El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud del Ministerio Público y decidió ampliar el plazo de la investigación del caso Penta en cuatro meses, debido a que quedan numerosas diligencias pendientes y que a juicio de la Fiscalía son pertinentes de realizar antes de poner fin a las causas.
El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago aumentó en 120 días el plazo de investigación del caso Penta, luego que la Fiscalía y las defensas de los imputados se mostraran de acuerdo en la extensión de esta indagatoria, debido a que aún quedan una serie de diligencias pendientes.
Al respecto, el fiscal Pablo Norambuena señaló:
«Es un plazo razonable para las diligencias que hay que realizar. Es una investigación compleja, con muchas aristas y muchos imputados (…) nos parece un plazo justo y razonable».
Durante esta jornada además, el tribunal formalizó a cinco personas jurídicas del grupo Penta, a quienes se les imputaron cargos por soborno. Los hechos fueron presentados por el fiscal Carlos Gajardo en una audiencia que se extendió por 15 minutos.
Las sociedades involucradas son: Penta Sociedad Anónima, Penta III, BanPenta, Administradora SantaSarella e Inversiones y Asesorías Challico Limitadas
Banpenta y Penta 3 son representadas legalmente por Óscar Buzeta; e Inversiones Santa Sarella y Challico, representadas por el ex director del holding Hugo Bravo.
El fiscal explicó:
«Hoy se imputaron a cuatro empresas, dos empresas del señor Bravo, y también dos empresas del grupo Penta, que dicen relación con delitos de soborno que ya se habían comunicado respecto de personas naturales y hoy se ha formalizado a las personas jurídicas que han obtenido beneficios, interés o provecho producto de estas acciones».
Desde la empresa, el abogado Julián López cuestionó la formalización de la Fiscalía, rechazó tajantemente estas imputaciones y aseguró que llegarán hasta el juicio oral para desestimar todos los cargos en contra de Penta y sus controladores, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.
López comentó:
«La formalización de hoy ha sido completamente abusiva, la Fiscalía ha imputado conductas al señor Hugo Bravo y luego ha pretendido imputar responsabilidad penal de personas jurídicas a empresas del grupo Penta que no tienen ninguna relación con esas conductas ni han obtenido ningún provecho de esas conductas».
«Como quedó en evidencia durante la audiencia, la Fiscalía fue incapaz de precisar cuál es el interés o provecho que empresas Penta podrían haber obtenido de las conductas del señor Bravo. La verdad es que no entendemos por qué hemos sido citados a esta audiencia», agregó.
En caso de ser condenadas, estas empresas formalizadas arriesgan penas que van desde millonarias multas, restricciones para tener contratos con el Estado hasta el riesgo de ser disueltas si así la justicia lo decide.
