En un artículo reciente el profesor de la Universidad de la Frontera Claudio Méndez publicó en el Mostrador el artículo “Farmacias Populares: ¿una zancadilla a la Cobertura Universal en Salud?”.
El académico se opone a esta iniciativa argumentando que “desde la salud pública entendida como la disciplina que se preocupa por la salud de los colectivos por sobre el individuo, las farmacias populares no contribuyen a la justicia social en salud representada en uno de los mayores retos de los sistemas de salud: la disminución del gasto de bolsillo”.
Hay experiencias internacionales exitosas de farmacias gestionadas por municipios como Farmasol en el municipio de Cuenca-Ecuador que funciona desde 2004 y ciertamente ha reducido el gasto de bolsillo de los usuarios.
No cabe duda que las tres cadenas de farmacias que controlan el 90% del total de los medicamentos que se venden al público tienen márgenes de comercialización muy altos. Convengamos en primer lugar, que cualquier establecimiento que logre rebajar tales márgenes es bueno para la población porque reduce el gasto de bolsillo.
En segundo lugar, no todos los medicamentos están cubiertos por el Auge y no todos los usuarios del sector público tienen cobertura de gratuidad. Es decir, es una argumentación curiosa suponer que por la sola existencia de farmacias municipales (o populares como se llama la de Recoleta) la gente tendrá que pagar más.
Nada indica que las personas que actualmente tienen acceso gratuito en los consultorios debiesen dejar de tenerlos. Nada impide que la propia farmacia municipal sea la que entregue los medicamentos gratuitos a las personas que tengan derecho a aquello.
Esta modalidad existe en Escocia, Gales o Irlanda del Norte en que los medicamentos son totalmente gratuitos. Tan solo con el equivalente a la cedula de identidad y la receta del médico, se puede obtener cualquier medicamento de forma gratuita… en cualquier farmacia del país!!!.
La única región del Reino Unido en la cual se paga por los medicamentos con receta es en Inglaterra.
Estos, a fecha de 2014, tienen un coste fijo de £8.05, independientemente del medicamento o de la cantidad del mismo, pero si se cumple algunos de los siguientes requisitos se podrá obtener gratis: tener 60 años o más; ser veterano de guerra; Ser menor de 16 años; tener entre 16 y 18 años y ser estudiante a tiempo completo; estar embarazada; padecer de cáncer o una enfermedad crónica, entre otras.
En las últimas semanas, la agenda en salud ha estado concentrada en el debate técnico, político y social de la experiencia de “Farmacia Popular” propuesta por la comuna de Recoleta en la Región Metropolitana.
Dicha iniciativa ha estado envuelta en una retórica de justicia social frente a las prácticas atentatorias a la libre competencia, y con el consecuente lucro y abuso hacia los derechos de las personas, llevada a cabo por las principales cadenas farmacéuticas del país.
Es necesario aprovechar el enorme consenso social para destrabar la legislación que impide este tipo de iniciativas. Los señores parlamentarios son capaces de aprobar en solo horas leyes que le son provechosas a ellos mismos. Esto puede ser una buena manera de mejorar el desprestigio del sector parlamentario.
Por lo demás, cada farmacia podrá, asimismo, entregar a los beneficiarios Fonasa adscritos a su barrio, los medicamentos gratuitos que corresponda.
Bastaría que presentara el carnet y que el médico tratante o la persona responsable en el consultorio u hospital del área de una receta con una orden por internet -con las claves que sean necesarias- para que esto funcione adecuadamente. Nada de ello atenta contra el derecho a la salud en su expresión de gratuidad y universalidad.
Por el contrario, con alguna imaginación de gestión, se puede mantener la gratuidad en los medicamentos que hoy lo son para algunos y reducir los precios de manera muy importante para los demás medicamentos. Por eso la población ha reaccionado positivamente a esta iniciativa.
(*) Economista de la salud.
