Por Cristóbal Villalobos
Hace algunas semanas, dos cartas aparecidas en El Mercurio reavivaron el debate respecto de si el sistema universitario chileno debería o no ser gratuito para todos los estudiantes en el mediano plazo (2018). En primer lugar, 47 políticos, technopols, investigadores y académicos entregaron una misiva titulada Gratuidad Universal: Una medida regresiva. En ella, indicaban la necesidad de no implementar la gratuidad para todos los estudiantes sino sólo para el grupo que los necesitaran -según ellos, el 70% más vulnerable-, pues esto sería regresivo en términos de focalización del gasto, indicando además que esta medida podría traer pérdidas en la calidad de la educación.
Como respuesta directa y explícita a esta carta, algunos días, después 69 personas –en general también compuesta por políticos y técnicos, aunque también por algunos representantes estudiantiles- respondieron, en el mismo medio, en una carta denominada Gratuidad y calidad en la educación superior, donde se solicitaba al gobierno seguir la promesa presidencial y avanzar en la construcción de un sistema universalmente gratuito, discutiendo la idea su supuesta regresividad -indicando que esto dependería del tipo de recaudación- y señalando que no existiría evidencia para afirmar que este cambio en el sistema de financiamiento produzca mermas en la calidad educativa.
I. Introducción
El desarrollo de este debate refleja tres aspectos centrales del sentido y orientación de la discusión respecto a este tema. En primer lugar, es un buen ejemplo de cómo el espacio de la discusión se ha desarrollado, sobre todo en referencia al gobierno y su accionar, antes que sobre la ciudadanía. Así, una lectura cuidadosa de ambas misivas muestra que el interpelado de las cartas es siempre el Estado y sus estructuras, más que la sociedad civil o algún partido político.
La elevada cuantificación de los argumentos -que puede ser un recurso retórico o una estrategia para captar a un determinado público- también apunta en esta dirección, tal como han mostrado investigaciones sobre este tipo de formatos (Cooper, Gibbs, Knotts y Haspel, 2009), lo que podría ser un indicador de elitización de la discusión.
En segundo lugar, las características del debate, como los actores involucrados (que pueden considerarse como actores de la élite intelectual y política del país), el medio por el cual publicaron (El Mercurio) y el formato elegido (la carta) dan cuenta del desarrollo de un proceso de politización voluntaria de estos actores sociales (Vásquez y del Árbol, 2005), muchos de los cuales tiempo atrás estaban limitados a esferas no públicas, como el espacio académico o la discusión parlamentaria.
Sin lugar a dudas, esto último es sano, pues permite clarificar posiciones de muchos agentes, y delimitar la estructura de los argumentos defendidos, más allá de la contingencia política, las técnicas dilatorias o los camuflamientos cientificistas propios de los debates sociales.
Sin embargo, lo más importante que develan ambas cartas es la lógica de la argumentación que se está gestando en el país, centrada principalmente sobre dos puntos: i) la pertinencia de la gratuidad como política pública desde la lógica de la focalización y; ii) el impacto de la medida en la construcción de una sociedad con mayores niveles de igualdad de oportunidades.
En anteriores columnas, ya hemos discutido estos temas, mostrando las limitaciones de la lógica de la focalización y del ideal de igualdad de oportunidades, dando cuenta cómo estos discursos –y los marcos de discusión que los contienen- se fundamentan en una matriz ideológica organizada en torno a la lógica de la meritocracia y el éxito personal, que se contradice con una visión donde la educación y los sistemas educativos tienen un rol central en la entrega de crecientes niveles de igualdad y justicia social.
Para continuar entregando elementos para el debate, en este caso buscaremos añadir un nuevo factor a la discusión: el posible efecto de la gratuidad universal en la estructura social del país. Nuestra tesis central es que, considerando la estructura, patrón de jerarquización y distancias sociales existentes en el país, así como el rol de la credencial educativa en Chile, la construcción de un sistema gratuito de educación podría contribuir significativamente a mejorar los niveles de desigualdad del país, aspecto escasamente considerado hasta el momento en la discusión pública.
II. Estructura social y sistemas educativos. El caso chileno
Durante las últimas décadas, las investigaciones que buscan analizar la función y el efecto en la educación en la estructura social del país han sido cada vez más fructíferos.
En general, es posible afirmar que hay cuatro hechos relativamente consensuados frente a estas temáticas: i) que el sistema educativo (escolar y superior) se encuentra altamente segregado y posee niveles de diferenciación socioeconómica altos (Valenzuela et. al, 2014; Villalobos y Valenzuela, 2012; Meller, 2012); ii) que el sistema educativo no contribuye significativamente a mejorar la desigualdad o movilidad social (Nuñez y Miranda, 2010; Nuñez y Tarchovsky, 2007); ii) que la estructura social chilena posee bajos niveles de movilidad social (aun cuando tenga altos niveles de movilidad educativa) y se encuentra sobretodo clausurado en la élite (Torche, 2005; Wormald y Torche, 2004), aspecto que se habría profundizado en la última década (Espinoza y Nuñez, 2014) y; iv) que parte importante de la desigualdad social se explica por los altos niveles de retorno o premio que entrega la posesión de un título universitario (Lustig y Lopez Calva, 2010).
La consideración de cómo se relacionan estos cuatro efectos ha generado múltiples interpretaciones respecto de la relación entre estructura social y el sistema educativo. Para algunos, el mayor problema estaría en el sistema universitario, que debería mejorar las fórmulas de acceso para promover una mejor retribución del mérito.
Para otros, la evidencia reflejaría la necesidad de transformar las condiciones de la educación inicial y escolar, que permitieran generar una real igualdad de oportunidades (una competencia “limpia”) entre los estudiantes por el “premio” profesional. Finalmente, también ha cobrado fuerza la idea de que el problema estaría en la movilidad social y su desanclaje con la movilidad educativa, y cuya solución no estaría puesta en el sistema escolar sino en la generación de cambios en otros espacios sociales.
A pesar de sus diferencias, en todas estas miradas la discusión sobre la gratuidad no es parte del debate, o sólo lo es en su dimensión instrumental, esto es, como una política pública más. Desde estas perspectivas, por ello, la evaluación de la gratuidad debe realizarse igual que cualquier otra política, siendo por lo mismo lo crucial su progresividad (o regresividad) y su eficiencia (y efecto en la calidad), tal como se plantea en las dos cartas.
III. Una mirada alternativa: El posible efecto de la gratuidad universal en la estratificación en el contexto chileno
Una mirada alternativa podría incorporar la discusión sobre la gratuidad en la perspectiva de la movilidad y desigualdad social. En términos conceptuales, en un sistema universalizado -esto es, con más de un 50% de las generaciones accediendo a la educación superior-podría hipotetizarse que la introducción de la gratuidad generaría tres efectos. Por una parte, aumentaría la presión por el ingreso de universidades, lo que, en el mediano plazo, haría caer el valor del premio o retribución individual de las carreras.
Junto con esto, la aplicación de la gratuidad permitiría aumentar la competencia laboral en el mercado en ciertos puestos (los profesionales), generando un aumento de la demanda en estos cargos (y una baja o mantención de los sueldos) y una escasez de demanda de otros tipos de trabajos (técnicos, por ejemplo). Finalmente, la gratuidad produciría mayores incentivos para que hijos de familias vulnerables estudiaran en la universidad, pues cambiaría los costos actuales o futuros (pues ya no deberían pagar créditos y tener una pesada carga de deudas), pudiendo así reconsiderar su decisión y optar por estudiar en la Universidad.
Este conjunto de movimientos podría producir cambios lentos pero positivos en la movilidad y la desigualdad social. Por una parte, podría generar una disminución de las desigualdades “desde abajo” ya que el retorno individual de la educación sería menor, junto con un aumento de la movilidad en grupos medios, pues se premiarían otras cosas distintas al título, como la experiencia o el desempeño laboral.
Para reforzar estas tendencias, el Estado debería analizar la pertinencia de generar transformaciones en la lógica de sueldos laborales, potenciando una disminución del premio por “el capital humano” y un aumento del premio por “la necesidad del trabajo”[1], desincentivando la reproducción de la lógica de la meritocracia y su igualación con el nivel educativo, tal como hoy se piensa. Junto con esto, se podría promover políticas de ascenso y capacitación continua, que permitieran desdibujar la barrera entre universitarios y no universitarios.
Por otra parte, en el caso de la desigualdad producida “desde arriba”, la introducción de la gratuidad podría producir el efecto inverso, ya que podría desincentivar (en alguna medida) a que todos los hijos de estudiantes de la élite estudiaran, ya que este no sería necesariamente el camino lógico y único de reproducción de sus privilegios y generaría mejores condiciones para la movilidad intergeneracional en este grupo social clausurado, pues aumentaría las chances (hoy casi nulas) de que la elite se compusiera de personas con relativas diferencias socioeconómicas de origen.
Evidentemente, este efecto sería reducido en la medida que no se tomaran medidas adicionales para asegurar un aumento de la calidad y equidad del sistema universitario, fortaleciendo el ingreso de estudiantes vulnerables a universidades selectivas o el cierre de universidades de mala calidad, tal como hemos analizado anteriormente, así como medidas para reducir la segregación y aumentar la heterogeneidad social en el sistema escolar, las que profundizan diferencias en la distribución ocupacional (Puga, 2011).
Estos efectos, claro está, responden más a supuestos que a certezas. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, la discusión de estos elementos podría contribuir a rediscutir el debate de la gratuidad, no centrándose exclusivamente en la discusión sobre su progresividad o regresividad, sino analizando también los efectos que esta medida podría traer en la organización del sistema social y de sus procesos de estratificación, lo que permitiría recentrar el sentido, lógica y profundidad de una medida como ésta.
Fuente: Red Seca
[1] Un excelente ejemplo de esta lógica es el caso cubano. Más allá de la discusión ideológica-política, en este país un profesional puede llegar a ganar menos que actividades socialmente poco atractivas, como el basurero. La lógica que hay detrás de esta medida es que la sociedad debe pagar una retribución no sólo por las competencias personales de las funciones, sino también por la generación de labores que pocos sujetos de la sociedad están dispuestos a hacer. Algunos países capitalistas como Nueva Zelanda y Suecia también han incorporado algunas de estas lógicas, pero se ha reproducido una diferenciación étnica en el funcionamiento de estas labores (desarrolladas en general por inmigrantes)
