Dirigentes de la comunidad La Dormida publicaron a través de Facebook un video que muestra el desalojo de un grupo de comuneros que llevaban 11 días de toma de una torre de alta tensión, por el Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros, GOPE.
Este jueves, justo cuando se cumplían diez días desde que un grupo de tres personas se tomara una de las estructuras a más de 40 metros de altura -y otras cuatro se encadenaran en la parte baja-, personal del GOPE de Carabineros llegó hasta la zona con la orden de desalojar a los siete manifestantes.
Uno de los primeros operativos se desarrolló durante la madrugada, cuando según confirmó el prefecto de Marga Marga, coronel Roberto Troncoso, se detuvo a tres personas -una de nacionalidad argentina por desórdenes públicos e infracción al artículo 272, que dice relación con la interrupción de obras públicas autorizadas.
De acuerdo a lo que señaló Mario Aravena, uno de los dirigentes de la comunidad olmueína, las personas que fueron detenidas por Carabineros sólo se encontraban en el campamento que habían instalado bajo la torre, prestando colaboración al resto de los manifestantes:
«Desconocemos cuál fue el procedimiento y con qué autorización lo realizaron. Personal policial retiró todos los lienzos que teníamos en la torre, sacaron una carpa que había en el lugar, y cualquiera hubiese reaccionado si aparecen de manera sorpresiva, sin orden judicial y en la madrugada».
Luego, Aravena entregó detalles del procedimiento, en que un grupo de funcionarios del GOPE escaló hasta lo alto de la estructura para hacer descender a las tres personas que se encontraban allí.
Trasmitió en vivo los acontecimientos, en su página de Facebook.
A eso de las 16:00 el operativo entró en receso y solo quedaron en lo alto dos personas, que se negaron a bajar.
En el lugar quedó de resguardo un numeroso contingente policial, de no menos de quince efectivos.
La tensión volvió en horas de la tarde, cuando personal del GOPE recibió orden de subir a la torre para obligar a descender a los tres manifestantes.
El prefecto Troncoso informó que mediante un sistema de cuerdas y arneses de seguridad ascendieron siete funcionarios especializados de Carabineros hasta la mitad de la torre, quienes lograron que una de las personas descendiera de la estructura.
«Una mujer que se encontraba en altura fue retirada con el objetivo de proteger su seguridad, porque después de diez días el cansancio y la altura en algún minuto podía producir un problema mayor», detalló el coronel Troncoso.
Ya de noche, reanudado el operativo, cuando iban a ser bajados los últimos dos comuneros, de súbito saltaron desde una altura aproximada de seis metros y se perdieron en las sombras de una quebrada cercana, ante la estupefacción policial.
El prefecto entregó una circunspecta y estilizada versión:
«Finalmente, anoche las dos últimas personas decidieron bajar por sus medios de la estructura, aunque evadieron el control policial y escaparon para evitar su detención».
Doble estándar
La acción tuvo consecuencias, pues el intendente, Jorge Martínez, firmó un decreto de expulsión de la ciudadana argentina detenida, identificada como Tatiana Leiva.
«La mujer ingresó al país en calidad de turista el pasado 20 de febrero. Tras la detención, la policía evacúa un informe y conforme al reglamento de Extranjería, y además porque se dan las causales de alteración de orden público, se ordena el cúmplase de la expulsión», dijo Martínez.
Anunció que presentará una denuncia contra quienes resulten responsables por la «ocupación no autorizada de la torre de alta tensión».
«La acción ejercida por la autoridad regional se produjo luego de diez días de ocupación ilegal por parte de un grupo de manifestantes que buscan impedir, por la fuerza, la finalización del proyecto, que tiene un grado de avance del 99% y cuyo objetivo es traer a la zona central energías renovables del norte del país, reduciendo los costos en energía en el mediano plazo y largo plazo e, igualmente importante, reduciendo el uso de energías más contaminantes», justificó un comunicado de la Intendencia.
Sobre la detención de las tres personas durante el operativo realizado ayer en la madrugada, el comunicado precisa que el procedimiento ocurrió a las 4 de la mañana del jueves y que estuvo «respaldado por la medida de protección emanada por la Fiscalía Local de Limache en favor de los trabajadores de la empresa InterChile».
En el escenario judicial, la Corte de Apelaciones de Valparaíso declaró inadmisible un segundo recurso de protección interpuesto por la compañía InterChile, con el objeto de que Carabineros desalojase la torre.
En otras palabras, queda confirmado que el desalojo se produjo por orden administrativa, y no judicial.
Claudia Arcos, vocera de los movilizados exigió:
«Que se cumpla el fallo del tribunal ambiental que obliga al SEA a revisar de nuevo, porque se invalida el que ellos no dijeron que atravesaban una reserva de la biosfera».
A su turno, el Servicio de Evaluación Ambiental expuso que no puede pronunciarse sobre la Resolución de Calificación Ambiental, ya que esta se encuentra en un proceso judicial en el Juzgado de Letras de Limache.
O sea, para los comuneros, evasivas. Para InterChile, un contingente de fuerzas especiales a su servicio.
Y eso que los comuneros son dueños del terreno por donde pasa la bendita torre.
¿Dónde queda el sacrosantísimo principio del derecho de propiedad?
Y claro, en la república neoliberal hay derechos más iguales que otros.
