A más de 25 años del fin de la dictadura militar, los diversos gobiernos democráticos que han alcanzado el poder han sido incapaces de terminar con una de las expresiones más arbitrarias de justicia en Chile. En 1997, incluso, bajo el mandato de Eduardo Frei, Soledad Alvear inició una Reforma Procesal Penal -implementada más tarde por José Antonio Gómez, actual ministro de Defensa- donde la justicia castrense no fue tocada y se estableció, pese a los siete años transcurridos de democracia, su plena vigencia.
Los tribunales castrenses se han posicionado como una verdadera amenaza para la justicia de los ciudadanos y ciudadanas del país. Sobre todo, para los movimientos sociales y sus actores, que han experimentado en más de un caso la impunidad que reina a la hora de demandar delitos cometidos por uniformados contra civiles.
En 2015, la justicia militar sigue funcionando de manera inédita en el país, ya que la mayoría de los estados han rechazado su utilización en cualquier causa que involucre a civiles, por recomendación de los organismos internacionales en la materia. Chile tampoco debió haber escapado a estas sugerencias, sobre todo considerando que en 1995, el Estado recibió su primera condena internacional por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a raíz del denominado “Caso Palamara”.
Aunque a estas alturas fue olvidada, dicha sentencia emplazó a Chile a terminar con las actuales condiciones de la justicia militar, explicando que “se debe restringir sólo a militares activos su accionar” y que dichos tribunales no entregaban garantías judiciales básicas. A una década, sin embargo, no ha habido mayores modificaciones en su aplicación y el historial de impunidad reciente ya ha excedido considerablemente la paciencia de la ciudadanía y los movimientos sociales.
Según el abogado de la Defensoría Popular, Rodrigo Román, este sistema, regido por sus propias leyes, contenidas en el Código de Justicia Militar, sigue el mismo criterio penal “que la justicia chilena dejó atrás por ser inquisitivo, imparcial, donde el juez investiga y falla a la vez“. Por ello, expone, en cualquier sociedad democrática, resulta incompatible con los principios de igualdad de las personas ante la ley y otros derechos consagrados en la Constitución y en diversos acuerdos internacionales.
Hace pocos días, un nuevo fallo de la Corte Marcial decidió rebajar la condena al ex sargento Miguel Millacura, autor del homicidio del estudiante Manuel Gutiérrez, de 16 años.
Gutiérrez fue impactado por el disparo de una ametralladora UZI mientras observaba las protestas del paro nacional de la CUT, ocurrido en 2011, junto a su hermano en Macul. Pese al carácter del delito cometido por el ex uniformado en un momento álgido del movimiento estudiantil, Millacura fue condenado a 3 años y un día de libertad vigilada. Una pena escueta a ojos de la familia y el mundo social que luego empeoraría aún más con la decisión del tribunal de rebajar su condena a 400 días de libertad vigilada y de absolver, además, a la ex teniente Claudia Iglesias por el delito de encubrimiento.
Miguel Fonseca, vocero del Comité por la Justicia de Manuel Gutiérrez, señaló que la familia del estudiante “siente que la justicia militar se ríe de ellos porque finalmente la penalidad cada vez ha ido disminuyendo. Reciben esto como una burla, como un atropello”.
Durante este lunes, la familia Gutiérrez Reinoso acudió a la Corte Suprema para presentar un recurso de casación que tiene por objetivo anular el fallo que rebajó la pena al ex sargento de Carabineros. La idea, además, es lograr evidenciar que no hubo un debido proceso en la definición militar del polémico caso.
La familia y organizaciones que abogan por justicia para el estudiante de Macul también han puesto atención a lo ocurrido con Rodrigo Avilés, el joven universitario de la UC que resultó herido durante la pasada marcha del 21 de mayo en Valparaíso. Hasta ahora, testigos y pruebas difundidas en redes sociales evidencian que Avilés también sufrió los efectos del uso desmedido de la fuerza policial.
“El caso de Rodrigo Avilés nos genera bastante conmoción y solidaridad. Pensamos que el caso de Manuel iba a ser un precedente para el fin de la justicia militar y esperamos que el caso de Rodrigo sea definitivo. Queremos que se derogue esta institucionalidad que ha causado tanta impunidad en Chile“, recalcó Fonseca.
El vocero de la organización en búsqueda de justicia para el estudiante precisó que las noticias sobre el delicado estado de salud de Rodrigo Avilés “los golpea como familia. Ellos desean que ninguna otra familia viva lo mismo, han tenido que sufrir un proceso muy injusto”.
Impunidad: la vergüenza del pasado y la amenaza sobre el futuro
Durante su campaña presidencial, Bachelet se comprometió a reformar el sistema de justicia militar, como una de las prioridades de la cartera de Defensa. Hoy, será tarea de José Antonio Gómez llevar a cabo el proceso iniciado por el ministro Jorge Burgos, que tiene el desafío de adecuar a Chile a los estándares internacionales de justicia y derechos humanos.
justicia militarLa omisión de la necesidad de un cambio en las condiciones de la aplicación de la justicia castrense en el país ha abierto una herida profunda de impunidad, reconocida por diversos frentes sociales no sólo en el asesinato de Manuel Gutiérrez. Los casos de Matías Catrileo, David Riquelme Ruiz, José Huenante y Jorge Aravena, entre muchos otros, dan cuenta de un extenso prontuario de negligencia del Estado ante el cumplimiento de los derechos básicos de justicia sus ciudadanos.
“Creemos que la justicia militar en Chile hoy es la forma más segura en que se entrampan los procesos legales. Y de hecho, nos parece casi gracioso que se llame justicia, cuando todos sabemos que cuando se militariza un tema judicial, no se llega a nada, no hay responsables, no existe mayor claridad sobre responsabilidades en casos de civiles. Es conocido que cuando un caso así lo toma la justicia militar no solamente no se encuentran responsables, sino que al final y al cabo terminan levantándose las penas si es que existen“, enfatizó la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, Marta Matamala.
Por ello, a raíz del caso de Avilés, Matamala y otros dirigentes del Confech se manifestaron en rechazo a la derivación de la investigación a los tribunales militares. El gobierno, presionado por las recientes muertes de dos estudiantes en una movilización y de la violencia policial registrada contra Paulina Estay en Valparaíso, realizó una visita con tres de sus ministros al hospital donde el joven permanece internado y anunciaron que el caso no será tratado en la justicia castrense, reconociendo los cuestionamientos existentes.
La eventual reforma contemplaría cambios en tres áreas: la estructura orgánica de los tribunales, el procedimiento y su competencia y los delitos que sancionarán. Sobre este último punto se erige la esperanza de los movimientos sociales, ya que la mayoría de los delitos cometidos por uniformados, aunque incluyan a civiles, son revisados por la corte marcial. Entre otras medidas, se espera también eliminar la pena de muerte en tiempos de guerra, aún vigente en el Código de Justicia Militar.
En opinión de Marta Matamala, la actual posibilidad de enfrentar la justicia castrense no genera seguridad para los actores de movimientos sociales que se ven involucrados en ataques de uniformados. “Quienes son sindicados como culpables terminan teniendo rebajas de condena, lo que nos hace pensar que no es una burla solo para nosotros, sino que además no ofrece ninguna seguridad de que en el futuro eso no solo no vuelva a ocurrir”, recordó.
En opinión de Marta Matamala, la actual posibilidad de enfrentar la justicia castrense no genera seguridad para los actores de movimientos sociales que se ven involucrados en ataques de uniformados.
Por su parte, en tanto, el abogado de la Defensoría Popular señaló que mantiene escéptico ante las posibles reformas a la justicia castrense, pues esta misma “jurisdicción calza precisamente para la impunidad de los institutos policiales, y más aún teniendo presente que el incremento de la represión policial, en consecuencia de la criminalización de la protesta social, es una de las medidas que tomó el gobierno”.
Hoy, diversos documentos recolectados por la familia de Manuel Gutiérrez recuerdan que tanto el poder judicial, como el Gobierno y el Parlamento han manifestado sus intenciones de derogar la justicia militar. “Lo que nos tiene extrañados es que no se le haya puesto prioridad gubernamental”, apunta Fonseca. Por ahora, agotan las pocas alternativas existentes para evitar que la muerte del joven estudiante siga abultando el oscuro historial de impunidad que han propiciado los tribunales castrenses.
Fuente: El Desconcierto
