Se cumplieron ocho años desde la explosión y posterior incendio ocurrido en la calle Serrano de Valparaíso, tragedia que cobró la vida de 4 porteños dejando heridos a otros 13. El accidente, originado por la falta de mantenimiento de las redes de gas y electricidad, devastó uno de los centros comerciales más dinámicos del puerto, incluyendo mansiones de alto valor patrimonial como el palacio Subercaseux.
Tuvo lugar en la misma calle Serrano una ceremonia encabezada por Jorge Castro, alcalde la ciudad, quién se mostró muy conmovido por la lamentable tragedia, afirmando “que me tranquiliza ver que tanto las familias de las víctimas, como los comerciantes han sabido salir adelante”.
Moisés Gutiérrez, representante de los comerciantes no se manifestó igualmente optimista al expresar que “el día de la explosión no sólo murieron 4 personas, sino que también murió comercialmente toda la calle. Llevamos 8 años esperando una indemnización por parte de las empresas de servicio, durante todo este tiempo han fallecido decenas de personas esperando que se haga justicia y aún no hay, un acercamiento con las empresas, menos una solución”.
La verdad es que uno se pregunta cual es la causa por la cual no es posible efectuar las obras de reconstrucción en un corto plazo y en beneficio prioritario de las personas damnificadas.
En mi opinión, carecemos de una institucionalidad apropiada para situaciones de catástrofe, ya sea que se trate de terremotos, maremotos, incendios o inundaciones. Como consecuencia de esto, las familias damnificadas sólo pueden beneficiarse del único mecanismo financiero establecido por el Estado: el subsidio individual, instrumento perverso, a mi juicio, concebido, entre otros objetivos, a fin de imposibilitar la cohesión y la fuerza del grupo, fórmula insustituible para alcanzar una solución en beneficio de los damnificados.
Cada familia afectada se bate por su cuenta, quedando a merced de la voluntad de una inmobiliaria privada. Por otra parte, si estas empresas evalúan como poco rentable su intervención en una determinada zona, el MINVU carece de instrumentos alternativos que permitan la recuperación de las zonas afectadas.
El Portal Álamos.
En 1971, tuvo lugar un enorme incendio que devastó la más importante galería comercial existente entonces en la ciudad de Viña del Mar. Se trataba de un antiguo edificio de dos pisos situado en plena calle Valparaíso, con un amplio frente a dicha vía. El siniestro dejó en la calle a un gran número de comerciantes.
Un breve estudio de factibilidad demostró que carecía de sentido la reconstrucción del sector afectado. En primer lugar por su relativo valor patrimonial y además, debido a los riesgos de nuevos siniestros, como consecuencia de las numerosas intervenciones no autorizadas en las instalaciones de gas y electricidad.
Por otra parte, el alto valor comercial del sector adquirido con el curso de los años, aconsejó la realización de un proyecto en altura con evidentes beneficios de rentabilidad.
Como es sabido, la Corporación de Mejoramiento Urbano, CORMU (creada durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva) había incentivado la creación de Sociedades Mixtas con los Municipios, como instrumentos más ágiles destinados a promover el desarrollo urbano en sus respectivas zonas.
Dada la existencia de la VICORMU, sociedad mixta integrada por CORMU y el Municipio de Viña del Mar, esta institución adquirió el predio afectado por el incendio y se esforzó por organizar a todos los locatarios cualquiera que fuera su condición, ya sea propietarios o arrendatarios, a fin de integrarlos al proyecto desde un comienzo.
Los arrendatarios respondieron positivamente, no así los propietarios que se manifestaron escépticos y depositaban su confianza en las indemnizaciones de las compañías de seguro, que -por lo demás- solo un mínimo de ellos había contraído.
Cuando aparecimos con la maqueta del proyecto consistente en una placa comercial en dos niveles, y dos torres de vivienda en altura, las cosas cambiaron, mas aún cuando dimos a conocer las condiciones financieras del proyecto, otorgando facilidades especiales a todos los locatarios del conjunto. Un hecho notable fue la participación efectiva de todos los comerciantes afectados desde los inicios del proyecto hasta su plena finalización. La existencia de la VICORMU les permitió tener la tribuna adecuada para manifestar sus puntos de vista en las decisiones fundamentales.
La VICORMU arrendó un predio eriazo, próximo al estero de Viña donde se levantó rápidamente un galpón prefabricado a fin de habilitar locales comerciales provisorios durante los 18 meses que transcurrieron hasta el término de las obras definitivas.
Al final ganamos todos: propietarios y arrendatarios que adquirieron un flamante local comercial en el sector más codiciado de esos años y la VICORMU, porque los edificios de vivienda permitieron recuperar con creces la inversión inicial.
Ahora, no mañana.
He insistido majaderamente en la necesidad de modificar los mecanismos institucionales y financieros existentes en el MINVU, a fin de recuperar el sentido solidario y en beneficio de la comunidad, existentes en dicha repartición pública antes de la dictadura.
El balance desolador en la desolada calle Serrano a 8 años de la tragedia, es la mejor confirmación de la necesidad de rectificar radicalmente las políticas públicas vigentes en Vivienda y Desarrollo Urbano. El año pasado se publicitó un interesante proyecto desarrollado por la oficina del colega Víctor Gubbins, destinado a alojar en el palacio Subercaseaux, las oficinas regionales del SERVIU, además de otros servicios. Ignoro que ha ocurrido pero no se observa actividad alguna en el sector, que continúa con un tráfico limitado.
Así como hemos avanzado en materias tributarias y de educación, es urgente asumir cambios análogos en nuestra esfera de actividades.
(*) Arquitecto. Miembro del Programa de Vivienda de ICAL. Director Ejecutivo de la Corporación de Mejoramiento Urbano, CORMU, durante el Gobierno de la Unidad Popular.
Ex–vicepresidente del Colegio de Arquitectos de Chile.
Fuente: ICAL
