por Francisco Herreros.
En ambas cámaras del parlamento, fue completado el rito constituyente; se terminó la farsa.
Todo ha quedado atado, bien atado.
Sin que se sepa a santo de qué, ni en nombre de quién, ni a título de cuánto, los parlamentarios de la ex concertación y del ex frente amplio, se sometieron, en la votación del proyecto de reforma constitucional sobre proceso constituyente, a lo más parecido posible a la rendición incondicional.
La derecha impuso sus términos, sin la menor concesión.
Tanto así que en el debate en sala, se opuso tenazmente a normas de paridad de género, a escaños para pueblos originarios y a igualación de oportunidades para candidaturas independientes; tímidas indicaciones de «progresistas», barridas groseramente por la máquina derechista; a pretexto de que serían incluidas después en un proyecto de ley, una pantomima, que a diferencia del Frente Amplio, tuvo daños leves para la derecha.
En efecto, el apoyo de RN y Evopoli a dichas indicaciones, en ese proyecto de ley, ocasionó el anuncio del «congelamiento» de la UDI en Chile Vamos, sin duda, una pataleta pasajera, muy en el estilo de su desubicada presidenta.
Pero todos esos son escarceos de escasa monta, que encubren lo principal.
El cerrojo de Guzmán
El quórum de dos tercios permanece inconmovible; en dos palabras, el escudo contra el que rebotará impotente cualquier pretensión democrática, en el próximo proceso constituyente, detallado hasta en la letra chica, como viene sucediendo desde 1980, con la constitución de Pinochet redactada por Jaime Guzmán, impuesta mediante un plebiscito fraudulento.
Peor aún para las palomas de la «hoja en blanco» -que no por ello dejaron de votar a favor- quedó consagrado que, en caso de que el texto sea rechazado en el plebiscito ratificatorio o “de salida”, seguirá vigente la Constitución del ‘80.
O sea, un nuevo cerrojo sobre al cerrojo.
Resultan asombrosas las mayorías con que la casta política selló el cepo constitucional que suplantó la soberanía popular y secuestró la democracia.
En la Cámara de Diputados, la reforma constitucional sobre proceso constituyente fue aprobada por 127 votos a favor, 18 en contra y cinco abstenciones, mientras que en el Senado, las cifras fueron aún más expresivas: 38 votos a favor y, tres en contra.
Cabizbajos y lacónicos, los parlamentarios de la concertación y el frente amplio no han explicitado ni el precio ni el beneficio de su vergonzosa capitulación, de esta nueva traición al Chile indignado; salvo vagas invocaciones a la institucionalidad, y a la posibilidad «histórica» de cambios con participación; precisamente lo que niega el acuerdo, ejemplo de la meta-realidad en que vive la república neoliberal.
Ni falta que hace. Los hechos hablan por sí.
Sin duda, lo pagarán, pero ese no es el punto.
Reconocieron filas en el partido del orden y el bloque conservador, en el empeño de obstruir la democratización del país exigida por cientos de miles de chilenos en las calles, con grave compromiso para las expectativas de una nueva Constitución, aprobada democráticamente por la mayoría, sin trampas, ni «contrapesos», ni quorums inhabilitantes.
La confrontación que viene
En suma, el modelo neoliberal garantizado por secretaría; en medio de la mayor rebelión social de la historia del país: el nudo que define el escenario de disputa, el tenso y trepidante 2020.
De un lado, la actual hegemonía neoliberal, los poderes instituidos, el empresariado, la academia, el sistema mediático, la policía autonomizada y eventualmente, las FF.AA, la derecha y concertación en bloque, y un sector de ex frente amplio, y del otro; el combativo, heterogéneo, inorgánico y resistente movimiento popular, que brotó el 18 de octubre de 2019.
En toda relación dialéctica, el comportamiento de uno de los contendores condiciona la intensidad de réplica del otro.
La prolongación del movimiento, que con mucho superó la fase de estallido, obedece entre otras razones, a los insólitos errores del gobierno, su impenetrable ausencia de empatía con la demanda ciudadana y la represión en grado criminal, de una policía alterada, desanimada y en crisis de conducción.
Con esa misma lógica y dinámica, el Chile que despertó, aquel que destituyó en los hechos la constitución de Pinochet, la misma cuya esencia la casta política pretende retener de contrabando, no tiene por qué aceptar la suplantación de su soberanía, capturada por esta vasta maniobra de los poderes constituidos.
No hay razones políticas, jurídicas, lógicas ni éticas que lo obliguen a hacerlo.
Al contrario, esta auto-reforma perpetrada por una casta política corrupta y ensimismada, violenta la consciencia democrática de los chilenos, porque su función consiste, precisamente, en bloquear cualquier salida constitucional que escape de su control.
Tal como viene sucediendo invariablemente desde marzo de 1990, en la república neoliberal.
Toda la carne a la parrilla
En el balances de fuerzas, hay una aguda asimetría.
El pueblo movilizado lo tiene casi todo en contra, salvo su masiva combatividad.
Su heterogeneidad y ausencia de vínculos formales y organización; o sea, un armazón liviano, puede, en determinados momentos, resultar favorable al movimiento.
Pero la ausencia de objetivos definidos, coordinación y capacidad política para la acumulación de fuerzas, las más de las veces devienen en cooptación de los movimientos sociales, por las implacables exigencias de la vida cotidiana y la lucha por la subsistencia.
En consecuencia, es esencial e imperativo que el movimiento se dote de una plataforma política mínima, que pueda ser comprendida y compartida por todos, e integrada al entramado social real, de manera transversal.
Un par de ideas simples, pero movilizadoras.
Como por ejemplo, la participación; sin perjuicio de que, en otro de sus manotazos de ahogado, la casta política repuso el voto obligatorio.
El plebiscito del 26 de abril de 2020 es ante todo, un momento de confrontación electoral en que una alta participación puede resultar en el factor determinante.
Independiente del tramposo quorum de dos tercios, se trata de lograr una mayoría democrática consistente.
Supóngase un escenario demás probable, puntos más, puntos menos, de sesenta a cuarenta por ciento, con alta participación.
¿Por qué una sólida e inequívoca mayoría tendría que someterse al designio de una minoría, en virtud de un auto acordado de la casta política, en el que no tuvo conocimiento ni, menos, participación?.
Menos aún cuando se trata de las matemáticas guzmanianas, donde se gana perdiendo, y viciversa.
Inaceptable.
De ahí, una segunda idea fuerza: capacidad para defender la victoria en la calle, hasta la paralización del país, si fuera necesario.
Carece de sentido que una minoría, por poderosa que sea, someta por la fuerza a una mayoría que votó por el cambio, y exige asamblea constituyente participativa y democrática.
La defensa de la victoria democrática es, ante todo, un objetivo legítimo; además de un imperativo ético y un deber cívico.
En ese contexto, todo medio es legítimo.
Es momento de discutirlo, difundirlo y practicarlo; no vaya a ser cosa que después sea demasiado tarde.
En una democracia, manda la mayoría.
Así de simple.
O no es democracia.
No cabe llorar lo que no se supo defender.
