por Francisco Herreros
A pocos días de un fallo de la Corte Suprema que le permitirá obtener la información estratégica de las exportaciones de litio de SQM, la CORFO llegó a un pre acuerdo con dicha empresa, que de firmarse, no sólo le permitiría extender su contrato hasta 2030, sino también ampliar el volumen de producción.
En otras palabras, en lugar de avanzar hacia la recuperación de la explotación del litio pára Chile, lo que hace CORFO es produndizar su privatización encubierta.
La situación es tan escandalosa, que el diputado comunista, Daniel Núñez exigió la inmediata renuncia del Vicepresidente Ejecutivo de CORFO, Eduardo Bitrán:
“Solicito la renuncia de Eduardo Bitrán a la Vicepresidencia Ejecutiva de la CORFO. Hoy se encuentra inhabilitado moralmente para conducir esta institución y más aún para velar por los intereses del país y el patrimonio que maneja una institución tan importante como la Corfo. Le pido al ministro de Economía que tome cartas en el asunto, al Gobierno de la Presidenta Bachelet que pare este acuerdo, porque de otra manera seríamos cómplice de una acción de corrupción que quedaría como la peor afrenta a la gestión y al legado de la Presidenta Bachelet”.
Esto porque en un comunicado público CORFO informó que Bitrán se reunió con representantes de las sociedades SQM, Potash y Pampa Calichera, quienes entregaron una contrapropuesta a la rechazada por CORFO dos días antes, en la audiencia de conciliación, en el marco del juicio arbitral entablado por el mismo Bitrán, por graves incumplimientos en el contrato.
Según el comunicado, «en dicha reunión, los representantes de Pampa Calichera dieron a conocer a una propuesta de cambio en la estructura de gobierno corporativo de SQM, consistente con los objetivos buscados por Corfo. Asimismo, SQM expresó su disposición a considerar las condiciones propuestas por Corfo en el nuevo proceso de conciliación».
Las condiciones solicitadas por CORFO son, según el comunicado:
– Que la estructura de gobierno corporativo de SQM otorgue garantías permanentes de pleno cumplimiento de lo acordado y desarrollo de prácticas alineadas con los estándares de empresas globales y de la OCDE;
– Que se aumente el nivel de rentas de arrendamiento para igualarlas con lo establecido en el contrato de Albemarle;
– Establecer los derechos y protecciones de Corfo como propietario del Salar de Atacama;
– Establecer el más alto estándar de vigilancia de cumplimiento de contratos y normas ambientales;
– Aportar recursos a la Región de Antofagasta y a las comunidades locales y aportes significativos a investigación y desarrollo;
– Opción de reserva de 25% de producción de litio para vender en Chile destinados a agregar valor al litio y mantención de contrato vigente hasta su fecha establecida, es decir, año 2030.
Respecto del primer punto, la nueva propuesta contiene cuatro puntos claves, que satisfarían a CORFO:
– La salida directa e indirecta de Julio Ponce y sus familiares -hasta el segundo grado de consanguinidad- de La administración y dirección de la empresa;
– El grupo controlador renuncia al voto dirimente hasta 2030 en materias como donaciones u actos a título gratuito, celebrar operaciones con partes relacionadas e iniciar cualquier acción contra Coito y el Estado;
– Poner término al acuerdo de actuación conjunta con Kowa; y
– No designar ní votar como director de la serie B a ninguna persona relacionada con el Grupo Pampa.
En virtud de esa propuesta, ambas partes acordaron solicitar al árbitro de la Cámara de Comercio de Santiago, Héctor Humeres, abrir un nuevo proceso de conciliación, dándose un plazo de 30 días de suspensión del arbitraje.
El comunicado concluye:
«Si bien no es posible anticipar el resultado de este nuevo proceso de conciliación -que se realizará en el marco del arbitraje-, de ser exitoso, además de obtener las condiciones exigidas por Corfo, la ampliación futura de las cuotas de Litio, permitirá a Chile expandir significativamente la oferta de Litio, durante el periodo del contrato, facilitando el desarrollo mundial de la electromovilidad, con el consiguiente efecto positivo en la industria del cobre baja en emisiones de CO2. La Corporación reitera su compromiso con establecer las condiciones que cautelen el interés público, ayudando así a restablecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones de la República».
En suma, migajas recubiertas de marketing corporativo.
Como sucede frecuentemente con la sumisa y obsecuente tecnocracia criolla, el árbol de la supuesta salida de la familia Ponce Lerou esconde el bosque de la profundización de la privatización del litio, que va en dirección diametralmente opuesta al sentido de la Política Nacional del Litio, anunciada por la Presidenta Bachelet, y a la creación de una Empresa Nacional del Litio, a cargo de todos los aspectos relativos a la producción, la gestión y la comercialización.
De hecho, de firmarse el acuerdo, lo imposibilitaría al menos hasta 2030, porque, según el comunicado, se le extendería el contrato hasta ese año, y se le permitiría una expansión de la producción, sin conocer siquiera el detalle de las exportaciones de litio de SQM durante todos estos años.
En efecto, en las próximas semanas se conocerán antecedentes inéditos en torno a la disputa por el litio que sostienen CORFO y SQM, en virtud del fallo de la Corte Suprema, que ordena a la Comisión Chilena de Energía Nuclear, CChEN, entregarle a la CORFO información clave para su defensa en el arbitraje, como el registro del litio que se comercializa y sale del país; información que hasta ahora le había negado, a instancias de SQM.
Nótese y anótese el cuadro: una institución estratégica, la CChEN, le oculta información estratégica a otra institución estratégica, CORFO, útil para el juicio que sostiene contra una empresa privada, SQM, en virtud del poderoso lobby de dicha empresa.
¿Así defienden instituciones estratégicas del país los intereses nacionales?
¡Vergüenza eterna para ellas!
Para el diputado Núñez, la operación es “una consecuencia directa de la elección de Sebastian Piñera como Presidente de la República y realmente es una vergüenza que una autoridad del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet legitime la corrupción como práctica política y siga entregando una riqueza tan grande como es la del litio a una empresa que ha hecho todos los actos de corrupción que uno puede imaginar como es Soquimich”.
Según Núñez, se está en presencia de “un robo a mano armada con la complicidad del director ejecutivo de la Corfo”:
“El acuerdo que pretende hacer Bitrán con Soquimich ni siquiera puede ser catalogado como una desnacionalización, como nos ha ocurrido con el cobre y el salitre; esto es, literalmente, un robo a mano armada con la complicidad del director ejecutivo de la Corfo, puesto que aquí se legitima la corrupción como una práctica política cotidiana y se le entrega este recurso y más cuotas de la extracción de litio a una empresa que tiene el comportamiento que todos los chilenos conocen como es Soquimich”.
En rigor, con el litio, Chile está tropezando por tecera vez con la misma piedra, es decir, entregarlo al capital privado contra escasa o nula compensación, bajo el ideológico pretexto de que en el país no habrían los recursos o las competencias para explotarlo por sí mismo, como ya ocurrió con el salitre y el cobre.
Y si esto está ocurriendo en un gobierno que anunció una Política Nacional del Litio, es de imaginar lo que podrá suceder con un gobierno empresarial por convicción y neoliberal por doctrina, recién electo por el 54,5% del 50% que votó en segunda vuelta.
Importancia estratégica del litio
El litio es el tercer elemento del Sistema Periódico, después del hidrógeno y el helio, y el primero del grupo de metales alcalinos. En la naturaleza existe combinado en la forma de minerales de litio, mayoritariamente en salmueras. Posee propiedades físicas y químicas de carácter singular, principalmente por su alto potencial electroquímico y su bajo peso específico, que lo han convertido en un elemento clave en numerosas aplicaciones, algunas de ellas de alto nivel tecnológico, como baterías, aleaciones, cerámicas y como generador de tritio en reactores de fusión nuclear, así como en la industria química y farmacéutica.
Su demanda ha crecido de modo exponencial, principalmente debido a sus aplicaciones energéticas.
Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, las reservas mundiales de litio, es decir, los recursos explotables en forma económica, ascienden a unas 14 millones de toneladas, de las cuales 7,5 millones están en Chile.
Estas reservas son más que suficientes para abastecer cualquier demanda previsible para la industria, y los depósitos con ventajas comparativa y bajos costos de producción, también están mayoritariamente en Chile.
La demanda total en 2014 de compuestos químicos de litio fue de 160 mil toneladas; 90 mil toneladas provenientes de salmueras y 70 mil producidas a partir de minerales. Se espera que para 2017, la demanda mundial alcanzará alrededor de 188 mil toneladas de carbonato de litio, LCE, y 250 mil en 2020.
Las proyecciones para el año 2035, cuando la producción de cobre estará en declinación, se sitúan en torno a las 611 mil toneladas, de las cuales cerca de la mitad corresponderá a baterías.
La industria del litio es todavía pequeña si se compara con la de otros minerales.
El volumen del negocio estuvo entre los US$ 2.300 a 2.800 millones en 2014, mientras que el del cobre alcanzó los US$ 100 mil millones el mismo año. .
Sin embargo, su potencial es incalculable, toda vez que su uso en dispositivos electrónicos ha elevado la demanda a tasas entre siete y diez por ciento por año, muy por sobre el crecimiento de la economía mundial, y de los transables en particular, sin perjuicio de que su campo de aplicaciones no cesa de crecer.
Actualmente sus usos incluyen las energías renovables -en la fabricación de baterías para almacenamiento eléctrico de energía solar- y en la implementación de redes eléctricas inteligentes, base para el desarrollo de las ciudades del futuro.
En el área de la salud tiene usos en nuevos productos farmacéuticos activos y agro-componentes.
El litio se perfila como la energía del futuro, puesto que tiene tres mercados potenciales: los reactores de fusión nuclear, las baterías secundarias de alta capacidad para vehículos de propulsión eléctrica y aleaciones livianas de aluminio-litio, que permiten obtener materiales 10% más livianos que las aleaciones convencionales.
El litio está presente en el desarrollo de las telecomunicaciones, particularmente en la miniaturización de aparatos electrónicos, tales como baterías para celulares y computadores personales de formato reducido, tales como netbooks y tablets.
La industria de los vehículos eléctricos, que funcionan con baterías de ion de litio, representa un gran potencial de desarrollo para el mercado del litio. Se trata de la necesidad imperiosa de las grandes ciudades del mundo, de reducir la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero asociado al uso de combustibles fósiles en el automóvil.
Se estima que para 2018 habrá cerca de dos millones de vehículos eléctricos en el mundo, cifra que dobla la cantidad actual. Por cada millón de vehículos eléctricos se requieren 15 mil toneladas de carbonato de litio.
Al año 2022 se estima que el mercado de las baterías de litio alcanzará unos US$ 40 mil millones. A diferencia de otros minerales y transables, el litio no se transa en bolsa por lo que el precio resulta de las negociaciones directas entre productor y cliente.
El precio del carbonato de litio de grado técnico oscila en torno a los US$ 6 a 7 mil, mientras que el grado batería supera los US$ 7 mil.
Chile es líder en la producción de carbonato de litio a partir de salmueras por la ventaja en costos del Salar de Atacama con respecto a China, su principal competidor.
En 2012, Chile exportó US$ 305,5 millones en productos de litio, tales como carbonato, cloruro, hidróxido monohidratado y salmueras refinadas; en 2015 US$ 302 millones, y US$ 589 millones en 2016.
La producción de litio a nivel mundial está altamente concentrada.
En la actualidad solo cinco actores controlan cerca del 90% de la oferta: Albemarle (Rockwood) controla un 17% de la producción, SQM un 24%, China un 14%, FMC (Argentina) un 9% y Tianqui –Albermarle (empresa China-EEUU) un 24%.
En Chile operan dos de estas empresas: SQM, empresa chilena privatizada en dictadura controlada por Julio Ponce Lerou, y Albermarle, transnacional de EEUU que adquirió Rockwood. Ambas empresas sitúan sus labores en el Salar de Atacama, concentrando alrededor del 40% de la oferta de litio a nivel mundial.
Los salares del norte de Chile, que se ubican entre las regiones de Arica y Parinacota y Atacama, tienen un gran potencial, puesto que constituyen el mayor depósito de litio en salares y permiten su extracción con los menores costos a nivel mundial. Sus salmueras contienen sodio, potasio, litio, magnesio, calcio, cloruros, sulfatos y boratos, entre otros elementos.
El salar de Atacama, el yacimiento más importante de litio a nivel mundial, es el único en explotación en Chile, de compuestos de litio y potasio, además de boro.
Como está dicho, SQM y Albermarle, ex Rockwood, controlan la totalidad del litio que se explota en Chile. Ambos han ido aumentando en forma periódica su capacidad de producción, en función de los requerimientos del mercado.
Rockwood Litio, actualmente Albermarle, tiene una capacidad instalada de 24.000
toneladas de carbonato de litio grado técnico, ampliada en otras 20 mil toneladas, cuando entre en régimen de la planta La Negra II en la Región de Antofagasta, inaugurada el 16 de mayo de 2017
Hasta diciembre de 2013, Rockwood vendió 74.993 toneladas de su cuota autorizada de 200 mil toneladas de litio, y ha ampliado la coproducción de cloruro de potasio, que alcanza, actualmente, a unas 130 mil toneladas al año.
Albemarle Corp., una de las principales multinacionales globales en rubros diversos como la química, el papel y, ahora, el litio, compró Rockwood Lithium por US$ 6.200 millones, a principios de 2015.
La capacidad instalada de SQM, tanto en el Salar de Atacama como en Antofagasta, alcanzó el mismo año las 48 mil toneladas.
Hasta 2013, SQM vendió 84.416 toneladas de su cuota de 180.100 toneladas.
En lo que concierne al potasio, SQM ha realizado fuertes expansiones de su capacidad productiva, de forma que hoy es más importante de sus operaciones en el Salar de Atacama, al costo de grave daño ambiental.
El tema es aún más serio si se considera que no existe capacidad de fiscalizar la reinyección al salar de las salmueras excedentes, una vez extraídos los productos, y tampoco el conocimiento acerca de eventuales daños al ecosistema del salar, como resultado de dicha reinyección, caso que la hubiera.
Esta situación motivó la recomendación de la Comisión, de revisar los parámetros de autorización, los cuales deberían estar fundados en el proceso de la extracción y no en el producto comercial.
La privatización encubierta del litio
El interés por el litio en los salares se inicia en la década de 1960, en el marco de su utilización en la fabricación de bombas de hidrógeno en la década precedente.
Organismos del Estado, conjuntamente con una empresa privada -Foote Minerals, luego Rockwood, actualmente Albermarle- inician exploraciones en la década de 1970. La primera normativa legal del Estado de Chile referente al litio fue dictada en 1976, al ser incluido como sustancia de “interés nuclear” en la ley orgánica de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, CChEN.
Luego, el DL 2886 de 1979 modificó la Ley 6.319 de1965, que creó la CChEN, la cual establecía la reserva del Estado sobre el litio por exigirlo el interés nacional, dado su carácter estratégico por su uso en aplicaciones nucleares.
Ese DL., firmado por José Piñera Echenique, exceptuó de esta disposición al litio existente en pertenencias mineras constituidas o en trámite de constitución antes del 1 de enero de 1979, condición en que se encontraba la propiedad minera de CORFO en el Salar de Atacama y las de Codelco en los salares de Pedernales y Maricunga.
Asimismo, otorgó a la CChEN la facultad de autorizar la explotación del litio.
Literalmente, la normativa estableció que “no podrán ser objeto de ninguna clase de actos jurídicos sino cuando ellos se ejecuten o celebren por la Comisión
Chilena de Energía Nuclear, con ésta o con su autorización previa”.
Posteriormente, la Constitución Política de 1980 no incluyó al litio como riqueza no concesible, pero en 1982 la Ley Orgánica Constitucional sobre concesiones mineras (18.097) lo declara como sustancia no susceptible de concesión minera, “sin perjuicio de las concesiones mineras válidamente constituidas con anterioridad a la correspondiente declaración de no concesibilidad o de importancia para la seguridad nacional”.
El Código de Minería de 1983, Ley 18.248, reiteró lo dispuesto por la LOC 18.097 respecto a que el litio no es susceptible de concesión minera, salvo las excepciones señaladas, brecha por donde se coló la privatización de la explotación y comercialización del litio en Chile, actualmente existente.
La complicidad de los gobiernos de la Concertación
De hecho, ambas compañías invocan las disposiciones del Artículo 19 Nº24 de la Constitución Política y del Artículo 8 del Código de Minería, según las cuales la exploración y/o explotación de sustancias calificadas como no susceptibles de concesión minera podrán ejecutarse directamente por el Estado o por sus empresas, o por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación otorgados a privados, con los requisitos y bajo las condiciones que fije el Presidente de la República, para cada caso, mediante decreto supremo.
En los contratos que dieron origen a la Sociedad Chilena de Litio Ltda., SCL, participaron Foote Minerals (55%), que aportó la tecnología, y CORFO (45%), que transfirió un área de concesión (167,2 km2) ubicada en el sector sur del Salar de Atacama.
Asimismo, se le otorgó a SCL el derecho, validado por la CChEN, para producir y vender productos de litio que contengan hasta 200 mil toneladas de litio, sin limitación en el tiempo.
SCL inició en 1984 la producción de carbonato de litio.
En 1987, durante el delirio privatizador de Hernán B¬üchi, CORFO autorizó a SCL la producción de sales de potasio, por lo que debió pagar una regalía de 2% durante los primeros 6 años y de 3% por ciento a partir del séptimo año.
Previamente, en 1986, CORFO, con un 25% de participación, formó la Sociedad Minera Salar de Atacama Ltda, Minsal, con la minera norteamericana Amax (63,75%) y la chilena Molibdenos y Metales, Molymet, con el 11,25%.
En los estatutos de la sociedad, se suscribió el denominado Contrato para Proyecto en el Salar de Atacama, con vigencia de 33 años, donde se fijó un pago de royalty con la forma de canon de arrendamiento de un 6,8% para el litio, y una producción y venta máxima de 180.100 toneladas de litio.
En 1989, CORFO vendió su 45% de participación en SCL a su socio, que en esa fecha era Cyprus Foote, en US$ 15,2 millones.
Así, por esos denarios de plata, se consumó parte de la privatización.
La privatización otra parte, que hoy corresponde a SQM, no fue menos espuria, tortuosa, y lesiva al interés nacional, sin perjuicio de que en ella también destaca la participación de la Sociedad Minera Salar de Atacama Ltda., mientras Büchi ocupaba el ministerio de Hacienda, y el general ® Fernando Hormazábal Guajardo desempeñaba la vicepresidencia ejecutiva de CORFO.
El retiro de CORFO de SCL tuvo contrapartida en Minsal, donde Amax vendió su participación a SQM, no sin previa entrega en arriendo exclusivo de CORFO a Minsal Ltda., las 16.384 pertenencias seleccionadas por todo el período de vigencia del contrato, hasta el 31 de diciembre de 2030.
A cambio, Minsal se comprometió a pagar a CORFO a todo evento por los derechos de explotación de productos de litio, un royalty total de 6,8% establecido en el contrato de arriendo.
La firma de los tres contratos modificados tuvo lugar en noviembre de 1993, acto jurídico que convirtió a SQM en socio mayoritario de Minsal Ltda., con el 75% de la
propiedad.
En 1994, SQM y CORFO acordaron un aumento de capital, que dejó a SQM con el 81,82% y a CORFO con 18,18%; mientras que Minsal se transformaba en sociedad anónima.
Ese año, SQM inició la construcción de una planta de cloruro de potasio, que se pone en marcha a fines de 1995, fecha en que SQM adquiere en la Bolsa Electrónica y a un precio de US$ 7 millones, la totalidad de las acciones preferentes de la CORFO, equivalentes al 18,18% del capital social de Minsal S.A., hoy SQM Salar S.A.
Adviértase que esta etapa de la privatización del litio ocurrió bajo gobiernos de la Concertación.
En 1996, SQM comenzó la producción de carbonato de litio con una capacidad inicial de 17.500 toneladas anuales y en 1998 puso en funcionamiento las plantas de sulfato de potasio y ácido bórico, y cloruro de litio a partir de carbonato de litio.
La exacción al interés público con esta privatización encubierta es tan brutal y evidente, que CORFO carece de facultades para interrumpir el contrato de arriendo, por más fundados que sean los motivos, y debió recurrir a un juicio arbitral ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, abiertamente inclinado al interés privado.
Cabe recordar que la gran mayoría de estas pertenencias son propiedad del Estado -a través de CORFO-, y están entregadas en arrendamiento a SQM.
Los contratos de arrendamiento y proyectos que rigen la presencia de SQM en este salar establecieron un mandato de cuidado de estas pertenencias, asegurando su explotación futura.
Sin embargo, SQM ha incurrido de una serie de acciones ilegales, que han atentado contra el interés público, pasando a llevar los contratos suscritos con el Estado, ocasionando perjuicio fiscal por el incumplimiento de los contratos de arrendamiento, por lo cual mantiene un juicio arbitral con CORFO.
Finalmente, y como si lo anterior fuera poco, la Superintendencia del Medio Ambiente ha presentado seis cargos contra SQM, de los cuales hay dos graves y uno gravísimo, y que dicen relación al cambio unilateral de los niveles de trabajo, la extracción de salmuera no autorizada, el deterioro de la flora y el ocultamiento de información, entre otros.
Como si esto fuera poco, Eduardo Bitrán quiere extenderle el contrato a SQM hasta 2030, a pretexto de la salida de Julio Ponce Lerou.
A esta altura, en cualquier país normal, la gente debería estar en la calle, exigiendo la renuncia de Bitrán y el cese inmediato del contrato de SQM.
Pero a la luz de lo sucedido el 17 de diciembre, cabe preguntarse: el litio para Chile ¿le importará realmente a los chilenos? ¿comprenden lo que está en juego?
