, primero separadamente, con Patricio Aylwin, Carlos Briones, Francisco Bulnes, Enrique Silva Cimma, Pedro Correa, Andrés Allamand y René Abeliuk, y más tarde con Hugo Zepeda “para cubrir un sector de derecha no considerado”, y luego con Luis Maira, “por sugerencia de Briones, quien sentía la necesidad de verse acompañado por alguien tanto o más de izquierda que él”.
El 22 de julio se hizo la primera reunión de conjunto, y Zabala resumió las “opiniones que habían resultado coincidentes o similares en las reuniones tenidas con cada uno de ellos por separado”. Todos coincidían en buscar y sellar un “indispensable acuerdo con las Fuerzas Armadas –con o a pesar de Pinochet-, siendo básico para ello:
1. la exclusión, aunque no la proscripción, del Partido Comunista, a pesar de que renuncie a la vía violenta”;
2. la búsqueda de “reformas básicas a la Constitución de 1980, más que su repudio” y
3. “asegurar que, respetando la justicia no habrá venganza, ni tribunales especiales para los delitos cometidos”.
El 26 de diciembre de 1985, un grupo de personalidades, entre las que se encontraban Ricardo Lagos, Sergio Bitar, Fernando Castillo Velasco, Andrés Palma, Osvaldo Puccio, Enrique Correa, Manfred Max Neef, Moy de Tohá, Nemesio Antunez y Tomás Moulián, en una carta al Coordinador del Acuerdo Nacional, Sergio Molina, plantearon la “inclusión de todos los sectores relevantes del país. Todo intento de exclusión debilita a las fuerzas democráticas y crea condiciones que favorecen la perpetuación de la dictadura”.
Renán Fuentealba planteó por su parte:
“Entendámonos ahora con las fuerzas políticas de todos los sectores, incluyendo a los derechistas que quieran estar. Pero privilegiemos a las fuerzas populares, a las organizaciones sociales y a los partidos políticos que representan a los partidos populares”.
Al preguntarle si eso incluía al Partido Comunista y al MIR, su respuesta fue:
“Con todos hay que concertarse (…) puedo hacer gobierno con el PC para un programa completo de realizaciones políticas, económicas y sociales. Puedo hacerlo por determinado número de años”.
Al realizarse el Paro Nacional del 2 y 3 de julio de 1986, las conversaciones habían avanzado y la presión norteamericana se había hecho más fuerte.
Tal magnitud tuvo ese paro que la DC, temiendo una salida popular de masas a la dictadura, se apartó de la movilización y junto a la derecha y a los norteamericanos, aceleraron las negociaciones para la salida pactada con la dictadura.
El 4 de julio de 1986, menos de 24 horas después del Paro, llegó a Santiago el Subsecretario Adjunto para Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado, Robert Gelbard, quien conversó “con un amplio espectro de chilenos influyentes de diversos campos”, incluidos ministros y altos funcionarios del régimen y dirigentes de la oposición.
A los líderes de la oposición los llamó a retirarse de la Asamblea Nacional de la Civilidad y a desistir de todo acuerdo con los comunistas.
“El gobierno de los Estados Unidos –dijo al terminar su visita de inspección- apoya los esfuerzos de los verdaderos demócratas de Chile para edificar un amplio consenso y entablar un diálogo significativo”, y agregó:
“No puede esperarse que grupos tales como el Partido Comunista, que hoy favorecen los medios violentos para lograr sus fines políticos, vayan a someterse mañana a las reglas democráticas. Aquellos que otorgan legitimidad a los comunistas y a otros extremistas, no están contribuyendo a un Chile estable y democrático”.
En la oposición, los principales voceros de la tendencia conciliadora eran Edgardo Boeninger y José Joaquín Brunner, que instaban a la “oposición democrática” a separarse del MDP y a buscar “una salida negociada con las Fuerzas Armadas”, reconociendo explícitamente que tal salida “no puede encontrarse al margen de la Constitución de 1980”.
Mientras tanto, amplios sectores pedían la acción unida de todos los opositores. Surgió el “Manifiesto del Movimiento Democracia y Liberación”, firmada por 215 personas, entre ellas sacerdotes, religiosas, profesionales, artistas, y los dirigentes democratacristianos Radomiro Tomic, Fernando Castillo Velasco y Renán Fuentealba.
Antes de regresar a su país el 26 de noviembre de 1988, el embajador de EE.UU. Harry Barnes habló con la prensa, y le preguntaron si consideraba que los comunistas debían quedar fuera de una alianza de oposición. Respondió:
“Es lo lógico si la oposición quiere ganar las próximas elecciones. Otra cosa es el derecho de cualquier ciudadano a participar en la vida de su país».
Pregunta: Embajador, antes de partir, ¿por qué no revela de dónde sacó el rumor que transmitió el (o al) Departamento de Estado respecto de que el plebiscito no se iba a efectuar?
Respuesta: “Fue más que un rumor. Los antecedentes llegaron a la embajada y a nuestros funcionarios en Washington una semana o diez días antes del plebiscito”.
Pregunta: ¿Se trata de antecedentes confiables?
Respuesta: “Sí. Pero son reservados”.
En octubre de 1987, el PCCh llamó a inscribirse en los registros electorales y a votar por el NO. Explicaron que la demora en llamar a inscribirse en los registros electorales se debía a que habían transcurrido más de 14 años bajo la dictadura de Pinochet, en condiciones de dura clandestinidad y brutal represión, luchando intensamente para empujar hasta el límite las posibilidades de una salida democrática consecuente -no pactada- de la dictadura.
Entonces, al llegar el momento en que se hacía necesario hacer un viraje en las formas de lucha y asumir la participación en la lucha electoral, la preocupación prioritaria fue lograr que el núcleo más consecuente en la lucha antidictatorial, y los sectores populares, comprendieran y asumieran el viraje.
Insuficiencias de la Unidad Popular
Los protagonistas del golpe y de la salida pactada dañaron profundamente y por largo tiempo el futuro democrático del país. Recurrieron para ello a la exclusión, el freno a la lucha popular, el cogobierno entre derecha y Concertación, los llamados a la reconciliación. Sin embargo, también incidieron las insuficiencias en la estrategia de la Unidad Popular.
La UP no aquilató la incidencia que tuvo la intervención norteamericana en el cuadro político, y no priorizaron la movilización popular en defensa de la nación frente al asedio de una potencia extranjera.
Faltó también un análisis más riguroso del distanciamiento del Partido Socialista, que terminó por influir al sector más cercano al PCCh, el Partido Socialista de Almeyda. En cuanto a la DC, desde comienzos de la dictadura, la DC rechazó sistemáticamente los llamados unitarios del PCCh hechos entre 1973 y 1978 para constituir un frente antifascista que terminara con la dictadura. Así lo subraya Augusto Varas .
Luis Corvalán L. recuerda que las propuestas hechas en 1979 contemplaban la posibilidad de no participar directamente en el gobierno de unidad al que se accediera, pero no fueron acogidas por los democratacristianos. Recién en octubre de 1977 el PDC dio a conocer el documento “Una patria para todos”, que planteó la oposición a la dictadura y la unidad de todo el pueblo para crear “un movimiento nacional de restauración democrática”.
El rechazo al entendimiento con los comunistas se mantuvo hasta el pacto de omisión PC-Concertación de 2008 en algunas comunas, y el pacto general del 2009 que reincorporó a los comunistas al Parlamento. Hoy, en un nuevo retroceso histórico, la DC rechaza una sola lista de las fuerzas no derechistas para el proceso constituyente, igual que Lagos, quien aduce como pretexto para listas separadas el violentismo de Apruebo Dignidad.
El pilar mediático del modelo
Un pilar principal del dominio oligárquico y neoliberal desde la Unidad Popular hasta hoy es su poderío mediático, provisto por el férreo control del gran capital sobre el 95% de los principales holdings comunicacionales, la concentración de la propiedad de medios de comunicación más alta de América Latina. Los detentores del poder abusan de esa propiedad monopólica, desinformando y tergiversando la realidad, fabricando encuestas, generando polarización social, inventando falsas acusaciones, inflando mediáticamente las acciones de grupos opositores.
Para ello recurren a los medios tradicionales, y a las redes sociales, como lo denuncia Ignacio Ramonet en su libro “La era del conspiracionismo”, definiendo la era descrita como la de las redes sociales y su influencia mental y psicológica, como nunca antes la tuvieron la prensa escrita, radio, cine o TV, un universo donde los memes y la posverdad dificultan la distinción entre la realidad y la ficción, lo auténtico de lo manipulado, lo seguro de lo probable, lo objetivo de lo subjetivo.
En este marco se inscriben las escandalosas relaciones entre el dinero y la política descubiertas a partir de la investigación de “boletas ideológicamente falsas” de la empresa Penta, Soquimich y otras, usadas para las campañas electorales de políticos derechistas y algunos de Nueva Mayoría.
El rico patrimonio político, social, ideológico y cultural acumulado en nuestra historia nacional, que aportó un movimiento sindical clasista, una izquierda temprana, artistas e intelectuales comprometidos con las luchas del pueblo como Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Violeta Parra, Margot Loyola, Víctor Jara, Roberto Matta, José Balmes, Gracia Barrios, Raúl Ruiz, y muchos otros, los gobiernos del Frente Popular y el de la Unidad Popular, fue destruido por el golpe de estado y la dictadura, pero mantuvo el carácter oligárquico-patriarcal del desarrollo capitalista y su conservadurismo político y cultural, que explican la tendencia de quienes dominan a frenar y morigerar los cambios sociales y políticos.
Chile fue pionero de la contrarrevolución neoliberal, erigiendo una institucionalidad antidemocrática y de exclusión en base a la Constitución pinochetista de 1980. Se instaló la flexibilización laboral extrema, elevando la desprotección e incertidumbre laboral, y el ritmo, intensidad y duración de la jornada de trabajo, lo cual condujo a una drástica disminución de los trabajadores sindicalizados.
Ha existido un esfuerzo permanente para ocultar, falsear y reescribir la historia, para el modelo son recuerdos inconvenientes los de la epopeya transformadora del gobierno de la Unidad Popular, así como los de la dictadura.
La distorsión histórica ha permitido tragarse cuentos como el “capitalismo eterno”, el “fin de la historia”, “las revoluciones solo estimulan los golpes de estado”.
Las identidades colectivas perdieron la consistencia del pasado, ganando preeminencia nuevos mecanismos de identidad como la televisión, que generan cohesión rápida pero volátil. La lógica invasiva del consumo moldea las identidades sociales o culturales, y ofrece nuevos espacios para la relación de las personas, los días de la madre, el padre, el amor; los malls, los eventos de promoción y marketing, etc.
Se desarrolló un tipo de representación política de baja intensidad clasista, una de cuyas expresiones es la desafiliación política izquierdista del PS, y la derechización del PDC, antes partidario de la justicia social y del comunitarismo, ideología de la cual existen apenas vestigios después de haber sido penetrada por el sistema.
Acerca de las transformaciones ocurridas en los medios de comunicación, Francisco Herreros hace un recorrido histórico desde el golpe de estado, mostrando la creciente concentración de propiedad y la degradación de los contenidos.
El bando N° 11 de la dictadura, dictado el mismo 11 de septiembre de 1973, dispuso la inmediata clausura de los diarios El Siglo, El Clarín, Noticias de Ultima Hora y Puro Chile; las revistas Mayoría, Paloma, Hechos Mundiales, Onda, Saber Para Todos, El Manque, Chile Hoy, Ramona y Punto Final; las agencias informativas Prensa Latina de Cuba y CTK de Checoslovaquia; las radios Magallanes, Corporación, Luis Emilio Recabarren, Nacional y Candelaria, cuyas antenas de transmisión fueron además bombardeadas; e impuso la censura previa al diario La Prensa, a las revistas Ercilla y Mensaje y a la radio Balmaceda.
Quedó el campo libre para que dos empresas periodísticas, El Mercurio SAP y el Consorcio Copesa se constituyeran en oligopolios de la comunicación y en dueños exclusivos de la información y la opinión, mientras que simultáneamente la dictadura ejercía un férreo control de la televisión.
Durante el ascenso de las luchas sociales contra la dictadura, fueron surgiendo revistas opositoras. Fue el caso de las revistas Hoy, APSI, Análisis, Cauce y La Bicicleta, seguidas después por los diarios Fortín Mapocho y La Época, publicaciones todas vinculadas directa o indirectamente a partidos que integraron la Concertación; y en las postrimerías de la dictadura, de los semanarios o quincenarios Pluma y Pincel y El Siglo, pertenecientes al Partido Comunista; y Página Abierta y Punto Final, vinculados a distintas fracciones del MIR. Fue entonces cuando Enrique Correa, Ministro Secretario General de Gobierno del Presidente Patricio Aylwin, y Eugenio Tironi, desde la Secretaría de Comunicación y Cultura, proclamaron que la mejor política de comunicaciones consiste en no tenerla, pues para eso está la mano invisible del mercado.
El balance neto de tal política fue la desaparición de casi todos esos medios, y el incremento en la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en una proporción que supera a los estándares de la dictadura.
La conclusión de Herreros es que los medios de comunicación desempeñan hoy claramente su papel de productores y reproductores de ideología. Citando a Armand Mattelart:
“Los medios de comunicación de masas pertenecen a la esfera de una ideología de clase dominante y constituyen los soportes de la ideología llamada generalmente burguesa. Por tanto, reflejarán la visión del mundo, un punto de vista coherente y unitario acerca del conjunto de la realidad, que tiene esta clase y que ella desea hacer aceptar como la única razonable, la única objetiva, y por tanto, la única universal. En la medida en que esta clase monopoliza los medios de producción y domina la estructura del poder de la información, será su visión particular del mundo la que tenderá a imponerse como visión general de ese mismo mundo”.
Sostenemos que es posible y necesario superar el retroceso ideológico-cultural. Todo proceso de cambios ha sido precedido de la crítica y el cuestionamiento de las ideas dominantes, y de la irradiación de las nuevas ideas que expresan los intereses y aspiraciones de las mayorías postergadas.
Sin organización y lucha, no hay posibilidad de avanzar en la generación de conciencia, es en la actividad colectiva que surge más fácilmente la disposición a “escuchar” ideas nuevas, y en situaciones de actividad política intensa de las masas, se crean todas las condiciones para “adoptar” esas ideas. El proceso de toma de conciencia se desarrolla en la experiencia directa y tiene carácter emocional.
A pesar que el neoliberalismo logró irradiar fuertemente sus ideas, valores y actitudes, han subsistido rasgos de identidad y conciencia popular, los movimientos sociales tienden a politizarse al vincular la solución de sus reivindicaciones con la demanda de políticas públicas. En ese sentido, la lucha reivindicativa permite avanzar en acumular fuerzas para los cambios, siempre y cuando su plataforma se vincule a las demandas democráticas generales y a los partidos antisistémicos, a nuevas ideas y valores, y desarrolle formas orgánicas y de lucha adecuadas.
Los movimientos sociales pueden desarrollar luchas potentes y lograr ciertos triunfos, pero a pesar de su masividad y combatividad, hasta ahora no han logrado conformar nuevos gobiernos populares. Eso prueba que no basta la iniciativa creadora de las masas para lograr victorias más significativas, estas vendrán solo si se aborda el asunto central de toda transformación de fondo, que es el problema del poder del Estado.
La experiencia muestra que no existe antagonismo entre movimientos sociales y partidos políticos de izquierda; la contraposición se establece más bien entre movimientos sociales y partidos políticos que encaran la lucha con una perspectiva revolucionaria, y movimientos y partidos que solo pretenden “maquillar” el neoliberalismo.
Acerca del poder estatal y el gobierno
La principal insuficiencia de la estrategia de la UP tuvo que ver con las limitaciones de su concepción acerca del poder estatal.
En los años 70, el gobierno era el núcleo hegemónico y más dinámico del Estado. Asumir la Presidencia de la República permitía capacidad de intervención económica, de dirección y gestión administrativa, de definición política y de uso del aparato coercitivo.
De aquí arrancaba la Unidad Popular para aplicar su programa dentro de los límites del sistema institucional y legal, que esperaba transformar gradualmente, apoyándose en los entendimientos con la DC y en la movilización de los trabajadores y sectores populares para ir construyendo nuevas instituciones de poder popular, como los organismos de participación de los trabajadores en las empresas, las JAP, las coordinaciones territoriales de trabajadores.
Sobre las JAP, Patricio Palma, Director de la Dirección de Industria y Comercio (Dirinco) durante el gobierno del presidente Allende, recuerda que cuando a fines de 1971 se agudizó el problema del desabastecimiento de alimentos, surgió la propuesta de utilizar algunas facultades legales que tenía la Dirinco para organizar a los consumidores en las Juntas de Abastecimiento y Precios, que provenían del Decreto Ley Nº 520.
La idea se anunció en una reunión con miles de pobladores y trabajadores en el Estadio Chile, y fue acogida con gran entusiasmo. El gobierno hacía uso del control que tenía de la producción y el comercio exterior para hacer llegar el abastecimiento al comercio, y había que asegurar que el almacén del barrio estuviera vinculado a las JAP y el comerciante vendiera a precio justo. En esa época prácticamente todo el comercio estaba a cargo de distribuidores minoristas y medianos, por lo cual había que tener cuidado para no lesionar sus intereses.
Lo inédito es que las JAP surgían no para requerir a la autoridad la solución de un problema, sino como una organización popular con atribuciones para resolver el desabastecimiento, constituyéndose así en un organismo naciente de poder popular que contribuiría a cambiar el carácter del Estado, concitando por lo mismo el fuerte odio de la derecha.
Este tipo de participación popular le permitió a la UP enfrentar los 26 días del paro de octubre de 1972, momento en el que el gobierno requisó camiones y los hizo circular junto a los camioneros organizados en el “Movimiento Patriótico de Recuperación Gremial” (MOPARE), y los trabajadores asumieron el control de la mayor parte de las empresas paralizadas, mientras miles de voluntarios actuaban para normalizar el comercio y hacer funcionar el país. En ese momento se vislumbró el embrión de un poder popular alternativo, y se logró una gran victoria popular.
Sin embargo, no era fácil comprender la dialéctica de las transformaciones institucionales impulsadas por la UP.
Mientras Estados Unidos y la derecha seguían una vía insurreccional orientada al golpe y a la guerra civil, provocando hechos de violencia para arrastrar al gobierno a acciones de fuerza; la Unidad Popular necesitaba evitar la confrontación, y su fortaleza disuasiva dependía de la cohesión del movimiento popular y de su capacidad para desarrollar la movilización y mantener los entendimientos con la Democracia Cristiana.
Pero iba quedando de manifiesto que el gobierno no resolvía los obstáculos que el estado burgués oponía al proceso: su estructura burocrática no estaba capacitada para satisfacer las necesidades más apremiantes del pueblo, el aparato represivo no aseguraba protección al proceso productivo permanentemente saboteado por el enemigo, y la legislación vigente no permitía combatir con eficacia el mercado negro y el acaparamiento.
En esas condiciones era difícil mantener una línea político-institucional. Se precisaba destruir la herencia dictatorial, democratizar la justicia, los medios de comunicación de masas, desplegar la participación popular construyendo un nuevo Poder, elaborar una nueva Constitución.
En su primer mensaje presidencial, Allende había dicho que “la Constitución Política de Chile franquea la posibilidad de dictar una nueva Constitución distinta a la actual, y este es un camino que también utilizaremos”.
Amoldarse a los cauces legales ponía freno a la acción y movilización de las masas y a la elevación de su conciencia política, ya que exigía respeto por una institucionalidad y legalidad que era necesario eliminar y reemplazar.
En la reunión de los partidos de la Unidad Popular en febrero de 1972, una de las principales preocupaciones fue la desmovilización existente y la falta de protagonismo de las masas en el proceso de cambios.
En el seno de la Unidad Popular hubo diferencias respecto de estos temas, y no se logró estructurar una concepción vertebrada y coherente, que ganara la conducción del proceso.
La UP ni siquiera hizo uso de todas las posibilidades que ofrecía el marco institucional. Se pudo haber utilizado mecanismos existentes en el orden jurídico y legal para defender al gobierno popular de la embestida reaccionaria, como la Ley de Defensa Civil de 1945, que contemplaba la posibilidad de actuación conjunta de las FF.AA. y organismos civiles, organizaciones sociales y sindicales, para prevenir o actuar en situaciones de emergencia o que encerraran peligro para la nación.
Dado que existió un sector constitucionalista en el Alto Mando de las FF.AA., que tenía expresión en los demás escalafones de las instituciones armadas, se pudo haber desarrollado un accionar popular más decisivo en defensa del proceso, aumentando la disuasión contra las acciones insurreccionales del imperialismo y la derecha, y si no las evitaba, podría haber facilitado la reconversión del movimiento popular. O sea, aceptar que la vía institucional podía desembocar, aún contra la voluntad de la UP, en un enfrentamiento armado, y estar preparados para resistirlo.
Los partidos de la UP desconocían “la política militar antiinsurreccional (…) y antigolpe de estado”, y había confusión en relación a la “táctica político-institucional” y la “táctica insurreccional”. Un sector no aquilataba la importancia de que la DC continuara bajo la dirección del sector partidario de los entendimientos con la UP.
Nunca se resolvió ni discutió en la UP si el proceso debía orientarse hacia una insurrección popular o a prevenir la insurrección burguesa, y la razón principal eran las distintas estrategias que coexistían en la UP.
Las fuerzas políticas dominantes dentro de la UP pensaban en evitar o retrasar un enfrentamiento armado, pero no tenían claro cómo hacerle frente; la concepción predominante en los partidos de la UP y las organizaciones obreras para hacer frente a un golpe de estado era la huelga general con toma de industrias, que se había demostrado impotente para atajar el camino a las dictaduras de corte fascista en Italia en los años 20, y en Alemania y España en los años 30.
En marzo de 1973, minimizando el papel de las FFAA constitucionalistas, un sector de la coalición de gobierno exigió al Presidente prescindir de ellas en los Ministerios, y como resultado, hubo un cambio de Gabinete que reemplazó los Oficiales que habían ingresado en noviembre del 72, entre ellos el propio General Prats.
Luego que se frustró el “tancazo” del 29 de junio de 1973, gracias al accionar del sector constitucionalista de las FF.AA. y la movilización popular, era el momento para haber destituido a los golpistas, que estaban identificados, pero la decisión fue negociar con la DC y llamar al plebiscito.
Otro hubiera sido el desenlace si se hubiese construido un poder político y militar que, en los momentos decisivos, articulando pueblo, gobierno y militares constitucionalistas, defendiera el proceso. La historia muestra que los golpes de estado no son infalibles.
En Venezuela se derrotó el intento de golpe de estado en abril de 2002, que duró cuatro días y secuestró al presidente Hugo Chavez. El golpe fracasó gracias a la movilización popular, que liberó al presidente y lo repuso en el gobierno.
Hoy en Perú, las ininterrumpidas protestas populares no han permitido que se afiance el golpe de estado oligárquico para derrocar a Castillo. En Brasil y Bolivia, poco después de los golpes de estado se restablecieron gobiernos de izquierda.
Para una estrategia política democrática, la formulación de la Política de la Rebelión Popular de Masas por el PC durante la dictadura -reconocida por diversos sectores como decisiva para abrir los caminos de una lucha antidictatorial más amplia, multitudinaria y decidida- significó también enriquecer la concepción de poder de la izquierda al naturalizar el componente militar como parte integrante de una política revolucionaria, ya que un proceso transformador anticapitalista debe estar preparado para defenderse.
Los acontecimientos mostraban que llegaría el momento en que serían inevitables enfrentamientos más decisivos con la burguesía, que estaba empeñada a fondo en la desestabilización, por más que las fuerzas revolucionarias respetaran la legalidad. Y era claro que estas confrontaciones incorporarían cada vez más el componente militar.
La engañosa alternancia en el gobierno
Otra insuficiencia de la concepción de poder de la izquierda, que hasta hoy sigue pesando, es la percepción de que la alternancia en el gobierno entre distintas fuerzas políticas insertas en el sistema, constituye la panacea de la democracia, ignorando que un cambio de gobierno no altera necesariamente los “poderes fácticos”, es decir, el poder del gran empresariado, el sistema comunicacional a su servicio, las instituciones de justicia y las propias FF.AA.
Ello ha conducido a que en la mayoría de los países en que la izquierda asumió electoralmente el gobierno, o bien no logró acumular fuerzas para mantenerse en el gobierno, o abandonó su programa, o fue derribada por golpes de estado impulsados por el gobierno de Estados Unidos.
Los neoliberales presentan como un propósito totalitario el objetivo de la izquierda de avanzar en la conquista del poder, mientras usualmente ellos detentan el control del gobierno, del Parlamento, de los órganos de justicia, de las FF.AA. y de los medios de comunicación.
Avanzar en la conquista de todo el poder del Estado significa en rigor la consecución de un objetivo absolutamente democrático: que el pueblo dirija el gobierno, sea mayoría en el Parlamento y esté presente en la generación, composición y funcionamiento de todos los organismos e instituciones del Estado, comprendidos los tribunales de justicia y las fuerzas armadas y policiales.
Se convirtió también en una dificultad que los cambios institucionales promovidos por la UP no tuvieron suficiente tiempo para ser asimilados por los sectores populares, aunque constituían un eje principal del Programa de la Unidad Popular.
Este señalaba:
«Las transformaciones revolucionarias que el país necesita sólo podrán realizarse si el pueblo chileno toma en sus manos el poder y lo ejerce real y efectivamente (…) las fuerzas populares no se han unido para luchar por la simple sustitución de un Presidente de la República por otro, ni para reemplazar a un Partido por otros en el gobierno, sino para llevar cabo los cambios de fondo que la situación nacional exige sobre la base del traspaso del poder de los antiguos grupos dominantes a los trabajadores, al campesinado y sectores progresistas de las capas medias de la ciudad y el campo (…)
Una nueva Constitución Política institucionalizará la incorporación masiva del pueblo al poder estatal». Los Comités de Unidad Popular «deben ir convirtiéndose en el curso de la campaña en expresiones germinales del poder popular (…) serán intérpretes y combatientes de las reivindicaciones inmediatas de las masas, y sobre todo, se prepararán para ejercer el Poder Popular (…)
Las organizaciones sindicales y sociales (…) serán llamadas a intervenir en el rango que les corresponda en las decisiones de los órganos de poder”.
Se afirmaba el «afianzamiento del carácter nacional de todas las ramas de las Fuerzas Armadas, y el rechazo de cualquier empleo de ellas para reprimir al pueblo o participar en acciones que interesen a potencias extranjeras (…) la policía debe ser reorganizada a fin de que no pueda volver a emplearse como organismo de represión contra el pueblo».
Acerca de la estructura del estado, puntualizaba que » el Gobierno Popular iniciará una real descentralización administrativa, conjugada con una planificación democrática y eficiente que elimine el centralismo burocrático y lo reemplace por la coordinación de todos los organismos estatales (…) se modernizará la estructura de las municipalidades (…) y se tenderá a transformarlas en los órganos locales de la nueva organización política, dotándolas de financiamiento y atribuciones adecuadas (…)».
La dinámica política impidió que varias de estas medidas se llevaran a la práctica.
Aunque es un tema que necesita mayor desarrollo, solo digamos que la aspiración del programa de la UP en cuanto a convertir las municipalidades “en los órganos locales de la nueva organización política, dotándolas de financiamiento y atribuciones adecuadas (…)», encuentra hoy una vigorosa expresión en las iniciativas innovadoras del Municipio de Recoleta, incluyendo la creación de propiedad pública democrática, entre las que se destacan los programas de educación y salud, Farmacia y Optica Popular, las iniciativas culturales como la Librería y la Editorial Popular, Inmobiliaria Popular, todas ellas ampliando el acceso de los sectores populares a la educación, salud, cultura, vivienda.
Poulantzas y la vía institucional
Algunos planteamientos de Nicos Poulantzas tienen plena validez para el análisis de la vía institucional porque, además de sus referencias explícitas a la Unidad Popular, son formulaciones propias de la concepción de socialismo de la izquierda chilena, vinculada a la ampliación y desarrollo creciente de la democracia participativa, tal como Marx lo anticipara al hablar de la extinción del Estado. Al mismo tiempo implican, encajando bien en la experiencia chilena, la conquista no solo del gobierno sino del conjunto del poder del Estado como condición para el éxito de la vía institucional.
Poulantzas, al igual que Gramsci, subraya que el Estado capitalista no se limita al ejercicio de la represión, sino también organiza la ideología dominante mediante los aparatos ideológicos del Estado, que elaboran, inculcan y reproducen esa ideología: la Iglesia (aparato religioso), el sistema educativo, el entramado oficial comunicacional, el aparato cultural, y por cierto, los aparatos en los que recae principalmente el ejercicio de la violencia física legítima (ejército, policía, justicia-prisiones, administración).
Por tanto, el acceso de las masas populares y sus organizaciones políticas al poder, en una perspectiva de transición al socialismo, no puede detenerse en la toma del poder estatal, debe extenderse a la transformación de los aparatos del Estado.
Ocupar el gobierno no significa, ni forzosa ni automáticamente, que la izquierda controle los aparatos estatales, y ni siquiera algunos de ellos, pues la organización institucional del Estado permite a la burguesía, en el caso que las masas populares lleguen al poder, permutar los lugares del poder real y del poder formal, y permutar el papel dominante de un aparato a otro si la izquierda llega a controlar el aparato que hasta ese momento desempeñaba el papel dominante.
Repentinamente aparatos-instituciones cuya función hasta ese momento había sido secundaria comienzan a jugar un papel principal, como los tribunales que de pronto descubren vocaciones irresistibles de garantía de la “legalidad”, como en la Unidad Popular, o como en otras experiencias.
Las conductas políticas de las diversas fracciones del capital frente a las clases populares no siempre son idénticas. Las diferencias de táctica, o incluso de estrategia política, en una coyuntura dada o a más largo plazo, constituyen uno de los factores primordiales de división en el seno del propio bloque en el poder.
Si bien existe un acuerdo de fondo entre las clases y fracciones dominantes en cuanto al mantenimiento y la reproducción de la dominación y de la explotación de clase, no es un acuerdo sobre una política unívoca, en todo momento, frente a las masas populares.
Las contradicciones en el bloque en el poder conciernen tanto a los problemas relativamente secundarios como a las grandes opciones políticas, incluidas las formas mismas del Estado que hay que instaurar frente a las masas populares: formas de Estado de excepción (de guerra abierta contra las masas populares: fascismos, dictaduras militares, bonapartismos), y formas de “democracia parlamentaria”, o entre estas últimas (regímenes clásicos de derecha o regímenes socialdemócratas).
Este punto es relevante en las condiciones actuales de crecimiento de la ultraderecha en Chile y el mundo. Viene al caso lo que decía el filósofo húngaro György Lukacs: “el poder militar del fascismo ha sido aniquilado en la guerra. Sin embargo (…) su destrucción política, organizativa y, sobre todo, ideológica, es mucho más lenta y difícil de lo que muchos pensaban. Políticamente, porque algunos hombres de Estado, que acostumbran llamarse enfáticamente democráticos, consideran a los fascistas como una reserva, los cuidan y hasta los apoyan”.
La historia muestra que las dictaduras fascistas surgen como una forma de estado de excepción salvar la dominación de clase de la burguesía cuando ésta se encuentra amenazada por una crisis política y por el auge de la lucha popular. Hoy la ultraderecha toma fuerza en América Latina a pesar de la existencia de los gobiernos de izquierda y progresistas, en noviembre pasado en México realizaron un cónclave convocado por la Conferencia Política de Acción Conservadora.
Hoy, el ciclo político post octubre de 2019, trae de vuelta el peligro del resurgimiento del fascismo, la ultraderecha actúa violentamente contra las movilizaciones populares, hace política apoyándose en el espionaje, las provocaciones, el amedrentamiento, los llamados a las FF.AA. a que salven a Chile, el control mediático y la defensa a toda costa de la Constitución pinochetista.
Poulantzas agrega que emprender una transformación radical del Estado articulando la ampliación y la profundización de las instituciones de la democracia representativa y de las libertades con el despliegue de las formas de democracia directa de base y el enjambre de los focos autogestionarios, aquí está el problema esencial de una vía democrática al socialismo y de un socialismo democrático.
Tomar el poder significa desarrollar una lucha de masas tal que modifique la relación de fuerzas interna en los aparatos del Estado, que son el campo estratégico de las luchas políticas.
En una vía democrática al socialismo ello consiste, esencialmente, en desarrollar, reforzar, coordinar y dirigir los centros de resistencias difusos de que las masas siempre disponen en el seno de las redes estatales, creando y desarrollando otros nuevos, de tal forma que estos centros se conviertan, en el terreno estratégico que es el Estado, en los centros efectivos del poder real.
Esta estrategia de toma del poder remite directamente a la cuestión de las transformaciones del Estado en una vía democrática al socialismo.
Sólo una articulación entre dos procesos, el de la transformación de la democracia representativa y el del desarrollo de las formas de democracia directa de base o movimiento autogestionario, puede evitar el estatismo autoritario.
Una transformación orientada hacia la extinción del Estado sólo puede apoyarse en una intervención creciente de las masas populares por medio de sus representaciones sindicales y políticas, pero también por el despliegue de sus iniciativas propias en el seno mismo del Estado.
Esto hace surgir el peligro de la reacción de la burguesía frente al desarrollo y extensión de las libertades y de la democracia representativa, que ofrece mayores posibilidades al adversario, bien para boicotear una experiencia de socialismo democrático, o para intervenir brutalmente a fin de ponerle término.
No se puede afrontar este peligro más que apoyándose activamente en el movimiento popular de masas, apoyado en amplias alianzas populares. Este amplio movimiento popular constituye una garantía frente a la reacción del adversario, aun cuando no sea suficiente y deba ir siempre unido a transformaciones radicales del Estado.
Esta es la doble lección que podemos sacar de Chile. Dice Poulantzas:
«El fin de la experiencia de Allende no se debió solamente a la ausencia de estas transformaciones, sino también a que la reacción de la burguesía fue posible por la ruptura de las alianzas entre clases populares (clase obrera-pequeña burguesía principalmente), lo que había previamente roto el impulso a favor del gobierno de la Unidad Popula»r.
El proceso global de reconfiguración geopolítica
La inédita experiencia de la Unidad Popular mostró que era factible que una coalición política con un programa de transformaciones antiimperialistas y anti oligárquicas que proclamaba el socialismo como su objetivo, accediera al gobierno a través de las elecciones.
Pero también evidenció que la burguesía y el imperialismo no trepidan en recurrir al genocidio y la destrucción de la institucionalidad democrática para detener las transformaciones.
Actualmente, varios gobiernos latinoamericanos, incluido el nuestro, recorren nuevamente la vía institucional para llevar a cabo reformas progresistas, por tanto, resultan relevantes las reconfiguraciones geopolíticas que están ocurriendo en el mundo.
América Latina ha sido escenario en las últimas décadas de dos oleadas de gobiernos progresistas y de izquierda, que acometen reformas de carácter democrático y antiimperialista por medio de la vía político-institucional.
Ambas tienen características diferentes, y un rasgo común es la fuerte oposición desestabilizadora que enfrentan de parte de los enemigos de los cambios.
Valter Pomar señala:
“La derrota de experiencias como la de la Unidad Popular (…) no permite concluir la inviabilidad de un camino estratégico; permite apenas concluir que, actuando bajo determinadas condiciones históricas y con determinadas opciones, la izquierda fue derrotada”.
El dirigente del PT agrega:
“Es posible transformar victorias electorales en gobiernos que acumulen fuerzas en dirección al socialismo, y como parte integrante de una vía de toma del poder diferente de la insurrección y de la guerra popular”.
En su opinión, si bien la situación histórica es distinta de la existente en 1970‐1973, las cuestiones fundamentales siguen siendo:
a) la composición y el programa de un bloque histórico popular;
b) la combinación entre la presencia en el aparato del Estado y la construcción de un contrapoder, especialmente en el caso de las fuerzas armadas, y
c) cómo lidiar con la actitud de las clases dominantes, que frente a amenazas a su propiedad y a su poder, quiebran la legalidad y empujan el proceso hacia situaciones de ruptura.
La novedad, concluye Pomar, es la constitución, entre 1998 y 2009, de una correlación de fuerzas en América Latina que permite limitar la injerencia externa.
Mientras exista esta situación, será posible especular teórica y prácticamente acerca de una vía de toma del poder que, aunque también revolucionaria, sea diferente de la insurrección y de la guerra popular.
Luego de la avasalladora marea neoliberal que subsumió a una parte de la izquierda después del derrumbe de la URSS, el capitalismo neoliberal, en un breve lapso histórico, agotó sus posibilidades de desarrollo y vive la mayor crisis sistémica desde la Gran Depresión.
Junto con ello, el año 2022 ha sido calificado como el año de la reconfiguración global del mundo y el cambio de la correlación de fuerzas internacional.
El gobierno de Estados Unidos, con todo su poderío militar y financiero, ya no tiene la fuerza política para imponer su dominio en la región.
Los pueblos latinoamericanos se levantan contra la política neoliberal instalada por las dictaduras en Chile y otros países. La consolidación de un bloque progresista junto a Cuba, Nicaragua y Venezuela, con gobiernos de izquierda y progresistas en México, Bolivia, Honduras, Chile, Argentina, Colombia y Brasil, marcan la región con un sello de independencia del gobierno de Estados Unidos.
Agreguemos que en Ecuador están en desarrollo multitudinarias protestas sociales, y en las recientes elecciones avanzaron las fuerzas de la Revolución Ciudadana, o correismo.
También a escala mundial transcurren grandes cambios geopolíticos, tecnológicos y en el sistema de relaciones internacionales, que incluyen nuevos centros económicos, con sus propias instituciones políticas y modelos de crecimiento.
China y Rusia desempeñan hoy un rol importante en la lucha por un mundo “multipolar”. Tal como dijo Fidel, “hoy es posible la sólida alianza entre los pueblos de la Federación Rusa y el Estado de más rápido avance económico del mundo: la República Popular China; ambos países con su estrecha cooperación, su avanzada ciencia y sus poderosos ejércitos y valientes soldados constituyen un escudo poderoso de la paz y la seguridad mundial, a fin de que la vida de nuestra especie pueda preservarse”.
El grupo de países BRICS –Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica-, constituido hace más de una década, al cual Argentina, Irán, Egipto, Turquía, Arabia Saudita, Nigeria, Argelia, tienen interés de ingresar, representa hoy en el mundo el 25% del PIB, el 30% del territorio, el 40% de la población y el 18% del comercio, y está creando instituciones nuevas de carácter financiero: banco, moneda común (Foro Empresarial BRICS, 22 de junio 2022).
Simultáneamente, cobra fuerza la configuración de un polo euroasiático como eje de la economía planetaria, del que forman parte la Unión Económica Euroasiática (UEEA) y la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), integrada actualmente por ocho Estados miembros (China, India, Kazajstán, Kirguistán, Rusia, Pakistán, Tayikistán y Uzbekistán), cuatro Estados observadores interesados en adherirse como miembros de pleno derecho (Afganistán, Belarús, Irán y Mongolia) y seis “Asociados en el Diálogo” (Armenia, Azerbaiyán, Camboya, Nepal, Sri Lanka y Turquía).
Cursa asimismo el repliegue de Occidente en Medio Oriente debido a levantamientos y resistencias populares que relativizan su dominio sobre la zona, y los intentos infructuosos de Estados Unidos de agrupar países en torno a estructuras como el G7, la UE y la OTAN, y la plataforma económica Indo-Pacífico.
Se desarrollan importantes avances económicos y tecnológicos de China que colocan al gigante asiático a la par con Estados Unidos. Crece la presencia de China y Rusia en México, Argentina, Chile, Brasil y otros países latinoamericanos, contrarrestando el hegemonismo norteamericano.
Pero quizá el hecho más trascendente, que significa un giro radical en la geopolítica mundial, es la guerra ruso-ucraniana iniciada hace un año, en rigor, la guerra entre la OTAN y Rusia. Definida por Rusia como una “operación militar especial” en defensa y protección de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk que se autonomizaron de Ucrania y que han sido sometidas a un genocidio de años por el gobierno ucraniano, tiene también como causa el corrimiento creciente de las fuerzas militares de la OTAN y del gobierno de Estados Unidos hacia las fronteras con Rusia, utilizando como punta de lanza a Ucrania, cuyo gobierno y FF.AA. están controlados por fuerzas políticas y militares declaradamente nazis.
Como parte de los cambios internacionales, todo indica que la era del mundo unipolar llegó a su fin, realidad que las élites occidentales subordinadas al gobierno de Estados Unidos se niegan a reconocer y tratan de revertir.
La economía de la Unión Europea se debilita cada vez más como consecuencia de las sanciones impuestas a Rusia, encareciendo los precios de los alimentos, la electricidad y la gasolina.
Sin embargo, el descenso de la actividad empresarial, el aumento del desempleo, la escasez de materias primas y componentes, la crisis alimentaria, el crecimiento de la inflación debido a las emisiones descontroladas de dinero y la acumulación de deudas no garantizadas, son todos procesos anteriores y agudizados con la pandemia del coronavirus.
Que el avance al multipolarismo es un proceso objetivo e irreversible, lo reconocen políticos neoliberales. Henry Kissinger no oculta su percepción de que los tiempos están cambiando, y que «estamos entrando en un periodo muy difícil». Ahora Europa y Estados Unidos se enfrentan a «grandes problemas» en sus relaciones con Oriente Medio y Asia. Occidente debe tener en cuenta los intereses de Moscú para evitar que Rusia se convierta en «un puesto de avanzada de China en Europa» (…) “una guerra contra Rusia” podría alterar el equilibrio de poderes en Europa. En el Foro Económico Mundial en Davos, Kissinger instó a que Moscú y Kiev vuelvan a la mesa de negociaciones para evitar que la crisis se agrave aún más, afirmando que Ucrania tendrá que ceder parte de sus territorios a Rusia.
El ex primer ministro laborista de Gran Bretaña (1997-2007), Tony Blair, quien fue en su momento uno de los impulsores de la fracasada Tercera Via (Anthony Giddens, “La Tercera Vía. La renovación de la socialdemocracia”, 1998), dice que “estamos llegando al final del dominio político y económico de Occidente. El mundo va a ser al menos bipolar y posiblemente multipolar (…) el mayor cambio geopolítico de este siglo vendrá de China, no de Rusia (…) ya es la segunda superpotencia del mundo (…) primera vez en la historia moderna que Oriente puede estar en igualdad de condiciones con Occidente”.
El Secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, ha dicho que “el resultado de la guerra en Ucrania ayudará a determinar el rumbo de la seguridad global en este siglo (…) la estabilidad y prosperidad a ambos lados del Atlántico están en peligro”.
Por su parte, Stoltenberg, Secretario General de la OTAN, señala que “más que una escalada de la guerra, el mayor riesgo es que gane Putin”.
Vigencia del proyecto de la Unidad Popular
Al inicio de este análisis formulamos algunas interrogantes que hemos tratado de responder. Recapitulando, a 50 años del golpe de estado, el proyecto de la Unidad Popular de transformaciones revolucionarias en dirección al socialismo mantiene plena vigencia, en primer lugar, porque al igual que en la época de la UP, Chile y su pueblo necesitan avanzar en una senda de desarrollo nacional que resuelva las urgentes demandas de igualdad y justicia social que hoy siguen sin ser resueltas, entre ellas enfrentar la pobreza y el alza del costo de la vida, mediante el aumento de salarios, pensiones y vivienda dignas, educación y salud al alcance de todos, a pesar que al mismo tiempo el país dispone de los recursos para ello si se llevan a cabo las reformas tributaria, de pensiones y otras, si se constituye la Empresa Nacional del Litio, y se fortalece el rol del Estado en el desarrollo económico y social de Chile.
La UP fue la máxima creación histórica del movimiento popular chileno. En su tiempo hizo avanzar considerablemente al país, y dejó logros que aportaron al futuro económico y social de Chile. Había una sólida mayoría popular que respaldaba las transformaciones. Los entendimientos con amplios sectores políticos, sociales y militares que se desarrollaban mostraron que no era fatal el golpe de estado.
Está plenamente vigente la concepción de la Unidad Popular de avanzar al socialismo por una vía institucional, con pluripartidismo, distintas áreas de propiedad, respeto a los derechos humanos y a la oposición política, con pluripartidismo, con respeto a la oposición política, distintas áreas de propiedad en la economía.
La derrota del proceso de la UP no era posible en una dinámica democrática. Solo fue posible derrotarla mediante la desestabilización y conspiración golpista del gobierno de Estados Unidos y la derecha, usando la violencia y el terrorismo de estado.
La UP mostró que la organización, la lucha y la unidad de la izquierda y los sectores progresistas, es la condición para el éxito. El estallido del 18-O del 2019 muestra que la movilización popular no ha desaparecido, el proceso constituyente y el gobierno actual son logros de este nuevo ciclo.
Hoy es posible reemprender un proceso de transformaciones revolucionarias con vistas al socialismo. Es que las raíces profundas del nuevo tiempo político se vinculan a la lucha persistente del PCCh y otros sectores de izquierda por la revolución y el socialismo; a la crítica y oposición intransigente a la transición pactada y al posibilismo político; a la organización de la lucha social y a la búsqueda incesante de la unidad de la izquierda y los sectores democráticos. Ocupando la expresión de Marx, todo estos combates, pequeños y grandes, fueron parte del arduo y a veces silencioso trabajo del topo que abrió este nuevo ciclo.
Al morir Gladys Marín, el historiador Gabriel Salazar calificó despectivamente la inédita masividad de sus funerales como “respeto por el pasado”, y el diario La Nación publicó que “el PC ya cumplió su rol dejándonos un legado”.
El desarrollo político y social posterior contradijo esas aseveraciones. La vuelta de los comunistas al Parlamento, el triunfo de la Nueva Mayoría –con participación del PC- en las elecciones presidenciales de 2013, el inicio de un proceso constituyente y la victoria de Apruebo Dignidad –también con participación comunista- en las elecciones presidenciales de 2021, confirman que, a pesar de los agoreros, los comunistas continúan jugando su rol en la política nacional en favor de los trabajadores y sectores populares.
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(*) Sociólogo
