La Fiscalía investiga a un primo del ministro de Defensa, Rodrigo Hinzpeter, que ofrece obtener licitaciones del Ejército gracias a su parentesco. Se trata de Javier Hinzpeter Sagre, en la foto, quien enfrenta una querella por apropiación indebida desde abril de este año, acción judicial que es indagada por el fiscal de Las Condes, Felipe Díaz.
El querellante es un fabricante de ropa militar, el ciudadano argentino Aldo Dadea, quien entregó a la Fiscalía los detalles de los correos que mantuvo con el denunciado, donde le ofrece incluso una reunión con el ministro de Defensa.
En un correo electrónico del 26 de septiembre de 2012, enviado a Aldo Dadea desde una cuenta de Javier Hinzpeter, se lee: “Juntémonos el jueves para contarte un tema bueno, ya que hablé con mi primo y nos recibirá”.
En otro mensaje, del 5 de diciembre de 2012, enviado desde la misma dirección, se señala: “Dime si estás en condiciones de hacer la ropa para el Ejército sí o no, porque si no puedes tengo que buscar otro proveedor”.
Dadea, en la querella, dice que se negó a participar en esta negociación, lo que provocó que el primo del secretario de Estado le cobrara un cheque por 40 millones de pesos por otra licitación que obtuvieron, en junio del año pasado, en el Instituto Nacional del Deporte.
El abogado que representa al ciudadano argentino, Sergio Carter, en conversación con Bío Bío La Radio, no descartó que el ministro Hinzpeter esté al tanto de la situación:
A un mes de presentada la querella contra Javier Hinzpeter, el fiscal Díaz sobreseyó la indagatoria, sin tomar declaraciones ni al denunciante, ni menos, al acusado.
Los anterior fue revocado por un fallo de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago en julio de este año.
El abogado Carter se manifestó disconforme con el trabajo del persecutor de la Fiscalía Oriente, destacando que aún no contesta su petición para interrogar al ministro Hinzpeter y al comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuentealba.
Radio Bío Bío consultó en fuentes de la Fiscalía Oriente, las que confirmaron que el fiscal Díaz ya tomó declaraciones al afectado y que se abrió una arista por fraude al fisco por este caso.
El abogado Carter además amplió la querella por delito informático, denunciando que la cuenta de correos electrónicos de su cliente fue intervenida.
