por Teresa Frías.
Tres meses han pasado desde el estallido social, un estallido que para algunos les trajo los peores recuerdos de la dictadura. Y no es para menos: los militares en la calle y los carabineros violando arteramente los derechos humanos, hicieron recordar los peores pasajes de esos años.
Y Carabineros, han dejado incluso gente ciega, como son los casoa de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai, quien a raíz de balines y bombas lacrimógenas perdieron la vista.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) recibió y estudió un total de 1.059 causas judiciales, de las cuales 583 se refieren a eventuales vulneraciones a los Derechos Humanos y otras 209 por otras causas.
Sobre las 583 causas, 372 denuncias corresponden a apremios ilegítimos. Desglosando esa cifra, 133 son por abusos contra particulares, 35 por lesiones, 19 por torturas; siete por homicidio, cuatro por violencia innecesaria, tres por homicidios frustrados, dos por daños a particulares, y otras dos por allanamiento ilegal y obstrucción a la Justicia.
Entre las causas detalladas, se han presentado 110 acciones constitucionales para impugnar las declaraciones de estado de emergencia y toques de queda durante el estallido social. De ellas, 19 fueron declaradas inadmisibles y 67 terminaron por sentencia en las que se rechazó la pretensión de los recursos.
También se han presentado 76 acciones que cuestionan la legalidad del uso de armamentos no letales u otros elementos disuasivos por parte de Carabineros y otros agentes del Estado. De estas 76, han concluido 22. Y de estas, 21 se consideran favorables al interés fiscal: dos terminaron por incompetencia del tribunal, ocho declaradas inadmisibles y 11 rechazadas.
Adicionalmente, se han interpuesto 23 recursos de protección presentados por comercios o negocios, los que pidieron resguardo. En nueve de ellos, el CDE obtuvo resultados favorables y hay 14 que todavía están en tramitación.
Casos de «extrema gravedad»
Tras una primera revisión de los casos, el CDE seleccionó 171 a los que colocó la categoría de «extrema gravedad», entre los cuales se encuentran homicidios, torturas y apremios, para los que se impartieron instrucciones a las procuradurías fiscales a fin de que pidieran las carpetas investigativas al Ministerio Público, con el objetivo de contar con los antecedentes en caso de que decidan querellarse.
La presidenta del organismo, María Eugenia Manaud, señaló:
«Corresponde que el CDE estudie acabadamente cada caso con el propósito de defender el interés público. Ello solo puede ser concretado por el servicio una vez que dispone de antecedentes suficientes que le permiten llegar a ese convencimiento, y para ello estamos trabajando».
Hasta ahora, el Consejo de Defensa del Estado ha presentado tres querellas por violación a los derechos humanos y ya se decidió ingresar a los tribunales una cuarta por hechos de este tipo.
Esta última se trata del caso de Álex Núñez, fallecido tras recibir una golpiza de parte de Carabineros.
También, entre los casos, se decidió presentar una acción legal por la quema a la iglesia San Francisco de Borja, «por entender que los hechos investigados revestirían el carácter del delito de que se trata, y que ha afectado a un monumento nacional».
El abogado de derechos humanos, Nelson Caucoto, aseguró:
«Hay casos muy evidentes, como el de la Plaza de Ñuñoa, donde tendrán que haber condenas, o sea, nosotros apuntamos a que hayan condenas por violaciones a los derechos humanos que han ocurrido durante este tiempo de estallido social, así que no me cabe duda que todas las querellas van a fructificar”.
Agregó:
“Hay antecedentes fundados para probar que la participación en los intervinientes y también las lesiones causadas. Llama la atención el 8° Juzgado de Garantía, que dejó sin efecto la condena de tres carabineros, con lo cual se pone en contradicción con lo que hizo la Corte de Apelaciones, que es su superior. El tema es si hubo o no tortura en estos casos. Nosotros tenemos la tesis que efectivamente hay torturas, porque se le aplicó fuerza a esta persona hasta provocarle lesiones con el final de castigarlo”.
Sobre los videos en redes sociales, Caucoto puntualizó:
“Sin duda han escrito la historia, y aportado el registro de lo que ha pasado con las violaciones a los derechos humanos”.
Concluyó:
“Aquí hay distintos tipos de responsabilidad. La responsabilidad directa, le corresponde a los agentes del estado que causaron las violaciones a los derechos humanos. Pero también está la responsabilidad del ministro del Interior y del Jefe de Estado; de eso no cabe duda”.
El abogado Roberto Ávila dijo a su turno:
“Si existe una investigación desformalizada esta no tiene plazo, puede extenderse indefinidamente en el tiempo, pero hay un plazo razonable que no está estipulado en la ley para poder determinar decisión de delitos, y tengo la impresión que las querellas que ve el Ministerio Público, se están llevando con mucha lentitud, por lo que es posible que comience a trabajar la justicia internacional. Los tribunales tienen autonomía, podrán fallar en manera uniforme. Estos comportamientos judiciales, van a tener significación judicial especialmente en el extranjero, porque los tribunales chilenos tienen jurisdicción internacional”.
Agregó:
“Estamos en una situación de una agresión generalizada y sistemática contra población civil, lo cual pertenece a una violación a los derechos humanos”.
En la mira
El 7° Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella por crímenes de lesa humanidad que el Frente Amplio presentó en contra del presidente Sebastián Piñera; el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, su antecesor, Andrés Chadwick; el intendente metropolitano, Felipe Guevara, y el general director de Carabineros, Mario Rozas.
El texto, acusa a las autoridades en calidad de autores, cómplices o encubridores de una serie de delitos, entre los que se mencionan homicidios, torturas y apremios ilegítimos, físicos, mentales y sexuales, violaciones, privación de libertad arbitraria, detenciones selectivas de personas, detenciones ilegales y mutilación de ojos.
Claudia Perivancich, fiscal regional de Valparaíso y encargada de investigar las querellas por violaciones de derechos humanos en contra del mandatario, señaló que ya se encuentra avanzando en las diligencias.
“Ahora he recibido dos querellas y dos denuncias. En la medida que se vayan presentando nuevas, si coinciden con los criterios que se han definido por el fiscal nacional para entregarnos la investigación, se me remitirán“, dijo.
En tanto, al momento de presentar la acción judicial la presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, manifestó:
“Los derechos humanos no se transan por nada ni nadie. Un Estado de Derecho exige un respeto irrestricto por ellos y hoy en día no existen responsables en Chile por los crímenes en los últimos meses”.
La querella detalla una serie de casos ocurridos durante los últimos cuatro meses, entre los que se encuentran los de Abel Acuña y Mauricio Fredes, y se señala que constituyen el “delito de Crimen de Lesa Humanidad establecido en los artículos primero y siguientes de la ley 20.357, que determina las conductas de crímenes de lesa humanidad y fija su penalidad, como así también en lo pertinente a lo establecido en el Estatuto de Roma“.
Además, indica que desde que el presidente Sebastián Piñera decretó estado de emergencia, durante la madrugada del 19 de octubre, “las Fuerzas Policiales y Armadas procedieron a cometer una serie de acciones que tuvieron por finalidad la restricción ilegal de derechos y libertades, como así también la perpetración organizada, generalizada y sistemática de delitos que se concentraron en un período de tiempo que va desde el día 18 de octubre del presente año a la fecha de la presentación de esta querella”.
El libelo adjunta una serie de declaraciones de las autoridades que apuntan a justificar este tipo de procedimientos, como las afirmaciones de Piñera en conversación con CNN en Español, donde señaló que “muchos de los videos relacionados con Derechos Humanos que se han difundido profusamente en medios de comunicación, no corresponden a la realidad. Hay muchos de ellos que son falsos. Que son filmados fuera de Chile o que son tergiversados. Sin duda, hemos tenido que enfrentar una campaña de desinformación”.
Ante esto, Caucoto señaló:
“Es un juicio concreto contra el Presidente Piñera, y a raíz de esas investigaciones podría decretarse el arraigo para el Mandatario”.
Por su parte, Ávila dijo:
“El Presidente Piñera se incluye en las querellas, porque él es el Jefe de Estado, y por ende es él quien toma las decisiones con las policías y se hace responsable de todo lo que ha sucedido”.
Garzón y los derechos humanos: “El pueblo no es el enemigo, sino la víctima”
En el marco de la realización del Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, el ex juez español Baltasar Garzón llegó a nuestro país y entregó algunas ideas sobre el estallido social.
El jurista, reconocido por la detención de Augusto Pinochet en Londres entre 1998 y el 2000, se refirió en el evento al contexto social que se desarrolla en el país tras el 18 de octubre del año pasado y comentó algunas de las actividades en las que participó desde su arribo.
El ex juez y asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya comentó que se ha reunido con comunidades mapuche, defensores de derechos humanos, víctimas de la dictadura, ex presos políticos y organizaciones “que están sufriendo consecuencias y luchando después del estallido social“.
Explicó:
“Lo he hecho para poder saber, aparte del seguimiento que le puedo hacer desde que comenzaron estos hechos tan graves, cuál es la situación real. Me preocupa que haya una sensación en las personas afectadas de que las cosas desde las instituciones, específicamente desde el gobierno y los estamentos policiales y la justicia no están siendo todo lo claras, evidentes y contundentes para la protección de los derechos de las víctimas”.
“Eso es preocupante y lo que debemos hacer como ciudadanos es exigir transparencia, decisión en la investigación y exigencia de responsabilidades para que no vuelvan a acontecer esos hechos”, agregó.
Concluyó:
«Es importante acompañar en estos momentos que son complicados y, al margen de cualquier planteamiento ideológico o no, lo que se avecina en los próximos meses, a la vista de esa consulta de plebiscito y esa decisión sobre la nueva Constitución“.
Garzón reseña sus ideas sobre la Corte Internacional y Piñera
– ¿Piñera podría ser llevado a una corte internacional?
«Ya hay querellas instaladas que están pendientes de investigación aquí, muy importantes. Hay que ver si se está haciendo esa investigación, si el Ministerio Público está adelantando esa investigación, eso es fácil constatarlo. Una vez que se agoten esas investigaciones, tendremos que decidir si son o no solventes. Y de todo, hay que concluir si se está investigando o no. O si no se puede investigar».
– Usted le mandó una carta de advertencia a Piñera en el comienzo del estallido social…
«Donde le decía que no va a haber impunidad, porque hoy la comunidad internacional está muy atenta. Hay instancias internacionales que no dejarán que se instale la impunidad. Y lo sigo diciendo hoy».
– ¿Y a usted le consta que eso se está activando?
«Lo que digo que es ahora se tiene que investigar aquí. Solo si eso no es así, entonces hay que actuar a través de la jurisdicción universal, pero lo primero es agotar la investigación en Chile».
– Usted es una figura muy emblemática, porque logró detener a Pinochet. Hay gente que piensa que podría hacer lo mismo con Piñera…
«Uno, yo no ejerzo como juez. Dos, hay que responder desde acá y si no es así, se puede buscar una respuesta internacional, por lo tanto, hay que estar muy pendiente de qué investigaciones se están haciendo».
Carta a Piñera
“¿Qué está pasando en Chile?” es el título de la misiva enviada al Presidente Sebastián Piñera por el juez español Baltasar Garzón, donde le enrostra la responsabilidad de su Gobierno en cómo ha enfrentado una protesta ciudadana que destaca como “un estallido social espontáneo que no está dirigido por partido político alguno”.
El magistrado, emplaza a Piñera por la declaración del Estado de Emergencia y por haber sacado a los militares a las calles:
“Señor Presidente, usted y el Gobierno que dirige se equivocan de objetivo: El pueblo no es el enemigo, sino la víctima y al pueblo hay que protegerlo y no castigarlo con medidas de excepción”.
Luego, Garzón analiza otro hito del descontento social, la corrupción, un punto donde el juez también apunta directo al Presidente y su faceta empresarial:
“Se ha hecho patente el descontento, la falta de expectativas, la indiferencia de las autoridades y sus promesas incumplidas, sumado a millonarios escándalos de corrupción de grandes empresas, de políticos, incluso del Ejército, del propio cuerpo de Carabineros de Chile”.
“Todo ello hizo que una leve alza en el precio del metro fuera la gota que rebosó el vaso, unido a una descontrolada y brutal represión policial hacia estudiantes secundarios (…) Señor Presidente, tal parece que chilenas y chilenos han dicho basta. Y lo están diciendo fuerte y claro”, añadió.
Garzón enfatiza:
“Demás está decir que la violencia engendra más violencia, que no se puede combatir el fuego con gasolina, que con los militares en la calle tarde o temprano habrá heridos graves y más muertos. El Ejército no está preparado para controlar el orden público, sino para hacer la guerra, para doblegar al enemigo o destruirlo. Siempre que los militares salen a la calle, incluso si es para “combatir” o “luchar” en una supuesta guerra a la delincuencia, las cosas no han hecho más que empeorar. La delincuencia, los saqueos y desmanes no cesan, sino que a ellos se suma la violencia estatal, que se ejerce de manera indiscriminada y que luego se oculta de la peor manera para garantizar su impunidad”.
Antes de abandonar el país, el jurista Baltazar Garzón recorrió la Plaza Italia acompañado por un grupo de los denominados y polémicos “primera línea”, quienes lo protegieron con escudos artesanales y un casco.
Fuente: Cambio 21
