En el imaginario colectivo del mundo neoliberal, el sistema de pensiones de capitalización individual ocupa un lugar muy destacado. El caso chileno es el más emblemático por dos razones fundamentales. De un lado, porque fue en su momento una experiencia pionera en el mundo: convertido Chile en laboratorio para la aplicación de recetas neoliberales –no por casualidad en plena dictadura de Pinochet–, su nuevo modelo de pensiones sirvió de ejemplo para otros países de Latinoamérica y del resto del planeta. De otro lado, porque aquel país fue, pese a su reducido tamaño, la economía más exitosa del continente en los años noventa, una circunstancia que ha sido a menudo utilizada para vincular ambos aspectos, pensiones privadas y éxito económico.
Transcurridos casi 35 años desde la puesta en marcha de este sistema privado de pensiones, parece un momento adecuado para hacer un balance de su funcionamiento y resultados. Sobre todo ahora que en Europa crece el interés por impulsar estos mecanismos de capitalización (véase Libro blanco sobre pensiones de la Comisión Europea, 2012)
La creación en Chile de un sistema de capitalización individual a través de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) responde a un doble fundamento de corte neoliberal. Primero, una exaltación del individualismo que relega las soluciones colectivas cegando los cauces para la articulación de la solidaridad.
Y, segundo, la firme creencia en las virtudes taumatúrgicas de la reducción del papel del Estado y de la paralela expansión del mercado desde el convencimiento de que la concurrencia de la iniciativa privada es la fórmula más eficiente de funcionamiento del sistema en su conjunto.
A partir de estos presupuestos fuertemente ideologizados se construye un modelo de pensiones en el que el inicio de una actividad profesional implica la elección por el trabajador de una AFP en la que se constituye una cuenta individual de capitalización para la protección de las contingencias de jubilación, incapacidad permanente y supervivencia.
Esta cuenta se nutre de dos tipos de recursos: uno, las cotizaciones (aportaciones) de los trabajadores, que suponen un 10% de su salario y cuyo coste es asumido por ellos exclusivamente sin que las empresas aporten nada a estos efectos, algo que no ocurre en ningún otro país de la OCDE.
Y, otro, los rendimientos que genera la inversión de los fondos acumulados –principalmente en bancos y grandes empresas chilenas–. Sin olvidar que de ahí se han de descontar las (altas) comisiones que soportan también íntegramente los trabajadores, es indudable que el modelo diseñado ‘favorece’ el ahorro y el desarrollo de un gran mercado de capitales con fondos acumulados por valor de un 62% del PIB chileno. Pero no es oro todo lo que reluce…
Las deficiencias del modelo chileno son evidentes desde hace años. Ya en 2008 fue necesaria la creación por el Estado de un pilar solidario para compensar la baja cuantía de las pensiones a través de un doble mecanismo: una pensión básica solidaria, algo similar a nuestras pensiones no contributivas; y el denominado aporte previsional solidario, equivalente a nuestros complementos de mínimos para las pensiones contributivas más bajas.
Pero la constitución hace ahora un año de una comisión de expertos (www.comisionpensiones.cl) con el fin de diagnosticar los problemas del sistema y plantear propuestas de reforma pone de manifiesto que estos ‘parches’, loables, no han sido suficientes; y que, por el contrario, tales problemas –constatados también en varios países vecinos que siguieron la estela chilena en los noventa– son mucho más profundos.
Como más significativos, y sin olvidar el riesgo derivado de la incierta evolución de los mercados financieros –sólo en 2008 los fondos de pensiones perdieron un 23% de su valor a nivel mundial–, quisiera llamar la atención sobre los siguientes.
– Primero, seguramente lo más relevante desde la perspectiva de análisis de este artículo es la baja cuantía de las pensiones generadas. Como ha denunciado la Fundación Sol (www.fundacionsol.cl ), más de un 90% de las pensiones de jubilación pagadas por las AFPs (retiro programado) no alcanzan los 147.000 pesos (213 euros), una cuantía sólo equivalente a dos terceras partes del ingreso mensual mínimo (salario mínimo interprofesional en Chile: 225.000 pesos).
Pero, además, estos pobres resultados se han de consolidar en el tiempo si atendemos a los fondos hoy acumulados por aquellos trabajadores que alcanzarán la jubilación a lo largo de la próxima década: el 70% de los trabajadores mayores de 55 años acumulan menos de 20 millones de pesos, una cantidad que apenas sirve para generar una pensión de 100.000 pesos mensuales (145 euros). Así que difícilmente puede sostenerse que el sistema garantice un mínimo de suficiencia.
– Segundo, la indigencia a la que este nivel de renta condena a los jubilados explicaría también que la edad de jubilación efectiva sea anómalamente de las más elevadas de la OCDE. Y es que a pesar de que la edad legal de retiro sigue todavía en 65 años (60 para las mujeres), y a que no existe ni un problema demográfico acuciante en el corto plazo ni medidas potentes para estimular la prolongación de la vida activa, lo cierto es que la edad efectiva de jubilación es de 70 años para ambos sexos.
– Tercero, las supuestas virtudes de la competencia no se han traducido en una rebaja en los costes de gestión de los fondos; más bien al contrario, pues siguen siendo elevados en comparación con el resto de países de la OCDE y han creciendo paulatinamente desde la puesta en marcha del sistema.
– Cuarto, la tasa de cobertura de la población económicamente activa es baja –sólo un 63%–, lo que se explica por el fuerte peso de la economía informal que deja fuera del sistema a muchos trabajadores. Un problema al que se añaden las marcadas diferencias existentes en las cuantías de las pensiones que se traducen en importantísimas desigualdades.
– Y, quinto, una evaluación del sistema desde una perspectiva de género ofrece unos resultados aun más desalentadores. Pese a que los mecanismos de solidaridad públicos introducidos en 2008 han atemperado en cierta medida las diferencias existentes entre las pensiones de hombres y mujeres, la brecha sigue siendo amplia, entre otras razones porque se utilizan tablas de mortalidad diferenciadas; algo que revela las insuficiencias que este tipo de modelos basados en la capitalización tienen también en este plano.
A la vista de lo anterior, no parece exagerado concluir que el modelo de capitalización individual chileno es un fracaso. Por eso, a la hora de plantear a la opinión pública, europea y española, la necesidad de recortar los sistemas públicos de pensiones de reparto sería bueno que los defensores de la capitalización no ocultaran a los ciudadanos los graves inconvenientes que este cambio trae consigo. Porque, más allá del formidable negocio que la privatización –parcial, siquiera– de las pensiones puede generar para algunos, la experiencia chilena pone de manifiesto el costo que un cambio así podría significar para muchos pensionistas en términos de pobreza, desigualdad y cohesión social.
(*) Profesor titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Autónoma de Madrid. Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Autor de diversas publicaciones entre las que destaca el libro «La protección social en el Estado de las Autonomías» y el recientemente publicado «El sistema público de pensiones: crisis, reforma y sostenibilidad».
Fuente: Agenda Pública
