Por Mario López Moya
Indignación causa la actuación del Consejo de Defensa del Estado (CDE): uno de sus abogados, Ramón Melo Silva, está procesado por ser encubridor del alevoso crimen de Víctor Jara. Era fiscal militar en 1973 e interrogó al afamado cantaautor pocas horas antes de ser fusilado de 44 balazos. Sin embargo, este sujeto mantiene los privilegios de su cargo, disfrutando de vacaciones financiadas por todos los contribuyentes.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha estado en el ojo del huracán en los últimos meses. Primero fue Juan Ignacio Piña, ex abogado de los Pinochet quien causó polémica al emigrar entre gallos y medianoche desde Ministerio de Justicia de Sebastián Piñera, en las postrimerías de ese gobierno. Luego, ha quedado al descubierto que, entre los miembros del CDE, se encontraba el encubridor en el asesinato del cantautor Víctor Jara y del exdirector de Gendarmería Littre Quiroga, el abogado Ramón Melo Silva, recientemente procesado.
El CDE es «la institución pública de Chile que defiende y representa judicialmente los intereses patrimoniales y no patrimoniales del Estado, a través del ejercicio de acciones y defensas judiciales».
En tal condición, el Consejo ha tenido y tendrá que lidiar con la determinación de las reparaciones a víctimas de violaciones de Derechos Humanos cometidas durante la dictadura. También debe determinar, cómo recuperar de los Pinochet, los miles de millones defraudados al fisco.
¿Cómo hacerlo, si entre sus filas se encuentran nada menos que el abogado que representó los intereses de la familia Pinochet, en contra del fisco (o sea, sus intereses), en el caso Riggs? ¿Cómo hacerlo si entre sus filas se encuentra un exfiscal militar que está procesado por complicidad en el cruel asesinato de Víctor Jara y Littre Quiroga?
Al banquillo de los acusados
Las causas de DDHH han ido avanzando, más lento de lo que quisieran sus familiares y más rápido que lo que desean los criminales que cometieron delitos de lesa humanidad y ahora se ven enfrentados a tener que responder por ellos. Más aún si, como al parecer sucederá, se anula la Ley de Amnistía. Una de las causas que ha logrado avanzar es la del cantautor Víctor Jara.
Recientemente el ministro que lleva la causa, sometió a procesó a tres exagentes de los órganos represivos por los crímenes, uno de ellos, un exfiscal militar, fue procesado como encubridor de secuestro simple y homicidio calificado del artista, hecho ocurrido el 16 de septiembre de 1973 en el Estadio Chile.
El magistrado Miguel Vásquez, encargado de la causa que persigue a los homicidas de Jara, determinó lo que es un secreto a voces, que fueron miembros del Ejército, los que acabaron con la vida del artista. Pero de inmediato algo llamó la atención, el que uno de ellos, acusado de encubrir el delito, fuera nada menos que Ramón Melo Silva, fiscal de la institución castrense en esa época y quien actualmente se desempeña como abogado del Consejo de Defensa del Estado. Las reacciones de repudio y vergüenza, no se han hechos esperar.
¿Cuál era su tarea?
Esta es una pregunta legítima que familiares de víctimas de atropellos a los DDHH cometidos en aquel tiempo se hacen. Enfático fue el abogado de derechos humanos, Héctor Salazar, quien señaló a Cambio21 que: «no me llama la atención, porque en los primeros años de la dictadura militar, la justicia militar sirvió para reprimir y paralizar cualquier investigación criminal en la que pudiera verse involucrado un uniformado y allí pueden darse figuras de encubrimiento y denegación de justicia y prevaricación de funcionarios judiciales, en este caso, un fiscal militar».
El diputado Hugo Gutiérrez (PC), presidente de la Comisión de Derechos Humanos, manifestó a Cambio21 que «si Melo hubiese sido una persona que cumplía con su deber de jurisdicción, no nos hubiésemos tardado tanto en encontrar a los responsables materiales de la muerte del artista, pero él emprendió el camino del ocultamiento de los antecedentes necesarios para arribar a quienes eran los autores materiales del asesinato de Jara. Está bien sometido a proceso».
«Es más -manifiesta el parlamentario-, el abogado Ramón Melo debió haber estado sometido a proceso hace muchos años, era clara su participación en los hechos que implicaron el encubrimiento a los responsables del asesinato de Víctor Jara y Littré Quiroga.»
Las detenciones ilegales
En la causa Rol N° 4.352-2 del Tercer Juzgado del crimen de Santiago, que instruye el Juez Vásquez, el magistrado dio por establecidos los siguientes hechos:
Que el día 11 de septiembre de 1973, el hasta esa fecha Director General del Servicio de Prisiones, Littré Quiroga Carvajal, fue detenido por una patrulla de Carabineros pertenecientes a la Tercera Comisaría de Santiago, trasladándolo inmediatamente a dicha Unidad Policial, siendo luego conducido al Regimiento Blindados N° 2, donde fue sometido a apremios físicos y, en las horas subsiguientes, al entonces Estadio Chile (actual Estadio Víctor Jara).
Ese mismo día, la entonces Universidad Técnica del Estado, fue sitiada por efectivos del Regimiento «Arica» del Ejército de Chile, provenientes de la ciudad de La Serena, a cargo del entonces Capitán Marcelo Moren Brito; quienes procedieron el día 12 de septiembre de 1973, previo disparos de proyectiles de diversa naturaleza, a ocupar sus dependencias y a la detención de docentes, alumnos y personal administrativo que se encontraban en el establecimiento educacional.
Todas esas personas «fueron trasladadas en buses de locomoción colectiva hasta el entonces Estadio Chile. Entre los docentes aprehendidos, se encontraba el cantante popular y también investigador de dicha Universidad, Víctor Jara Martínez, quien ingresó al Estadio Chile junto con el referido grupo de detenidos, para posteriormente ser ubicado con éstos en las graderías de dicho recinto deportivo», señala el juez en el proceso.
«Las referidas detenciones fueron decididas por las autoridades administrativas sin orden judicial de ninguna naturaleza y bajo ningún procedimiento, y el encierro en el Estadio Chile, que era un lugar que se ocupaba para espectáculos deportivos y culturales, fue decidida por las autoridades que estaban a cargo del mismo, sin facultad para ello, sin haberse dejado constancia de la identidad de los detenidos, motivo y cargos a los mismos», indica textualmente el magistrado en el procesamiento.
Salvajes con jinetas
Se ensañaron con ambos, quienes fueron torturados de manera especial, indica el proceso: «durante los respectivos períodos de su detención, tanto Víctor Jara como Littré Quiroga fueron, reconocidos por el personal militar instalado al interior del Estadio Chile, siendo separados del resto de los prisioneros, para posteriormente, ser llevados a otras dependencias ubicadas en los camarines, ocupadas como salas de interrogatorios y apremios, donde fueran agredidos físicamente en forma permanente, por distintos Oficiales».
Y continúa el juez: «Que, entre los días 13 y 16 de septiembre de 1973 se desarrollaron interrogatorios a detenidos al interior del Estado Chile, sin que ellos obedecieran a procedimientos judiciales y/o administrativos previos, algunos de los cuales fueron practicados por personal de la Segunda Fiscalía Militar de la época».
Fueron acribillados
El día 16 de septiembre de 1973, «se procedió al traslado de todos los detenidos del Estadio Chile, con excepción de Víctor Jara y Littré Quiroga, los que fueron aislados del grupo por el encargado militar de dicho recinto, ordenando que fueran llevados al subterráneo, sector camarines, donde había personal militar (…) oportunidad en que se les dio muerte a ambos, hecho que se produjo a consecuencia de, al menos, 44 impactos de bala y 23 impactos de bala, respectivamente, en todos los casos de calibre 9,23 milímetros, según se precisa en los correspondientes informes de autopsia, armamento que se utilizaba oficialmente por los Oficiales del Ejército que se encontraban en dicho recinto», reza la resolución judicial.
Pero no era suficiente con torturarlos y matarlos, «los cadáveres de Víctor Jara y de Littré Quiroga, fueron encontrados en los días posteriores, junto a los cadáveres de otras tres personas más de identidad desconocida -muertas igualmente por proyectiles balísticos-, por pobladores en las inmediaciones del Cementerio Metropolitano, en un terreno baldío cercano a la línea férrea, con signos evidentes de haber recibido golpes y los impactos de bala detallados en los respectivos informes de autopsia».
Las razones para procesarlo
Los hechos expuestos en la resolución judicial, constituyen los delitos de «secuestro simple y de homicidio calificado» cometidos en las personas de Víctor Jara y de Littré Quiroga. Ramón Camilo Humberto Melo Silva, según se desprende de fojas 2551 y 4099, donde prestó declaración ante el juez, concurrió al Estadio Chile en su condición de fiscal militar a tomar declaraciones a Jara y Littré.
No sólo los interrogó, sino que además hizo desaparecer las declaraciones de ambos así como los informes de las autopsias que se le remitieron en su calidad de Fiscal Titular de la Segunda Fiscalía. Ello dio lugar fundada a las presunciones para estimar que a Ramón Melo, le cupo «una participación en calidad de encubridor en los hechos investigados en esta causa», manifiesta el procesamiento.
¿Qué razones tuvo Ramón Melo para hacer desaparecer las declaraciones? ¿A quién protegía? ¿Quién dio la orden de matarlos? Son todas y muchas más aún, las interrogantes que deja su actuar malicioso al ocultar evidencia imprescindible para conocer toda la verdad.
Preso… por un día
Una de las situaciones que más escozor causa en las familias de las víctimas y del país en general, es la poca consecuencia que conllevan hechos tan desastrosos en la vida de las personas. El juez Vásquez ordenó la captura de Ramón Melo Silva a través de la Brigada Investigadora de Delitos de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, con el fin de asegurar su comparecencia, sin embargo, fue dejado en libertad bajo fianza con el pago de sólo 500 mil pesos. Qué poco vale la vida de un ser humano.
Joan Turner, la viuda de Víctor Jara, al conocer de los nuevos procesamientos expresó que «eso hay que celebrarlo a pesar de todo y esperar que esta investigación siga adelante con toda la fuerza posible, no solamente en el Estadio Chile, sino también en otras partes. En este momento mando mi solidaridad a todos los otros familiares que nos acompañan. Es un gran avance», resaltó.
De vacaciones…
Cambio21 indagó en el CDE la situación laboral actual del procesado abogado Ramón Melo Silva. Desde esa repartición se nos informó por el Departamento de Recursos Humanos que se «encontraba de vacaciones sin saberse por cuánto tiempo estará en esa situación.» Claro, con vacaciones pagadas y, de acuerdo a la página de Transparencia de Chile, con un sueldo no menor… más de tres millones de pesos mensuales, atendido su grado 5 en la EUS.
Melo Silva, ejerce como abogado del CDE desde el 2000 a la fecha y es parte del escalafón profesional. Para el diputado Hugo Gutiérrez «lo que debería ocurrir ahora es que el Consejo de Defensa del Estado pidiera algún tipo de sumario interno o que tomara la decisión de hacerlo renunciar. Por mi parte, como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, voy a solicitar todos los antecedentes necesarios al Consejo de Defensa del Estado con respecto a los hechos que llevaron que hasta el día de hoy Melo trabaje en esa institución». Qué mal gusto, interrumpir las vacaciones del exfiscal.
Justicia que tarda no es justicia, pero mitiga
Los otros procesados en esta oportunidad, fueron los mayores en retiro del Ejército, Patricio Vásquez y Hernán Chacón, en calidad de autores de los homicidios, y no pudieron optar al beneficio de la libertad bajo fianza, ya que la Corte de Apelaciones de Santiago, desestimó esta opción por considerarlos un peligro para la seguridad de la sociedad. Pero no irán a la cárcel pública como cualquier procesado, cumplirán su detención preventiva en el Batallón de Policía Militar del Ejército, ubicado en Peñalolén.
Como se recordará, en este proceso, el ministro Vázquez ya ha sometido a proceso como responsables de los homicidios de Víctor Jara y Littré Quiroga a los miembros del Ejército: Hugo Sánchez Marmonti y Pedro Barrientos Núñez, en calidad de autores; y a Roberto Souper Onfray, Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Hasse Mazzei, Luis Bethke Wulf y Jorge Smith Gumucio, como cómplices.
El caso Piña
Juan Ignacio Piña, actual Presidente del Consejo, actuó como abogado en contra del mismo Consejo de Defensa del Estado defendiendo a familiares de Pinochet en el caso Riggs. Desde esa posición decidirá en una causa que le costó millones de dólares al Estado por la defraudación del ex dictador.
Varios fueron los funcionarios del gobierno de Piñera que se «ganaron» designaciones a dedo en distintas reparticiones públicas, notarías y otros órganos del estado. Algunos fueron dejados sin efecto por la Corte Suprema (caso notarías). En los otros casos, las nuevas autoridades nada han hecho.
Piña quien se desempeñaba como subsecretario y en los dos últimos meses como ministro de Justicia del gobierno de derecha, fue designado en sus últimos días por Piñera, como Presidente del CDE. En este tema resulta aplicable el aforismo «la mujer del César no solo debe serlo sino parecerlo». La lección de este singular caso romano es que en la administración del poder y de la cosa pública no puede haber lugar para dudas. Eso no lo entendió Juan Ignacio Piña, quien debió renunciar al CDE por su actuación en esta causa en contra del Estado de Chile, más aún, cuando se trata de la defensa de actuaciones del mayor criminal en la historia patria y cuando, a mayor abundamiento, los dineros defraudados y jamás reintegrados, son justamente del Estado de Chile, cuyos intereses ahora, están a su cuidado.
Fuente: Cambio 21
