Gendarmería respaldó el beneficio carcelario de salida diaria que desde hace siete meses gozan los ex carabineros Guillermo González Betancourt y José Fuentes Castro, dos de los cinco condenados a cadena perpetua por el homicidio de Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino, conocido como caso degollados. Conozca la curiosa aficción del ex suboficial José Florentino Fuentes Castro.

El director nacional (s) Gendarmería, Miguel Ángel Jiménez, aseguró a radio Cooperativa que «el otorgamiento de permiso de salida a las personas que cumplen condenas están dentro de las atribuciones y funciones que debe ejecutar Gendarmería dentro de los procesos de reinserción de cada uno de los internos que cumplen una condena».

«El artículo 110 del reglamento establece como uno de los requisitos que el interno que está postulando tenga buena o muy buena conducta los últimos tres bimestres anteriores al otorgamiento al permiso de salida y en el caso de estos dos internos, ese requisito se cumple», añadió la autoridad.

En la misma línea, el diputado UDI, Jorge Ulloa, quien presentó sin éxito proyecto para otorgar beneficios a condenados por causas de derechos humanos, afirmó que estos «son los beneficios a los cuales todos los internos en todo Chile de acuerdo a la ley y el reglamento de Gendarmería tienen derecho. Aquí no hay un problema de indignación, hay un problema de derecho que se aplica a todos por igual».

La crítica de las agrupaciones de derechos humanos

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, señaló que «los beneficios carcelarios son para los delincuentes comunes, pero aquí son crímenes de lesa humanidad, porque cuando hablamos de una planificación por agentes del Estado de secuestro, tortura, el degollamiento y después dejar botados aún vivos a estos tres profesionales en un camino a Qulicura, realmente atenta contra todo grado de humanidad, de respeto».

El diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, se sumó a las críticas y sentenció que «lo claro, de acuerdo a toda la doctrina internacional de derechos humanos, es que no es posible comparar un delito de lesa humanidad con un delito común, por eso es que estos delitos son imprescriptibles, inamistiables y tampoco son indultables».

«Creo que hay que dejar claro que estos delitos tampoco deberían recibir ningún beneficio carcelario porque pareciera una burla», enfatizó el parlamentario.

El abogado Fernando Leal ya interpuso una querella por falta de funciones de Gendarmería y el Ministerio de Justicia, pues los condenados, a su juicio, no cumplen los requisitos mínimos para optar a este tipo de beneficios.

Fuente: Radio Cooperativa

José Fuentes Castro tiene mucho tiempo libre en Punta Peuco: El paco condenado por el caso degollados que se entretiene pidiendo información al Consejo para la Transparencia

Jorge Molina Sanhueza

El recluso no soportó que Claudio Valdivia, el hermano del mago y chico de farándula, hiciera un vivencial en la escuela del servicio de prisiones y que le enseñaran técnicas para reprimir presos. No confía en la administración pública e intenta saber si hay corrupción solicitando papeles de todo tipo, nadie sabe muy bien para qué o por qué. También quiso saber cuáles fueron las actividades “para remover, anular o neutralizar los factores que han influido en la conducta delictiva de los reclusos”. El Consejo de Transparencia acogió 15 de sus 19 extravagantes consultas.

Jose Fuentes Castro, un ex carabinero condenado a presidio perpetuo por haber degollado a un grupo de profesores comunistas en 1985, tiene tiempo de sobra el tiempo en el penal de Punta Peuco. Y vaya que lo usa. Tiempo libre, le llaman entre rejas.

Desde la cárcel construida especialmente para los uniformados culpables de violaciones a los derechos humanos, Castro ha hecho nada menos que 19 presentaciones al Consejo para la Transparencia, solicitando información. Algunos de los requerimientos son bastante particulares.

En 2009, el ex hombre de verde comenzó a pedir todas las sanciones aplicadas en su contra desde 1989 en adelante y el porqué de las mismas. Esta fue su inauguración con éxito ante el CPLT, que acogió la petición en su totalidad.

Al año siguiente, el preso se molestó viendo televisión. Por alguna razón no le gustó que el chico de la farándula, Claudio Valdivia, hiciera un vivencial en el servicio de prisiones para el programa de TVN Calle 7. En su presentación al CPLT el ex paco solicitó la documentación respecto de quién autorizó la entrada del farandulero bailarín a la Escuela de Gendarmería; por qué le enseñaron las técnicas de allanamiento y más aún por qué usó el uniforme institucional, hecho que calificó como “ejercicio ilegal de la profesión”.

Fuentes Castro ha tenido en el penal un comportamiento que en más de una ocasión ha violado las normas. En la navidad de 2004, se agarró con Alejandro Saez Maldonado, otro miembro de la temida Dicomcar, condenado por el mismo caso degollados. Ese año Fuentes Castro presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago. En la oportunidad aseguró que lo habían amenazado de muerte y lo trataban de traidor.

Más y más

No contento con la información recibida, en 2011 se quejó de “violación de correspondencia” y pidió todos los criterios, documentos y facultades de la autoridad para hacerlo. Luego un listado de todos los artefactos eléctricos -de su propiedad- desde su fecha de internación en Punta Peuco.

En agosto pasado también puso el grito en el cielo porque su cónyuge, cada vez que lo visita, debe dejar los datos personales al ingresar, como sucede en todos los penales del mundo. Entonces le pidió al CPLT que obligara a Gendarmería a revelar qué hacía con esa información. El recurso, por cierto, no fue acogido por improcedente.

También pidió datos del porqué se habían retirado los balones de gas del recinto carcelario. Todo en el marco de las nuevas medidas que adoptó Gendarmería después del incendio ocurrido en el penal de San Miguel. El CPLT le acogió la solicitud y Gendarmería tuvo que responderle.

En diciembre pasado Fuentes Castro afino su puntería: pidió saber cuáles fueron las actividades desarrolladas por Gendarmería “para remover, anular o neutralizar los factores que han influido en la conducta delictiva de los reclusos”. Fue acogido.

Religión

En septiembre de 2011 a Fuentes Castro le bajo el ánimo deportivo y quiso saber todo al respecto. Por eso requirió los documentos relativos a la compra de implementos, la metodología diseñada para su uso y por qué no se les preguntó a los internos su opinión antes de adquirirlos.

Su afán fiscalizador también llegó a las medidas de reinserción y capacitación. Y con el fin de adentrarse en la materia, volvió a pedir en 2011 el tipo de cursos, si la autoridad había pensado en el campo laboral y, nuevamente, por qué no fueron consultados.

Se nota que, además, Fuentes Castro, tiene una absoluta desconfianza en la administración pública pues pidió información relativa a la construcción de una sala multiuso en Punta Peuco. Si se hizo licitación, si contaba con permiso municipal, entre otros aspectos.

Y si de comunicación con Dios se trata, Fuentes Castro también pidió información. Esta vez respecto al “rol promotor” de Gendarmería sobre actividades religiosas y, por último, cuánto dinero podría tener guardado en la celda.

Fuente: The Clinic