Tras una reunión del comité político realizada este martes, la vocera de Gobierno, Paula Narváez, aseguró que todos los partidos de la Nueva Mayoría están alineados y apoyan los proyectos que determinarán la realización de las elecciones para elegir a los gobernadores regionales.
La ministra Narváez manifestó:
«El Ejecutivo ha mostrado su postura, su posición respecto de ambos proyectos de ley, el que transfiere competencias a las autoridades regionales y el que permite las elecciones de los gobernadores regionales en esos proyectos de ley».
«Todo lo que suceda después, cuando se traslada al Congreso, es el debate y el proceso legislativo normal y acostumbrado. Hoy día en la reunión del comité político todos los partidos de la Nueva Mayoría han planteado su apoyo a la agenda descentralizadora», agregó.
«Nosotros como Gobierno lo que hacemos es nuestro trabajo como Ejecutivo, y ellos, como partidos políticos que tienen representación parlamentaria, hacen su trabajo de coordinación con los partidos para que sea en sede legislativa donde siga adelante la discusión de estos proyectos de ley. Ha sido el Gobierno también el que ha hecho el llamado a la búsqueda de entendimiento y eso es lo que ellos han acogido positivamente, por lo tanto en esto el rol de Gobierno, lejos de estar en una actitud pasiva, está en una actitud completamente activa».
El presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, sostuvo;
«Vamos a respaldar una agenda político-legislativa de aquí al término del Gobierno, por lo tanto, lo que estamos hablando es una propuesta integral de respaldar a Guillier, pero lo que no pueden permitir es, a través del liderazgo de Guillier, resolver los problemas del Gobierno, de construir los acuerdos político-legislativos que sólo los puede hacer el Ejecutivo».
En tanto, el presidente del PPD, Gonzalo Navarrete, indicó que el partido tiene claro que la agenda de regionalización es relevante, pero requiere de perfeccionamientos:
«Eso es lo que se va a hacer. En ese contexto es que, cuando se esté de acuerdo, claro que la vamos a aprobar. Es evidente que el proyecto requiere mejoras. En la medida en que esas mejoras estén, nosotros vamos a aprobar el proyecto».
El problema de los plazos
El proyecto que permite la elección se aprobó en septiembre del año pasado después de ocho meses de tramitación tras intensas negociaciones de La Moneda.
Luego, en abril de 2017, el Gobierno ingresó al Congreso una nueva iniciativa que establece los plazos de las autoridades en ejercicio para postular al nuevo cargo y la fecha en que se realizará la elección. Este proyecto actualmente está siendo discutido con suma urgencia en la Cámara de Diputados.
Para ser candidato a gobernador existen ciertas condiciones: alcaldes y concejales deben renunciar 90 días antes de la elección y los ministros y subsecretarios, deben dejar su cargo con un año de anterioridad. Por otro lado, los senadores y diputados no están obligados a renunciar para ser candidatos.
Así como están los plazos de tramitación, ni ministros ni alcaldes alcanzarían a cumplir con ese requisito si la idea es que entre en vigencia a partir de las más próximas elecciones, es decir en noviembre.
Eso puede solucionarse con la aplicación de un artículo transitorio por iniciativa presidencial o definitivamente aplazando los comicios.
El problema de las atribuciones
Si se destraba este punto, surge otro problema: el gobernador regional no tendría mayores atribuciones si la tramitación continúa tal como está, ya que el proyecto que traspasa competencias va por un carril paralelo y tras el rechazo de la comisiones de Constitución, Hacienda y Gobierno.
La idea de los parlamentarios es que se revise en comisión mixta. Por lo tanto, podría ocurrir que se produzcan las elecciones este año, sin que estén aprobadas las atribuciones de la autoridad.
«Los cambios que hizo la Cámara de Diputados son altamente inconvenientes…en la práctica no hay una transferencia de competencias, hay una delegación de competencias puesto que el Congreso solo renuncia a su facultad de establecer por ley cuales son la competencias del gobierno regional y se las entrega al Ejecutivo», dijo la semana pasada el senador Felipe Harboe, presidente de la Comisión de Constitución al explicar la decisión de la instancia.