domingo, mayo 5, 2024
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¿Y Cuándo Va a Pedir Perdón Mister Agustín Edwards?

Hay un personaje que, probadamente, encendió la mecha del drama que hoy, a cuarenta años, sigue estremeciendo ferozmente a los chilenos. El 13 de septiembre de 1973, pocos días después del triunfo electoral de Salvador Allende, Augustín Edwards Eastman,. entonces como ahora propietario de El Mercurio, voló a Washington para rogarle a Henry Kissinger y al Director de la CIA, Richard Helms, que hicieran algo, lo que fuera, conn tal de impedir que Allende asumiera el cargo. Poco más de un mes después, el 22 de octubre, su rogativa tendría el primer efecto, cuando un comando fascista digitado por la CIA, asesinó al Comandante en Jefe del Ejército, René Schenider. De todo eso, y lo que pasó después, hay profusa prueba documental. Sin embargo, al personaje de marras no le ha salido ni por curado. Peor aún, desde las páginas de su diario sigue empeñado en la vana tarea de convencer a los chilenos de que el «pronunciamiento» del 11 de septiembre de 1973, fue para salvar a Chile de la «dictadura comunista. Y ya que andamos en esto, ¿cuándo va a pedir perdón míster Agustín Edward Eastman? Entérese de todo,en el siguiente Informe Especial.

Directora de Ciper: “El Mercurio conspiró contra Allende, ¿no merecería que Agustín Edwards pida perdón?”

Para la profesional egresada de la Universidad de Chile y ex directora del desaparecido Diario Siete, el llamado decano de la prensa nacional “prestó sus páginas para esa conspiración —que culmina con el asesinato del general Schneider— y si vemos que de los dos millones y medio casi que entrega la CIA a la desestabilización en Chile el primer año del gobierno de Allende, 700 mil van a El Mercurio”. Por ello, se pregunta si acaso ¿no merecería que su director pida perdón?

“Creo que un pueblo tiene que asumir lo que le pasó, tienen que asumir su historia y cuando uno se encuentra con tanta gente que no asumía ni un dedo de su historia personal, era preocupante. A mí me gusta, creo que hace bien, que invita al dialogo franco, sincero, amoroso en la familia”. Así reflexiona la periodista y directora de Ciper Chile, Mónica González, en entrevista con Radio ADN, respecto de las declaraciones de ‘perdón’ que ha surgido de distintos sectores en el marco de la conmemoración de los 40 años del Golpe de Estado.

“A mí los perdones personales me cargan pero los perdones institucionales creo que son importantes y los medios ni que hablar”, señala la profesional egresada de la Universidad de Chile y ex directora del desaparecido Diario Siete.

En esa línea, recuerda: “El 4 de septiembre (1970) Allende es elegido Presidente en las urnas, no en la violencia. El 14 de septiembre, 10 días después, el dueño de El Mercurio, Agustín Edwards, estaba reunido, ¿con quién?, con Kissinger y Nixon, no era para convencerlo para que hiciera la conspiración y el complot contra Allende, porque ya estaban convencidos”.

“El Mercurio prestó sus páginas para esa conspiración —que culmina con el asesinato del general Schneider, indicó— y si vemos que de los dos millones y medio casi que entrega la CIA a la desestabilización en Chile el primer año del gobierno de Allende, 700 mil van al Mercurio. Ese tipo de cosas, ¿no merecería que Agustín Edwards pida perdón?”, agrega.

Consultada por la forma en que trabaja el Centro de Investigación e Información Periodística (Ciper), González explica que “hay conciencia de que nosotros somos veraces y fiables, confiables, que tenemos ética y que no andamos buscando la fama. Somos enfermos de trabajólicos”.

Y detalla que “el método de trabajo Ciper es presentar un caso no como denuncia, sino que está el origen, la génesis, el desarrollo, los efectos con documentos, testimonios, con todo lo que sirva para probar que lo que estamos diciendo es verídico, veraz. Cuando tú lo presentas así, a la autoridad no le queda más remedio que actuar, queda poco margen para hacerse el tonto. Y yo creo que eso es lo más importante porque el periodismo tiene esa vocación, servicio público”.

Fuente: El Mostrador

Agustín Edwards Eastman y la CIA: «Nuestro hombre en Santiago»

El propietario de El Mercurio supo sacar ventajas de EEUU en favor de su empresa, para variar en crisis también cuando asumió Salvador Allende -por mala gestión endémica. O sea, mató dos pájaros de un tiro: entre 1970 y 1973 convenció a la administración Nixon para intervenir en Chile y obtuvo de la CIA un millón 965 mil dólares, unos 8,5 millones de dólares de hoy.

Un nuevo libro publicado en Estados Unidos aporta -30 años después- el dato de 300 mil dólares «perdidos» de los casi dos millones que El Mercurio recibió directamente de la CIA. Además, documenta otros cien mil de cantidades mayores todavía no determinadas provenientes de corporaciones que colaboraron con la agencia, como International Telegraph and Telephone, ITT.

Los esfuerzos de Edwards por entusiasmar a EEUU para impedir que Allende asumiera el mando de la nación el 3 de noviembre de 1970, y luego para derrocarlo, una vez instalado en la Presidencia, absorben el capítulo «The El Mercurio File» del libro «The Pinochet File», publicado este mes en el país del norte, contribución del académico Peter Kornbluh por desenmascarar las intrigas y conspiraciones secretas de Nixon en Chile y América Latina.

Kornbluh consiguió «documentos confidenciales que aportan nuevas luces sobre cómo la CIA utilizó un diario para fomentar un golpe». El autor dirige el «Proyecto Documentación Chile» en los Archivos Nacionales de Seguridad que recopila la Universidad George Washington (http://www.gwu.edu/~nsarchiv/), dedicada por años a publicar y clasificar -en el buen sentido del término- documentos secretos «desclasificados» de todas las agencias del gobierno de EEUU. También es académico del Instituto Watson para Estudios Internacionales y coautor de «Políticas de Ilusión: Re-examen de la invasión de Bahía de Cochinos», entre otros textos.

LA CLAVE DEL INTERES EDWARDS

Según Seymour Hersh, en su libro «El Precio del Poder», un día antes de elegido Allende el embajador Edward Korry cablegrafió desde Santiago que Edwards le dijo «haber invertido todo sus ganancias de años en nuevas industrias y modernización que se estropearían si Allende ganara». Korry apostaba a que al día siguiente vencería Jorge Alessandri, pero ganó la Unidad Popular con el 36,3 por ciento. Días después, Edwards llamó al jefe local de la CIA en Santiago, Henry Hecksher, para obtener una reunión más privada con Korry, fuera de la embajada. Korry evoca: «…quiso hacerme sólo una pregunta: `Militarmente, ¿hará algo el gobierno de EEUU -directa o indirectamente?'». Hacer algo militar directamente significa invasión. Korry dice hoy que «mi respuesta fue ¡No!».

Para que sus lectores estadounidenses visualicen mejor a Edwards, por esos años uno de los más ricos de Chile -con negocios bancarios, seguros, bebidas y una larga lista de empresas-, grandes medios de comunicación entre la media docena de corporaciones que controlan la prensa de EEUU, con presencia en Australia e Inglaterra.

Con la desclasificación de miles de archivos secretos de la CIA y de la Casa Blanca ahora existe un valioso banco de datos para comprender mejor cómo el dueño del pretendido émulo latinoamericano del The New York Times colaboró en fomentar el Golpe.

ABLANDANDO A NIXON

Edwards voló a Estados Unidos en cuanto ganó Allende -su hermana Sonia (izquierdista) quedó a cargo del diario- para dedicarse al lobby en la Casa Blanca.

En sus memorias «Años de la Casa Blanca», Henry Kissinger anotó que fue frecuentado por Edwards y Donald Kendall, presidente de Pepsi Co., amigo del chileno y uno de los más íntimos de Nixon, además de generoso contribuyente de sus campañas.

El 14 de septiembre, Kendall visitó a Nixon para relatarle sus conversaciones con Edwards. Kissinger, entonces consejero de seguridad nacional, y John Mitchell, fiscal general, desayunaron con Edwards y Kendall al día siguiente, a instancias de Nixon, para escuchar sus propuestas ante la amenaza que significaba Allende. Kissinger llamó también al director de la CIA, Richard Helms, para que escuchara «la visión de Edwards» sobre Allende. Se encontraron en un hotel de Washington.

Lo que Edwards le dijo al director de la CIA fue «top secret» durante 30 años. Pero ahora, desclasificado el memorándum CIA «Discusión sobre la Situación Política chilena», el nombre de Edwards aparece tachado, aunque el texto deja claro que no pudo tratarse más que de una reunión Helms-Edwards por las alusiones al cónclave con Kissinger, asegura Kornbluh. El memorándum revela que Edwards promovió operaciones encubiertas estadounidenses orientadas a un golpe militar para detener a Allende antes de asumir la presidencia.

El memorándum registra que el chileno informó porqué Alessandri perdió la elección y «la posibilidad de una solución constitucional» -esquema inicial de la embajada de EEUU- mediante sobornos CIA a diputados chilenos que proclamarían a Alessandri, el segundo, en lugar de Allende, el ganador, posibilidad permitida por la Constitución de 1925 y factor desencadenante del asesinato del comandante en jefe del Ejército, general René Schneider. Alessandri renunciaría, habría nuevas elecciones y ganaría el democristiano Eduardo Frei Montalva, presidente saliente pero habilitado legalmente porque no sería una «re-elección».

El memorándum también registró probables riesgos de las «tesis edwardianas»:

1. Si el esquema no funcionaba, ¿entonces, que? …

2. Algunos diputados podrían actuar demasiado rápido o anunciar prematuramente su intención, gatillando «manifestaciones callejeras de los comunistas».

3. El general jubilado Roberto Viaux, cabecilla del intento de golpe de octubre de 1969 (contra Frei) [hay otro nombre tachado] o «algún otro prospecto» podría intentar un golpe y abortar cualquier esfuerzo por otro en serio.

El memo CIA registró también que Helms/Edwards consideraron otras opciones en el «Cronograma para una posible acción militar». Así se gestó la reunión de 15 minutos en la Oficina Oval, la tarde del 15 de septiembre, en que Nixon emitió su ahora célebre orden para fomentar la acción militar que impediría a Allende llegar a La Moneda, registrada para la historia en los garabatos manuscritos de las notas de Helms: «¡Quizás, 1 en 10 oportunidades, pero hay que salvar a Chile!… No importan los riesgos involucrados… US $10.000.000 disponibles, y más si es necesario. Trabajo a tiempo completo -con nuestros mejores hombres. Hacer chillar la economía». Años después, cuando testificó bajo juramento ante el Comité investigador del senador Church, Helms declaró: «Tengo la impresión que el Presidente llamó a esta reunión, en que yo escribí mis notas a mano, debido a la presencia de Edwards en Washington y eso… Edwards estuvo informándonos sobre las condiciones en Chile».

FINANCIANDO EL MERCURIO

Tres días después de instalado Allende en La Moneda, Nixon emplazó -6 de noviembre- a su Consejo de Seguridad Nacional a discutir una mejor estrategia para herirlo. ¡»Derróquelo!», recomendó su secretario de Estado, William Rogers. Kissinger presentó cinco puntos diseñados por la CIA para desestabilizar la capacidad de Allende de gobernar. El número 4 se titula «Asistencia a ciertos periódicos usando a los medios de comunicación de Chile capaces de criticar al gobierno de Allende».

La ayuda a los medios de comunicación del grupo Edwards empezó antes que asumiera Allende. Una tarde de septiembre de 1970 altos funcionarios de la Administración Nixon cabildeaban en secreto ante las compañías estadounidenses y las instituciones financieras «para hacer chillar la economía de Chile», según las instrucciones del Presidente. El embajador Korry intercedió ante uno de los acreedores norteamericanos de El Mercurio, First NCB, para que fuera indulgente con las deudas de Edwards. «He hablado de nuevo [a] aquí con el gerente de First NCB», informó Korry en un mensaje Top Secret/Eyes Only del 25 de septiembre. «¿Por qué están poniendo a El Mercurio contra la pared? Le dije que no me gustaría informar a la Casa Blanca de esta acción extraña que podría tener sólo el efecto de amordazar a la única voz libre de Chile». Korry aseguró que el gerente «cambiaría rápidamente su melodía con El Mercurio».

Para variar, El Mercurio estaba en dificultades financieras con sus acreedores. Las instrucciones de Nixon de «hacer chillar la economía» (15/9/70) y de un asedio invisible contra las transacciones económicas bilaterales y multilaterales en Chile también afectaban la salud financiera de los grandes negocios. La fortaleza del sindicato izquierdista del diario y el recorte del flujo de publicidad del gobierno -a consecuencia de una ley aprobada por un Congreso controlado por la oposición- inspiraron a Edwards para «denunciar» inexistentes intentos de cerrar deliberadamente los medios de comunicación de oposición. La libertad de prensa fue entonces el tema número uno en los ataques de la propaganda de la administración de Nixon contra Allende.

A comienzos de septiembre de 1971, un emisario de El Mercurio se acercó a la estación de la CIA -al parecer en Santiago- a pedir fondos. El día 8, la CIA pidió un millón de dólares al Comité de los 40 -la agrupación secreta de altos funcionarios liderada por Kissinger para vigilar las «operaciones encubiertas». El Mercurio podría así sobrevivir uno o dos años. La CIA aseguró que «sin ese apoyo financiero el diario cerraría antes de fin de mes, aunque este cierre sería por razones económicas». También afirmaba que «no hay ninguna duda que estos problemas financieros han estado inspirados políticamente».

«SUBIENDOSE POR EL CHORRO…»

Las demanda de la CIA encendieron un debate interno en la cerrada fábrica de la política estadounidense. Otro papel presentado a Kissinger como «Secret/Sensitive/Eyes Only», ahora desclasificado, propuso dos «opciones básicas»:

1: Proporcionar urgentes 700 mil dólares iniciales a El Mercurio «para asegurarle el papel», fabricado entonces por La Papelera del grupo Matte y Jorge Alessandri y falsamente amenazado por Allende y «las obstrucciones obreras».

2: Cerrar El Mercurio (unilateralmente) y aullar al máximo por la libertad de la prensa, con «denuncias» a nivel mundial contra «el régimen marxista».

Para la CIA, la segunda opción era muy arriesgada porque «Allende podría demostrar que el cierre se producía por la ineptitud financiera de El Mercurio», o sea, la vieja historia de mala gestión Edwards. El jefe de la estación CIA y el embajador Korry votaron porque se diera plata, mientras otros burócratas creían que un millón de dólares era «un precio muy alto por tan poco tiempo de sobrevivencia» porque nunca pusieron en duda el cuento de que Allende iba a cortar el papel.

El Mercurio, efectivamente, dejó de salir un par de días, alegando «falta de papel», pero por su propia decisión. Entonces pareció una maniobra más en la campaña internacional CIA en favor de «la libertad de prensa», cuando el entonces monopolio del papel -Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones- lo detentaban Eleodoro Matte Ossa y Jorge Alessandri Rodríguez, ambos allegados y «protectores» de Edwards. Cualquier día «La Papelera», o la CMPC, amanece como dueña de El Mercurio por la deuda sempiterna de su diario favorito. El gobierno de Allende nunca tuvo nada que ver con la CMPC, que siempre fue privada, aunque abusó de su posición monopólica protegida o tolerada por todos los gobiernos, incluso el de la UP (ver anexo sobre Allende y la libertad de expresión en www.elperiodista.cl). Pero hoy los papeles ex secretos hacen vislumbrar una segunda intención de Edwards en la movida de la auto clausura: ablandar y presionar a EEUU para que soltara más dinero. La sabia técnica de «dos pájaros de un tiro».

Los documentos muestran que Nixon autorizó personalmente los primeros fondos encubiertos por 700 mil dólares, el 14 de septiembre de 1971. Kissinger le dijo a Helms que el Presidente estaba dispuesto a más, con tal de «sostener el periódico». La fuerza de la decisión presidencial estimuló a Helms a autorizar a la División CIA Hemisferio Occidental a «exceder los 700 mil, incluso por encima del millón de dólares, para garantizar el almacenamiento de papel supuestamente escaso. En otra decisión, al parecer, guardada confidencialmente por los investigadores del Senado en 1974-75 y tachada cuando la CIA y el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) la desclasificaron, Kissinger aceptó personalmente una entrega adicional por 300 mil dólares.

Tanto dinero no era suficiente para saciar la voracidad del diario de Edwards. En abril de 1972, la CIA pidió otro «adicional» de 965 mil con el argumento mendaz de que Allende seguía amenazando el flujo de papel, cuando el problema real era la insolvencia financiera de la empresa. Otro memorando «top secret» informó a Kissinger que se trataba de «un préstamo» para cubrir el déficit mensual de la publicación hasta marzo de 1973 y «mantener un fondo de contingencia para [tachado], emergencias como requisitos del crédito, nuevos impuestos y otras deudas bancarias que podrían conocerse a corto plazo».

Según los argumentos CIA, ese dinero era «esencial» para que El Mercurio favoreciera a los candidatos de oposición respaldados por la agencia en las elecciones legislativas de marzo de 1973, donde Allende obtuvo más del 40 por ciento del apoyo popular. El nuevo jefe de la división Hemisferio Occidental, Theodore Shackley, insistió en que debería asegurarse «la existencia continua del papel para los propósitos políticos».

Un memorando de conversación, del 15 de mayo de 1972, entre el CIA Jonathan Hanke y el ITT Hal Hendrix, da cuenta de un depósito por 100 mil dólares a favor de Edwards. «(Hendrix) me dijo que el dinero para el grupo Edwards pasó por una cuenta suiza», informó Hanke a sus superiores. Los agentes de la CIA lo escribían todo.

Hitos del «Proyecto Mercurio»

» Edwards comenzó a cabildear «preventivamente» en EEUU antes que Allende fuera elegido -el 4 de septiembre de 1970- como jefe de Estado. Abogó por una intervención estadounidense agresiva. En marzo de 1970 le dijo al magnate David Rockefeller que «los Estados Unidos deben prevenir la elección de Allende», según su autobiografía publicada en 2002.

» Antes que Allende asumiera -el 3 de noviembre de 1970- discutió con la CIA «el cronograma para una posible acción militar» que impidiera la asunción.

» El gobierno de Nixon autorizó casi dos millones de dólares para fortalecer a El Mercurio, una suma estratosférica en el mercado negro de la época.

» Un cable secreto de la CIA de mediados de 1973 identifica a El Mercurio como «el partidario más ferviente de la oposición» de una intervención militar para deponer a Allende.

CITA

«Un memorándum secreto revela que Edwards promovió operaciones encubiertas estadounidenses orientadas a un golpe militar para detener a Allende antes de asumir la presidencia»

«El embajador Korry intercedió ante uno de los acreedores norteamericanos de El Mercurio, First NCB, para que fuera indulgente con las deudas de Edwards»

Fuente: El Periodista

El lobby de Agustín Edwards contra Allende

“Tengo a Agustín conmigo,” anunció por teléfono al Consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Henry Kissinger, el poderoso gerente general de Pepsi-Cola y amigo personal del Presidente Richard Nixon, Donald Kendall, la mañana del 14 de septiembre de 1970. En Chile, era más conocido como Agustín Edwards, patriarca de El Mercurio. En la Casa Blanca, bastaba con Agustín.

El dueño del imperio El Mercurio y la empresa embotelladora de Pepsi en Chile, había llegado a Washington en una misión tan secreta como urgente: hacer lobby al gobierno de Nixon y la CIA para que actuaran rápido para impedir que Salvador Allende asumiera el poder. Allende había ganado la mayoría relativa en las elecciones presidenciales el 4 de septiembre, apenas 10 días antes.

Su amigo Kendall, de gran influencia y buenos contactos, le preparaba la agenda. “¿Es posible reunirnos con él mañana en la mañana?” preguntó Kissinger.

“Sí, estará acá,” respondió Kendall. “Le estoy consiguiendo una reunión con [Richard] Helms [Director de la CIA]. Él ya lo sabe. [Edwards] se reúne con otra persona hoy. ¿Alguien más quien debería intentar?”

“No antes de que hable conmigo,” resolvió Kissinger, de acuerdo a la transcripción de la conversación telefónica.

Este documento es parte de las 20 mil páginas de transcripciones de conversaciones telefónicas (“telcons”) realizadas por Kissinger entre 1969 y 1974, cuando era Consejero de Seguridad Nacional y luego Secretario de Estado bajo la presidencia de Richard Nixon, y que fueron desclasificados esta semana por el gobierno de Estados Unidos. Varios de ellos se refieren a las andanzas de Agustín Edwards en Washington en septiembre de 1970.

Kissinger siempre pedía a un asistente que grabara, y transcribiera cada una de sus llamadas telefónicas, incluyendo las que sostenía con el Presidente Nixon. Cuando dejó el gobierno en 1977, Kissinger se llevó los telcons, alegando que eran “documentos privados”. Luego de que el National Security Archive, un centro de documentación no-gubernamental en Washington, amenazó con presentar una demanda en contra de Kissinger por negarse a entregar esta documentación, que debiera pertenecer al Departamento de Estado, el ex Secretario se vio obligado a hacerlo.

48 horas

Días después de las elecciones presidenciales el 4 de septiembre, Edwards le pidió al jefe de la CIA en Santiago que le armara una reunión secreta con el Embajador de Estados Unidos, Edward Korry.

“¿Estados Unidos tomará alguna acción militar –directa o indirectamente?”, recuerda Korry que le preguntó Edwards.

“Ninguna.”

En ese momento, Edwards se dio cuenta que no tenía otra opción que ir directamente a Washington a mover sus hilos al más alto nivel, haciéndole comprender a la Casa Blanca los riesgos de su inacción.

Pasadas las 10 de la mañana el 14 de septiembre, Kendall llamó a Kissinger y fijaron una reunión con desayuno en la Casa Blanca para el día siguiente, a las 8, para conversar con Edwards. Por casualidad, Kendall había planeado llevar a su anciano padre a reunirse con Nixon ese mismo día.

“Le voy a mencionar Edwards [al Presidente Nixon]. No sé qué se necesita para dar vuelta a esta gente en el Departamento de Estado, pero quiero que el Presidente le tome el peso,” le contó Kendall.

“Es un desastre,” concordó Kissinger.

“Sí, lo es, y no entiendo al pueblo americano,” se quejó el ejecutivo.

“No sabe nada sobre Chile,” dijo Kissinger.

“Le diré al Presidente que él no puede tolerar otra Cuba bajo su gobierno,” afirmó Kendall.

“Sí, díle eso,” consintió.

Kissinger aprovechó de invitar a la reunión al Fiscal General John Mitchell, para, como comentó Kendall, “hacer todo de una sola vez”.

Luego de un cambio en la agenda, los cuatro hombres se juntaron en la oficina de Kissinger en la Casa Blanca a las 9 horas. La reunión estaba fijada para 45 minutos, pero apenas comenzó, Kissinger levantó el teléfono y marcó el número del Director de la CIA, Richard Helms. El asistente, como siempre, grabó la conversación.

“Le agradeceríamos que pudiera conversar brevemente con Agustín Edwards mientras esté en su tienda [sede central de la CIA, Langley]”, pidió Kissinger a Helms.

“No estará en mi tienda, pero yo puedo ir al centro y me reúno con él. Mis hombres van a llegar para eso, pero yo también iré,” le contestó el director de la CIA.

“Si pudiera hablar con él, estaríamos agradecidos, así podemos saber su opinión al respecto [situación en Chile],” le insistió Kissinger.

“OK,” respondió Helms.

Más tarde, Helms acudiría a un céntrico hotel de Washington, acompañado por uno de sus especialistas de la CIA en América Latina, para reunirse con Edwards y Kendall.

La única alternativa

Lo conversado en esa reunión se ha mantenido en secreto por más de 30 años. Sin embargo, se ha podido obtener un memorándum de la CIA al respecto, titulado “Discusión sobre la Situación Política en Chile”, que deja en evidencia que Agustín Edwards buscó influir sobre la CIA para que sus acciones encubiertas en Chile se inclinaran a favor de una solución militar, descartando la factibilidad de lograr bloquear la llegada de Allende al poder por la vía constitucional.

El memorándum de cuatro páginas describe y cita lo que Edwards informó al Director de la CIA sobre la situación política post-electoral en Chile, partiendo por lo que consideraba las razones de la derrota electoral del derechista Jorge Alessandri, quien había logrado la segunda mayoría relativa, y lamentando “que no se nos haya permitido quitarle votos a Tomic”. “Este comentario fue una referencia a la condición impuesta por el gobierno de Estados Unidos que restringió los esfuerzos de [censurado] de parte nuestra a una campaña anti-Allende sin apoyo directo a Alessandri”, explica el memorándum.

Edwards se explayó sobre “las posibilidades de una solución constitucional” al dilema –el esquema que la Embajada de EE.UU. en Santiago favorecía para impedir un gobierno socialista, y que implicaba que la CIA sobornaría a parlamentarios de la Democracia Cristiana para que votaran a favor de Alessandri el 24 de octubre, día en que el Congreso debía ratificar uno u otro candidato como Presidente-electo. Según el plan, Alessandri renunciaría y llamaría a nuevas elecciones, en las que se presentaría el saliente Presidente Eduardo Frei, y supuestamente ganaría.

“Las posibilidades de que Alessandri sea nominado Presidente son escasas… Frei está muerto de miedo [“scared blue”] de que Allende asuma el poder, pero sólo puede contar con unos 20 congresistas del PDC que voten por Alessandri”, le había informado Edwards al jefe de la CIA.

Según el memorándum, Edwards planteó sus dudas de la siguiente manera: “La vía parlamentaria para prevenir que Allende asuma el poder, aunque muy remota, no debe ser ignorada. Sin embargo, implica los siguientes riesgos:

1) Podría fallar, y ¿después qué?

2) Algunos congresistas podrían moverse demasiado rápido, o anunciar su intención de voto prematuramente, así provocando a los Comunistas a ‘tomarse las calles’.

3) El general en retiro Roberto Viaux, líder de la rebelión militar de octubre 1969 [dos líneas censuradas], o ‘algún otro lunático’ podría intentar llevar a cabo un golpe, así impidiendo cualquier otro esfuerzo serio.”

En consecuencia, la discusión derivó necesariamente en la única otra opción: provocar un golpe militar. En la sección del memo titulada “Plazos para Posible Acción Militar”, Edwards señala que el escenario se despejaría a mediados de octubre, luego del congreso del Partido Demócrata Cristiano. A esas alturas, planteó Edwards a Helms: “¿Podemos correr el riesgo de que el plan Alessandri/Frei no funcione?”

Pasadas las 15:30 horas del 15 de septiembre, Nixon citó a Kissinger, Mitchell y Helms a la Oficina Oval. En las últimas 48 horas, y según parecen indicar los documentos, los tres últimos se habían reunido con el dueño de El Mercurio para escuchar su lapidario informe sobre Chile. También Nixon había acogido las opiniones de Edwards, a través de su amigo Kendall, que el día anterior le había hablado al respecto cuando llevó a su padre de visita a la Casa Blanca. Kendall conocía las opiniones y evaluaciones de Edwards al revés y al derecho, ya que había “hablado con él por tantas horas…”

En esa reunión, Nixon emitió sus ahora famosas instrucciones a la CIA, anotadas a mano por Helms: “¡Salven a Chile!; No importa los riesgos involucrados; $10.000.000 disponible, o más si es necesario; hagan gritar a la economía”.

Sus instrucciones pusieron en marcha lo que la CIA denominó “Operación FUBELT” – acciones encubiertas para crear el clima y organizar un golpe militar, que resultaron en el asesinato del general René Schneider el 22 de octubre, dos días antes de la ratificación parlamentaria de Allende como Presidente-electo.

“Tengo la impresión de que el Presidente llamó a esta reunión donde tomé estas anotaciones debido a la presencia de Edwards en Washington, y lo que Edwards decía sobre las condiciones en Chile,” afirmó Helms en 1975, en su testimonio secreto ante el comité parlamentario que investigó el papel de Estados Unidos en la muerte de Schneider.

Platas para Agustín

La noche del 14 de septiembre de 1971, exactamente un año después de la crucial visita de Edwards a Washington, Kissinger llamó a Helms para informarle que el Presidente Nixon había decidido autorizar un masivo financiamiento encubierto a El Mercurio. Poco antes, Edwards, o uno de sus emisarios, había solicitado a la CIA “apoyo encubierto por un total de un millón de dólares” para sobrevivir uno o dos años.

De acuerdo a un memorándum desclasificado de la CIA, Kissinger “indicó que a) el Presidente recién ha aprobado la propuesta para apoyar a El Mercurio con US$700.000, y b) el Presidente desea que el diario continúe, por lo que el monto estipulado podría incrementarse si sirviera ese propósito”. Varios meses más tarde, el mismo Kissinger aprobó otros US$300.000 para El Mercurio.

Meses después, en abril de 1972, la CIA solicitó que fueran entregados US$965.000 adicionales a El Mercurio para pagar préstamos, crear un fondo de contingencia para emergencias, y, según registros desclasificados del Consejo de Seguridad Nacional, “cubrir el déficit operacional hasta marzo de 1973”, cuando se realizarían elecciones parlamentarias en Chile.

En menos de un año, los aportes encubiertos de la CIA para El Mercurio alcanzaron casi US$2 millones.

Otros dineros secretos también fluyeron a El Mercurio a través de la ITT, el principal colaborador corporativo de la CIA en Chile. Un memorándum de conversación del 15 de mayo de 1972 entre el operativo de la CIA, Jonathan Hanke, y el ejecutivo de la ITT, Hal Hendrix, se refiere a numerosos depósitos bancarios por US$100.000 hechos por la ITT al grupo Edwards. “[Hendrix] me dijo que el dinero para el grupo Edwards pasaba por una cuenta en Suiza,” informó Hanke a sus superiores.

Con el apoyo de la CIA, El Mercurio se convirtió en el principal agitador a favor de un golpe militar en Chile. Un cable secreto del jefe de la CIA en Santiago, fechado el 2 de mayo de 1973, señaló que “la cadena de diarios de El Mercurio” está entre “los actores más militantes de la oposición […] que han fijado como objetivo crear conflicto y confrontación que lleve a algún tipo de intervención militar”.

Cuando el 13 de noviembre de 2000, el gobierno de EE.UU. desclasificó 16.000 documentos, entre ellos los que aludían al dinero entregado a El Mercurio, el periódico salió en defensa propia en una editorial. “Yo era la persona responsable del diario y le puedo dar seguridades de que platas de la CIA ni de nadie recibimos,” afirmó su ex presidente ejecutivo en la época, Fernando Léniz.

Edwards habría en contacto directo con golpistas el 11

Comunicación telefónica ese día desde Barcelona probaría su participación concreta en la conspiración militar contra Allende

Agustín Edwards, dueño del diario El Mercurio de Chile y la cadena de periódicos de derecha que gira en torno a ese medio de comunicación, quizás nunca imaginó que un brindis un 11 de septiembre de 1973 saldría de las sombras de la historia para demostrar su vínculo directo con el golpe de Estado que derrocó al gobierno del presidente Salvador Allende.

Está documentado, sin embargo, el papel de El Mercurio en el proceso de desestabilización del gobierno de la Unidad Popular. Se sabe que la cadena recibió de la CIA un millón y medio de dólares para alimentar la contracampaña y la guerra sucia comunicacional contra el gobierno socialista. Se sabe que Edwards tuvo acceso privilegiado a las oficinas del presidente Richard Nixon y su asesor Henry Kissinger, y que su voz se hizo oír fuerte para centrar el miedo anticomunista en el país de Sudamérica.

Muchos periodistas han puesto orden a los documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos. Está, por ejemplo, el trabajo completísimo de Peter Kornbluh sobre el papel que Edwards jugó en convencer al régimen de Nixon sobre la necesidad de centrar esfuerzos contra el gobierno democráticamente elegido de la Unidad Popular (The El Mercurio File, Columbia Journalism Review, Septiembre/Octubre de 2003, o en la página web http://www.libertad-prensa.org/cjr.html).

“En una reunión de 15 minutos en la Oficina Oval [de la Casa Blanca] en la tarde del 15 de septiembre [de 1970], Nixon emitió su ahora famosa orden a [Richard] Helms [director de la CIA] para fomentar una iniciativa militar en Chile para evitar que Allende llegara al poder (…) Helms más tarde testificó ante la Comisión Church que ‘tengo la impresión de que el presidente convocó a esta reunión en la que tomé mis notas debido a la presencia de Edwards en Washington y lo que … Edwards estaba diciendo sobre las condiciones en Chile’».

Champán francés

Sin embargo, todo este apoyo en los pasillos de Washington no fue lo único en la trama golpista de Augusto Pinochet y los demás oficiales de alto rango involucrados. Edwards habría tenido contacto directo con los militares que planeaban el golpe, de acuerdo a lo señalado por una testigo directa. Habría sido informado personalmente de los detalles y avances, y “brindó con champán” a la hora en que se confirmaba la muerte del presidente Allende, seguramente con las consecuencias para su negocio periodístico en mente, además de sus convicciones políticas pro intervencionistas.

Josefina Vidal, periodista, tuvo un chispazo de la historia chilena en sus manos una tarde de verano boreal, en Barcelona, un 11 de septiembre de 1973. Edwards se da un caro lujo y expone públicamente un hecho histórico delicado frente a una concurrida mesa.

«Fue una coincidencia que creo es bastante trágica porque aquel día 11 de septiembre [de 1973] había una cena de ejecutivos de PepsiCo. En aquella época yo estaba casada con una persona que era director financiero de la compañía en España», me comenta Josefina con serenidad tres décadas después en Los Angeles, California.

(Edwards en su autoexilio luego del triunfo de Allende, es empleado en PepsiCo. Era directivo en Nueva York y viajaba a España con regularidad, especialmente a Barcelona, por motivos de negocios. Su vínculo con esa empresa no era coincidencia. La periodista chilena Patricia Verdugo señaló en una entrevista a propósito de su libro “Salvador Allende: Cómo la Casa Blanca provocó su muerte”, que “[Donald] Kendall [presidente de PepsiCo] había financiado a Nixon luego de un fracaso político en California, hasta que llegó a la presidencia. Nixon se ve cercado por Kissinger, que le plantea actuar en Chile porque Allende constituye un peligro para la seguridad de Estados Unidos, y por Kendall, que lleva de la mano a su amigo chileno y dueño de la cadena El Mercurio, Agustín Edwards»).

Continúa Josefina Vidal: la cena era en “un restaurante bastante lujoso de la ciudad (…) Cuando llegamos, entre las ocho media y las 9 [de la noche] Agustín Edwards de El Mercurio ya estaba allí».

-¿Recuerda el nombre del restaurante?

-Si, era el Vía Venetto, me acuerdo bien. Y él estaba ya en un estado de agitación extraordinaria. Vino a la mesa donde todo el mundo estaba sentado y dijo «champán francés para todos». Y todos nos quedamos un poco asombrados. “Sí, mi amigo el almirante [José Toribio] Merino ya se ha hecho cargo de la situación». En fin, claro, fue una sorpresa. ‘Pues nada, ya saben, pidan lo que quieran, por que él es mi amigo…’, etcétera. Estuvo así, recuerdo, muy entusiasmado haciendo panegírico de lo que se suponía.

Edwards estuvo muy poco preocupado de la comida. El hecho de que estaba en un espacio público en comunicación constante con Chile demuestra el grado de triunfalismo que le inspiraba en los mismos momentos en que La Moneda ardía en llamas y un baño de sangre empezaba a dilapidar la democracia chilena.

«Entonces yo diría que no probó bocado esa noche porque anduvo todo el tiempo de una mesa al teléfono, del teléfono a la mesa, o sea que estaba continuamente en comunicación. Piensa que esa era la época en que no había teléfonos móviles, no se usaban», acota Josefina. “Me acuerdo que estaba con su esposa, una mujer muy distinguida y amable. Empecé a hablar con ella de Neruda y ella dijo que le gustaba mucho su poesía. Nadie sabía entonces el trágico fin que también le esperaba al poeta”.

-¿Y ella no hizo alusión al carácter comunista del poeta?

-En absoluto, fue muy discreta, y no dijo nada más, pero sí que él [Edwards] la verdad es que no estuvo sentado mucho tiempo.

“Nosotros en Barcelona habíamos seguido el desarrollo de los acontecimientos, todo el mundo estaba muy pendiente, había una gran simpatía y solidaridad con los chilenos y Allende. Yo recuerdo los periódicos, que a cada momento pensabas que ya iba a pasar algo (…) Y claro, fue una coincidencia estar en esa noche con alguien que estaba muy vinculado al régimen [golpista]”, agrega.

-¿Usted sabía quién era Agustín Edwards?

-Sí, yo sabía que era el dueño de El Mercurio (…) Precisamente mi ex marido había estado en su casa en las afueras de New York un par de días cuando fue en uno de sus viajes de negocios. Claro, pero en aquel momento no sabíamos hasta qué punto él estaba involucrado. Y todo eso se hizo bastante claro esa noche tan trágica cuando él lo celebró con ese entusiasmo de brindar con champán francés.

Confirmación casi simultánea

Un dato vital: ¿a qué hora el almirante Merino, artífice del golpe interno en el alto mando de la Armada e identificado como el verdadero gestor de los movimientos conspirativos, se contacta con Edwards? Sabemos que el empresario ya estaba en el restaurante y que Josefina y su esposo llegan a las 8:30 o 9pm. España en época de verano boreal está adelantada seis horas respecto a Chile. Si el brindis en que Edwards revela la confirmación de Merino sobre el éxito del golpe se produjo dentro de una hora luego de la llegada de los testigos (8:30pm o 9pm), implica que la llamada clave de Merino a Edwards (9:30pm o 10pm en España, 3:30pm o 4pm en Chile) fue en un lapso de una hora o un poco más desde la toma de la Moneda y la confirmación de la muerte del presidente (alrededor de las 2:40pm). Es decir, existía una comunicación tal, de tanta fluidez y confianza, que Merino habría informado a Edwards personalmente en forma casi simultánea sobre los hechos acaecidos en Chile. «Mi amigo el almirante Merino ya se ha hecho cargo de la situación», para recordar sus palabras. Luego, según Josefina, Edwards habría agregado “cualquier cosa que precisen, él es amigo mío…».

Según se desprende de lo declarado por Vidal, no fue una llamada aislada. Edwards se mantuvo en contacto permanente: «El estaba muy ocupado, porque a cada momento le avisaban sobre el teléfono o se levantaba a llamar. A mí me chocó el hecho de que estuvo tan poco tiempo sentado en la mesa. Claro, tenía asuntos importantes que atender, ya me doy cuenta”.

-¿Hizo más comentarios esa noche, sobre Allende o la situación política?

-Diría que no mucho, él lo daba como algo sobreentendido, de lo que estaba hablando. Pero piensa que con excepción creo de mi esposo y yo, los demás todos eran personas de Estados Unidos.

-¿Cuál fue la reacción en el resto de los comensales?

-Bueno, la reacción principal fue de asombro. Más bien hubo cierto silencio, ¿no? A mí personalmente me afectó y me sentí muy mal de estar ahí en aquel momento porque me di cuenta. No sabíamos hasta qué punto qué había sucedido con el presidente Allende, qué había ocurrido con todo eso. No sabíamos que el palacio de La Moneda estaba en llamas. No conocíamos los hechos. Esto no lo supimos sino hasta después.

-¿Qué sintió entonces?

-Me sentí horrible, de haber tenido que estar compartiendo aquellos momentos que eran tan trágicos para el pueblo chileno y para el presidente Allende, con alguien que no diría que fuera responsable, pero que realmente se sentía completamente identificado con los que habían llevado a cabo el golpe. Fue muy triste.

Pese a todos estos antecedentes, en 2003 el Tribunal de Etica del Colegio de Periodistas de Chile rechaza una moción presentada por el director de la revista Punto Final, Manuel Cabieses, para expulsar a Agustín Edwards de la orden, por grave violación al Código de Etica. En él se establece que los periodistas deben estar “al servicio de la verdad, de los principios democráticos y los derechos humanos”; que el derecho a informar se debe ejercer de acuerdo con las normas éticas y no puede ser usado en detrimento de la comunidad o las personas; y que son faltas a la ética profesional participar en violaciones a los derechos humanos, la censura, el soborno, el cohecho y la extorsión.

En un fallo del Tribunal Metropolitano se justificó no tomar medidas al considerar que las opciones ideológicas y políticas del propietario de un medio de comunicación para oponerse o defender un régimen político “entran en el campo de la libertad de conciencia, que un tribunal ético no puede juzgar”.

Cabieses apela al Tribunal Nacional y señala que la argumentación anterior era vergonzosa y que la acusación era contra el periodista Agustín Edwards, inscrito con el No. 88 en el Registro Nacional de la orden, y no contra el empresario. Agregó que “no eran materia de sumario sus opciones ideológicas, sino sus actos, que han violado el espíritu y la letra del Código de Etica del Colegio de Periodistas”.

El Tribunal Nacional argumentó que los antecedentes disponibles no permitían concluir “con plena convicción” que se hayan cometido las infracciones. Esto, no obstante los cientos de documentos desclasificados, el informe del Senado de Estados Unidos, investigaciones periodísticas, y ahora el propio brindis de Agustín Edwards.

Fuente: Memoria Viva

Agustín Edwards y El Mercurio: Traidores de Chile

Francisco Marín

Un documental del realizador chileno Ignacio Agüero recrea el penoso papel que jugó el diario El Mercurio y su dueño Agustín Edwards–instrumento de la ultraderecha, y con financiamiento de la Casa Blanca– en el golpe de Estado que en 1973 derrocó a Salvador Allende y su posterior apoyo a la dictadura de Augusto Pinochet. El problema es que la cinta El diario de Agustín fue adquirida en 2010 por la televisora estatal de Chile con el único propósito de… no transmitirla.

El papel que el diario chileno El Mercurio jugó en el golpe militar contra Salvador Allende se evidencia de nuevo. Contribuye a esto la censura que Televisión Nacional de Chile (TVN) le aplicó al documental El diario de Agustín, del realizador Ignacio Agüero.

Este filme pone en evidencia el papel clave jugado por el propietario de El Mercurio, Agustín Edwards Eastman, en el derrocamiento del presidente Salvador Allende en 1973, así como la complicidad del diario en crímenes emblemáticos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

TVN –televisora estatal– marginó este documental de su programación pese a que por contrato se obligaba a emitirlo tres veces a lo largo de los tres años de duración que tenía el acuerdo, que expira el 31 de mayo de 2013. Este proceder del canal estatal ha impedido que en Chile se conozca masivamente la verdadera historia de El Mercurio.

El diario de Agustín recibió el premio Altazor, que entrega la crítica especializada chilena y el premio Especial del Jurado en el concurso Pedro Sienna del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, además de que ha sido difundido en canales de televisión pública de una decena de países de Iberoamérica.

Después de pedir muchas veces en que se le diera una explicación, TVN le notificó a Agüero que su documental sería por fin exhibido el 23 de diciembre de 2012 a las 24:00 horas. Pero esto no ocurrió. Luego TVN emitió un comunicado de prensa con la lista de 12 documentales de realizadores chilenos que serían exhibidos en los primeros meses de 2013. El diario de Agustín no figuraba.

Esto motivó a los realizadores a dar a conocer lo que sucedía. El 20 de diciembre de 2012 el semanario chileno The Clinic publicó una entrevista con el productor del documental, el periodista Fernando Villagrán, en la que sostuvo que “el directorio de TVN le tiene miedo a Agustín Edwards. Es tan simple como eso. Al final uno piensa que los tipos compraron la película para no mostrarla”.

Estas declaraciones dieron la excusa a TVN para poner término en forma anticipada al contrato. Mauro Valdés, director ejecutivo de TVN, escribió a Agüero una carta en la que le dice:

“Resultan francamente desconcertantes las declaraciones de su productor y coguionista Fernando Villagrán, quien desconoce por completo la potestad de TVN de definir el mejor espacio programático de los contenidos que libremente resuelve emitir”.

Más adelante Valdés señala:

“Al hacerlo, Villagrán se ha permitido descalificar moralmente al directorio de TVN y ha puesto sobre este canal una presión pública inaceptable e incomprensible”.

Y cierra su misiva de esta manera:

“Oído el directorio y reafirmando la autonomía de TVN, he resuelto poner término anticipado al contrato entre ambas partes”.

Con la finalidad de difundir la censura, de la que estaba siendo víctima su documental, Agüero promovió –en el contexto de una retrospectiva de su obra en el Museo de la Memoria entre el 14 y el 17 de marzo pasados– el foro “¿Por qué El diario de Agustín no puede exhibirse en la televisión chilena?”.

En este panel participarían la Premio Nacional de Periodismo (2007) Faride Zerán, el exministro del Interior (2008-2009) y de Defensa (2009-2010) Francisco Vidal; el líder estudiantil Giorgio Jackson y Fernando Villagrán.

Pero ese foro tampoco se realizó. Ricardo Brodsky, director del Museo de la Memoria (institución autónoma con financiamiento estatal encargada de difundir los crímenes cometidos por la dictadura y de promover la defensa de los derechos humanos) explicó a Agüero las razones por las que no podía permitir este debate:

“Me gustaría que el panel fuera más centrado en el conjunto de tu obra y, por lo tanto, no tener tantas opiniones políticas (…) La segunda inquietud es que me parece que los panelista vinculados a TVN (Zerán y Vidal fueron miembros del directorio de ese canal) pueden estar tentados a poner a TVN y a su director ejecutivo, Mauro Valdés, en el banquillo de los acusados, cosa que además de injusta no quisiera que ocurriera desde el museo.”

En entrevista con Proceso Fernando Agüero señaló:

“Estas censuras son cosas de funcionarios que cuidan la imagen de El Mercurio. Lo hacen de iniciativa propia, por prudencia excesiva, buscando defender sus propios cargos de las instituciones que ocupan”.

Agüero ve en este proceder una amenaza a las libertades fundamentales:

“Más que daño a mi obra, con este tipo de cosas le hacen una enorme publicidad y vuelven a poner la película en la noticia. El verdadero daño es a la libertad de expresión y al derecho del público de ver una película por la cual un canal público pagó para emitir”.

A propósito de lo sucedido con este documental, la periodista Zerán escribió una columna que fue difundida el pasado 7 de marzo por Radio Universidad de Chile:

“Esto demuestra que en el Chile actual una obra cinematográfica premiada ampliamente no puede ser exhibida porque la censura y el miedo al poder existen y operan en todos los niveles”.

Zerán lamentó que esta restricción a la libertad de expresión funcione “al amparo de quienes desde organismos públicos o con financiamiento del Estado deben velar por el pluralismo y la libertad de expresión”.

En entrevista con este semanario la presidenta de la Asociación de Documentalistas de Chile, Maite Alberdi, dice que lo ocurrido con El diario de Agustín no es una excepción sino que forma parte de una política de los canales que no dan debida difusión a los documentales:

“La televisión chilena exhibe muy pocos documentales y la televisión pública (TVN) no tiene un compromiso fuerte como el que tienen los canales europeos con el documental, con la realización independiente”.

Expresa que “es matar una película, comprarla para no exhibirla” y asegura que esta es una costumbre habitual de los canales.

Afirma también que “cuando los canales chilenos se animan a mostrar documentales lo hacen en horarios de muy baja audiencia: TVN exhibe sus documentales el domingo a las 0:30 horas y lo hace por cumplir las horas de programación cultural exigida por ley y no por otra cosa”.

Alberdi estima que lo sucedido con El diario de Agustín debe contextualizarse en el que –según su criterio– es el problema de fondo: “El perfil de televisión pública que tenemos”. La presidenta de los documentalistas chilenos señala en este sentido que TVN “es canal público entre comillas porque en realidad opera con la lógica del mercado”.

Cabe recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado tres veces a Chile por la violación del artículo 13 del Pacto de San José, que se refiere a la libertad de expresión.

En febrero de 2001 lo sancionó por la censura judicial de la película La última tentación de Cristo (1989), de Martin Scorsese. En julio de 2005 condenó al Estado de Chile por haberse negado a entregar información sobre el proyecto de inversión de Forestal Trillium. Esta empresa intentó explotar a mediados de los noventa –valiéndose de un sinnúmero de triquiñuelas– los milenarios bosques de la isla Tierra del Fuego, en el extremo sur chileno.

La tercera sanción (junio de 2006) fue motivada por la prohibición que diversos órganos del Estado chileno ejercieron con el fin de que no se publicara en 1995 el libro Ética y servicios de inteligencia, del defenestrado oficial de la Armada Humberto Palamara.

EL ALIADO

El diario de Agustín sigue los pasos de un grupo de pasantes de periodismo de la Universidad de Chile que indagan el papel que jugaron Agustín Edwards y El Mercurio en la consumación del golpe militar de 1973 y en los crímenes de la dictadura de Pinochet.

La película se divide en seis capítulos en los que aborda temas como la defensa que este medio hizo de la oligarquía opuesta al alzamiento de estudiantes, obreros y campesinos a finales de los sesenta en pos de cambios radicales en la organización del país, proceso que tuvo un gran hito en la prolongada toma de la casa central de la Universidad Católica (1968). En esa ocasión los estudiantes colgaron en el frontis un lienzo con la leyenda: “El Mercurio miente”.

También describe detalladamente la complicidad entre Edwards, la Casa Blanca y la CIA.

Respecto de lo ocurrido en la dictadura, el documental aborda el montaje de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) conocido como Operación Colombo; el encubrimiento por parte de El Mercurio del asesinato de la comunista Marta Ugarte, único caso de una persona arrojada al mar desde un avión o un helicóptero y cuyo cadáver apareció en una playa.

Finalmente desmenuza el caso de dos militantes comunistas, Iván Barra y Víctor Jaña, acusados por este diario de ser responsables de haber organizado “los violentos disturbios” del 4 de abril de 1987 en el parque O’Higgins, de Santiago, mientras el Papa Juan Pablo II oficiaba una multitudinaria misa “por la reconciliación”.

El Mercurio los acusó de instigar esos disturbios valiéndose de información falsa entregada por la Central Nacional de Informaciones. Fruto de esta acusación, que tenía por finalidad vincular al Partido Comunista con los incidentes, Jaña y Barra fueron víctimas de salvajes torturas.

Sin embargo, luego de querellarse y comprobar su inocencia, Edwards fue imputado en su calidad de autor del delito de injurias y calumnias con publicidad. Su caso fue sobreseído. El documental muestra el histórico momento en que un cabizbajo Edwards, quizás el hombre más poderoso de Chile, era detenido.

LOS 119

Colombo fue una operación de desinformación orquestada por la Dina para ocultar su participación en los secuestros y asesinatos de 119 opositores chilenos, en su mayoría militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Esos crímenes fueron perpetrados entre el 27 de mayo de 1974 y el 20 de febrero de 1975.

El régimen de Pinochet buscaba aliviar la presión internacional que comenzaba a sentir por las causas de los desaparecidos. Edwards tendió su mano cómplice para ayudar al dictador en ese propósito.

Como parte de esta operación, contactos de la Dina en Argentina publicaron en la primera y única edición de la revista Lea una nota firmada por El Padrino, fechada en la Ciudad de México el 18 de julio de 1975. Allí se afirmó que “60 extremistas chilenos habrían sido asesinados en los últimos meses en Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá, México y Francia por sus propios compañeros de lucha”. Este “medio” señaló que dichas muertes formaban parte de “un vasto e implacable programa de venganza y depuración política”.

Una semana después, O’Dia, de Curitiba, Brasil, sostuvo –también en su primera y única edición– que “59 extremistas chilenos” murieron en enfrentamientos con efectivos policiales de Argentina en la provincia de Salta. En la nota se daba a conocer la lista de los fallecidos.

El Mercurio y La Segunda –también propiedad de Edwards– dieron amplia cobertura a la información. Hicieron esto a pesar de que estaban advertidos que estos medios no existían previamente. La Segunda tituló en primera plana el 19 de julio de 1975: Exterminados como ratones: miristas caen en enfrentamientos en Argentina.

El Mercurio editorializó el 25 de julio intentando dejar zanjado el tema: “Los políticos y periodistas extranjeros que tantas veces preguntaron por estos miembros del MIR y culparon al gobierno de la desaparición de muchos de ellos, tienen ahora la explicación que rehusaron aceptar”.

En las semanas previas estos medios habían ido creando el ambiente que hiciera verosímil el montaje. El 12 de junio de 1975 La Segunda tituló en portada Dos mil marxistas reciben instrucción militar en Argentina.

El documental de Agüero revive, a través de fotos y relatos, las protestas de familiares de las víctimas en la sede de El Mercurio exigiendo información. Viviana Díaz narra cómo el entonces director del diario, Arturo Fontaine las trató despectivamente –en su mayoría eran mujeres– y las echó a la calle con insultos y con el apoyo de guardias de su empresa y policías.

En la cinta los egresados de periodismo entrevistan a Fontaine. Lo acorralan. Intenta justificar lo injustificable. Dice desconocer que su medio haya recibido dinero de la CIA y niega cualquier participación en los crímenes por los que se le cuestionaba. Demolido, sin querer más guerra, se pone de pie intentando escapar. Al hacerlo se golpea con un micrófono y trastabillando sale de la sala.

EL TRAIDOR

El clan Edwards tiene la particularidad de que todas sus cabezas –desde 1849, cuando adquirieron El Mercurio– tienen el mismo nombre y primer apellido. Este clan es dueño del conglomerado periodístico más importante de Chile, con 20 diarios regionales y tres nacionales.

Edwards Eastman enfrentó el peligro que para él significaba Allende escapando a Estados Unidos menos de una semana después de las elecciones del 4 de septiembre de 1970, en las que éste derrotó al candidato derechista Jorge Alessandri.

El excorresponsal del Washington Post en Santiago, John Dinges, sostiene en el filme que “es notable que el dueño de un diario chileno de esos años haya podido llegar a tan altas esferas tan rápido”. Alude al hecho que el 15 de septiembre de 1970, gracias a la mediación de su amigo empresario Donald Kendall (presidente de la empresa entonces llamada Pepsi-Cola, que financió a Richard Nixon), Edwards fue recibido en la Casa Blanca por el consejero de Seguridad Nacional Henry Kissinger, por el secretario de Justicia John Mitchell y por el director de la CIA Richard Helms.

Según consta en documentos desclasificados por la CIA, en aquella reunión se acordó aplicar un plan para impedir que Allende asumiera la presidencia. En las semanas siguientes la CIA envió en valija diplomática armas con las que un comando ultraderechista chileno asesinó al comandante del ejército René Schneider.

Edwards solicitó en esa reunión que el gobierno de Estados Unidos le aportara recursos frescos a su diario. El propio Nixon aprobaría ese financiamiento.

El Informe Church del Senado estadunidense (1975), que analizó las acciones encubiertas de Estados Unidos en Chile entre 1963 y 1973 lo confirma:

“En 1971, la estación (la CIA) estimó que El Mercurio no sobreviviría a la presión del gobierno de Allende, incluyendo la intervención en el mercado del papel de imprenta y el retiro de los avisos del gobierno. El Comité 40 autorizó 700 mil dólares para El Mercurio el 9 de septiembre de 1971 y agregó otros 965 mil dólares a esa autorización el 11 de abril de 1972.”

Una posterior evaluación de la CIA concluyó que “El Mercurio y otros medios apoyados por la agencia habían jugado un importante papel en la configuración del escenario adecuado para el golpe militar del 11 de septiembre de 1973”.

Fuente: El Ciudadano

Vea completo el documental de Ignacio Aguero El Diario de Agustín

Crónica del Gran Perdonazo: El día en que el Estado salvó de la quiebra a El Mercurio y La Tercera

Francisco Herreros

– Permutas de crédito que le ocasionaron pérdidas por 25 millones de dólares al Banco del Estado.
– Escandalosos convenios de reprogramación que rebajaron las deudas de las dos cadenas periodísticas monopólicas hasta un tercio de su valor. Millonarios canjes de deuda por avisos publicitarios.
– Cómo se compró La Tercera en sólo 7 millones de dólares, con pago al contado de 10% y el saldo con un crédito del propio Banco del Estado.
– El “supremazo” que eximió de responsabilidad criminal a Alvaro Bardón y la plana ejecutiva del Banco del Estado.   

Aunque no son los primeros ni probablemente los últimos hechos irregulares acaecidos desde el año 90 a la fecha, la sucesión de escándalos iniciada en octubre pasado con el caso coimas, seguida después por los sobresueldos pagados por la empresa Gate a funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y los inexplicados pagos de empresas contratistas, y últimamente por el vasto repertorio de acciones dolosas perpetrado por ejecutivos del grupo Inverlink en colusión con funcionarios públicos y diversos operadores del mercado financiero, ha instalado la corrupción en el centro del debate público y de la agenda política, al tiempo que ha comprometido seriamente el patrimonio ético y el futuro electoral de la coalición gobernante.

Desde la ventajosa trinchera que le concede su posición monopólica, la profusa y por momentos obsesiva cobertura de los diarios de las cadenas de El Mercurio y Copesa ha logrado, con éxito relativo, implantar en el imaginario colectivo la noción de que la corrupción es un fenómeno inherente y consubstancial a la administración pública y al dirigismo estatista, cuestión que porta de contrabando la implícita idea de la existencia de una alternativa de acrisolada moralidad, encarnada en un candidato que representa el liberalismo económico por antonomasia, cuya obra más notoria ha sido la privatización de las aguas de la comuna de Santiago.

Aparte de que se trata de una visión sesgada, simplificada hasta el nivel de la caricatura, en lo tocante a El Mercurio y La Tercera, la evidencia empírica demuestra que carecen de credenciales éticas y de condiciones de credibilidad para desempeñar el papel de modernos catones de la moral pública y de campeones de la lucha contra la corrupción que se han autoasignado.

La escasamente difundida operación de salvataje de la quiebra y rescate de su cuantiosa deuda con el Banco del Estado, que se inscribe entre las últimas maniobras de la dictadura antes de entregar el poder, contiene todos y cada uno de los elementos que configuran corrupción de alto coturno. Por de pronto, estuvo la configuración del delito de fraude al fisco, por el cual el juez del Quinto Juzgado del Crimen, Alejandro Solís, sometió a proceso a la plana mayor del Banco, encabezada a la sazón por su presidente, Alvaro Bardón, en la causa rol N° 133.428-6, en noviembre de 1991. El controvertido fallo de la Cuarta Sala de la Corte Suprema que lo exoneró de cargos correspondió en rigor a uno de los denominados supremazos, orientados más a garantizar la impunidad de los altos funcionarios de la dictadura sobre distintos tipos de trapisonadas, que a impartir justicia.

Enseguida, destaca la estrecha colusión de intereses entre lo público y lo privado. Antes de ocupar la presidencia del Banco del Estado, Alvaro Bardón se desempeñaba como miembro del Consejo Editorial de El Mercurio, posición a la que retornó inmediatamente después de resolverle el problema de su deuda. Asistente directo de Agustín Edwards en la compleja trama de negociaciones que lo salvaron de la quiebra, fue el ex-Ministro de Hacienda de la dictadura, Sergio de Castro Spikula. Un curioso protagonismo tuvieron los socios de la Consultora Gémines. A ella pertenecíeron el propio Bardón y Andrés Passicot, vicepresidente del Bando del Estado durante la reprogramación de deudas de El Mercurio. A ella pertenecieron también Juan Villarzú, quién ideó el refinado mecanismo de permutas de deudas y Andrés Sanfuentes, presidente del Banco en noviembre de 1990, cuando se entabló la querella criminal.

Luego, cabe consignar el daño al patrimonio del Banco del Estado. Según la querella interpuesta por Sanfuentes, éste alcanzó a 25 millones de dólares, equivalentes al 70% de la utilidad del Banco en el balance de 1989, y al 8% de la totalidad de su capital y reservas. Esa cifra representa una cuarta parte de las pérdidas ocasionadas por Inverlink a la Corfo, casi 70 veces el monto de los sobresueldos imputados a Gate y más de 900 veces el monto de las coimas atribuidas a los desaforados diputados concertacionistas.

Por último, está el tema de la iniquidad, la discriminación y la desigualdad de oportunidades. A los combativos medios de comunicación opositores a la dictadura, los sucesivos gobiernos de la Concertación los privaron del crédito y la publicidad estatal, y con ello los condenaron a morir de inanición, con el argumento de que no habían sabido adaptarse a la competencia en el marco de una economía de mercado. De hecho, con motivo del cierre del diario La Epoca, el 30 de agosto de 1998, El Mercurio publicó en su página editorial: «Tampoco corresponde que el Estado desplegara recursos para asegurar su funcionamiento, tal como lo requirieron sectores políticos y de profesionales de la información, pues ello habría derivado inevitablemente en desaconsejables intervencionismos oficialistas».

El proceso 133.428-6 demuestra fuera de toda duda que al momento del cambio de régimen, las empresas periodísticas El Mercurio y Copesa estaban técnicamente quebradas, que fueron favorecidas por una compleja y refinada serie de operaciones del Banco del Estado orientadas a extinguir su deuda, y que sin ese gran perdonazo, que tuvo severo compromiso del patrimonio público, no hubieran logrado sobrevivir en las actuales condiciones de propiedad, ni, desde luego, emitir sus severos anatemas contra la corrupción. De paso, queda refrendado el principio neoliberal de que mientras las ganancias son privadas, las pérdidas son frecuentemente endosadas al sector público.
1. El Mercurio no

Como podrá verse a continuación, la permuta de créditos que originó el proceso 133.428-6 no fue ni la primera ni la única de las operaciones del Banco del Estado orientadas al salvataje de El Mercurio. Con la devaluación del peso motivada por la crisis de 1982, hacia 1985 la empresa El Mercurio SAP acumulaba una deuda de 5,2 millones de Unidades de Fomento, equivalentes al día de hoy a más de 87 mil millones de pesos, la mayor parte de la cual las debía al Banco del Estado. En condiciones normales, un deudor de semejantes montos es ejecutado, y su deuda capitalizada por los bancos aceedores, pero El Mercurio no era un deudor como los demás, de forma que se lo premió con sucesivos y ventajosos convenios de reprogramación de deudas.

En el informe de la ingeniera comercial Jessica López, del Banco del Estado, que rola a fojas 17 del Cuaderno de Documentos N° II, se lee: «En 1987 los bancos acreedores capitalizaron 1,1 millones de UF de las deudas de la empresa. Como requisito para su capitalización, el Banco del Estado, que capitalizó 635 mil UF, exigió la regularización de los deudores relacionados -Inversiones Tierra Amarilla y Agustín Edwards- cuyas deudas no habían tenido servicio alguno desde su otorgamiento. Para ello se creó la empresa Comercial Canelo, la que se fusionó con Tierra Amarilla. (…) Comercial Canelo compró activos a El Mercurio y le pagó novando deuda que esa empresa mantenía con el Banco del Estado. Asimismo, compró acciones de El Mercurio a Agustín Edwards y le pagó afianzando la deuda de éste con el Banco del Estado y asumiendo el servicio de ella. En octubre de 1988 el banco del Estado, de acuerdo con lo acordado, vende sus acciones de El Mercurio en 249 mil UF, las que fueron adquiridas por Comercial Canelo a través de un crédito del propio Banco del Estado».

Así, mediante la ingeniería financiera de recíprocas operaciones de triangulación y endosos accionarios con una empresa de fachada, cuyo principal accionista era el mismo Agustín Edwards, y con nuevos créditos del propio Banco del Estado, El Mercurio obtuvo una reducción de hasta casi dos tercios de sus pasivos, en condiciones de pago sumamente ventajosas. En la declaración judicial del ingeniero comercial Jorge Charad, secretario ejecutivo de la comisión de bancos acreedores de El Mercurio, que rola a fojas 336, se lee: «La empresa estaba técnicamente quebrada y su patrimonio era negativo en varios millones. Para evitar su quiebra y a objeto de aumentar la recuperación de sus acreencias, en 1995 se firmó un convenio en el cual El Mercurio servía un 30% de sus pasivos en un plazo de diez años y se imponía al deudor una tasa de interés del 7% anual. (…) Dicho convenio fue modificado en junio de 1987 y en términos generales cambiaba la tasa de interés fija del 7% a un sistema de tasa flotante relacionada con la Tasa de Interés Promedio más un margen que dependía de la capitalización de deuda que los bancos acreedores hicieron en El Mercurio, acciones que finalmente los bancos vendieron a Comercial Canelo. Estas modificaciones significaron un fuerte alivio para el deudor al reducir el peso de su carga financiera, y además acordaron permitir que El Mercurio pudiera otorgar dividendos cuando hubiera reducido su deuda en convenio al 50%».

El propio Alvaro Bardón reconoció en su declaración judicial, que rola a fojas 305: «concuerdo con que con esta operación Comercial Canelo quedó convertida en una empresa viable y que antes estaba quebrada». El mensaje es claro: si un deudor debe poca plata, está en serias dificultades, pero si debe mucha, el problema se lo transfiere al acreedor.

En orden de importancia, el segundo mecanismo para diseminar la deuda de El Mercurio fue la operación de permuta de créditos que originó el proceso por fraude al fisco sustanciado por el juez Solís. En operaciones realizadas entre el 27 de diciembre de 1989 y el 8 de marzo de 1990, es decir hasta el día hábil antes del cambio de régimen, el Banco del Estado, por sucesivos acuerdos del directorio presidido por Bardón, cedió créditos de El Mercurio, Comercial Canelo y Agustín Edwards por un monto total de un millón 918 mil 207 Unidades de Fomento. Los créditos de Comercial Canelo (918. 897 UF) y de Agustín Edwards (758.436 UF) fueron cedidos a CFI Internacional, una empresas de intermediación financiera que actuó por encargo del Banco de Chile y los créditos de El Mercurio SAP (240.873 UF) se cedieron al Banco Sudamericano (80%) y Banco del Pacífico (20%).

El Banco del Estado no sólo cedió créditos de El Mercurio SAP, sino que recibió créditos de la misma empresa provenientes de CFI, adquiridos el mismo día al Banco de Chile, y del Banco Sudamericano, adquiridos ese mismo día al Banco Osorno y La Unión, por un monto total de 200.743 UF. Del informe de Jessica López, se desprende el detalle que explica esta curiosa operación: los créditos cedidos por el BECh estaban pactados en UF, al 8,5% de interés anual y contaban con sólidas garantías, mientras que los créditos recibidos de las otras instituciones financieras estaban pactados a un interés menor y no estaban respaldados por garantía alguna.

Pero eso no es todo. Un escrito del abogado del Banco del Estado, Manuel Guzmán Vial, que rola a fojas 722, con el cual intentaba revertir el cierre del sumario, llama la atención sobre el hecho de que «por escritura pública del 28 de diciembre de 1989, CFI le remite a Comercial Canelo su deuda en un 66,5%, con lo que la deuda que el día anterior era de un millón 77 mil 334 UF queda reducida a 561 mil 906 UF y liberado don Agustín Edwards».

Un tercer mecanismo para reducir la deuda de El Mercurio consistió en el canje de deuda por avisos publicitarios. Es así como en el Cuaderno de Documentos N° XXI aparece el contrato suscrito el 31 de diciembre de 1989, mediante el cual el Banco del Estado se compromete a pagar 600 millones de pesos, alrededor de un millón de dólares de la época, a ser descontados de la deuda, por 223 mil 307 centímetros/columna de avisaje en el diario. En su defensa, Alvaro Bardón imputó los 137 millones de pesos por concepto de descuento por volumen, entre los «beneficios» obtenidos por el Banco de su relación comercial con El Mercurio.

En la misma categoría coloca 22 mil UF de «ganancia» por la extinción de un crédito de 15 millones de dólares concedido por Citibank a El Mercurio, avalado por el Banco del Estado, el que éste se obligó a asumir en la reprogramación de 1987. En otras palabras, el crédito obtenido por El Mercurio en 1984 fue pagado por el Banco del Estado en 1987. . Por pagarlo de manera anticipada, «ahorró» 44 mil UF, la mitad de las cuales cedió a título gracioso a El Mercurio, o más bien, descontó de su deuda, con fecha 4 de diciembre de 1989 . En eso consistió otro de los «beneficios» para el banco invocados por Bardón. Con acreedores tan gentiles, no hay deuda que resista.
2. La Tercera Tampoco

La situación de Copesa, que edita los diarios La Tercera, La Cuarta y La Hora de la Tarde, y el semanario Qué Pasa, era, a la fecha de los hechos en comento, todavía más apremiante que la de El Mercurio, si bien a diferencia de éste, la operación de salvataje emprendida por el Banco del Estado, culminó con un cambio en la propiedad.

A agosto de 1987, Copesa y Malán, una empresa de inversiones propietaria del 80% accionario de Copesa, debían a los bancos acreedores 1 millón 860 mil UF, alrededor de 14 mil millones de pesos al día de hoy, de las cuales 922 mil UF debía al Banco del Estado. Al igual que en el caso de El Mercurio, en vez de ejecutar al deudor, los bancos suscribieron un convenio de reprogramación, extendiéndole el plazo de pago a 13 años, con un 7% de interés anual, créditos que se pagarían con los flujos provenientes del giro de Copesa. No conforme con ello, el Banco del Estado le extendió un nuevo crédito de 125 mil UF a Copesa en octubre de 1987. Adicionalmente a las deudas del convenio, Malan adeudaba al Banco del Estado 1 millón 223 mil UF, que el Banco capitalizó adquiriendo el 70% de la propiedad de Malan.

A estas alturas, el 22 de agosto de 1989, aparece en escena Inversiones La Fuente, que ofrece comprar las 700 mil acciones de Malan en poder del Banco del Estado, «con la condición esencial que se materialicen las negociaciones en curso tendientes a reducir la deuda asumida por Copesa, a un monto compatible con la capacidad de pago de la empresa».

Inversiones La Fuente era una sociedad de inversión creada específicamente para el efecto, representada paritariamente por los entonces dueños de Copesa, las familias Picó Cañas y Picó Domínguez, y el abogado Darío Calderón, quien a su turno representaba a la sociedad ASKA Ltda, de los inversionistas de origen árabe y propietarios del Banco Osorno y La Unión, Alvaro Saieh, Carlos Abumohor y Alberto Cassis.

Para hacer corto el cuento, y en virtud de la brillante gestión del directorio presidido por Bardón, estos inversionistas, vinculados ideológicamente a la UDI, se hicieron de la propiedad de Copesa por la módica suma de 336 mil 756 UF, es decir, un tercio de la deuda original de Malan-Copesa, equivalentes a 5 mil millones 654 mil 806 pesos al día de hoy, o si se prefiere, a 7 millones 756 mil dólares, de la cual cancelaron 10% al contado, y el saldo…con un nuevo crédito del Banco del Estado, operación materializada en dos escrituras en la Notaría de Iván Torrealba, con fechas 26 de octubre de 1989 y 7 de febrero de 1990.

Para cumplir con la «condición esencial» de reducir el pasivo de Copesa a un monto compatible con su capacidad de pago, el Comité Ejecutivo del Banco del Estado recurrió a otras dos operaciones. un abono de deuda de 1 millón 295 mil dólares por canjes publicitarios, según contrato del 14 de noviembre de 1989, y las permutas de créditos con los bancos Sudamericano, Osorno y La Unión y del Pacífico, que originaron el proceso 133.428-6.

En virtud de las escrituras públicas 27 y 29 de diciembre de 1989; 19 de enero; 19, 20, 21 y 22 de febrero y 8 de marzo de 1990, el Banco del Estado cedió todas las acreencias que tenía contra las empresas Copesa (287. 279 UF) y Malan (978.460 UF), a los bancos Sudamericano (87% de las deudas) y del Pacífico (13%).

En el proceso aparece acreditado que el autor intelectual de esta compleja trama de operaciones fue Juan Villarzú, actual Vicepresidente Ejecutivo de Codelco, y resalta una notoria contradicción. En su declaración judicial, Alvaro Bardón afirma que la fórmula de permutas de créditos, o «swaps» como se les conoce en el mercado, fue propuesta por los El Mercurio y Copesa. No obstante, en la suya, Villarzú manifestó que «la intención original de Darío Calderón y sus representados fue comprar directamente los créditos al Banco del Estado, pagando en efectivo, pero esto no se materializó por cuanto el banco, por razones de normativa interna, prefirió que la operación se realizara por la vía de la permuta de créditos».

3. Corrupción de Cuello y Corbata

En el curso del proceso, los funcionarios del Banco que actuaron como parte querellante se esmeraron en demostrar el perjuicio patrimonial para el banco, y enumerar las numerosas irregularidades que jalonaron la compleja urdidumbre.

El texto de la querella de Andrés Sanfuentes, señala: «el daño patrimonial se produce por diversos efectos. Pérdidas por el efecto del menor valor económico que se le asignó a los créditos cedidos y por otro lado, el mayor valor que se le atribuyó a los créditos adquiridos, todo lo cual se evalúa en 1 millón 200 mil UF, 24 millones de dólares, el 8% del capital y reservas del banco. Por otra parte, el Banco debe destinar un mayor monto de posiciones por riesgos de colocación en el equivalente de 994 mil UF, aproximadamente 20 millones de dólares, 70% de la utilidad del banco durante 1989. El propósito manifiesto de las permutas de crédito fue eliminar al BECh como acreedor de las empresas El Mercurio y Copesa. Así el Banco cedió numerosas y cuantiosas acreencias, a cambio de una serie de créditos, a los que se le asignó falsamente un valor equivalente».

A su turno, el informe de Gastón Elsholz, inspector de Contraloría del BECh, consignó las siguientes irregularidades: «El proceso de permutas se realizó con gran apresuramiento, lo que se ve reflejado en la seria carencia de antecedentes respecto de los créditos recibidos por el BECh. (…) La evaluación de los créditos que se recibieron no fue la más adecuada (…) no se usaron criterios de sana práctica bancaria (…) En general se trata de operaciones a cargo de empresas deudoras en que sus obligaciones originales, pactadas en UF, fueron transformadas en pesos mediante modificaciones a los respectivos títulos efectuadas en fechas previas a las permutas, renovaciones que en muchos casos adolecen de deficiencias. En la actualidad un número importante de estas obligaciones se encuentran vencidas, tanto en su capital como intereses. (…) La totalidad de los créditos cedidos por el Banco se encontraban amparados con garantías reales, pero el Banco recibió obligaciones con cauciones diferentes de las entregadas, en que el 40,75% están sin garantía especial (…) La totalidad de las obligaciones cedidas por el Banco estaban pactadas en UF, en cambio, se recibieron operaciones en moneda nacional, sin reajustabilidad y varias sin pago de intereses (…) El análisis de las permutas permite apreciar que en muchos casos se asignaron valores con el sólo propósito de encuadrar los valores a permutar (…) Los créditos cedidos por las instituciones financieras correspondían a obligaciones de deudores con serios problemas económicos financieros, que se venían reflejando desde mucho tiempo, transformándose en una situación inmanejable para los acreedores. Sin embargo, previo a la materialización de las permutas gran parte de los créditos fueron renovados y/o modificados en condiciones favorables para los deudores por los nuevos plazos que se concedieron, el cambio de operaciones reajustables a no reajustables, facilidades en el pago de intereses a tasas bajo lo normal del mercado e incluso sin pago de ellos».

Dicho informe sintetiza el meollo del asunto. Mientras el BECh cedió créditos de El Mercurio y Copesa por un monto de 3 millones 244 mil 305 UF, equivalentes a 21 mil 500 millones de pesos, los que estaban debidamente garantizados, se obligó a recibir créditos de 38 empresas y personas por un valor nominal de 3 millones 314 mil UF, es decir, 22 mil millones de pesos, lo que constituyó una flagrante adulteración toda vez que se trataba de créditos castigados, muchos de ellos incobrables, varios sin garantías y en todo caso maquillados por reprogramaciones de los bancos cedentes, efectuadas poco antes de la celebración de las permutas.

A modo de ejemplo, el Banco del Estado recibió un crédito de la Empresa Nelaco S.A, por un valor de 671 mil 178 UF. A pesar de tratarse de una empresa quebrada y sin actividad desde 1985, su deuda fue reprogramada a pesos (3 mil 575 millones 335 mil pesos), sin reajustes ni intereses y con vencimiento a agosto de 2016.

Otro caso notable es el de los créditos recibidos de Inversiones Cono Sur e Inversiones San Manuel, sociedades de inversión propiedad de, entre otros, José Bordá y Tomás García, presidente y vicepresidente del Banco Sudamericano, entidad participante en las permutas. Junto con aprovechar la oportunidad para desconcentrar su cartera relacionada, le endosaron al Banco del Estado la bonita suma de 308 mil 970 UF.

El caso de Arrocera y Granos de Chile linda con lo grotesco. El BECh recibió seis créditos de esta empresa quebrada, por un total de 81 mil 212 UF, hipotéticamente garantizados con warrants de varias toneladas de arroz en la empresa almacenadora Argasa. Sin embargo, a la hora de realizar las prendas, del bendito arroz nunca se tuvo noticia.

En esta intrincada sinfonía de maniobras financieras, el sector privado ganó por paliza. Junto con disminuir sus acreencias hasta niveles irrisorios, El Mercurio y Copesa quedaron a salvo de la temida capitalización «estatizante» del Banco del Estado bajo una nueva administración. Los bancos privados participantes de las permutas obtuvieron variados beneficios. Por de pronto, se desprendieron de deudores morosos y de créditos irrecuperables de empresas quebradas. A cambio, recibieron créditos debidamente caucionados de El Mercurio y Copesa, que si bien aparecían sustancialmente reducidos respecto de sus montos originales, por lo mismo no presentaron dificultades a la hora de ser cobrados. Y la constelación de 38 empresas y personas naturales cuyos créditos fueron transferidos al BECh, se beneficiaron de ventajosas reprogramaciones destinadas a hacer presentables las permutas.

4. Rescatando al Soldado Bardón

El gran perdedor de la jornada fue el Banco del Estado, vale decir el patrimonio de todos los chilenos, por un monto que un informe pericial de Price Waterhouse calculó en 607 mil 228 Unidades de Fomento, es decir, algo más de diez mil millones de pesos al día de hoy. Así lo entendió el magistrado Alejandro Solís, quien el 18 de noviembre de 1991 sometió a proceso por el delito de fraude al fisco a Alvaro Bardón, presidente del BECh a la fecha de estas operaciones; al vicepresidente, general (R) Osvaldo Palacios; a Osmán Flores, gerente general; al gerente de operaciones, Jorge Ilabaca y a los asesores de la presidencia Juan Germain Morchio y Luis Fuentealba, fallo ratificado por la Corte de Apelaciones por la vía del rechazo a un recurso de amparo presentado por la defensa de los reos.

Sin embargo, al cabo del primer año del primer gobierno de la Concertación, el horno de los tribunales todavía no estaba listo para excesivos bollos de justicia.

Es así como el 12 de diciembre de 1991, elevados los recursos de amparo a la Corte Suprema, encontraron oídos aquiescentes en la dudosamente célebre Cuarta Sala, integrada por los inefables ministros Hernán Cereceda y Leonel Beraud, quienes, junto al abogado integrante Luis Fernández, en un fallo notablemente silogístico y formalista, acogieron los amparos y decretaron que Bardón y compañía no eran reos de la causa, resolución contra la que votaron el Ministro Mario Garrido Montt y el abogado integrante Fernando Fueyo, el que en voto de minoría representó con acritud el indebido uso del recurso de amparo como instancia de apelación.

El equipo jurídico del Banco del Estado, encabezado por el abogado Manuel Guzmán Vial, intentó tenaz pero infructuosamente mantener activo el proceso y perseguir las responsabilidades penales de los inculpados, lo que en todo caso logró hasta el 21 de junio de 1997, ocasión en que el magistrado Juan Carlos Urrutia decretó el sobreseimiento temporal, «hasta que se presenten nuevos y mejores datos de investigación», pero lo cierto es que el «supremazo» de la Cuarta Sala le había propinado un golpe letal.

Tras la paletada nadie dijo nada, y Bardón pudo reintegrarse tranquilamente al Consejo de Redacción de El Mercurio, desde donde descarga furibundas invectivas contra las prácticas corruptas de los funcionarios del sector estatal.

Fuente: El Periodista

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