Dentro de las multiples tragedias que experimenta el país de manera simultánea, al menos queda la esperanza de que los chilenos entiendan, por fin, lo que significa votar por un gobierno de derecha.
Ahora resulta que, al día siguiente de que el Congreso aprobara una ley que prohibe el corte de servicios básicos por no pago, en medio de la peor pandemia que haya experimentado el país, el gobierno hace reserva de constitucionalidad de la medida, porque «puede vulnerar la garantía del derecho de propiedad de las empresas».
O sea, se puede vulnerar el básico derecho a la subsistencia de las personas, privándolas de su sueldo, mediante la Ley de «Protección» al Empleo, que por si misma ha generado más de 600 mil cesantes, o repartiéndoles cajas de alimentos que no llegan o entregándole bonos miserables, muy por debajo del nivel de la pobreza definido por el propio gobierno, pero no el derecho de propiedad de las empresas.
En esencia, un autorretrato de la derecha que vale por más de cien mil palabras.
Ese es, despojado de afeites y marketing político, el modelo neoliberal.
El comunicado de la Secretaría General de la Presidencia planteó que la iniciativa «podría constituir infracciones a las normas constitucionales», lo cual es un eufemismo para encubrir su intención de recurrir al Tribunal Constitucional.
Y no es chiste. El subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, advirtió:
«Nos parece que incluso protegiendo la responsabilidad patrimonial del Estado de eventuales demandas en sedes incluso internacionales no era acorde a la Constitución la forma en que esto se estaba planteando. Lo digo porque eventualmente puede estar limitándose el derecho a la propiedad porque la postergación puede producir costos financieros».
El ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, también hizo reserva de constitucionalidad en el momento de ser aprobada la iniciativa aprobada en la Cámara baja, y anunció que la podían mandar al Tribunal Constitucional.
Sin embargo, la amenaza no cumplió el objetivo.
En su último trámite, el proyecto aprobado en el Senado por 28 votos a favor, ninguno en contra y 10 abstenciones de parlamentarios de derecha, principalmente de la UDI, que repitieron como loros curados, empezando por su presidenta, que «puede vulnerar la garantía del derecho de propiedad de las empresas».
La senadora Ena Von Baer, de la UDI, la misma que recibió coimas y sobornos del sector que hoy defiende, manifestó:
«En el momento en que a las empresas se las obliga y no se las indemniza, se genera un problema, porque lo que puede suceder es que las empresas recurran judicialmente en contra del Estado, y el día que tengamos la próxima licitación, puede que sea más costosa para el Estado ya que las empresas proveedoras van a tener la incertidumbre de que si estos servicios en algún minuto se tiene que brindar de manera gratuita».
La «cenadora» miente con descaro, porque el proyecto de ley despachado no considera gratuidad, sino que que las deudas puedan prorratearse para el futuro.
La presidente del Senado, Adriana Muñoz (PPD), le respondió:
«Es en este tipo de debate donde quedan en mayor evidencia las grandes diferencias que tenemos oposición y Gobierno para enfrentar la crisis».
Luego de recordar al acuerdo alcanzado en marzo entre el Ejecutivo y las empresas, el cual contemplaba solo hasta el 40% por ciento más vulnerable de la población, yh solo hasta el 1 de junio, agregó:
«Es muy pertinente tener una ley, porque los acuerdos circunstanciales pueden tener algún alivio, pero hay que garantizar derechos sociales hoy y eso se logra a través de leyes».
A su turno, la diputada Joanna Pérez (DC), una de las impulsores de la ley, lamentó que, de manera solapada y con un comunicado, sin ser capaz de dar al cara, el Gobierno entregue señales de que recurrirá al TC:
«Demuestra la indolencia y lo bajo que es el Gobierno en materia de políticas sociales».
En todos los países del mundo que han enfrentado con éxito la pandemia, sus gobiernos han protegido la capacidad adquisitiva de la gente, tanto por razones sanitarias como por mínima racionalidad económica, para preservar el aparato productivo.
Pero en Chile tenemos genios que no solo dictaminan que es económicamente sano privar a los trabajadores de sus salarios, sino que se propone vetar una ley que impide que les corten la luz, el gas, el agua y las comunicaciones, porque no pueden pagarlo, en medio de la peor pandemia en la historia del país, después de haber sido condenados a asumir el costo de la crisis.
Al punto se plantea una pregunta de cajón: ¿será tan estúpido el gobierno para recurrir al TC para preservar del derechos de propiedad de las empresas, mientras los usuarios de esos servicios, que otrora eran garantizados por el Estado, padecen hambre, angustia y desesperación?
La respuesta, lamentablemente, es afirmativa.
En materia de desatino, descriterio y displicencia, no solo acredita doctorados, sino una capacidad ilimitada.
Hoy en día, la ultima oportunidad de resolver el tema de manera más o menos pacífica, consiste en aventar a la derecha y su modelo en el próximo ciclo electoral, partiendo por el Plebiscito, el que visiblemente, están tratando de evitar.
El que vote por la derecha, después no está aurorizado a decir que no lo vio venir.
Indignación
Muchos chilenos, entre los que despertaron respondieron el comunicado de la Secretaría General de la Presidencia:
$hile S.A.
— Pablosom 🐘 (@Pablosom) June 12, 2020
La esencia de la derecha
— Nelson Campos (@buhoazul2010) June 12, 2020
Al gobierno le hablan de intervenir lo privado y se eriza cuál perra defendiendo a sus cachorros (con el permiso de las perras)
Ojalá fueran así con los más necesitados..— YO CORAZÓN DE LEON APRUEBO.. (@ricardo05945492) June 12, 2020
Emmm …. pero dejen en claro que no se inhabilitarla o suspenderá el cobro… solo se congelará… que después cuando pase la pandemia… enel, metro gas, aguas andina, cobrara todos los meses no pagados en una sola boleta.
No borraran la deuda, solo la congelaran🤮🤢🖕— Vico Geraldino (@VicenteGeraldi2) June 12, 2020
Se acuerdan por qué salimos a las calles en octubre??? Se acuerdan qué queríamos cambiar???
— Cristian Neira 🏆🏆 (@CristianNeira) June 12, 2020
Cuando un gobierno HDP está en contra del pueblo, entonces el pueblo tiene el legítimo derecho de sacarlos del poder, a la fuerza si es necesario, como dice el lema del escudo. pic.twitter.com/QZDddLkZMw
— Arquitectura Curicó (@WladimirPulgar) June 12, 2020
Cómo les duelen los beneficios a los pobres.
Uds odian al pueblo.
Odian la pobreza.
— Piñera renuncia (@PhilippeDelteil) June 12, 2020
Cambiaron el "inconstitucional" por "agrede las normas constitucionales". Si este gobierno se sostiene en constantes eufemismos. Miserables son, no pueden siquiera pensar en la gente en medio de una crisis que nadie quiere vivir. Por eso vamos a cambiar su puta Constitución
— Jacob | 🧚🏼♂️ (@jacoblablaa) June 12, 2020
Otro motivo para cambiar la Constitución. Gracias por la campaña gratis 👍
— ӄαrเtơ (@Karyt_o) June 12, 2020
Atrévete a vetarlo.
Recurre al TC.
Sigue en contra del PUEBLO.Seguimos juntando rabia.
Después dirán:
"…no lo vimos venir…"— Ricardo Barahona G. (@ribago) June 12, 2020
Ojalá hicieran un hilo, con todos los ingenuos q cayeron con las promesas del miserable de Piñera. Estoy seguro q no seria corta, espero q hayan aprendido como trabajan los gobiernos dirigido por los empresarios
— Cerati Cruzado (@cerato26) June 12, 2020
Viejos asquerosos. Chile el único país hasta el cuello con el #COVID19 donde no suspenden el cobro de los suministros básicos! Es más, cobran tarifas de invierno los desgraciados de @EnelChile que obviamente no es una empresa chilena. Corruptos de mierda!! pic.twitter.com/SqldXTpdtl
— La Gota de Rocío💧 (@Licomita) June 12, 2020
Si hay algo que reconocerle a este gobierno, es que siempre pueden ser más miserables.
— Ángel (@Angestz) June 12, 2020
