A la vergonzante dupla Jorge Abbott y Manuel Guerra, Fiscal Nacional y Metropolitano, respectivamente, les están dando con todo, y de todos lados. Ahora salió a pegarles el ex Fiscal Nacional, Sabas Chahuan, quién dirigió la primera etapa de los casos Penta y SQM.
Con diplomacia, pero también con firmeza, en entrevista a la revista Capital, el ex Fiscal Nacional demuestra que había mérito suficiente para condenar a los empresarios Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, y al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, y que el criterio de la actual dirección del Ministerio Público no sólo es erróneo, si no también peligroso, desde el punto de vista del prestigio institucional.
«Yo dirigí esas causas hace más de dos años y medio. En su momento formé un equipo de fiscales con experiencia y se hizo lo que procesalmente correspondía hacer. Se enfatizó que había una persecución penal intensa, se pidieron medidas cautelares profundas. en algunos casos la prisión preventiva. Yo mismo firmé una petición de desafuero, que después continuó y fue exitosa. Se tomaron decisiones que fueron avaladas cada una y sistemátitamente por los tribunales. Desde levantar el secreto bancario, que se concedió en muchos casos. hasta decretar prisión preventiva a ciertas personas», dice.
La periodista le consulta si está de acuerdo con el criterio del fiscal Manuel Guerra, de cambiar el delito de cohecho por enriquecimiento indebido, y con que el fiscal Pablo Gómez haya sobreseído a SQM, un un delito de cohecho.
-No tengo los antecedentes a la vista, pero de acuerdo al. mérito de las investigaciones que en su momento dirigí y de las actuaciones que realicé personalmente. y a través del equipo de fiscales que me colaboraba, yo no hubiera tomado las decisiones que hoy está concretando el Ministerio Público. De hecho. habia antecedentes para llegar a un juicio oral», afirmó.
La autora de la nota le pregunta si haber pedido prisión preventiva para Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín fue excesivo.
«No. Fue una decisión de la cual fui responsable, pero que se tomó en el interior de un equipo de fiscales con experiencia y todos apoyaron la medida. En su momento había delitos reiterados tributarios, habia un cohecho que nosotros pensábamos que estaba acreditado. habia participación de funcionarios públicos. Sé que es una medida intensa. sé que produjo una gran afectación a las personas que la sufrieron, pero es lo que sucede en todos los casos donde se decreta prisión preventiva. Desde un portonazo. hasta un delito de cuello y corbata. o «de cuello blanco» como se le llama técnicamente», respondió.
La periodista insiste en que abogados consideran que fue desmedido.
«Estas investigaciones marcaron un antes y un después. Recordemos que al principio de la investigación. muchos decían: esto no es delito, esto es una irregularidad. Y nosotros sostuvimos ante los tribunales, lo cual fue refrendado, que había delitos», señaló.
La periodista le pide una evaluación de la gestión de Abbott, y de su polémica doctrina de que las investigaciones a los parlamentarios debían tener una celeridad mayor que la de los demás ciudadanos, porque afecta el funcionamiento de un Poder de la República, a lo que respondió:
«Si la pregunta es: ¿debe haber mayor celeridad en causas contra parlamentarios que en una causa común? La respuesta es no. Yo creo que debe haber la misma celeridad. Debe haber la misma dedicación en una causa de una persona por un robo, que una causa contra parlamentarios. Las herramientas institucionales deben ocuparse sin distinguir quién es el imputado».
-¿Aunque en el caso de parlamentarios desaforados se afecte el equilibrio del Congreso?
«Si la fiscalía hace su trabajo y está dentro de la ley, se pueden afectar mayorías parlamentarias. Se debe investigar sin mirar consecuencias más allá de las legales. Si hay una investigación que puede afectar la representación parlamentaria, es un efecto no deseado. La fiscalía debe investigar sin hacer distinción entre las personas imputadas. Da lo mismo si es sacerdote, militar, empresario, artista de TV. comerciante o parlamentario».
Como se puede apreciar, los rebuscados argumentos enarbolados por la cúpula del Ministerio Público para justificar la renuncia a su misión de perseguir el delito, sin otra consideración que el texto de la ley, y su humillante rendición al poder del dinero; son insostenibles, y son objeto de acerba crítica de sus pares.
Si les quedara algo de dignidad, deberían renunciar sin mayor demora.
Pero no lo harán. No por nada los pusieron ahí. Y aunque lo hiciera, el daño ya está hecho y los malos están libres.
Para el bronce
Si hay alguien que piense que la «doctrina Abbott» es poco más que un cliché periodístico, considere las siguientes «joyas» del Fiscal Nacional, respecto a la polémica sobre la investigación a parlamentarios:
«En el caso de parlamentarios, es una situación que afecta el funcionamiento de organismos de la democracia y puede ser que a lo mejor se aprueben leyes que no representen a las mayorías ciudadanas en función de las decisiones que se tomen en sedes administrativas, porque hay mayorías y minorías que pueden ser muy sensibles, basta un voto más y uno menos”.
“Puede ser que los fiscales simplemente por dilatar la investigación de las causas en las cuales las personas están desaforadas, dejen sin gobierno o afecten los gobiernos regionales“, tuvo el desparpajo de añadir.
