«Nosotros estamos evaluando pedir que realmente se caduque la Resolución de Calificación Ambiental, y si quieren seguir funcionando se sometan a una nueva evaluación», dijo el diputado del PPD Enrique Accorsi a la luz del contenido de varias cartas de empresas contratistas que dan cuenta de extensiones de contratos y labores ligadas a ampliación de campamento Barriales que no están autorizadas. La comisión investigadora fue suspendida por falta de quórum.
“Nunca había visto un proyecto más transgresor y avasallador como Pascua Lama”, dice el diputado PPD Enrique Accorsi, integrante de la comisión investigadora que revisará el borrador del informe final sobre las irregularidades detectadas en la construcción del millonario proyecto de oro de Barrick Gold.
Pascua Lama, proyecto de más de US$ 8.500 millones que se construye en la tercera región a más de 4.500 metros de altura, incumplió la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), lo que derivó en que la Corte de Apelaciones de Copiapó decretara la paralización de las obras el 9 de abril de 2013, medida ratificada por la Corte Suprema en septiembre pasado.
Esto a partir de una solicitud de no innovar presentada por comunidades diaguitas del Valle de Huasco.
Las críticas arrecian contra la empresa, que además enfrenta una acusación por presuntamente haber falseado información sobre la fecha de autodenuncia hecha en enero del año pasado. La acusación se conoció la semana cuando Greenpeace reveló antecedentes de una investigación que hicieron al interior de la empresa.
Además, en mayo la Superintendencia de Medioambiente (SMA) multó en casi $ 8.000 millones a la minera por el incumplimiento de obra destinadas al manejo de aguas.
Sin embargo, no sería la única irregularidad en la que ha incurrido Barrick. Según documentos internos de la empresa y sus firmas contratistas para Pascua Lama a los cuales tuvo acceso El Mostrador Mercados, desde abril de 2013 en adelante la minera ha mantenido sus relaciones laborales con la contratista encargada de la construcción de la segunda etapa del campamento Barriales, donde albergarán a los trabajadores de Pascua Lama.
Estos documentos serían presentados hoy en la comisión, con lo cual se confirmaría que Barrick desobedeció la orden de la justicia de detener las obras. También existirían antecedentes que hacen presumir que la empresa ha hecho trabajos no autorizados en la zona de túneles, además de obras para mantención de camiones no vinculados con los trabajos autorizados por la Superintendencia de Medioambiente (SMA) para remediar el daño a caudales ubicados en el entorno del yacimiento. Finalmente la sesión se suspendió por falta de quórum.
El diputado Accorsi asegura que en la discusión del informe final de la comisión planteará la necesidad de solicitar a la autoridad que decrete la caducidad de la RCA de Pascua Lama.
“Tenemos documentos que vamos a presentar que demostrarían fehacientemente que siguieron las obras. Nosotros estamos evaluando (pedir) que realmente se caduque la RCA y si quieren seguir funcionando se sometan a una nueva evaluación ambiental”, dice el parlamentario.
La comisión además derivará todos los antecedentes al Ministerio Público para que estudie iniciar una investigación al proyecto. También harán llegar la información al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que estudie los antecedentes y decida si corresponden acciones del Estado contra Barrick.
Cartas y contratos
Son diversas las evidencias de que algunas de las obras de Pascua Lama continuaron después de que la justicia ordenara preventivamente paralizar los trabajos en abril.
El 23 de abril de 2013, dos semanas después que la corte paralizara las obras y dos días antes que Barrick anunciara el descabezamiento de la plana mayor de la compañía en Chile y la región, el gerente de contratos de Fluor -la empresa de ingeniería y construcción que representaba a Barrick (Minera Nevada) ante las firmas contratistas-, Eduardo Armijo, envía una carta a Sabinco Estructuras Modulares S.A., a través del representante legal Fernando Reveco y del administrador de contrato Jaime Pérez.
En ella, Armijo le informa que debe entregar una boleta de garantía bancaria para asegurar el cumplimiento de las obras encargadas, en el marco del proyecto “Suministro y Montaje de Ampliación de Campamento Barriales Segunda Etapa”. Agrega que la boleta anterior expiró en enero de 2013 y que la boleta a presentar debe incluir un plazo de expiración de mayo de 2013.
Además, el 14 de mayo del mismo año, Armijo envía una nueva carta a los mismos destinatarios, en la cual alude al mismo proyecto y donde se refiere a un estado de pago relacionado con trabajos en dicho proyecto. Ambas gestiones para un proyecto que debió ser paralizado en la primera quincena de abril.
(Ver documento 1, Ver documento 2, Ver documento 3)
El 16 de mayo, en tanto, es Reveco, el gerente de Sabinco, la empresa encargada de la construcción de la ampliación del campamento Barriales, quien se dirige a Armijo. En el documento le hace entrega de la Orden de Cambio N° 07, donde se extienden hasta el 31 de mayo las obras a cargo de Sabinco para el proyecto Suministro y Montaje de Ampliación de Campamento Barriales Segunda Etapa.
(Ver documento 4, documento 5)
Fuentes cercanas a Barrick señalan que las obras incluidas en la orden 7 son sólo obras ya terminadas y que si se extendió la fecha de contrato hasta fines de mayo tiene que ver con formalidades administrativas que permiten darle vigencia al contrato, por lo que no implican que hubieran seguido trabajando.
Dos semanas antes, del 4 de mayo, data un plano elaborado por Sabinco para el proyecto de una Planta de Alumbrado Exterior Campamento Barriales, el que incluye una larga lista de especificaciones ya revisadas en 2012.
(Ver documento 6, Ver documento 7, Ver documento 8)
Además, el 8 de mayo figura aprobado por parte de Barrick el proyecto de alumbrado para el campamento. (Ver documento 9)
Ambas obras apuntan a la ampliación del campamento, obra no autorizada por la Superintendencia de Medioambiente (SMA), en la cual delegó la Corte la potestad para determinar los trabajos que podía hacer Barrick luego de la paralización.
Pero Barrick tiene un as bajo la manga. Como parte de las obras de manejos de aguas que debía cumplir para remediar la contaminación que generó al iniciar el pre-stripping (remoción de material), sin que tuviera todas las obras de prevención para proteger los caudales cercanos, el 1 de julio de 2013 envía una carta al Servicio Nacional de Geología y Minas (Sernageomin) regional, donde le indica que realizará los trabajos de manejo de aguas Fase 1 ordenadas por la Corte.
En dicha comunicación indica que requerirá 400 trabajadores para cumplir dichas labores. Las labores ligadas al campamento, entonces, pudieran estar vinculadas a la necesidad de tener en el sector a tal cantidad de trabajadores. (Ver documento 10 )
No obstante, existen otros documentos que revelan que ya en el año 2012 en la zona llegaron a estar presentes 1.490 personas, lo que confirmaría que el campamento no requería ninguna ampliación para cobijar a 400.
Se trata del documento denominado “Personas dentro del Área”, fechado el 7 de mayo de 2012. En él aparece un largo listado de personas, que suman 1.490, las cuales estuvieron en la operación el 6 de mayo del 2012. ( Ver documento 11. Les presentamos primera y última página del listado de 34 carillas. Ver documento 12).
Otra evidencia es una carta con fecha el 9 de julio de 2013 de Fernando Reveco, de Sabinco, dirigida al administrador de cuentas de Fluor Chile, Freddy Gutiérrez. En ella le señala que hasta mayo incluido la empresa ha cumplido con “todos los procedimientos solicitados para el cumplimiento laboral”. Estos procedimientos administrativos incluyen “subir archivos con documentación laboral de nuestra empresa y subcontratista a plataforma Livelink Barrick y enviarla físicamente a usted, del proyecto denominado Ampliación de Campamento Barriales Segunda Etapa”.
Livelink es la plataforma tecnológica donde se registran los documentos internos del proyecto.
Y adelanta que “por el mes de junio (último mes laboral) se realizará el mismo procedimiento durante la primera semana”. Concluye Reveco indicando que “entendemos que con esta última tarea realizada estamos cumpliendo con el cierre laboral de nuestra empresa y subcontratista”. (Ver documento 13)
Sabinco sólo está vinculado con las obras del campamento y no tiene ninguna relación con las obras de manejo de aguas decretadas por la autoridad tras la paralización.
Las cosas coinciden y se extienden por más meses. El 9 de septiembre de 2013 figura otra carta enviada por Stephen F. Johnson, gerente de contratos de Pascua Lama (Fluor) a Fernando Reveco y Jaime Pérez de Sabinco.
En ella, adjunta la Orden de Cambio N° 009, la cual extiende el plazo del contrato “Suministro y Montaje de Ampliación de Campamento Barriales Segunda Etapa”. En su origen, el contrato partió el 1 de diciembre de 2011, con fecha de término al 30 de abril de 2013. Esta vez Fluor notifica que el plazo para concluir las obras se extiende 700 días hasta el 31 de octubre de 2013, pese a que las obras están detenidas y que, según las propias proyecciones de la SMA, la construcción de proyecto Pascua Lama recién podría retomarse dos años después de la paralización. (Ver documento 14, Ver documento 15, Ver documento 16)
Fuentes ligadas a la compañía explican que en este caso lo que ocurrió fue un retraso administrativo en la formalización de la orden de cambio, la cual sólo busca formalizar la relación que existía en el período. Agregan que nomenclaturas como la utilizada en este documento son estándares en las relaciones jurídicas en distintas industrias, en este caso, de la minería.
Finalmente, el 16 de octubre de 2013, más de seis meses después que la Corte paralizara el proyecto, Eduardo Armijo, de Fluor, notifica a Reveco de Sabinco la aprobación del Estado de Pago N°015 por UF 13.298 (unos $ 300 millones). Esto, indica el documento, como pago por el cumplimiento del contrato “Servicio y Montaje de Ampliación de Campamento Barriales Segunda Etapa”. Segundo el detalle del documento, el pago corresponde a trabajos realizados en junio de 2013, dos meses después de la paralización. (Ver documento 17, Ver documento 18, Ver documento 19).
Las evidencias de que Barrick habría continuado realizando obras no ligadas a las que le ordenó la autoridad para corregir sus incumplimientos se extendería a trabajos vinculados a túneles y cavernas de la zona de transporte de mineral, además de salas donde se ubicaban las áreas de mantención de camiones para todo el proyecto, entre otras evidencias.
En la SMA no se quisieron referir al caso, aduciendo la confidencialidad de su labor fiscalizadora y a que el tema hoy se está jugando en tribunales. El titular de la SMA, Juan Carlos Monckeberg, se encontraba hasta ayer de vacaciones.
Aunque fuentes de gobierno señalan que la SMA y Sernageomin aseguran que realizan fiscalizaciones ‘sorpresa’ a Pascua Lama, la realidad indica que no existen suficientes medios para llegar de improviso a un yacimiento en construcción a más de 4.500 metros de altura.
Las politicas de seguridad de la minería son altas, dado el impacto para la salud de las personas de subir a esa altura sin la preparación previa y dadas las condiciones en la cordillera. En la SMA no quisieron revelar cuántas veces han fiscalizado a Pascua Lama, pero fuentes que conocen el caso señalan que han sido pocas las ocasiones, por lo que creen que Barrick tiene espacio para “disimular” obras que no estén autorizadas.
De hecho, cuando el presidente de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa, visitó Pascua Lama en junio de 2013, lo hizo junto a funcionarios de la SMA y Sernageomin, siendo trasladados en la avioneta de la propia Barrick.
Para la minera canadiénse, en todo caso, esta es una de varias aristas que enfrenta. La compañía está enfrentada en tribunales con distintos demandantes que reclaman la concesión de parte de los terrenos donde se emplazó el proyecto y además en su casa matriz fue demandada por los propios accionistas a propósito de Pascua Lama.
La SMA, en tanto, ha sido cuestionada por la aprobación tácita que dio a 16 obras de remediación el año pasado, las que, según los abogados recurrentes, no cumplía con las exigencias de la normativa del sistema público.
