Luego de varios meses de discusión y de diversas críticas de organizaciones medioambientales y sociales por el trasfondo del proyecto, la iniciativa fue revisada por la Comisión de Hacienda de la Cámara de diputados, donde luego del anuncio del gobierno de que no habría recursos, esta se retiró.
El proyecto había sido ingresado a la Cámara de diputados en mayo de 2014 por la denominada Bancada Glaciar con el fin de establecer una ley que protegiera y normara la intervención de estos. Sin embargo, una serie de modificaciones e indicaciones que se fueron introduciendo con el paso del tiempo provocaron que diversas ONGs medioambientales comenzaran a rechazar la posible ley.
Lo anterior porque el proyecto modificado no respondía correctamente a la intención inicial, sino que, por el contrario, podía dejar a los glaciares más vulnerables de lo que ya están.
A la discusión de la Comisión de Hacienda fue invitada la ministra Marcela Cubillos, quien expuso que desde la cartera de Medio Ambiente no se entregarían recursos a la iniciativa, por lo que fue retirada sin ninguna objeción por parte de la comisión. En ella incluso estaba el diputado Giorgio Jackson, quien fue parte de la Bancada Glaciar, pero que ahora se ha manifestado en desacuerdo con lo que es el proyecto.
Nathalie Joignant, del Observatorio Parlamentario Ciudadano, quien asistió a la sesión, comentó “ellos como gobierno le quitan el patrocinio al proyecto y el financiamiento y con eso lo matas, porque no puede seguir adelante, y eso fue en completo acuerdo con la comisión”.
Además, Joignant dijo que, aunque el proyecto no era lo que inicialmente se quería, podría haber sido revisado y modificado para que siguiera su curso y mejorara.
Por su parte, la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, quien también asistió a la reunión, indicó que esta decisión de parte de la ministra responde a los intereses del gobierno del presidente Sebastián Piñera:
“Si bien es cierto que la ley no era todo lo que queremos, es un proyecto que tenía una definición, un establecimiento legal como bienes nacionales, prohibición de establecer acciones en ellos y, obvio, un gobierno que impulsa una agenda pro inversión es lógico que quiera eliminar un proyecto que tenía al menos algunos artículos que protegían glaciares”.
En la sesión, la ministra Cubillos indicó que la protección de los glaciares será considerada en la Ley de Biodiversidad y Áreas Protegidas, sin embargo, la directora de Chile Sustentable afirmó que no pueden confiarse de sus palabras:
“Con que precedente vas a confiar, los precedentes que hay son para desconfiar”. .
Tanto Nathalie Joignant como Sara Larrain lamentaron que, si bien el proyecto necesitaba modificaciones, su rechazo deja a los glaciares a la deriva hasta que se levante una nueva iniciativa que ofrezca políticas de mantención y protección.
Por su parte, desde la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares, se han mantenido firmes en el rechazo a este proyecto desde que se conoció que sus modificaciones quitaban peso a la real protección, por lo que se manifestaron muy conformes con el rechazo.
María Jesús Martínez, vocera de la organización, explicó que la decisión era necesaria, pues si el proyecto seguía en curso iba a ser difícil de mejorar: “Para nosotros no es algo malo, parecía que de aprobarse o avanzar iba a ser un retroceso imposible después de arreglar, porque no era un proyecto que se pudiera arreglar. El proyecto de fondo venía con un vicio que era favorecer a la minería y legalizar la destrucción de los glaciares”.
Además, Martínez aseguró que seguirán luchando por incentivar que dentro del parlamento se levante una nueva iniciativa que, esta vez, ponga su foco de verdad en la protección, y que esperan que el gobierno deje de trabajar en pro de proyectos extractivos y dañinos para el medio ambiente.
Fuente: Radio Universidad de Chile
¿Cómo proteger los glaciares después de la caída del proyecto de ley?
Luego de anunciarse el retiro del proyecto, la ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, aseguró que estos serán incluidos en el proyecto de ley que creará el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, sin embargo, su creación aún está en trámite en el Congreso y no se ha definido la jerarquía que tendrá la institución ante otros cuerpos legales que regulan inversiones, como lo son proyectos mineros o concesiones eléctricas.
Por ahora, los más de 24 mil glaciares del país, que en total abarcan cerca de 23.641 km2 de superficie, no cuentan con ninguna política pública que regule de forma concreta su cuidado, mantención y protección para evitar que puedan ser vulnerados por proyectos extractivitas.
Desde la ONG Greenpeace fueron enfáticos en rechazar el proyecto desde que este sufrió indicaciones que desviaron su intención de protección inicial, pues consideraban que los cambios aplicados ya no aseguraban la conservación de los glaciares.
Esta acusación fue reafirmada también por la Corte Suprema y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pues ambas instituciones habían manifestado que de aprobarse la ley esta permitiría su explotación.
En conversación con Radio Universidad de Chile, Estefanía González, coordinadora de océanos de Greenpeace, comentó que luego de este apropiado retiro se debe hacer pronto una nueva política pública, pero incluyendo a la comunidad.
Además, señaló que un nuevo proyecto debe hacerse cargo de los daños que está generando la minería a estas reservas de agua: “Cuando uno propone medidas de protección no nacen porque sí, es porque hay una amenaza inminente que genera un peligro de destrucción en las zonas, como el caso de la minería en el norte del país (…) Hoy cualquier proyecto se debe hacer cargo de esa amenaza que significa la minería en el norte, cualquier tipo de proyecto que no nazca desde ahí, que no sea consultado, no va a tener ningún tipo de beneficio para el medio ambiente ni para quienes están afectados”.
Por otra parte, señaló que se debe estar atentos a la inclusión de los glaciares en el proyecto de ley sobre el Servicio de Biodiversidad, porque si bien se ha ofrecido su incorporación, esta medida sigue paralizada por presentar cientos de indicaciones a su documento original.
Respecto al panorama a nivel político, González aseguró que, si bien el gobierno actual está trabajando bajo una agenda pro inversión, la protección del medio ambiente no ha sido prioridad para ningún gobierno anterior, por lo que el problema no radica solo en el mandato actual, sino que ha sido continuado en el tiempo. Por esto, manifestó que es vital que las comunidades se sigan haciendo escuchar para poder proteger sus territorios.
El glaciólogo de la Universidad de Chile, Fernando Ferrando, también se manifestó a favor del retiro del proyecto y afirmó que se debe generar otro pero, que esta vez, incluya algo más que solo a los glaciares, pues el entorno que los rodea también es muy importante de preservar.
Sobre un nuevo proyecto de protección, Ferrando afirmó que este debe dejar de distinguir entre ciertas reservas estratégicas u otras, pues todas deben serlo y, por lo tanto, todos los glaciares deben estar protegidos. En ese contexto, afirmó que se debe incluir el cuidado de los entornos y ecosistemas que dependen de los glaciares, pues todo en su conjunto es lo que garantiza el correcto funcionamiento del medio.
El académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo indicó que bajo el contexto medioambiental que enfrenta el mundo hoy, estas reservas de agua podrían ser claves si se continua con la sequía que se viene desarrollando hasta ahora.
“Estamos en un contexto climático global en que las reservas de agua se transforman en una zona estratégica para todo el mundo, y proteger los glaciares significa tener un regulador natural de los suministros de agua a los sistemas naturales”, aseguró, agregando que su mantención garantiza la disponibilidad de recursos cuando no hay agua o se desarrollan periodos de sequía.
Por su parte, ante la posibilidad de crear políticas de protección, las organizaciones mineras han sido críticas, argumentando que esto podría imposibilitar la tarea de la minera, perjudicando así la actividad económica del país.
Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, manifestó que de concretarse una ley esto no sería así, y que los reclamos solo responden al deseo de las organizaciones mineras de seguir actuando libremente, pero aseguró que no se puede seguir en la misma dirección que hasta ahora.
Según comentó, el sector minero está acostumbrado a tener libertad de acción sobre los territorios y, aunque una ley de protección podría limitar cierta parte de la minería, esto no acabaría de ninguna forma con ella, por lo que los argumentos empleados no deben sobreponerse a los de las comunidades que buscan mejorar las políticas actuales.
“Yo creo que estamos en una situación donde el país debe recuperar poder decisión para decir que en estas zonas no se puede desarrollar minería y eso es lo que debemos hacer prevalecer, donde los ciudadanos y los territorios vayan teniendo mas poder de decisión en esas legislaciones”, comentó, agregando que de no hacer algo frente a la situación actual “estamos hipotecando las posibilidades de vida de mucha gente en el futuro”.
Además, aseguró que de concretarse el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, este debe garantizar la inclusión de todos los glaciares y no solo de los que estén presentes en parques nacionales o ciertos territorios, como pensaba hacerlo la ley recientemente retirada.
Fuente: Radio Universidad de Chile
Gobierno deja caer Ley de Protección de Glaciares
Luego de cuatro años de difícil tramitación, con el rechazo cerrado del Consejo Minero desde un principio, se mantiene el statu quo que deja en situación de vulnerabilidad las principales reservas de agua del país, más aún cuando la ley de Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas nada dice hasta hoy sobre cómo cautelar los glaciares de Chile.
El único proyecto en tramitación que apunta a algún tipo de protección, además de la reforma al Código de Aguas que impide la constitución derechos en glaciares, es el que se presentara a principios de este año en la Cámara en el mismo sentido pero agregando algunas figuras de resguardo. La iniciativa podría ser votada en las próximas semanas.
“Sobre este proyecto y la indicación que sería declarada inadmisible si no cuenta con el patrocinio del Ejecutivo, nosotros como Ministerio del Medio Ambiente no vamos a patrocinar el proyecto ni la indicación que venía del gobierno anterior”.
Con esta frase de la ministra de Medio Ambiente Marcela Cubillos, expresadas este miércoles en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el gobierno dejó caer definitivamente el proyecto de Ley de Protección de Glaciares. La iniciativa ingresó a tramitación en 2014 y ya había sido aprobada por la Comisión de Medio Ambiente, restando en la Comisión de Hacienda la revisión del articulado relativo a la creación del Registro Nacional de Glaciares, indicación de exclusiva responsabilidad del Ejecutivo por involucrar recursos públicos. Por ello al retirar la actual administración su respaldo a la iniciativa se hace inviable su continuidad.
La moción original fue presentada por los diputados Cristina Girardi (PPD), Giorgio Jackson (RD), Luis Lemus (PS), Daniel Melo (PS), Vlado Mirosevic (Liberal), Andrea Molina (UDI), Leonardo Soto (PS), Camila Vallejo (PC) y Patricio Vallespín (DC).
En estos cuatro años el proyecto sufrió profundos cambios en su sentido original producto de presiones, principalmente, del Consejo Minero que desde un principio de mostró contrario a legislar sobre la materia. Uno de los resultados de su preocupación fue una indicación sustitutiva de 2015 del gobierno de Michelle Bachelet que, según consignó la prensa, se hizo cargo de los reparos de la mineríacondicionando la protección de todos los glaciares del país bajo la figura de reserva estratégica que se aplicaría solo a algunos.
Luego de ser revisado y aprobado por la Comisión de Medio Ambiente a principios de 2016, el proyecto pasó a sus pares de Hacienda, momento en el que el pasado gobierno paralizó definitivamente su tramitación, toda vez que las modificaciones introducidas por los legisladores a la indicación sustitutiva eran aún consideradas por sectores oficialistas como medidas que afectarían la inversión minera.
En paralelo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos había realizado también una serie de objeciones, pero con una mirada diametralmente opuesta. “El nivel de protección de los glaciares disminuye considerablemente” señaló en un informe de 2015 apuntando a la indicación sustitutiva presentada por el gobierno de Bachelet, ya que no se protegían de facto todos los cuerpos de agua congelada sino caso a caso mediante la figura de reserva estratégica glaciar. La Corte Suprema, en tanto, informó a los diputados que lo establecido por el cuerpo legal “podría debilitar la situación de los glaciares, al regular un procedimiento que posibilitará su explotación” cuestionando a la vez que se les considere “bienes nacionales de uso público” y no simplemente “bienes nacionales”, lo cual les daría un marco mayor para la no intervención.
Este debate ha permitido al gobierno de Piñera quitar el piso al proyecto, soslayando sus prerrogativas legislativas para mejorarlo en el sentido de proteger todos los glaciares del país.
Explicó Cubillos en la Comisión de Hacienda que no comparten la idea de aprobar leyes específicas para proteger la diversidad biológica, sino que impulsarán los instrumentos de conservación incluidos en el proyecto de Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas: las áreas protegidas, la clasificación de ecosistemas y los planes de manejo para ecosistemas amenazados. Hoy por hoy la iniciativa no hace alusión alguna a la protección de los glaciares.
Durante la sesión del miércoles se concordó un plazo de tres semanas para que el Ejecutivo retire la indicación y finalice la tramitación.
De esta forma hoy el único proyecto en tramitación que apunta a algún tipo de protección, además de la reforma al Código de Aguas que impide entregar derechos de agua en glaciares, es el que se presentara a principios de este año en la Cámara Baja con el mismo objetivo. El texto ya fue aprobado por la Comisión de Medio Ambiente, en la cual se amplió su ámbito de acción avanzando en una definición de glaciar para “todo volumen de hielo y nieve permanente, que persista por periodos de al menos dos años y que cubra un área igual o superior a 0,01 Km2, incluyendo cualquier superficie rocosa con evidencia superficial de flujo viscoso, producto de un alto contenido de hielo actual o pasado en el subsuelo”.
Asimismo, los reconoce manifiestamente como “ecosistemas complejos asociados a los ambientes glaciares y periglaciares y son parte del ciclo hidrológico de las aguas”, ampliando su constitución no solo al hielo sino al “material detrítico rocoso, las lagunas y cursos de agua que se encuentren en su superficie”.
Y establece su protección mediante la prohibición de todas las actividades “que generen impacto significativo o daño irreversible” sobre estas masas de agua sólida. Incluye entre ellas las que involucren su remoción, traslado o destrucción; las que siendo realizadas en su superficie afecten sus funciones, dinámicas y propiedades esenciales. También el desarrollo de actividades bajo la superficie de los glaciares, que puedan alterar su condición natural, acelerar o interrumpir su desplazamiento, o acelerar su derretimiento, y la liberación, vaciamiento o depósito de basuras, productos químicos, material particulado, desperdicios o desechos de cualquier naturaleza o volumen. Y, por último, cualquier otra acción contraria al objeto de la ley o que pueda afectar directa o indirectamente las funciones del glaciar.
La iniciativa sería votada la semana pasada por el pleno, sin embargo el procedimiento fue postergado hasta principios de julio.
Desde una parte de la sociedad civil se plantea que, aunque este no cumple en un 100 por ciento con el objetivo de protección que se busca, permitiría cierto grado de avance para, desde ahí, continuar con otras iniciativas legales que alcancen la salvaguarda total y permanente de las principales reservas de agua de Chile y múltiples comunidades. Se espera, además, que de ser aprobado en esta instancia poder introducir otras mejoras en su eventual revisión en el Senado en segundo trámite constitucional.
Fuente: Chile Sustebtable
