Las significaciones respecto al fenómeno de la violencia contemplan una amplia diversidad conceptual que incluye el abuso de poder como una condición inherente a la forma de relación social y que marca y da forma a los intercambios sociales como un fenómeno transversal en donde también es relevante la experiencia de violencia, ya que, se considera fundamental dar sentido a la experiencia personal a través de la conexión de una violencia estructural siempre presente y que da cuenta de ella como parte de un sistema social estructuralmente injusto, lo que, explica la imposibilidad de estar ajeno a este fenómeno, ya que, esto la hace no sólo esperable sino altamente probable.
La comprensión de esta relación en el espacio social facilita el logro de una visión amplia e integrada acerca del modo en que como individuo se participa en el mundo y en donde la marginación social constituye una de las formas más violentas de participación, concebida como la vivencia de la exclusión o como dinámica de un sistema basado en la exclusión social y económica que margina de la sociedad.
Involucra, además, la experiencia social y colectiva de violencia, ya que, al no constituir un fenómeno individual sino que su esencia es social y relacional, su carácter es transversal y atraviesa toda la construcción social y colectiva dentro de las cuales nos desenvolvemos como individuos. Araujo y Fernández[i] destacan la importancia de no facilitar individualizar el tema de la violencia aislándolo de la dimensión histórica y social que le da origen y sentido, ya que, se lleva a cabo mediante el ejercicio del poder, por medio de dispositivos que permiten legitimar su práctica a través de discursos institucionales y en donde siempre debe tenerse en cuenta la red de relaciones que la hacen posible. Además, debe tenerse presente una conciencia individual respecto al fenómeno, el que, puede encontrarse lejos de nuestro alcance experiencial y vivencial cuando no hemos sido directamente afectados por la violencia y sólo viene a nuestro mundo con la experiencia directa.
También es posible plantearlo como una violación de la convención social y del orden universal en que su presencia niega cualquier legitimidad a los actos de transgresión de los derechos del otro, considerados como derechos fundamentales. Se trata de una trasgresión que más allá de las consideraciones de carácter penal refiere a la ruptura de convenciones para la coexistencia o la convivencia.
Es central el hecho de que esta perspectiva da cuenta de un corte del lazo social como modo de relación, lo que, se explica por la naturaleza de la transgresión que invalida al sujeto social por medio de un proceso de cosificación del otro, ya que, esta interacción le hace perder su carácter de sujeto relevándolo al lugar de objeto de la acción de otro que se ubica en una mayor posición de poder transitoria o permanente.
Por otra parte, se considera inherente a la vivencia de violencia, junto con la presencia de abuso de poder, la situación de vulneración de derechos fundamentales en donde un sujeto en situación de mayor vulnerabilidad respecto a otro se ve expuesto al no respeto de estas condiciones esenciales para la vida social y para la sobrevivencia en el mundo y que lo sitúa en una posición más pasiva y que, por lo mismo, tiene que ver con derechos y visiones de mundo mucho más trascendentes.
Dar cuenta de esta experiencia, no es acorde con generalizaciones o supuestos institucionales o institucionalizados al respecto, sea en forma de discursos profesionales o institucionales que pueden aludir a consideraciones de valor instrumental a nivel político-ideológico.
Por lo anterior, violencia puede comprenderse como “un modo de relación social caracterizado por el abuso de poder en cualquier contexto y que implica ruptura del lazo social, cosificación del otro y vulneración de sus derechos fundamentales”[ii].
Existen múltiples supuestos y premisas sociales en relación al padecimiento de violencia, como por ejemplo, los efectos de la violencia en la persona, lo que implica el riesgo de ser absorbido por ideas generalizantes y automatismos irreflexivos acerca de la presencia de procesos que son particulares e individuales. Berger y Luckman[iii] plantean que a nivel institucional resulta fundamental la transmisión de reglas de comportamiento y que su forma de transmisión es como verdad validada respecto de ciertas y/o determinadas prácticas que llevan a controlar y prever todos los comportamientos.
Este proceso de legitimación tiene en común la implicancia de demostrar, por parte de la institución, que se posee un conocimiento de tal validez que justifica todas sus prácticas, creencias, normas y tradiciones, lo que, la lleva a articularse a sí misma como un sistema de significados legítimo.
Es necesaria una permanente reflexión acerca de aquellas concepciones inherentes a violencia y al modo de institucionalizarla por medio de discursos ampliamente aceptados socialmente y en donde incomodar el discurso institucional y el cuestionamiento de los conceptos implica compromiso con los procesos de reparación en violencia haciendo ineludible explicitar la presencia de discursos predominantes que afectan a quienes han sido violentados, cargándolos de contenidos sociales preexistentes que van más allá de la situación vivida y del modo particular de subjetivar esa experiencia.
Del mismo modo, se enfatiza la existencia de relaciones causales creadas socialmente y que por la fuerza de su aceptación cultural implican el riesgo de explicaciones lineales a hechos particulares. Las ideas socialmente aceptadas y validadas como verdades irrefutables respecto al padecimiento de violencia son también contenidos que deben integrarse a la temática de violencia.
Las políticas estatales llevadas a cabo por la institucionalidad pública implican diversos supuestos en relación con discursos imperantes, concebidos como aquellos discursos dominantes tanto a nivel social como profesional y en donde emergen cuestionamientos acerca de la concepción de sujeto que tienen las instituciones y como esto impacta el encuentro institución-usuario.
La incorporación de criterios epidemiológicos agrega una cuota de inquietud al quehacer institucional con el consiguiente desafío de validar el carácter solidario de las políticas públicas y no equivocar el sentido con el que fueron diseñadas. Esto otorga fundamento al hecho de contemplar un actuar institucional mesurado en los procesos de victimización orientado al servicio y asistencia a los usuarios que no priorice el cumplimiento de metas institucionales de gestión que han resultado como producto del proceso de modernización del Estado.
(*) Psicóloga (PUCV). Magister en Psicología Clínica de Adultos, Universidad de Chile.
Fuente: ICAL
Referencias:
[i] Araujo, G., Fernández, L. (2000). Violencia: Algo más para la reflexión. Revista ILAS: Violencia y Cultura, año II, Volumen 2, 2º semestre, pág. 25-32. Santiago de Chile.
[ii] Rosentreter J. (2013). Terapia de reparación: Un acercamiento desde la praxis institucional pública en Chile. Tesis para optar al grado de Magíster en Psicología Clínica de Adultos. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Psicología. Universidad de Chile.
[iii] Berger, P., Luckmann, T. (2001). La construcción social de la realidad. Primera edición en castellano, 1968. Amorrortu Editores. Buenos Aires.
