La sala penal de la Corte Suprema, el lunes recién pasado impuso una condena indemnizatoria de 25 millones de pesos al Fisco a favor de Daniel García Soto, quien fue detenido y torturado el 19 de octubre de 1973, que para esa época era dirigente estudiantil de la Universidad Técnica del Estado en la sede de Talca.
Estas tortura del joven universitario se produjeron en el Regimiento de Artillería de Talca y crea un precedente muy importante, pues por fallo unánime de los Ministros Milton Juica, Hugo Dolmetch, Carlos Kunsemuller, Haroldo Brito y Leandro Cisternas, además ratificaron la sanción de 61 días de presidio en contra de Jorge Zuchino Aguirre en calidad de autor del delito de tortura, con esto se reafirma la imprescriptibilidad de tal delito y se reafirma lo sancionado por los tratados internacionales al ser un delito de lesa humanidad, así lo deja a firme el fallo.
El joven torturado, con corriente en los genitales, en los oídos, sienes y en otras partes del cuerpo, sufre después de los exámenes médicos de rigor estrés post traumático que esta íntimamente ligado a la tortura descrita.
La importancia de esta condena, abre un espacio hasta ahora muy importante en lo legal, a los miles de ex presos políticos, que en diferentes regiones del país han presentado denuncias y no han sido acogidas. Por otra parte, también se abre la perspectiva de que el Estado de Chile, desclasifique los numerosos relatos entregados a la mal recordada comisión de prisión y tortura, que por orden del presidente de la época Ricardo Lagos los archivo y los ha ocultado por 50 años desde el año 2000.
Sera labor de las organizaciones de derechos humanos y en especial del Comando Nacional de Ex Presos Políticos orientar y hacer efectivo que se retomen las denuncias por prisión y tortura y sean castigados el fisco y los agentes del estado.
(*) Dirigente Asamblea Nacional por los Derechos Humanos.
