Después de un año de audiencias de la que participaron familiares y abogados, de notificaciones a los países interesados y a los acusados, 20 imputados irán a juicio por la desaparición de 23 personas de ascendencia italiana nacidas en Argentina, Chile y Uruguay. Entre los 23 desaparecidos descendientes de italianos hay cuatro ciudadanos chilenos secuestrados en su propio país. Y el juez Alessandro Arturi, en la foto, tiene en la mira a otros once chilenos, integrantes de los tenebrosos servicios criminales de la dictadura. El juicio comenzará el 12 de febrero próximo en la sección tercera del Tribunal Penal de Roma.
Por primera vez en Europa, desde que las dictaduras latinoamericanas hicieron desaparecer y asesinaron a miles de personas, Italia procesará a 20 responsables del Plan Cóndor, la operación internacional de aniquilación de opositores puesta en marcha en la década del ’70 por esas dictaduras. Los 20 imputados son acusados de la desaparición de 23 personas de origen italiano nacidas en Argentina, Chile y Uruguay.
El juicio comenzará el 12 de febrero próximo en la sección tercera del Tribunal Penal de Roma, decidió ayer el juez de las investigaciones preliminares, Alessandro Arturi. Después de un año de audiencias de la que participaron familiares y abogados, de notificaciones a los países interesados y a los acusados, Arturi consideró que el juicio propiamente dicho podía comenzar. Se trata de 20 militares y políticos de Chile, Uruguay, Perú y Bolivia acusados de haber hecho desaparecer las 23 personas en esos países y en Argentina, Paraguay y Brasil.
En principio no serán juzgados los 35 acusados incluidos en la lista original por el fiscal Giancarlo Capaldo, sino sólo 20. De los 15 restantes, tres han fallecido y de los demás, todos uruguayos y un boliviano, se espera más documentación de parte de la Justicia de los respectivos países o, como para el caso de varios uruguayos, el juez enviará una solicitud al ministro de la Justicia italiano, el único que según la Constitución italiana puede autorizar que el proceso vaya adelante aun cuando los acusados han sido ya juzgados por la misma causa en sus países de origen. Estos casos serán revistos en una nueva audiencia preliminar, se informó, que el juez Arturi fijó para el 19 diciembre. Allí se verá si pasan a ser parte o no del proceso que comienza en febrero.
Los 20 acusados son once chilenos, cuatro uruguayos, cuatro peruanos y un boliviano. Entre ellos, el ex dictador boliviano y general Luis García Meza Tejada, responsable del golpe de Estado del julio de 1980 que derrocó a Lydia Gueiler a fin de impedir que el progresista Hernán Siles Zuazo, que había ganado las elecciones, subiera al poder. García Meza está detenido en La Paz acusado de asesinato y complicidad con el narcotráfico.
En la lista aparecen también los generales chilenos Sergio Arellano Stark, famoso por haber dirigido la Caravana de la Muerte, que fue asesinando presos políticos por todo el país; Manuel Contreras, que dirigía la DINA, el servicio secreto de la dictadura de Augusto Pinochet, también detenido, y Daniel Aguirre Mora, dirigente de la terrorífica CNI (Central Nacional de Inteligencia). Entre los peruanos se destaca la figura del general Francisco Morales Bermúdez, presidente de Perú de 1975 a 1980; el jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) Martín Martínez Garay y el general y ex primer ministro Pedro Richter Prada.
En el grupo uruguayo está el ex ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de facto (19731976) Juan Carlos Blanco, el general Iván Paulós, jefe del servicio de Informaciones de la Defensa (SID), y el coronel Pedro Antonio Mato Narbondo, acusado de haber sido uno de los organizadores de la represión y las torturas en el centro de detención clandestina de Buenos Aires conocido como Automotores Orletti.
No hay en la lista de acusados ningún militar argentino, aunque varios de los 23 desaparecidos fueron secuestrados en este país. La Argentina no quiere por ahora ocuparse de un juicio internacional porque se podrían debilitar los juicios que se están llevando, explicaron fuentes oficiales argentinas en Roma en el momento en que el juez Arturi comenzó sus investigaciones. En Italia se hicieron juicios contra los militares argentinos cuando en la Argentina, por las leyes de obediencia debida y de punto final, no se podían hacer esos procesos. Pero desde que la Argentina eliminó esas trabas, con los mismos testigos y los mismos elementos probatorios, no tendría sentido llevar adelante dos juicios, explicó la fuente argentina.
Los 23 desaparecidos, todos descendientes de italianos –y según la ley de la península, italianos puros–. Se trata de seis argentinos –dos secuestrados en Bolivia, dos en Brasil y dos en Paraguay–, cuatro ciudadanos chilenos secuestrados en el propio país y 13 uruguayos desaparecidos en la Argentina.
Hablan los familiares
“Estoy contenta porque por fin vamos a juicio, aunque sólo se ha incluido una parte de los acusados uruguayos”, dijo a Página/12 Cristina Mihura, viuda del ítalouruguayo Armando Bernardo Arnone Hernández, secuestrado en Buenos Aires en 1976. “Pero también quedó a la expectativa de lo que ocurra en diciembre luego de la decisión del ministro de Justicia italiano y de la información que tiene que mandar la justicia uruguaya. Yo espero que el ministro italiano autorice a proceder. Por el caso de Bernardo va a haber acusados chilenos y uruguayos”, agregó Mihura, que no ha faltado a ninguna audiencia preliminar.
“Este juez ha hecho un trabajo muy serio –concluyó–. Y esto hace que yo, a diferencia de lo que me ocurre en Uruguay, me sienta tutelada, sin importar cuál sea la decisión final del proceso. La mayor parte de los familiares que están en condiciones como la mía no son tutelados por la justicia de sus países como nosotros hemos sido tutelados aquí.”
Por su parte, María Paz Venturelli, hija del desaparecido chileno Omar Roberto Venturelli, un militante del MIR y ex sacerdote, que fue arrestado y visto en la cárcel de Temuco hasta el 4 de octubre de 1973, después de lo cual nunca más se supo de él, dijo estar “bastante contenta de esta decisión, aunque creo que Italia ha asumido una responsabilidad muy grande. Espero que pueda llevarla a cabo”.
“No creo que pueda ir a Roma a las audiencias del nuevo juicio –comentó Venturelli que vive en Bolonia, unos 400 km al norte de Roma–, a no ser que me citen específicamente, porque seguí todas las audiencias del juicio contra Podlech y casi me quedé sin un día de vacaciones.” Oscar Alfonso Podlech Michaud, procurador militar y administrador de la cárcel de Temuco durante la dictadura de Pinochet, fue arrestado en 2011 en Madrid y sometido a juicio en Italia. Pero salió porque la Corte lo declaró inocente.
La familia Venturelli no ha podido hacer ningún juicio en Chile para saber algo del padre porque los acusados estaban protegidos por una amnistía, explicó María Paz Venturelli. “El juicio Podlech no terminó como esperábamos. Por eso digo que será muy difícil. Han pasado tantos años y Chile está tan lejos… En el proceso Podlech nosotros no tuvimos ninguna colaboración del gobierno chileno. Ahora sí la ha habido y espero que continúe y siga siendo operativa. Hacer un juicio como el que se intentará es una responsabilidad muy grande, se requiere mucho trabajo. Han tenido 40 años para hacer desaparecer pruebas e incluso los cuerpos. Ojalá que el hecho de que están implicados varios países le dé otro peso al proceso y podamos obtener mejores resultados.”
Fuente: Página 12
Operación Cóndor: Justicia italiana tiene a 11 chilenos en la mira por delitos de lesa humanidad
Por Verónica Romero
La manera en que se organizaron las dictaduras latinoamericanas para exterminar a los opositores de cada régimen al intercambiar información, lo que terminó con las vida de cientos de personas, entre ellos 23 italianos, por lo que la justicia de ese país imputó a 33 funcionarios de las juntas militares y servicios de seguridad. Con los antecedentes recabados, el juez Alessandro Arturi deberá decidir si enjuicia a los imputados, entre ellos los chilenos.
La Operación Cóndor fue uno de los episodios más crueles de las dictaduras de Latinoamérica. Un plan ideado por Estados Unidos e implementado, entre otros, por Augusto Pinochet, que coordinó la represión de la oposición política en las décadas de 1970 y 1980 por parte de los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Esto tuvo como misión el exterminio de aquellas personas que fueran militantes de izquierda.
En el «Plan Cóndor» los gobiernos de los países que se encontraban bajo un régimen de dictadura intercambiaban información para el secuestro y desaparición de miles de opositores, incluyendo ciudadanos extranjeros.
El plan era una misión internacional que costó la vida al menos de 106 personas, que fueron desaparecidas, sin que hasta hoy se conozca su paradero. El caso es tratado en la justicia italiana a cargo del juez Alessandro Arturi, quien investiga la desaparición de 23 víctimas de origen italiano, entre las cuales se encuentran Juan Maino, Omar Ventureli y Juan Montilio, éste último era miembro de la guardia presidencial de Salvador Allende.
En este proceso están actualmente imputadas un total de 33 personas, entre ex presidentes latinoamericanos y altos funcionarios de las juntas militares de Uruguay, Chile, Perú y Bolivia, con la acusación de haber secuestrado y asesinado ciudadanos de origen italiano en el ámbito de la Operación Cóndor en la década de los 70 y 80.
Sobre el proceso que se lleva a delante en Italia por la Operación Cóndor, Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), comentó a Cambio21 que «yo postulo y estoy absolutamente convencida de que las causas de los delitos de derechos humanos existe un ámbito jurisdiccional que va mucho más allá del país donde se cometieron los delitos y, por lo tanto, que en Italia se esté revisando este juicio tiene que ver con que la jurisdicción internacional funciona. Es bueno que esto pase porque hasta hace pocos años las cosas estaban centradas en las legislaciones del ámbito nacional, entonces esto puede terminar en excelentes resultados, pero a la vez, puede sentar un precedente en términos de que cualquier país puede iniciar procesos en contra de violadores de derechos humanos».
Con respecto a cómo afecta esta acción judicial los procesos que se siguen en nuestro país, el abogado de del programa de derechos humanos del Ministerio del Interior, Hugo Pavez, explicó a Cambio21 que «si se rinden pruebas en Italia y se logran traspasar, de alguna forma por los medios legales, a los procesos que se llevan en Chile, que son varios episodios que se llevan por separado del caso Cóndor, podría determinar avances en los respectivos procesos y exactamente al revés también es válido».
Entre los chilenos imputados están el ex prefecto de la policía Daniel Aguirre Mora; el general (R) Sergio Víctor Arellano Stark; el general (r) y exjefe de la DINA, Manuel Contreras; el brigadier Pedro Octavio Espinoza Bravo; Carlos Luco Astroza; el coronel Marcelo Luis Moren Brito; el suboficial Orlando Moreno Vásquez y el coronel Hernán Jerónimo Ramírez.
En este asunto, el abogado del general (r) Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, presentó como alegato que la acusación que comunicada fue la de homicidio, mientras que en la actualidad está siendo acusado de «masacre». Además, aseguró que el delito del que se le acusa a Contreras prescribió según la ley italiana, ya que han pasado más de 24 años desde lo ocurrido.
Con respecto a esto, Pavez expresó que «supongo que se trata de homicidio reiterado, porque en Chile no existe la figura de `masacre´ con ese nombre, pero es lo mismo. En cuanto a la prescripción, los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles en todas partes, así lo establece el derecho internacional, este principio es universal, lo que permite que se siga el caso en Italia. Las defensas siempre plantean las excepciones de prescripción y de amnistía, pero eso ya no corre».
Sobre estos alegatos, García expresó que «los criminales tienen sus argumentos establecidos hace muchos años y no es extraño que busquen hacer uso de la prescripción en casos de violaciones a los derechos humanos. Lo que me parecería raro es que un país que como Estado está llevando un proceso por la Operación Cóndor vaya a hacer uso de medidas que beneficien a violadores de derechos humanos, no creo que la cosa vaya por ahí, pero es el argumento típico de quienes han cometido los crímenes».
Fuente: Cambio 21
