Ya no hay dudas. Está en marcha todo un proceso destinado a fortalecer la fiscalización, regulación y vigilancia del uso de dineros privados y públicos de empresas, gobierno, grupos financieros, bancos, Fuerzas Armadas, medios de comunicación, parlamentarios y partidos políticos, especialmente en lo que concierne al vínculo financiero entre el sector político-público y el sector privado-empresarial. Y es que los escándalos de Penta, Soquimich y Caval ya rebalsaron el vaso de la tolerancia, tanto institucional como ciudadana.
A eso se agregan situaciones que siguen presentándose, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, como siempre poco difundidas y en ocasiones poco esclarecidas. Y otras que podrían colocarse sobre el mesón de la regulación y la fiscalización, como el uso de dineros del Estado en los medios de comunicación, donde en varios procesos participan empresas privadas (de asesorías comunicacionales y publicitarias, algunas de ellas de propiedad de personeros o ex personeros políticos) y que significan varios millones de dólares destinados a la prensa desde el Fisco.
Como apareció, desapareció de la prensa la información de millonarios chilenos que tendrían depósitos en el Banco HSBC, que es investigado en todo el mundo por evasión fiscal y posible lavado de dinero.
Uno de los factores que hacen pensar que en Chile las cosas llegaron a un estado realmente grave (“estamos en una crisis severa” dijo el diputado Osvaldo Andrade), es que se repiten los nombres en las distintas situaciones que hoy generan incertidumbre o son parte de procesos de indagación.
Carlos Alberto Délano, Álvaro Saieh, Andrónico Luksic, Agustín Edwards, entre varios otros, con intereses financieros y políticos, ligados a personalidades de la derecha y del centro político, dueños de medios de comunicación y parte de episodios grises e investigados por la Justicia.
¿Realmente se les fiscaliza?
Es una de las interrogantes que se podrían empezar a despejar en los próximos meses.
Un punto fundamental, en todo caso, es todo lo que se está planteando para terminar o regular el uso de platas privadas en la política, específicamente en campañas electorales. Y en esto vendrá un tema muy sensible. El que el Estado pueda financiar a los partidos políticos y las campañas, significa que los estándares de vigilancia, normas y fiscalización tendrán que aumentar sobre manera y, ante todo, en la ley.
Ello, según plantearon académicos y parlamentarios, significa que tendrán que haber penas severas para quienes incurran en faltas, como pagos millonarios de multas por parte de partidos políticos, expulsión del Congreso de legisladores y sanciones duras a colectividades y dirigentes políticos que incumplan la ley.
También el Ministro de Justicia, José Antonio Gómez, habló que durante este año se iniciarán trámites para tener una legislación que castigue de manera más severa a empresarios, directivos y financistas que cometen delitos financieros, tributarios o de otro orden. Es decir, entrar de lleno a castigar los delitos “de cuello y corbata”.
En una estimación preliminar, en todas estas situaciones están involucrados de una u otra manera, más de 30 directivos empresariales, dirigentes políticos, parlamentarios y banqueros. Sin contar secretarias y empleados que participaron en la ejecución de los delitos tributarios, financieros y electorales.
Lo que ocurra con todos ellos, es algo fundamental de lo que se viene, sobre todo a ojos de la ciudadanía, que espera cualquier cosa menos impunidad o “arreglines” como comentaron dirigentes políticos.
Medios de comunicación, HSBC, Ejército.
¿Quién fiscaliza el dinero que el gobierno le da a los medios de prensa?
¿Quién decide que dos diarios solamente reciban más de 10 millones de dólares en apoyo financiero, monopolizando esas platas?
¿Qué vínculos se establecen entre funcionarios de gobierno y directivos de medios al asignárseles dineros públicos?
¿Hay tráfico de influencias cuando empresas asesoras comunicacionales y publicitarias que ganan con esas transacciones tienen conexiones con personas del mundo de la política?
En Chile ocurren situaciones tan confusas como graciosas. Desde la derecha y el sector empresarial se cuestiona que el Estado tenga medios de comunicación, subvencione medios (como sucede en las llamadas “democracias modernas”) y entregue avisos a la prensa progresista, social o de izquierda, pero no expresan nada respecto a las decenas o cientos de millones de dólares que salen desde los gobiernos a los medios de línea editorial conservadora y que son, por demás, negocios privados.
Nadie sabe a ciencia cierta si esas planas de periódicos que exhiben a todo color actividades y ceremonias de las ramas de las Fuerzas Armadas, son pagadas en sumas millonarias con dineros fiscales. Lo que incluye apariciones de altos mandos militares en páginas “sociales”.
¿No debería fiscalizarse y transparentarse?
En semanas recientes, salieron breves notas que daban cuenta de posible fraude al Ejército, que habrían realizado oficiales de la institución usando ilegalmente boletas o facturas. Más notoriedad alcanzó el caso de fuertes pugnas entre empresas privadas y asomo de algo irregular, en torno de la compra de elementos para el Ejército.
El diario La Segunda, en un pequeño recuadro en la sección Top Secret, informó de “un llamado de atención por parte de la Contraloría al Ejército” porque no estaban licitando para “compras mayores” y no estarían argumentando debidamente la razón para hacer un trato comercial directo con consorcios privados.
Lo cierto es que si se pusiera tanta atención a esos casos (medios de comunicación y Fuerzas Armadas) respecto al uso de dineros públicos (“de todos los chilenos” se suele decir) como a los de índole específicamente política, probablemente aparecerían casos interesantes o, al menos, se sabría con certeza cómo está funcionando el control y las normas en esos casos.
En febrero, varios medios de prensa del mundo, informaron sobre datos que proporcionó Hervé Falciani, ex empleado del Banco HSBC, y que apuntaron a que financistas y millonarios de muchísimos países depositaron dineros en esa entidad para eludir el pago de impuestos.
Se supo que en el caso de Chile, ya pidió antecedentes el Servicio de Impuestos Internos (SII) para conocer la situación de chilenos que tienen platas en HSBC. Según el medio electrónico CIPER, por datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y el diario Le Monde, las cuentas de chilenos en el Banco mencionado llegan a 467 millones de dólares.
Entre los millonarios de Chile que sacaron dinero del país hacia HSBC están (vuelven a aparecer nombres repetidos en otros casos) Álvaro Saieh, Andrónico Luksic, José Yuraszeck, Ricardo Abumohor, Óscar Lería y José Miguel Gálmez.
Hasta la fecha, nada se sabe de las averiguaciones del SII sobre esa situación y mucho menos se han referido a ello los empresarios y financistas involucrados. Además, hay inmensas dudas sobre las salidas de esas platas –por lo menos ante la opinión pública- ya que montos elevados deben ser informados y registrados en el Banco Central, y también hay interrogantes respecto al ingreso o reingreso de esos dineros a Chile.
¿Qué pasa con los impuestos a pagar?
En el último tiempo se conocieron nuevos casos de hombres de negocios chilenos que violaron la ley, particularmente respecto a manejo ilícito de información privilegiada, y que son investigados a nivel de Fiscalía, como otro ejemplo de mayor control de los manejos financieros a gran escala.
Los escándalos calientes.-
En lo que se viene, están calientes los conocidos casos de Penta, Soquimich y Caval. Delitos tributarios y financieros, violación de las normativas de campañas electorales, tráfico de influencias y otras irregularidades, que tiene en procesos de investigación y formalización a altos directivos empresariales, parlamentarios, dirigentes políticos y a la nuera de la Presidenta de la República.
La situación rompió esquemas y, la verdad, es que se comprobó que en Chile hay prácticas de corrupción que comprometen al sector privado y diversidad de sectores políticos. Algo que se pensaba improbable en este país. Los casos de Penta, Soquimich y Caval fueron y son todavía, el ejemplo elocuente de malas prácticas empresariales y políticas, y del desprestigio en aumento de los empresarios y financistas y de partidos y parlamentarios.
Cuando esta nota esté circulando, ya estarán las formalizaciones por el caso Penta, se profundizarán las investigaciones en el caso Soquimich y habrá novedades en el caso Caval. Eso puede terminar en el procesamiento e incluso prisión de altos ejecutivos; el desafuero, sanciones y hasta renuncias de parlamentarios; destituciones en directivas de partidos políticos; y el involucramiento de familiares cercanos a la Presidenta de la República por faltas cometidas por la empresa Caval.
A lo anterior, se suman los casos de parlamentarios, tanto de oposición como del oficialismo, que serán formalizados en marzo o se les iniciará un proceso, por fraude al Fisco y/o mal uso de recursos legislativos.
Si se suman el caso Penta, Soquimich y fraude fiscal, son alrededor de diez los senadores y diputados involucrados. De allí que se viene toda una labor para las comisiones de ética, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, las que pueden determinar sanciones para esas personas.
También está en la mira de corto plazo todo lo que vaya ocurriendo en la Comisión Investigadora de la Cámara Baja que está analizando el caso Penta y también otros financiamientos irregulares de campañas electorales.
No resulta menor que así como el involucramiento en episodios anómalos es políticamente transversal, también lo es la exigencia de sectores políticos para que quienes hayan cometido ilegalidades e incluso hayan faltado “a la ética”, asuman sanciones y responsabilidades tanto judiciales como políticas. Este criterio, si se impone, puede llevar a situaciones muy complicadas a varios partidos políticos de todo el espectro político, y específicamente a un grupo de parlamentarios y dirigentes.
De tal manera que se ve muy gris, pasando a oscuro, todo lo relacionado con los casos Penta, Soquimich y Caval, que de ejemplos de malas prácticas, pueden pasar a convertirse en casos ejemplificadores de la aplicación de la ley.
Dinero y política.-
En el corto o mediano plazo se avecina otra situación compleja. Si finalmente se aprueba el financiamiento estatal a los partidos políticos y las campañas electorales, ¿cómo se fiscalizarán esas platas, cómo se regulará, quién tendrá la responsabilidad de la vigilancia del buen uso de esos dineros? ¿En qué podrán gastar los partidos políticos? ¿Qué será legal en gastos de campaña, cómo se asignarán los dineros provenientes del Estado? ¿Cuáles serán las sanciones a quienes violen la ley en esta materia y no cumplan con las normas?
Es probable que ya genere mucho ruido y hasta repulsa en chilenas y chilenos, que se determine que el Estado financie a los partidos y las campañas. Eso aumentará si no queda claro el tema de la regulación y la fiscalización. Es decir, no se trata tan solo de aprobar ese gasto desde el Fisco, sino cómo se administrará y se supervisará su uso.
Es así que en medio de todo, el gobierno no sólo se vio obligado a finales del año pasado de trabajar una iniciativa para el financiamiento de la política, sino que en febrero de este año anunció la elaboración de una propuesta para regular el vínculo del sector empresarial y privado, con la política y los políticos. Álvaro Elizalde, vocero de La Moneda lo expresó claramente: “La Presidenta Michelle Bachelet ha instruido especialmente al Comité Político a elaborar una propuesta para avanzar en la creación de un marco institucional que regule de manera eficaz y estricta, como el país no ha conocido hasta ahora, la relación de lo público y lo privado y entre la política y los negocios”.
Obviamente que dicha propuesta será paralela a la que ya están trabajando centros de estudio ligados a partidos políticos, instancias académicas, intelectuales y parlamentarios, y tendrá aspectos técnicos, jurídicos, legislativos, pero también una buena dosis de decisión política institucional. Por ejemplo, ya son muchas las voces que reclaman que el Servicio Electoral (SERVEL) debe contar con más profesionales y técnicos, mejor presupuesto y mayores atribuciones, para acometer la responsabilidad de supervisar (algunos hablaron de convertir el servicio en una Superintendencia), controlar e incluso ser parte de querellas y procesos investigativos cuando hayan ilícitos, y hasta poder establecer algún tipo de sanción a quienes violen las normativas.
En definitiva se trata de terminar o controlar todo tipo de vínculo del dinero empresarial y de entidades de negocios, con el desarrollo de la política, tanto en campañas como funcionamiento de los partidos políticos.
Todas estas situaciones ya tomaron una tremenda y dramática importancia. Desde la Presidenta de la República, pasando por el gobierno y los partidos políticos, hasta una lista de parlamentarios y directivos empresariales, fueron puestos ante los ojos de la opinión pública por temas tan complicados como ilícitos financieros y tributarios, tráfico de influencias, violación de normativas electorales.
Tanto, que de improviso pareció que todo esto opacaba una agenda tan contundente como polémica de reformas estructurales. Y es que definitivamente lo que se viene encima es una profundización en todo lo que tenga que ver con dineros y política.
Como que la demanda ciudadana y lo que se define como un más alto nivel de exigencia de la población, se metió de lleno en el asunto de las platas y la política, y ello requerirá de respuestas precisas. De lo contrario, lo que viene puede ser catastrófico.
Fuente: Reporte
