El abogado general del Estado brasileño, José Eduardo Cardozo, aseguró que el gobierno apelará a la justicia si continúa el proceso en vista a un juicio político contra la actual presidenta Dilma Rousseff, que volvió a calificar de “nulo e ilegal”.
El trámite para un eventual juicio político dio el primer paso en firme este miércoles, cuando el instructor de una comisión especial de la Cámara Baja que analiza el asunto consideró que hay méritos jurídicos para un proceso con miras a la destitución de la mandataria.
Sin embargo, en una conversación con corresponsales extranjeros, Cardozo descalificó el informe presentado por el diputado instructor Jovair Arantes, que a su juicio refleja una situación “jurídica absolutamente fantasiosa, irreal e inconsistente” contra el gobierno.
El instructor aceptó la acusación formulada por la oposición, según la cual Dilma Rousseff incurrió en maniobras contables ilegales para maquillar los resultados del gobierno en 2014 y 2015, modificar los presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.
Todo eso, según la parte acusadora, constituye “delitos de responsabilidad”, que la Constitución brasileña prevé entre las causas que pueden llevar a la destitución de un mandatario.
Cardozo, no obstante, volvió a negarlo y aseguró que incluso si la opinión del gobierno estuviera equivocada y se hubiera cometido alguna ilegalidad, eso tampoco bastaría para abrir un proceso con miras a la destitución de Dilma Rousseff.
El abogado general indicó que, según la Constitución, para que se configure un “delito de responsabilidad” es imprescindible que haya dolo, lo cual no existiría aun si el gobierno hubiera cometido algún tipo de falta administrativa o de gestión financiera.
Cardozo insistió en que el proceso está “viciado” por diversas ilegalidades y también por situaciones que, a su juicio, pudieran perjudicar el ejercicio a la “legítima defensa” de Dilma Rousseff.
El abogado general insistió en que si el proceso continúa de esa manera supondrá un “golpe de Estado”, pues carece de los requisitos legales mínimos, como la indudable comprobación de un “delito de responsabilidad”.
Apelación.
También anunció que, si el gobierno percibe que el juicio a la mandataria es irreversible, apelará a la Corte Suprema, sobre la que dijo que “sin ninguna duda aceptará” sus alegatos.
Sin embargo, explicó que por ahora el gobierno apuesta sus fichas al plenario de la Cámara de Diputados, que deberá votar el informe de la comisión en caso que este sea aprobado en esa instancia.
Si la Cámara Baja respaldara el informe, tomaría la palabra el Senado, que por mayoría simple decidirá si inicia el juicio contra Dilma Rousseff, que en ese extremo debería separarse del poder durante los 180 días que durará el proceso.
Cardozo, de todos modos, dijo que el gobierno está “absolutamente confiado” en que la oposición no logrará los 342 votos necesarios para aprobar el proceso en la Cámara de Diputados, que “percibirá el intento de separar a una presidenta legítimamente elegida con unos fundamentos retóricos e infundados”.
También sostuvo que, “una vez superada esta cuestión, el gobierno deberá dialogar con todos los sectores para superar esta crisis y hacer que Brasil retome su curso normal.
De diálogo y consensos también habló ayer Dilma Rousseff en un acto con activistas de organizaciones campesinas y feministas, en el que planteó cinco puntos para un “gran pacto nacional” que permita al país superar su delicada crisis política y económica, aunque aclaró que toda discusión deberá comenzar con el “respeto a los votos”.
“Busco, busqué y buscaré consensos capaces de superar toda crisis, pero todo pacto siempre tiene condiciones”, aclaró.
En primer lugar, citó el “respeto al voto”, en alusión a los 54 millones de sufragios que la llevaron a la reelección en 2014.
También exigió que el Congreso deje de discutir “pautas que no le sirven al país”, unidad política para la aprobación de reformas en favor de los más pobres, que se propicie la retomada del crecimiento económico y también que se “preserven los derechos conquistados por los trabajadores”.
Como última “condición” para un diálogo, señaló “una necesaria, imprescindible y urgente reforma política”.
Según Dilma Rousseff, “lo que está en juego en este momento es el respeto de las reglas democráticas”, porque “intentar derrumbar a una presidenta electa que no ha cometido delitos es un insulto a todos los electores”.
