El Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, anunció que se permitirá a las AFP invertir directamente en proyectos de infraestructura. Aunque no entró en detalles, el proyecto considera la creación de una tercera categoría de inversión para las administradoras.
Esta nueva línea acogería a los proyectos de infraestructura que, entre otros, son considerados como activos alternativos. En esa línea, señalaron las fuentes, podrían incorporarse otros como real estate, que es inversión inmobiliaria, deuda privada y private equity. Este último consiste en la compra, por parte de una firma especializada en capital de inversión, del paquete mayoritario de acciones de una compañía.
De este modo, la tercera categoría de inversión se sumará a las dos preexistentes. Una es renta fija, que tiene como ejemplos a los depósitos a plazo bancarios, las letras hipotecarias o los títulos del Banco Central, con retornos menores pero relativamente estables. La otra es la renta variable, que son instrumentos financieros representativos de capital, como las acciones, y se caracterizan por ser volátiles y entregar ganancias o pérdidas.
Para la tercera categoría se establecería un rango con un máximo de inversión como porcentaje de la cartera que administran las AFP, tal como actualmente operan los cinco fondos de pensiones. Por ejemplo, el A (más riesgoso) tiene un mínimo obligatorio de 40% en renta variable y un máximo permitido de 80%.
La renta variable va en descenso, según se retira el nivel de riesgo de los fondos. Así, el E (más conservador) tiene un límite mínimo obligatorio de 0% en renta variable y un máximo permitido de 5%.
Hasta ahora se desconocen los rangos de inversión para la nueva categoría, aunque fuentes consultadas consignaron que, posiblemente, dentro de un límite general podrían establecerse cotas para las subdivisiones de private equity, deuda privada, infraestructura y real estate.
El proyecto de ley que redacta Hacienda, que declinó referirse al tema, sería una modificación al Decreto Ley 3.500, que establece el régimen de previsión social para el sistema de capitalización individual. Como sea, los países que se observan como modelos, por la similitud de las economías y porque cuentan con un sistema de AFP, son Perú y Colombia, donde ya están permitidas estas inversiones por parte de las gestoras.
Actualmente, las AFP invierten en activos alternativos, pero lo hacen de manera indirecta. Es decir, lo hacen mediante fondos de inversión.
El tema no es nuevo. La ex superintendenta de Pensiones, Tamara Agnic, lo abordó en diversas ocasiones. En septiembre pasado dijo que había espacio para incorporar nuevos instrumentos de inversión, admitiendo que las AFP habían manifestado “interés por invertir en activos alternativos, especialmente en private equity y deuda privada”.
La entidad reguladora, hoy comandada por Osvaldo Macías, hace una semana señaló en Pulso que está analizando “algunos ajustes al Régimen de Inversiones de las AFP, con el objetivo de mejorar las rentabilidades y seguridad de los fondos de pensiones”.
En la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (Acafi) valoraron la iniciativa, destacando que desde hace meses han trabajado para mostrar los beneficios de la inversión en activos alternativos.
“Creemos que se trata de una medida que va en pro del crecimiento de la industria y beneficia directamente a los inversionistas que deciden apostar por este tipo de instrumento”, consignó Luis Alberto Letelier, su presidente.
Reseñó, además, que cerca del 22% de los activos gestionados por inversionistas institucionales a nivel global corresponden a la categoría de activos alternativos.
“En el caso de Perú cuentan con una inversión de 1,8% y en Colombia, de 2,7%, mientras en nuestro país sólo alcanza el 0,8%”, dijo.
Sin embargo, los problemas del sistema privado de pensiones en Chile no se solucionan con más mercado. El Gobierno que se atreva a resolver en serio dichos problemas, tendrá que concluir necesariamente que la solución pasa por regresar al sistema de reparto.
