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Incremento Previsional a Municipales: La Deuda Histórica por Resolver

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A tres años de la presentación de la Agenda Salarial que contenía la petición de resolver el incremento previsional del DL 3.501-80, el gobierno de Sebastián Piñera dejará su cargo sin avance alguno.

Para contextualizar, el 28 de julio del 2011 la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales presentó formalmente al ejecutivo la Agenda Salarial para el período, esta contaba con 8 puntos cuya finalidad es aportar en el mejoramiento de las remuneraciones de los funcionarios, como lo son:

1.- Homologación del sueldo base de los funcionarios municipales en relación al resto de la administración pública.

2.- Igualación de los Programas de Mejoramiento a la gestión en relación a la administración centralizada.

3.- Restablecimiento de la asignación profesional al sector Municipal.

4.- Asignación técnica de nivel superior

5.- Asignación de Responsabilidad.

6.- Solución al incremento previsional del DL. 3.501 – 80

7.- Reactivación de la ley de retiro previsional N° 20.387 par funcionarios municipales.

8.- Financiamiento para las asignaciones y bonos de zonas extremas.

De ellos, el Gobierno saliente dio respuesta a tres demandas, quedando pendientes los puntos 1-3-4-5-6; excusándose de que en el reciente acuerdo firmado con la Asociación de Municipalidades por concepto del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), se habían inyectado recursos frescos al presupuesto para cubrir el costo que esto significaba.

Mientras, la “Solución del incremento previsional” se presentó a la comisión de Gobierno Interior y regionalización de la cámara de Diputados. Allí se generó una discusión para clarificar el origen de la deuda histórica y las diferencias en montos totales que dejaron como resultado la situación que afecta a los funcionarios municipales respecto al reajuste derivada de la interpretación que se realiza  del Artículo 2del D.L. N° 3.501.

Para mayor comprensión es importante ir al origen del problema.

El escenario se instala en 1980, momento en que se establece el incremento previsional. Este debe calcularse sobre los sueldos imponibles a dicho año, el cual aumentaba entre un 13,5 a un 20%. Desde este comienzo, lo que suponía sería un beneficio a los funcionarios municipales, han pasado diversas situaciones (como el cambio de la base de cálculo realizándolo solo respecto al monto de la asignación municipal, luego se vuelve a calcular sobre la base imponible,) que han provocado diferencias en los montos finales, lo que ha hecho de este “beneficio” todo lo contrario. Ante ello,  luego de diversas tramitaciones  y dictámenes contradictorios, la Contraloría General de la República decidió suspender el pago.

Esta situación dejó como resultado al día de hoy, de acuerdo al Ejecutivo[1], que de las 345 Municipalidades, 286 de ellas han pagado de alguna forma una parte del incremento y solo 52 continúan pagando con normalidad. Entre los datos también se encuentra en tramitación 98 solicitudes de pago, se han rechazado 19 recursos presentados por funcionarios, y se ha fallado cuatro veces respecto a la temática en cuestión: 2 a favor de los trabajadores y 2 en contra.

Dictámenes considerados contradictorios por la comisión de Gobierno Interior y regionalización de la cámara de diputados en la sesión del 19 de noviembre. Por ello, Mauricio Cisternas a nombre del Subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Flores, propone a la misma la creación para enero del presente año un Informe de Derecho, para continuar la discusión de esta situación. Mesa que tendrá una composición tripartita donde participarán los representantes de los Funcionarios Municipales, el Ejecutivo y Legislativo.

A partir de los antecedentes expuestos y la postura de los representantes del Ejecutivo,  se ve que para el actual gobierno el Incremento Previsional no es un tema de prioridad, tomando en consideración que este fue solicitado al inicio del período y la discusión se llevó a cabo al final del mismo, con la clara intención de dejar la problemática en manos del próximo gobierno. Esto, sin mencionar los otros puntos de la agenda salarial en los cuales no se ha llevado acabo discusión alguna, como: la Asignación Profesional y la igualdad de salarios con el sector público centralizado.

En los últimos lustros, el ejecutivo generó un arrastre de deuda de gobierno en gobierno, al no contemplar acciones concretas en esta deuda histórica, por lo que el Gobierno de la Nueva Mayoría se podría ver enfrentado a movilizaciones de los funcionarios municipales insatisfechos. Así, el incremento previsional sin duda será uno de los puntos clave en la agenda salarial que presentará la ASEMUCH al nuevo Gobierno.

De acuerdo al programa presidencial, explicita la necesidad de generar una instancia de revisión de las normas laborales a las cuales están afectos los funcionarios municipales con el fin de asegurar la “Dignidad y resguardo de sus derechos” (Programa Presidencial Michelle Bachelet) mediante la participación de todos los estamentos, si bien no existe un punto donde se especifique las temáticas puntuales o la forma en que se llevará a cabo esta instancia, se puede visualizar la disposición del nuevo Gobierno para atender las demandas de los funcionarios.

(*) Trabajadora social, Área Desarrollo Social y Participación.

[1] Cifras expuestas por Mauricio Cisternas a nombre del Subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Flores, en la discusión de la comisión de Gobierno Interior y regionalización  de la cámara de diputados efectuada el 19 de noviembre del 2013.

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