Gritadera por Querella de Bachelet: ¿Pretenden que la Sigan Calumniando Impunemente?

De súbito, muchos se acordaron del derecho a la liberdad de expresión. Y hacen gran escándalo porque la Presidenta, cansada ya de tanta infamia, haya hecho uso de su derechos a querella contra periodistas de un medio que se ha distinguido por una feroz campaña contra de su honra. Y de manera también repentina, paracen haber olvidado aquel especie himno esta perpetua transición, aquel mantra de que las «instituciones funcionan».  

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Más allá de las respetables opiniones personales, la polémica en si miasma es parte de la campaña, por que la verdad es que no hay motivo para ella.

La Presidenta acudió a un derecho establecido en la ley, conocido por todos los periodistas, y lo hizo donde correspondía, es decir, un tribunal de la República.

Este, hará su trabajo de forma independiente, y si encuentra mérito, impondrá las sanciones previstas en la ley.

Y si no lo encuentra, sobreseerá.

Entonces, elevar voces escandalizadas por supuestas amenazas a la libetad de expresión, o en defensa de prácticas periodisticas contumaces, que hacen uso abusivo der fuentes anónimas, o publican acusaciones no verificadas, obedece a intereses creados, o a simple hipocrecía.  

La querella

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«Para todos los querellados la pena solicitada en concreto es la de 3 años de reclusión y multa de 150 unidades tributarias mensuales».

Así se lee en la querella criminal que presentó el martes 31 de mayo la Presidenta Michelle Bachelet contra cuatro periodistas de la revista Qué Pasa, a raíz de una publicación de las escuchas telefónicas que Carabineros realizó al operador UDI Juan Díaz en las que éste involucró a la Mandataria con beneficios económicos del negocio Caval.

La acción penal, presentada ante el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, individualiza a la querellante como «Verónica Michelle Bachelet Jeria, médico, domiciliada para estos efectos en Palacio de La Moneda, calle Moneda sin número, comuna y ciudad de Santiago».

La querella acusa «delitos de injurias graves con publicidad» por parte de «don Juan Pablo Larraín Medina, en su calidad de Director de la revista Qué Pasa; don Francisco Aravena, Editor General del mismo medio; María José Tapia y Rodrigo Vergara, periodistas».

La presentación es patrocinada por el abogado Juan Pablo Hermosilla en representación de Michelle Bachelet.

Por otro lado, ofrece como «testigos» al ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz; a la jefa de gabinete, Ana Lya Uriarte, y al periodista Ascanio Cavallo, asesor del Gobierno para la defensa de Chile ante Bolivia en La Haya.

Marcelo Díaz y Ana Lya Uriarte testificarán sobre «hechos previos, coetáneos y posteriores a la publicación de la nota periodística», además de «la afectación en la honra tanto objetiva como subjetiva» de la Mandataria.

En tanto, Ascanio Cavallo «depondrá sobre los estándares de exigencia, control y responsabilidad que conlleva el cargo de director de un medio de comunicación social y su estructura editorial, además de los hechos que motivan la querella».

La acción por «injurias graves con publicidad» repasa en 15 páginas los antecedentes y acusa que en este caso «se ha transgredido la libertad de expresión».

Además, acusa una «maquinación política» y manifiesta que «los contenidos eliminados por la revista hablan de una edición maliciosa», lo que «permite inferir la intención de no informar, sino de afectar la honra y reputación».

Ayer miércoles el Segundo Juzgado de Garantía declaró admisible la querella de la Mandataria. Ahora el tribunal deberá llamar tanto a la parte querellante, el abogado Hermosilla, como a los representantes legales de Qué Pasa, para una audiencia en la que se discutirá el fondo de la querella.

Será en esa audiencia donde se determinará si se llega a un juicio o si se logra un acuerdo entre las partes.

Abogado por escándalera: «Los dueños de Copesa guardaron silencio cuando se asesinaban periodistas en dictadura»

«Sobre la petición de tres años de cárcel para los periodistas de la revista Qué Pasa, es una pena que está asignada en la ley, no la estamos inventando nosotros, sabemos de ante mano que las penas inferiores a cinco años no se cumplen en la cárcel. Aquí nadie va ir preso».

Así lo garantizó esta mañana en Radio Cooperativa, Juan Pablo Hermosilla, abogado patrocinante de la querella presentada por la Presidenta Michelle Bachelet contra la revista Qué Pasa.

«La acción legal tiene como objetivo buscar un reconocimiento por parte del Estado de que la Presidenta en vez de ser tratada adecuadamente, fue injuriada por este medio a través de la edición impresa de esa revista», aclaró a continuación.

En ese sentido, explicó que su estrategia se basará en usar «lo que se publicó en el papel (viernes 27 de mayo) para contrastar con lo que se dijo en la versión internet (jueves 26 de mayo) (…) Esto reafirma nuestra tesis de que es intencionado. La revista en vez de decir lo obvio: ‘Ya lo dijimos, esto fue un error grave desde el punto de vista editorial, fue un descuido, pedimos perdón, hemos dañado el honor de las personas’; dice que no han cometido ningún error, ‘esto está conforme a los estándares éticos periodísticos nuestros y esto es informar y no tiene la intención de golpear a la Presidenta’, cuando se trata solo de la Presidenta Bachelet y se deja de lado la figura de la UDI».

«Cuando se trata de la Presidenta de la República el mismo estándar periodístico no funciona (…) es una especie de confesión de su verdadera intención. Cuando ellos publican el tema en la revista Qué Pasa lo único que están buscando es dañar la honra de la Presidenta», enfatizó Hermosilla.

«Todo lo contrario -dijo- cuando por internet mencionan a Herman Chadwick papá e hijo y mencionan cosas gravísimas, que no son verdad, sobre Pablo Longueira. Ahí en cambio ellos dicen que la fuente no es confiable, los estándares periodísticos han sido sobre pasados, pedimos excusas, se está afectando la honra de las personas y bajan la nota», afirmó.

De igual modo, el abogado Hermosilla hizo hincapié en que se están «enfrentando a gente extraordinariamente poderosa, es un consorcio periodístico no sólo muy marcado ideológicamente, es un consorcio periodístico que guardó silencio mientras se mataban periodistas en Chile durante la dictadura, mientras se torturaba periodistas guardaron silencio».

Consultado por las críticas que han surgido contra de la Presidenta Bachelet, el abogado contestó: «Esta especie de camotera que está recibiendo por los medios y la falta de apoyo, habla bien de ella. Habla de una Presidenta empoderada, con convicción. Todas estas cosas que se están diciendo que ésto es un ataque contra la libertad de expresión son cosas que, una vez que el polvo decante, se darán cuenta que no es así. No se está tratando de censurar a nadie, no es cierto que la querella esté evitando las filtraciones».

Finalmente, dejó en claro que sigue estando en contra de la Ley Mordaza y que es «un gran partidario de la libertad de prensa», pero eso dice: «Tiene límites».

Presidenta del Colegio de Periodistas: no hay coerción a la libertad de expresión

Javiera Olivares defendió el «legítimo derecho» de Bachelet de querellarse contra cuatro reporteros de Qué Pasa.

La presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, negó que la querella presentada por la «ciudadana» Michelle Bachelet contra cuatro profesionales del equipo de la revista Qué Pasa suponga una «coerción a libertad de expresión».

La acción judicial de la Mandataria ha abierto un intenso debate al interior del gremio y también en el ámbito político, donde las posturas no son unitarias.

El Colegio de Periodistas analizó el tema este miércoles por más de cuatro horas, luego de lo cual emitió una declaración en la que señaló que la querella «no es el mejor camino».

Sin embargo, Javiera Olivares aseguró luego que, en este caso, «no hay una coerción a la libertad de expresión», sino una «colisión de dos derechos»:

«Aquí lo que hay es un legítimo derecho de alguien (de Bachelet) de poder llevar a la práctica su derecho a querellarse o a hacer alguna acción respecto de lo que esa persona considera injurioso. El problema es que esto se colisiona también, en este caso, con el interés público de una determinada información, porque estamos hablando de una ciudadana que tiene un alto cargo».

Tanto el presidente de la Cámara de Diputados como del Senado expresaron apoyo a la Mandataria.

«Respaldo a Michelle Bachelet, que ha entendido que su honra ha sido afectada. Yo creo que así ha sido producto de una operación política evidente y creo que lo que ha hecho es lo que corresponde: recurrir a la instancia institucional a la que recurre cualquier ciudadano cuando ve horadada su honra por la vía de lo que, ella entiende, es la comisión de un delito», dijo el diputado Osvaldo Andrade (PS).

«La Presidenta Michelle Bachelet entendió que ella se veía menoscabada en su honra producto de la información. Más allá de que el medio haya ofrecido disculpas en su oportunidad y se haya retractado de algunas de sus afirmaciones, creo que todo ciudadano tiene derecho a imponer una querella si lo estima pertinente, para eso está la juricidad. Esto no tiene que entenderse -porque no es así- como que se atenta contra la libertad de expresión», afirmó el presidente de la Cámara Alta, Ricardo Lagos Weber.

Consultado por los costos políticos que puede tener esta polémica, el ministro vocero, Marcelo Díaz, sostuvo que se trató de una decisión personal de la Jefa de Estado:

«Es una decisión de la Presidenta de la República en su condición de ciudadana, que tiene que ver con la defensa de su honra, de su nombre. Por lo tanto, aquí el cálculo no es político, sino que tiene que ver con una convicción de que se ha afectado el derecho de la ciudadana Michelle Bachelet».

Descargue la querella