En medio del escándalo que ha remecido al Ejército de Chile debido al millonario desfalco por más de 10 millones de dólares del Fondo Reservado del Cobre, el ministro de Defensa, José Antonio Gómez anunció que el Gobierno trabaja en una propuesta para derogar la Ley del Cobre que financia a las Fuerzas Armadas, proyecto que presentará en 2016.
Afirma que se encuentra dialogando con el Ministerio de Hacienda sobre la materia y enfatiza que cualquier modificación debe asegurar un financiamiento a largo plazo para la defensa.
Consultado en una entrevista a El Mercurio sobre si el cambio se haría en 2016, el ministro enfatizó que “sí, lo vamos a hacer. De hecho, lo estamos apurando. Lo que pasa es que las circunstancias y contingencias nos demoran. Porque estuvimos en todo el proceso de discusión del Presupuesto, la educación… Pero yo he conversado claramente con el ministro de Hacienda y vamos a sentarnos a conversar sobre el tema y después le llevaremos la propuesta a la Presidenta de la República, quien va a decidir. Estamos trabajando en una propuesta que está previsto presentar en 2016”.
Gómez y derogación de la Ley Reservada del Cobre: «Estamos trabajando en una propuesta que está previsto presentar en 2016»
Gabriel Pardo
Cuando todos están partiendo a sus casas para celebrar la Navidad, el ministro José Antonio Gómez sigue en su oficina de calle Zenteno 45, frente a La Moneda.
El día previo tuvo que asistir a la comisión de Defensa de la Cámara junto al comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, para tratar el fraude que afectó al Ejército.
El caso se detectó en abril de 2014 por parte del Ejército -que remitió los antecedentes a la justicia militar y se inició un sumario interno-, y este año se hizo conocido.
Las irregularidades, según explicaron, se iniciaron en el denominado Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), un área que se preocupa de la capacidad operacional del Ejército, donde un individuo generaba enlaces con proveedores para solicitar facturas por servicios no prestados.
Ambos, Gómez y Oviedo, coincidieron frente a los diputados en que se perseguirá a todo aquel que esté involucrado y que habrá transparencia en la entrega de información a los tribunales.
-Estando en la comisión de Defensa el miércoles, usted hizo hincapié en que habrá transparencia total respecto del caso. ¿En qué se traducirá esa afirmación?
-Cuando el ministro Burgos era ministro de Defensa se hacen las denuncias, y se dan instrucciones de dar transparencia total respecto a la entrega de información y de derivar a la justicia militar, al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado todos los antecedentes. Instruimos buscar la información que sea necesaria para que la investigación avance y se descubra esta red que eventualmente existía en esta área de la institución, que fue defraudada. Lo que decimos es que este fue un grupo de delincuentes que defraudó al Ejército. Y vamos a colaborar para que si existen más involucrados, sean descubiertos lo antes posible y colaborar al máximo en esa materia.
-Tanto usted como el comandante en jefe del Ejército, el general Humberto Oviedo, trataron de separar aguas de los involucrados señalando que se trata de delincuentes.
-Este no es un fraude del Ejército. Es un fraude al Ejército y a los chilenos, con recursos que son públicos. Por lo tanto, en ese sentido soy muy claro. Quienes han sido responsables han sido destituidos, la mayoría de los involucrados están presos. Lo que hemos dicho es que no va a haber protección a nadie. Si de la investigación y de los antecedentes que se recopilen surgen nuevos responsables, van a ser llevados a la Justicia y vamos a instar para que se les aplique el rigor de la ley.
-Usted señaló que «todos los que están en la justicia militar están presos y los que están en la justicia civil están libres». ¿Deberían agilizarse los procesos en la justicia civil?
-Yo hice la observación porque un diputado señaló que había impunidad. Lo que yo señalaba es que en el ámbito de la justicia militar esta ha sido muy rigurosa en la aplicación del proceso. Y yo diría que hay personas que llevan más de un año tres meses detenidas a consecuencia de este hecho. En el caso de la justicia civil, no porque sea más lenta o rápida, no existen personas que estén privadas de libertad. Lo que yo dije es que no había que pensar que la justicia militar había sido permisiva con la investigación. Al revés.
-Parlamentarios señalaban en la comisión que les extrañaba que los únicos que han sido juzgados hasta ahora sean un coronel, un cabo y tres suboficiales…
-Aquí se ha hecho una investigación y todavía sigue. No es que se haya terminado y que se aplicó la sanción o sentencia. Hay una investigación, y si hay más involucrados, cualquiera sea el rango, se va a aplicar la ley.
-El diputado PC Guillermo Teillier señaló que eventualmente aquí podría haber un círculo de protección mayor.
-No es posible que exista un círculo de protección, por lo que han señalado el ministro de Defensa y el comandante en jefe del Ejército. Los antecedentes que se han recopilado han sido entregados todos, absolutamente todos, a la justicia. Ahora, cómo se lleva el proceso en la justicia, es un tema de ellos, no de nosotros. No existe ninguna posibilidad desde la institucionalidad de que se pueda pretender generar un manto de protección a nadie.
-Esta defraudación se indaga, por lo que usted señaló ante los parlamentarios, por cuatro años, entre 2011 y 2014. ¿Cómo es que no funcionaron los mecanismos de control por tanto tiempo?
-La explicación la dijo claramente el comandante en jefe. Aquí hay quiebres de control importantes que no se llevaron a cabo. Se relajó el control a las personas. Lo que se corrigió ahora, y existe un sistema de investigación que se está haciendo. A cada persona que tiene vinculación con los recursos se le revisa la totalidad de su accionar económico, en qué condiciones está, si tiene bienes que no le corresponden a su sueldo, etc.
-¿Se ha descartado que proveedores que participaron en este caso puedan haber tenido parte en contratos con otras ramas de las Fuerzas Armadas?
-Se ha descartado. Por lo que me han informado, no existen defraudaciones en las otras ramas. Me refiero a la Armada y a la Fuerza Aérea.
-El comandante en jefe habló de las facturas y dijo que eventualmente podría llegar a ser una defraudación de $6.600 millones en caso de que todas las facturas de ese período fueran falsas. ¿Hay alguna estimación de cuánto podría ser el daño causado al Ejército?
-Los órganos judiciales, la Fiscalía Militar y el Ministerio Público han pedido información, y lo que hemos hecho es entregarles todas las facturas, y ellos son los que van a determinar en ese rango de $6.600 millones y de 2.367 facturas cuáles son falsas y cuáles no. Pero el volumen y la cantidad de recursos no lo podría decir. Por eso, el comandante en jefe habló del máximo de las facturas entregadas.
«Hay áreas que no tenemos para qué mantener en secreto»
-Usted dijo en la comisión que hay muchas informaciones respecto del Ejército que aparecen como reservadas que no deberían serlo. ¿A qué tipo de información se refiere?
-Por ejemplo, este mismo caso. Aquí estamos hablando de recursos que se utilizan en reparación. ¿Qué de secreto puede tener eso? Sin embargo, como hay una ley que establece un secreto máximo para pertrechos militares, está involucrado. Entonces, lo que estoy revisando es cómo hacemos para que los recursos que se requieran para determinadas áreas entren al presupuesto normal de FF.AA. y no entren a esta área de secreto. Diferentes son los sistemas de armas y otras temáticas que sí requieren secreto.
-Algunos parlamentarios han solicitado que se derogue la Ley Reservada del Cobre. ¿Está de acuerdo?
-El programa de gobierno habla de un cambio a la Ley Reservada del Cobre. Obviamente, el sistema de financiamiento requiere de una modificación. En lo que sí hay que ser claro es que las FF.AA. necesitan que exista un sistema de financiamiento que no las haga competir con la construcción de hospitales o con la educación. El país necesita un financiamiento asegurado para la defensa del país. Y es importante que la opinión pública sepa que gran parte de esos recursos van en beneficio del país. Hay una definición de que las Fuerzas Armadas actúen de manera polivalente. Cuando hay terremotos, aluviones o tsunamis, ocupamos todo el material que tenemos para atender las emergencias.
-Es decir, financiamiento a largo plazo.
-El financiamiento nos tiene que permitir tener la planificación de aquí al 2026 y que sea lo más transparente posible. Y hay áreas que no tenemos para qué mantener en secreto. Si compráramos F-16 se va a saber aquí y afuera. Hay otras áreas de mayor secreto, pero la mayoría de las compras…
-¿Cuáles deberían mantenerse en secreto?
-Temas que no puedo mencionar, pero que requieren de un control más riguroso. Pero, por ejemplo, si compramos tanques Leopard, F-16 o submarinos, obviamente que son adquisiciones que se conocen y se saben. Por lo tanto, uno puede ser más abierto en la discusión en el Parlamento, en términos de la transparencia que podamos tener.
-¿Se puede esperar que para 2016 venga una propuesta de derogación de la Ley del Cobre?
-Sí, lo vamos a hacer. De hecho, lo estamos apurando. Lo que pasa es que las circunstancias y contingencias nos demoran. Porque estuvimos en todo el proceso de discusión del Presupuesto, la educación… Pero yo he conversado claramente con el ministro de Hacienda y vamos a sentarnos a conversar sobre el tema y después le llevaremos la propuesta a la Presidenta de la República, quien va a decidir. Estamos trabajando en una propuesta que está previsto presentar en 2016.
-¿Podría desembocar en qué tipo de medidas?
-Creo que lo fundamental para nosotros es que exista presupuesto asegurado. Que podamos planificar. Todos estos procesos son de larga data. Se pueden demorar 10 años en concretarse. En esta lógica de planificación de aquí al 2026, nosotros deberíamos tener asegurados los recursos para poder adquirir los compromisos. -¿Y qué tipo de detalles están discutiendo con Hacienda?
-Estamos trabajando en una mesa con Hacienda, porque estamos analizando temas que para ellos son técnicamente importantes. Los presupuestos plurianuales, lo que significa el fondo de contingencia, una serie de temas que para Hacienda desde el punto de vista financiero son importantes.
-Usted señaló en una entrevista con «El Mercurio» que probablemente se iban a reforzar controles en las fronteras. Esto luego de hechos como la creación por parte de Perú de un distrito que incluye como territorio lo que ellos denominan «triángulo terrestre» y que corresponde a territorio chileno. ¿Se ha hecho ese tipo de reforzamiento? ¿En qué ha consistido?
-Se ha hecho. Pero fundamentalmente porque en la frontera con Bolivia, en el hito 60 o 61, lo que ha pasado es que durante cierto tiempo han ingresado delincuentes, han cruzado la frontera, han asaltado a empresas chilenas o simplemente han ingresado a territorio chileno. El control que tiene Carabineros es un control importante, pero no tiene todos los medios para eso. Lo que hicimos nosotros, dentro de la ley y la Constitución, fue reforzar la presencia militar en las áreas fronterizas a lo largo del norte. Tanto hacia Perú como hacia Bolivia.
-¿La creación del nuevo distrito ha generado conflicto?
-No. Hubo un período de tensión cuando llegaron 18 militares al lado peruano. Pero nunca traspasaron la frontera. Tomamos varias medidas de control y de presencia militar. Pero esa (la creación de ese distrito) es, como ya he dicho, una entelequia jurídica que se les ocurrió crear. Ese territorio es chileno. Por lo tanto, no hay discusión sobre ese punto. Por lo tanto vamos a controlar que eso sea así.
Segundo paro de la DGAC: «Creo que hubo una intransigencia total»
El ministro de Defensa estaba de cumpleaños el viernes 18 de diciembre. Cumplió 62 años. Pero no pudo celebrar en su casa.
El paro de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) arruinó todo plan familiar, porque José Antonio Gómez pasó todo ese día y casi toda la noche en su oficina monitoreando la crisis.
Luego de la paralización, afirma que a diferencia de la primera vez, ocurrida el 15 de septiembre, hubo una «acción más coordinada y una decisión política en la que se vincularon diversos sectores».
«Estaban el Ministerio del Interior, representado por el subsecretario Mahmoud Aleuy -que estuvo con nosotros-, el Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea, la colaboración de la PDI, de Carabineros, de Gendarmería, etc. También contamos con el apoyo de los controladores aéreos que no se sumaron al paro», afirma.
Y enfatiza en que «era inaceptable que pararan los vuelos nacionales e internacionales. Hubo aeropuertos donde mandamos personal completo de la Fuerza Aérea. Mantuvimos al aeropuerto Arturo Merino Benítez 100% operativo en el ámbito internacional».
-¿Por qué volvió a parar la DGAC dentro del mismo año? ¿No cree que hubo errores del Gobierno en la negociación anterior?
-No. Creo que aquí, y lo dije al comienzo, hubo una irracionalidad. Un día jueves les mandamos a los funcionarios una propuesta y les explicamos cuáles eran las posibilidades dentro de la situación económica del país en torno a las tasas de reemplazo en materia de jubilación. Tras una mesa que duró dos meses y medio hubo una conversación larga y seria. El día jueves nos contestan que eso ha sido rechazado, y el día sábado, un día que no es de trabajo normal, nos llega por correo electrónico que tomaron la decisión de parar. Cualquier negociación razonable habría sido decir «no estamos de acuerdo con lo que usted nos plantea, queremos volver a la mesa para ver si hay alguna alternativa». Aquí hubo una intransigencia total.
Fuente: El Mercurio
