Un intenso debate acerca del criterio que se fija para distribuir los fondos públicos a los partidos; y la obligación de contar con auditorías externas fueron los temas que centraron el debate del capítulo relacionado con partidos políticos, en el marco de la tramitación en particular del proyecto sobre fortalecimiento de la democracia.
Votaciones
Se aprobó que “el aporte máximo en dinero que cada persona natural podrá efectuar a los partidos políticos, no estando afiliada a ellos, no podrá exceder de 300 UF al año. De estar afiliado a ellos, los montos no podrán ser superiores a 500 UF anuales”.
Por unanimidad se respaldó que el “Servel otorgue a los partidos aportes trimestrales que serán destinados a gastos de funcionamiento, la adquisición o arrendamiento de inmuebles (…) y la difusión de sus principios e ideas (…)”.
También se despachó que “el aporte total a repartir para cada año estará constituido por el equivalente a 0,04 UF multiplicadas por el número de votos válidamente emitidos en la última elección de diputados a favor de candidatos inscritos en algún partido y de candidatos independientes asociados a alguno”.
Con 22 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones se apoyó que “el 20% del monto trimestral a repartir, se distribuirá entre todos los partidos que cumplan con los requisitos, de manera proporcional al número de regiones en las que estén constituidos”.
Con 23 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones, se aprobó que “el 80% restante del referido monto trimestral, se distribuirá sólo en favor de cada partido con representación parlamentaria (…) a prorrata de los votos válidamente emitidos a su favor en la elección de diputados”.
Se aprobó que “si un parlamentario elegido como afiliado a un partido que luego se disuelve, o uno elegido como independiente, se afilia a uno, este último podrá acceder al financiamiento establecido”.
Con 28 votos a favor, se despachó que “si un parlamentario electo como afiliado a un partido se desafiliare, se le restará al referido partido del total del aporte, el equivalente al 50% de los votos válidamente emitidos a favor de dicho legislador”.
Con la misma votación, se aprobó que “si un parlamentario electo como afiliado a un partido se desafiliare y se afiliare a otro, este último no aumentará el total del aporte que le correspondería recibir por los votos válidamente emitidos”.
En forma unánime se respaldó que “una vez pagadas la multas por el partido o aprobadas sus cuentas, el Servel procederá a la cancelación de los montos que fueron retenidos. Los montos podrán retenerse por tres trimestres”.
La misma suerte corrió la idea de que “si al término del año, el partido no justifica sus gastos, el Servel deberá fijar un plazo fatal, tras lo cual el partido deberá restituir los fondos asignados”.
Con 32 votos a favor se aprobó que los partidos que “reciban aportes, deberán contratar auditorías externas. Dichas contrataciones sólo podrán celebrarse con empresas que consten en los registros de la SVS”.