La administración de Luisa Ortega Díaz, ex fiscal venezolana que huyó del país tras su destitución por alentar la impunidad, permitió que el Ministerio Público, bajo su mandato, dejara de investigar irregularidades en el uso de divisas, acciones sediciosas, ecocidio y narcotráfico.
De acuerdo con la revisión hecha por el equipo de trabajo del nuevo fiscal general, Tarek William Saab, en la anterior gestión fueron sobreseídas investigaciones que implican a empresas que hicieron uso irregular de divisas preferenciales. Se trata del 80% de los casos abordados, mientras que el resto, que involucra a personas naturales, siguió su curso.
Además de los delitos cambiarios, el tráfico de drogas es otro campo donde se evidencian irregularidades.
“Entre enero y julio de este año (2017), cómo puede ser comprensible que se presentaron más sobreseimientos a presuntos responsables de tráfico de drogas, que acusaciones. Cómo se puede explicar eso. Se presentaron 5.458 sobreseimientos, y 4.467 acusaciones. Esto merece, por lo menos, ser investigado y explorado”, detalló el fiscal Saab este miércoles, en rueda de prensa.
En diversos encuentros con los medios de comunicación, el máximo representante del MP también ha develado más situaciones que comprometieron el desempeño de ese órgano, como el descubrimiento de una red de extorsión liderada por Germán Ferrer, que sumó más de 6 millones de dólares mediante sobornos a empresas involucradas en irregularidades en la Faja Petrolífera del Orinoco.
La sedición silenciada
Los delitos cometidos por escuadras de choque entre abril y julio de este año también fueron desestimados por la administración de Ortega Díaz, que cerró por mes y medio la Oficina de Atención a la Víctima, espacio vital para la atención de quienes resultaron afectados por esta espiral de violencia.
Por inacción, el MP dejó de investigar el empleo de niños y adolescentes en acciones de corte sedicioso, el asesinato de personas en puntos de obstrucción de las calles, conocidas como barricadas, y crímenes ambientales. Todos estos casos serán abordados.
Luisa Ortega Huyó de Venezuela con apoyo de empresarios exiliados
Empresarios venezolanos exiliados contribuyeron a la huida de la ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, hacia Colombia, revelaron este jueves medios de comunicación colombianos.
“Empresarios exiliados venezolanos hicieron contacto con industriales panameños que tienen relación con (la compañía de aviones para ejecutivos) Central Charter, de propiedad del también industrial (colombiano) Gabriel Echavarría”, reveló este jueves la emisora local Caracol Radio.
Ortega y su esposo, el diputado Germán Ferrer, así como otros dos funcionarios venezolanos, lograron salir de Venezuela rumbo a Aruba el viernes 18 en una lancha rápida y en una parte del trayecto fueron perseguidos por agentes de Venezuela, según ese medio.
Tras su llegada a la isla, empresarios venezolanos exiliados contactaron en la mañana de ese viernes a Rodrigo Perdomo, gerente de Central Charter en Colombia, quien se habría encargado de facilitar el avión privado que transportó a Ortega, su esposo y a los otros dos funcionarios desde Aruba a Colombia, en una operación que calificaron de humanitaria.
“El avión (propiedad de Echavarría, uno de los empresarios más representativos de Colombia) se alquila y es pagado por aproximadamente 10.000 dólares, más una prima de riesgo, por uno de los industriales exiliados que hace las llamadas y quien prefiere que no se revele su identidad, a través de una tercera persona”, publicó Caracol Radio.
La emisora señaló que el vuelo de una hora y 15 minutos, se realizó “evitando pasar por cielo venezolano con un tracking satelital para prevenir cualquier afectación a la seguridad” de los cuatro pasajeros y los dos tripulantes, ambos de nacionalidad colombiana.
De acuerdo con la emisora, el avión aterrizó en Bogotá a las 13.50 hora local (18.50 GMT) y se instaló en los hangares que Central Charter tiene en el Aeropuerto Internacional El Dorado, “donde ya había personal de la Presidencia de Colombia, Migración Colombia y del Gobierno de los Estados Unidos”.
Ortega fue destituida del cargo el pasado 5 de agosto por la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, que la acusó de haber cometido “actos inmorales”.
