La libertad de expresión, cuya otra necesaria cara es el derecho a la información, es esencial para el funcionamiento de la democracia. Pero es una ficción sin la existencia de un periodismo independiente, capaz de enfrentar e inquirir a los poderes constituidos, principalmente el político y el económico, tanto en sus modos de funcionamiento como en su legalidad y legitimidad.
Ese periodismo independiente no florece en el vacío. Requiere de una ecología política de la transparencia que impulse la pluralidad y el equilibrio informativo en el funcionamiento de la sociedad. Ello será más difícil si la elite no acepta como algo positivo el derecho a la información, lo garantiza constitucionalmente, y ordena sus comportamientos frente a la prensa con pleno respeto de su independencia y las libertades civiles.
En una democracia la libertad de expresión y el derecho a la información como derechos articulados, no son sólo una garantía individual, sino también un derecho colectivo, social, frente al cual el Estado es el responsable de asegurar las condiciones institucionales para su realización efectiva.
Es un hecho que los medios de comunicación han escalado altas posiciones como expresión de poder social. Principalmente por su protagonismo en la exhibición y escrutinio público de lo que hacen y dicen los actores políticos y económicos. Es precisamente este hecho el que lleva a las empresas de gran poder o a las cabezas del mundo político y gubernamental a intentar controlar o influir la agenda noticiosa de los medios de una manera favorable a sus intereses.
Tales esfuerzos pueden adquirir los caracteres de riesgosos o viciosos en el funcionamiento de una democracia. No es lo mismo buscar influir en la agenda noticiosa con medios legales y legítimos, lo que es natural e incluso puede ser virtuoso, que intentar controlarla y manipularla, sea política o económicamente, para doblegarla a intereses corporativos que quedan ocultos para los públicos. Esto puede llegar a la anulación de la prensa y de la libertad de expresión/derecho a la información.
El bien público en juego, el derecho a estar informado de manera amplia, plural y transparente, es vital para el ejercicio del resto de las libertades civiles, especialmente el desarrollo cultural y la libertad de elegir.
Por más definiciones doctrinarias que se den de la política, ella es siempre representación de intereses privados en lo público. De ahí la importancia de la existencia de la prensa independiente como poder social autónomo capaz de interrogar al resto de los poderes de cara a los ciudadanos, y de una regulación institucional transparente y con responsabilidad en lo público.
Para la democracia no es indiferente la existencia de más pluralidad y número de medios, con autonomía real y viabilidad económica.
Esta última depende, por cierto, en primer lugar, del emprendimiento y la innovación. Pero requiere, además, que el Estado no interfiera erigiendo barreras legales y reglamentarias artificiales a la existencia y funcionamiento de nuevos medios, ni menos que transgreda su papel de garante del bien común y distribuya el dinero de todos los ciudadanos de manera arbitraria en favor de algunos medios, en desmedro de otros.
Pero quizás lo fundamental es que institucionalmente se eviten aquellas posiciones dominantes en la industria de la información, que no provienen de la preferencia de las audiencias, sino de vínculos de propiedad con los grandes avisadores y los poderes económicos, lo que es una renta al margen del valor y la ética de la información. Si ello se produce, existe el peligro que la pauta noticiosa reproduzca sólo el interés de los dueños y no la complejidad de la realidad de una manera equilibrada.
Es un hecho que el carácter de industria adquirido por los medios de comunicación masiva, su comercialización y la integración de empresas de comunicación en conglomerados económicos que las sostienen, es cada vez más relevante, y también que la creciente concentración y globalización marca la tendencia a reducir en todas partes el número de voces.
Por ello, las democracias deben defender la pluralidad y poner límites a la incidencia de los conglomerados económicos o del propio Estado en la circulación informativa, para asegurar efectivamente la diversidad y la libertad de expresión, y con ello la propia democracia.
Esto no es un tema de subsidios sino de regulación, transparencia e igualdad, en los que el Estado es un actor fundamental.
El desarrollo de la democracia se fundamenta en las opiniones de sus ciudadanos, las que tienen el carácter de expresión cultural de la nación y exhiben de manera objetiva su pluralidad. Los medios son plataformas de enfoque y difusión de esa expresión cultural.
Para que ello ocurra, se requieren límites a la concentración de los medios, obligación de vínculos transparentes con el poder económico, que no transformen a los medios en un mero instrumento de éste, y un Estado efectivamente garante del derecho social a la información.
De parte de los medios es necesario una manifiesta vocación de autonomía e interrogación del poder, y un compromiso efectivo con la transparencia informativa y el periodismo de investigación.
Fuente: El Mostrador
